Trabajar con calor: cambio climático, salud laboral y los vacíos que Uruguay no puede seguir ignorando

                                               

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El verano de 2023 no fue una anomalía. Tampoco el de 2024. En los últimos dos veranos, Uruguay registró casi tantos episodios de olas de calor como en los 65 años anteriores combinados. La tendencia observada en las frecuencias de ocurrencia de olas de calor es hacia un incremento sostenido de estos eventos (Barreiro et al., 2021). Lo que antes era excepcional se está volviendo norma. Y aunque gran parte del debate público se ha concentrado en los impactos sobre la agricultura, el turismo o la infraestructura, hay una dimensión que permanece casi invisible en la agenda política uruguaya: lo que le ocurre al cuerpo de quienes trabajan a la intemperie mientras el termómetro sube.

Al recorrer la evidencia disponible a nivel global, regional y nacional sobre los efectos del calor extremo en la salud de los trabajadores al aire libre, emerge un panorama preocupante: los daños son reales, documentados y crecientes. Uruguay tiene las condiciones para verse afectado de manera significativa; y el marco regulatorio, aunque existe, no está lo suficientemente adaptado para enfrentar un riesgo que el cambio climático está convirtiendo en permanente.

A nivel internacional, un hito en el reconocimiento de este problema fue la publicación en 2019 del informe Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work de la OIT. Fue el primer análisis sistemático a escala global de los efectos del calor sobre la productividad y las condiciones de trabajo, combinando datos climáticos, fisiológicos y de empleo para estimar las pérdidas actuales y proyectadas en prácticamente todos los países del mundo. El informe no solo cuantificó el problema sino que lo encuadró como una cuestión de justicia laboral: los países y sectores más afectados son precisamente los que ya presentan mayores déficits de trabajo decente (OIT, 2019). Su publicación instaló el estrés térmico ocupacional como tema legítimo de la agenda global de salud del trabajo, un reconocimiento que tardó décadas en llegar.

El problema global: cuando el cuerpo humano encuentra su límite

El cuerpo humano tiene una capacidad notable para adaptarse al calor, pero esa capacidad tiene umbrales precisos. Temperaturas corporales superiores a 38°C deterioran las funciones físicas y cognitivas, mientras que el riesgo de daño orgánico, pérdida de conciencia y muerte aumenta abruptamente cuando la temperatura corporal supera los 40,6°C (IPCC, 2014; Kjellstrom et al., 2016). Para un trabajador que realiza esfuerzo físico bajo el sol, alcanzar esos umbrales no requiere condiciones extremas: basta con una jornada larga en un verano húmedo.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial publicaron en agosto de 2025 un informe conjunto que marcó un punto de inflexión en el debate global. El informe señala que 2024 fue el año más cálido registrado en la historia, con temperaturas diurnas que superan regularmente los 40°C e incluso los 50°C en diversas regiones, y subraya que se necesita acción inmediata para abordar el agravamiento del estrés térmico en trabajadores de todo el mundo (OMS/OMM, 2025). En el mismo sentido, Joaquim Pintado Nunes, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT, llamó a una acción urgente y coordinada para salvaguardar la salud, la seguridad y la dignidad de los más de 2.400 millones de trabajadores expuestos a calor excesivo en el mundo (OMS/OMM, 2025).

Según estimaciones proyectadas a 2030, el equivalente al 2,2% de las horas de trabajo mundiales se perderá anualmente por el calor, con pérdidas de productividad equivalentes a 80 millones de empleos a tiempo completo y un costo económico anual de 2,4 billones de dólares (OIT, 2019). Pero más allá del dato macroeconómico, lo que se pierde son ingresos concretos de personas concretas: la pérdida de productividad se traduce directamente en pérdida de ingresos para quienes trabajan en condiciones de informalidad y no tienen acceso a sistemas de protección social (OIT, 2019).

Las revisiones sistemáticas más recientes muestran que los efectos sobre la salud de los trabajadores al aire libre van mucho más allá del agotamiento por calor o el golpe de calor. La evidencia acumulada identifica una alta prevalencia de enfermedades relacionadas con el calor entre trabajadores al aire libre, que incluye agotamiento, deshidratación, trastornos renales y pérdida de productividad (Habibi et al., 2024; Gibb et al., 2024). Una revisión narrativa muy reciente que sintetizó 42 artículos científicos y 13 documentos de política publicados entre 2014 y 2025 confirmó que los factores de vulnerabilidad clave incluyen el estado de salud individual, las condiciones ambientales y la ausencia de políticas laborales adecuadas (Bhati & Sheth, 2026). A esto se suman efectos sobre la salud mental como estrés y ansiedad que la literatura científica ha comenzado a documentar de manera sistemática, aunque con menor atención aún que los efectos físicos (Nowrouzi-Kia et al., 2026).

Los sectores más afectados son predecibles: las trabajadoras de la agricultura de subsistencia y los trabajadores de la construcción son los más perjudicados, representando el 60% y el 19%, respectivamente, de las horas de trabajo perdidas por estrés térmico en 2030 (OIT, 2019). No es casualidad que se trate de sectores que, a nivel internacional, presentan alta informalidad, menor cobertura de salud ocupacional y menor capacidad de negociación frente a empleadores. A nivel nacional el sector de la construcción tiene altos niveles de formalidad, pero esta no es la norma en América Latina.

Un caso latinoamericano que debería alertarnos: el riñón que trabaja hasta romperse

Hay un fenómeno que emergió en América Central hace tres décadas y que debería funcionar como señal de alarma para toda la región: la nefropatía mesoamericana, conocida en la literatura científica como enfermedad renal crónica de causa desconocida (CKDu, por sus siglas en inglés). Fue descrita por primera vez en El Salvador en la década de 1990, cuando comenzaron a morir en números inusualmente altos trabajadores agrícolas por insuficiencia renal irreversible (Sorensen & Garcia-Trabanino, 2019). Rápidamente quedó claro que el fenómeno era generalizado entre comunidades agrícolas en regiones calientes y húmedas de Centroamérica.

Lo que hace a esta enfermedad particularmente perturbadora es que afecta a personas jóvenes sin los factores de riesgo tradicionales (diabetes, hipertensión) y se concentra en hombres que realizan trabajo físico extenuante al aire libre, es decir, es una enfermedad altamente prevenible. En países como El Salvador, Honduras y México, las muertes por enfermedad renal crónica aumentaron un 177% en treinta años, contra un aumento global del 66% en el mismo período (Lu, 2020). Un estudio del Global Burden of Disease publicado en The Lancet encontró que en 2017 la tasa de enfermedad renal en América Central fue de 11.116 cada 100.000 personas, frente a un promedio global de 8.724 (Bikbov et al., 2020).

La causa sigue siendo objeto de debate, pero la evidencia apunta con fuerza al calor. Una revisión reciente, que sistematizó más de veinte años de investigación sobre el tema, concluye que la evidencia de que el estrés térmico es la causa principal del daño renal es convincente, mientras que el soporte para causas alternativas es débil: las asociaciones entre la exposición al calor y el daño renal son fuertes, consistentes y específicas, muestran relaciones dosis-respuesta, y se presentan tanto tras exposición aguda como crónica (Elinder, 2025). El mecanismo propuesto es claro: la deshidratación repetida y no adecuadamente revertida produce microlesiones renales cotidianas que, acumuladas durante años de trabajo a altas temperaturas, derivan en daño renal crónico irreversible (Glaser et al., 2016).

Lo que ocurre en Centroamérica no es un fenómeno geográficamente acotado. Los mismos patrones de daño renal asociado al calor se han identificado en trabajadores agrícolas de Brasil, India, Sri Lanka y el sur de los Estados Unidos (Sorensen & Garcia-Trabanino, 2019). En México, específicamente en la región de Tierra Blanca, Veracruz, la prevalencia de enfermedad renal crónica en hombres de 20 a 39 años alcanza entre el 15% y el 25%, con tasas de mortalidad de 32 a 77 por cada 100.000 personas por año y un 20% de las muertes ocurriendo en menores de 40 años (Glaser et al., 2016). En Guatemala, estudios recientes muestran que trabajadores de la caña de azúcar que cortan en promedio seis toneladas por día, seis días a la semana, bajo temperaturas que frecuentemente superan los 40°C, experimentan daño renal acumulativo a lo largo de la temporada, aunque las intervenciones de hidratación y descanso han demostrado ser capaces de revertirlo parcialmente (Global Heat Health Information Network, 2025).

Uruguay no cultiva caña de azúcar, pero sí tiene un sector agropecuario que emplea a miles de trabajadores en condiciones de exposición prolongada al sol: ganadería, agricultura, viticultura, producción hortícola, forestación. A medida que los veranos se vuelven más largos e intensos, la pregunta relevante no es si este tipo de daño podría ocurrir en Uruguay, sino si el país tiene capacidad para reconocerlo y medirlo.

Uruguay se calienta

Uruguay no es un país tropical, pero el calentamiento global está haciendo que sus veranos sean progresivamente más calurosos, con olas de calor más frecuentes e intensas. El análisis de la serie histórica de temperatura media anual entre 1980 y 2014 muestra una tendencia creciente consistente, y las proyecciones indican que el país podría experimentar un aumento de hasta 3°C hacia 2100 (Barreiro et al., 2021). Las precipitaciones también aumentaron, en torno al 15% entre 1961 y 2017, y se proyecta que eventos extremos como lluvias intensas, sequías y olas de calor sean más frecuentes y severos (Barreiro et al., 2021).

En enero de 2022, INUMET registró en Florida una máxima de 44°C, igualando el récord histórico del país (La Diaria, 2022). Pero más preocupante que los picos aislados es la frecuencia creciente de las olas de calor: en los últimos dos veranos Uruguay acumuló casi tantos episodios como en los 65 años previos, en el marco del fenómeno de La Niña pero amplificados por el calentamiento global de fondo (El Observador, 2023).

El contexto regional es igualmente preocupante. Según análisis de Climate Central para la temporada 2024–2025, el calor extremo en el Cono Sur fue al menos cinco veces más probable debido al cambio climático, y cerca de 80 millones de personas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil experimentaron al menos un día con calores extremos impulsados por el cambio climático cada temporada (Consen.so, 2025).

Un estudio de 2025 sobre Brasil proyecta que, bajo escenarios de emisiones altas para el fin del siglo, sectores como la agricultura y la construcción civil podrían perder hasta el 90% de su productividad por calor, con pérdidas económicas diarias de hasta 353 millones de dólares en actividades laborales reguladas  (Alves Ribeiro et al., 2025). Uruguay, aunque en mejor posición climática relativa que el norte brasileño, comparte con su vecino grandes estructuras productivas dependientes del trabajo al aire libre.

El índice WBGT (temperatura de globo de bulbo húmedo), que integra temperatura, humedad, radiación solar y velocidad del viento para estimar el estrés térmico real, puede alcanzar en el verano uruguayo valores que superan los umbrales de riesgo para trabajo físico moderado y pesado definidos por estándares internacionales como el ISO 7243 (OMS/OMM, 2025). Sin embargo, no existe vigilancia sistemática de este indicador en el país, lo que impide dimensionar con precisión la exposición real de las personas que trabajan al aire libre.

El marco regulatorio uruguayo: una arquitectura con vacíos

Uruguay tiene un sistema de salud y seguridad en el trabajo (SST) que, en términos comparativos regionales, no parte de cero para el abordaje del calor como factor de risgo para la salud. Se ratificó el Convenio 161 de la OIT sobre Servicios de Salud en el Trabajo, y cuenta con legislación que exige la implementación de Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (SPST). Desde 2024, esta obligación se extiende a todas las empresas que empleen más de cinco trabajadores, con diferentes grados de exigencia según el tamaño de la organización (Decreto N° 127/014). El Decreto 246/024, aprobado ese año, reforzó el reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental, aplicable a todos los trabajadores independientemente de su condición contractual, formal o informal, urbana o rural (Decreto N° 246/024).

Sin embargo, hay una ausencia notable en este andamiaje regulatorio: ninguna normativa aborda específicamante el riesgo térmico como un peligro laboral emergente vinculado al cambio climático. El Decreto 406/988, que regula las condiciones de seguridad e higiene, menciona la temperatura como variable a controlar, pero fue diseñado para entornos industriales cerrados, no para trabajos a cielo abierto bajo condiciones de calor extremo. No existe en Uruguay un protocolo nacional de actuación ante olas de calor para trabajadores rurales o de la construcción, no hay umbrales legales de temperatura que activen restricciones al trabajo al aire libre, y no existen sistemas de vigilancia epidemiológica diseñados para detectar patologías asociadas al calor en poblaciones laborales expuestas.

Este vacío no es un detalle menor. La evidencia global muestra que las intervenciones más efectivas son las sistémicas: modificación de horarios laborales, provisión garantizada de agua y sombra, formación de trabajadores y supervisores en reconocimiento precoz del estrés térmico, y sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan detectar tendencias antes de que se conviertan en emergencias. Las estrategias de adaptación más aceptadas y efectivas incluyen la mejora de la hidratación, el uso de ropa liviana y transpirable, pausas programadas en áreas con sombra y la modificación de las prácticas de trabajo (Habibi et al., 2024; OMS/OMM, 2025). Ninguna de estas medidas requiere tecnología sofisticada. Pero todas requieren que existan como obligaciones, no como buenas prácticas voluntarias.

La OIT, en su informe de 2019, ya señalaba que los países deben mandatar temperaturas máximas a las que los trabajadores pueden estar expuestos, mejorar la infraestructura de protección y reconocer en los marcos regulatorios al estrés térmico como un factor que impulsa a las personas a migrar (OIT, 2019). Más de seis años después, Uruguay todavía no ha dado ninguno de esos pasos.

Los vacíos de conocimiento: lo que no sabemos

Si el marco regulatorio tiene vacíos, el panorama del conocimiento es aún más precario. Para hablar con precisión sobre el impacto del calor extremo en la población trabajadora uruguaya, se necesitan datos que no existen, no están sistematizados o no son públicos. A continuación, se sañalan algunos de los principales déficits en materia de información y conocimiento sobre esta temática.

Primero, no tenemos datos de incidencia. El sistema de registro de accidentes y enfermedades laborales del Banco de Seguros del Estado (BSE) no incluye categorías específicas para patologías relacionadas con el calor. El golpe de calor que manda a un trabajador rural al hospital puede quedar registrado de manera genérica, o incluso no quedar registrado si el trabajador es informal o si la empresa omite la denuncia. No sabemos cuántas personas se enferman de calor cada verano mientras trabajan en el campo o en una obra, porque nadie lo está cuantificando de manera sistemática.

Segundo, no tenemos vigilancia de los efectos subclínicos. Como se dijo antes, la nefropatía asociada al calor (quizás el efecto más insidioso y documentado en la literatura) produce daño renal progresivo durante años antes de manifestarse clínicamente (Elinder, 2025; Glaser et al., 2016). Para detectarla, habría que implementar estudios longitudinales de función renal en población trabajadora expuesta al calor, preferentemente rural, pero no solamente. En Uruguay, no existe ningún programa de este tipo. Si la enfermedad está ocurriendo, la estaríamos diagnosticando cuando ya es tarde.

Tercero, carecemos de estudios locales de exposición. La investigación global señala que el riesgo varía significativamente según el tipo de trabajo, la duración de la exposición, la aclimatación del trabajador y las condiciones microclimatológicas del lugar de trabajo (Gibb et al., 2024). Para diseñar políticas eficaces, necesitamos saber qué están experimentando específicamente los trabajadores en los viñedos de Canelones, en las cosechas de arándanos del litoral o en las obras de construcción de Montevideo y Punta del Este en febrero. Esos datos no existen.

Cuarto, el sector informal queda fuera. Una fracción importante de quienes trabajan al aire libre en Uruguay (trabajadores zafrales, jornaleros del agro, etc) se encuentra en situación de informalidad o seminformalidad. Este es exactamente el grupo de personas trabajadoras sobre el que la evidencia global indica que el impacto del calor es más severo, porque tienen menor acceso a protección social, menor capacidad de negociación y menor posibilidad de ausentarse cuando están enfermos (OIT, 2019). Son también los más difíciles de alcanzar con sistemas de vigilancia y protección. No tener datos sobre ellos significa que no los estamos viendo.

Apuntes para una hoja de ruta

No es necesario esperar a tener todos los datos para actuar. La evidencia global es suficientemente sólida como para justificar medidas concretas, y el principio de precaución - -un pilar del derecho ambiental y de la salud pública- establece que la incertidumbre no puede ser excusa para la inacción cuando los riesgos son plausibles y los costos de la intervención son razonables. En los próximos párrafos, se plantean algunos apuntes para avanzar en este sentido.

Primero, Uruguay necesita incorporar a la normativa de SST regulación específica sobre exposición laboral al calor extremo: umbrales de temperatura y de índice WBGT que activen protocolos obligatorios, definición de medidas mínimas exigibles (hidratación, sombra, rotación de tareas, limitación horaria), y obligatoriedad de planes de contingencia ante olas de calor para empleadores de sectores de riesgo. El marco conceptual y técnico ya existe a nivel internacional (ISO 7243; OIT, 2019; OMS/OMM, 2025); se trata de adoptarlo y adaptarlo al contexto local.

Segundo, el MTSS, el MSP y el BSE deberían articular un sistema de vigilancia epidemiológica que registre las patologías relacionadas con el calor y que permita detectar tendencias en el tiempo. Esto requiere una adaptación de los formularios de registro de accidentes y enfermedades laborales, y la formación de los profesionales de salud en el reconocimiento de estas patologías, incluyendo marcadores tempranos de daño renal en trabajadores de riesgo.

Tercero, el financiamiento público en investigación debería incluir explícitamente la salud laboral y el cambio climático como área prioritaria. Se necesitan estudios longitudinales sobre los efectos del calor en la salud de los trabajadores al aire libre, en particular sobre el daño renal crónico. También estudios experimentales que evalúen la efectividad de medidas de mitigación del estrés térmico en contextos reales de trabajo: modificación de horarios, provisión de agua y sombra, rotación de tareas, uso de ropa adecuada y dispositivos de enfriamiento como chalecos y bandanas refrigerantes.

Cuarto, las políticas de SST en esta materia tienen el mismo desafío que muchas política de protección social: incorporar a los trabajadores informales. Las políticas de protección deben llegar a quienes están fuera del sistema formal. Esto implica articular estrategias con el Ministerio de Trabajo, el BPS, las intendencias y las organizaciones sindicales para crear canales de información, formación y denuncia accesibles a trabajadores zafrales.

Finalmente, es necesario integrar la perspectiva de salud laboral en la política climática. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC) coordina acciones en múltiples sectores, pero la salud ocupacional no figura como eje prioritario. Los planes de adaptación climática deberían incluir explícitamente la protección de los trabajadores al aire libre como uno de sus objetivos centrales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la OIT identificó como directamente comprometidos por el estrés térmico laboral (3- salud y bienestar, 8-trabajo decente y 13- acción por el clima),  (OIT, 2019).

Referencias

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