Al igual que ha ocurrido en varios países
de América Latina, en los últimos años se ido instalando en el Uruguay un
interés creciente por las clases medias. Los logros en la reducción de indigencia
y pobreza y en la mejora en varios indicadores laborales en han ido permeando
la agenda académica, que comienza a plantearse la necesidad de estimar el
crecimiento de los sectores medios y explorar su composición, incorporando en
esa mirada el análisis sobre las familias que recientemente han ido engrosando sus
filas.
El mundo académico se está produciendo
muchos estudios sobre las clases medias en la región (*). En Uruguay, algunas
investigaciones indican un incremento destacable de la clase media en la última
década, también un proceso de mayor heterogeneidad. Acompañando este hecho se
ha activado un debate metodológico interesante, sobre las distintas opciones
para la medición de la clase media y también sobre qué significa, en el Uruguay
de hoy, pertenecer a este estrato social (**).
Sin duda, el tema como objeto de estudio
es interesante y muy relevante para un país donde la enorme mayoría de sus
ciudadanos se define como de clase media. Lo que me preocupa es que este
impulso en la acumulación académica se traslade a una idea de que es necesario
que las políticas públicas en el área social se orienten hacia ese sector.
Desde varios ámbitos se ha ido
consolidando un discurso que plantea a los sectores medios como un grupo social relegado
por las políticas públicas frente a otros más vulnerables, en quienes se han
ido enfocando políticas emblemáticas en los últimos años, como las Asignaciones
Familiares y otras iniciativas que impulsa o coordina el Ministerio de
Desarrollo Social. Desde esta mirada se sostiene que la clase media es el “jamón
del sándwich” que no está cubierto por esta batería de políticas pero que
tampoco tiene ingresos y recursos suficientes como para optar por opciones
privadas de protección social. Este argumento es planteado con frecuencia
cuando se discute de políticas públicas en una gran diversidad de espacios
(educación, salud, cuidados, empleo, seguridad social) abogando por un
redireccionamiento o reforzamiento de los recursos hacia estos sectores, porque
el estado “ya está orientando muchos recursos hacia los sectores más pobres”. También
suele argumentarse que la clase media paga sus impuestos pero que, finalmente,
son los sectores más pobres y no el estrato medio el que se beneficia de esos
aportes.
Quisiera poner algunos datos sobre la
mesa para argumentar mi desacuerdo con la promoción de esta idea:
Aunque mucho me gustaría que el Uruguay
tuviera saldada su deuda social con la población más vulnerable,
lamentablemente esto está lejos de ser asi.
Según estimaciones de la CEPAL (***) casi
uno de cada diez hogares uruguayos (9%) no recibe transferencias asistenciales
públicas, no cuenta con ningún miembro afiliado a la seguridad social y tampoco
percibe jubilaciones o pensiones. Al desagregar este porcentaje, la proporción
de hogares que se encuentran en esta situación entre los quintiles de menores
ingresos prácticamente duplica a los “desprotegidos” del quintil 3.
Pero aún cuando a través de políticas se
lograra resolver esta situación, seguramente esto no permitirá romper con las configuraciones
viciosas de déficits educativos, inserciones laborales precarias y tendencias
demográficas altamente estratificadas que contribuyen a reforzar sesgos en la
forma que se distribuyen los frutos del crecimiento. Sabemos, por ejemplo, que
la cobertura de educación preescolar se distribuye en forma muy desigual y
sigue siendo en los hogares pobres donde presenta menores niveles, aún en un
contexto de expansión de servicios en este ámbito por parte del estado. También
es claro que son las mujeres pobres las que mayores obstáculos enfrentan para
ingresar al mercado laboral y de esa forma, aportar ingresos al hogar para
enfrentar la vulnerabilidad y superar la pobreza. En esta ecuación, por tanto,
los niños, los jóvenes y las mujeres de menores ingresos se están llevando la
peor parte, lo que refleja los escasos logros que el país está teniendo -aun en
un contexto de reducción notoria de indigencia- en el desafío de romper con la
transmisión intergeneracional de la pobreza.
De lo anterior no se desprende que las
políticas destinadas a la población más vulnerable no sirvan para nada. Pero
estaríamos faltando a la verdad si sostuviéramos que éstas han resuelto las
configuraciones estructurales de la pobreza. Los resultados sociales que hoy
vemos simplemente reflejan lo que, aunque siempre pareció claro, parece estar
perdiéndose de vista: transferir dinero a los sectores más indigentes y más
vulnerables es un paso gigante, pero es insuficiente para resolver la deuda del
Uruguay con la pobreza.
Llevar esto a la discusión de políticas no
lleva a redefinir las prioridades hacia la clase media, sino a reforzar el
compromiso en el combate a la pobreza, yendo “al hueso” de las raíces que la
alimentan y la reproducen.
Más allá de esto, hay otro argumento de
peso. Sería un error sostener que la
mayor parte del gasto social en Uruguay está destinado a los sectores más
pobres cuando sabemos que el grueso de ese gasto se compone de los recursos
destinados a jubilaciones y pensiones que, como también sabemos, tienden a
cubrir en mayor medida a los adultos mayores de sectores medios y altos.
También sabemos que las políticas “emblemáticas” que se orientan a los sectores
más vulnerables –siguiendo con el ejemplo, Asignaciones Familiares- representan,
en contraste, una porción ínfima del PIB.
Este punto es importante porque en el discurso sobre la necesidad de
priorizar a la clase media, tiende a perderse de vista que históricamente el
gasto social en Uruguay ha estado destinado a cubrir justamente las necesidades
de, entre otros, estos sectores. Más aún, lo que ha ocurrido en Uruguay en los
últimos siete años es un intento –en proceso aún y muy saludable- de ruptura
con esta inercia, que no desprotege a la clase media, sino que explícitamente
busca proteger más que antes a la población más pobre. Más aún,
este impulso no solo no desprotege a la clase media, sino que –a través
de varias iniciativas -ha impactado favorablemente en ella la clase media, incluso más y antes que
en los pobres (dos
ejemplos claros de ellos son la reforma de la salud y la reinstalación de los
consejos de salarios)
Como lo veo yo, la discusión sobre la
promoción de la importancia de cubrir más a las clases medias por ciertas
políticas sería irrelevante si los recursos fueran infinitos o si el país
tuviera márgenes mucho más grandes para incrementar su gasto social. Pero, como
sabemos, los recursos estatales que se destinan al gasto público social son
escasos y administrarlos implica tomar decisiones que, si se plantean con un
sentido de justicia, deberían buscar compensar desigualdades consolidadas por
la acumulación desigual de recursos y el desarrollo desigual de capacidades.
En definitiva, sigue siendo en Uruguay la
hora de la clase media, aunque ella no lo note o
espere más. Pero mientras 13.7% de la población siga viviendo en situación de pobreza
(****), no sería justo que estas esperanzas se tradujeran en nuevas políticas
sociales específicas para ese sector.
(*) Ver, por ejemplo, Franco, Hopenhayn y
León (2010) Las clases medias en América
Latina. México: CEPAL-SEGIB-Siglo XXI; Cruces G.,
López Calva, L. y Battistón, D. (2011) "Down and Out or Up and In? Polarization-Based Measures of the
Middle Class for Latin America," CEDLAS, Working Papers 0113, CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata; Ferreira, F. ,
Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L., Lugo, M. y Vakis, R. (2012) La movilidad económica y el crecimiento de
la clase media en América Latina. Washington D.C: Banco Mundial.
(**) Ver, entre otros, Borraz,
F. González Pampillón, N. y Rossi, M. (2011) “Polarization and the Middle
Class”. Documentos de Trabajo Nro
20/11, Decon, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,
Llambí y Piñeiro (2012) Índice de nivel socioeconómico. Cinve; Veiga, D. (2010)
Estructura social y ciudades en Uruguay:
tendencias recientes. Ed. FCS Fac.
Ciencias Sociales, Universidad de la
República Montevideo.
(***)
CEPAL (2012) Panorama Social de América
Latina 2011. Santiago de Chile: CEPAL.
(****)
Estimación de la pobreza por el método
del ingreso 2011. Montevideo: INE.
