domingo, 23 de noviembre de 2014

A mi no me encuestaron*

Un libro sobre estadística que llego hace un tiempo a nuestras manos comenzaba diciendo “Las personas hablan en español y mienten, aun así nadie dice “el idioma español miente”. Algo similar planteaba el viejo de J.P. Damiani al decir “Los números no mienten, pero los mentirosos hacen números”. Sin embargo, es muy común escuchar “las estadísticas mienten” y que nadie se de esta contradicción. En este sentido, el último domingo de octubre nos dejó varias cosas, algunas novedosas, otras simpáticas y algunas preocupantes. Selfies, caricaturas de los actores políticos, comunicadores y el gaffé de las encuestadoras fueron las novedades de este acto eleccionario… nos hizo acordar un poco a cuando leímos por primera vez el prólogo del libro de estadística.

Este artículo intenta simplemente articular algunas de nuestras opiniones -y discusiones- en torno a estos episodios. Si bien existen cientos de diversas puntas para tocar sobre la temática[1], sepa disculpar el lector que nos centraremos sólo en unas pocas que nos parecieron relevantes y –creemos- aún no han sido discutidas hasta la fecha.

Un poco de palos de todos lados…

La diferencia entre las encuestas realizadas semanas antes del sufragio, las distancias entre las proyecciones de escrutinio y el resultado final, han sido todos temas de debate candentes, muchas veces más fanatizados que racionales, otras más teóricos que empíricos o prácticos. Desde muy diversos bandos, todos se suben al bote a pegarle a las encuestas. Al punto tal que el Frente Amplio ha manifestado que piensa en regular las encuestas en el próximo período y hasta algunas encuestadoras -como Factum- parecen estar de acuerdo con esta “ley de encuestas”.

Algunas veces las voces que se han alzado en contra del desempeño de las empresas provienen de personas de las cuales haríamos bien de sospechar su idoneidad para opinar sobre el tema (el lector puede perfectamente hacer lo mismo sobre la nuestra, he aquí el problema de caer en el ad hominem), mientras que otros introducen teoremas, formulas y leyes estadísticas que –más que nada- tienden a alienar al lector, aparentando un exceso de idoneidad (que quizás no sea tan pertinente al campo de las encuestas como al de la matemática estadística). 

Si hacemos un poco de memoria recordaremos que la interpelación al desempeño de las encuestas tuvo un primer empuje durante las internas con frases de presidenciables como el título con el cual adornamos esta nota. Las variantes de este tipo de frase pueden señalar diversas cosas: deslegitimar resultados negativos, intenciones políticas para evitar la influencia de los resultados de encuestas en la opinión pública (se crea o no en la legitimidad de las mismas), entre muchas otras. Sin embargo, a nuestro entender existe un factor de fondo que se encuentra detrás de todas las anteriores al mismo tiempo: la falta general de alfabetización estadística; y lo que es aún más preocupante, de periodistas y políticos.

Encuestas Vs. difusión

Descartando de pleno los argumentos político-conspiratorios (siempre el que se ve desfavorecido es el que canta primero), existen algunos cuestionamientos un tanto más interesantes para discutir. Comencemos por la idea de que existe una necesidad de regular las encuestas como forma de evitar su influencia en la opinión pública. Para ponerlo sucintamente, regular las encuestadoras tiene similar utilidad social que regular la receta de las masas de pizza usadas en el país. ¿Qué queremos decir con esta comparación (bien burda)? Las encuestadoras son empresas privadas que trabajan a demanda de un número –generalmente reducido- de clientes. En caso de regular a las encuestadoras estaríamos reglamentando este tipo de trabajo. La publicación de resultados -y similares- es otra cuestión muy distinta que más que a las consultoras refiere a los medios de comunicación (prensa, TV, Radio, Internet) y lo que éstos deciden publicar de las encuestas en sí[2].

En otros términos, si el miedo existente refiere al efecto de las encuestas en la opinión pública, a quién deberíamos regular es a los medios y/o quienes deseen revelar la información de las mismas; la divulgación de los resultados no se encuentra obligada por ningún órgano a la fecha. Volviendo sobre la pizza, por lo menos la regulación de las recetas de muzzarela nos garantiza que las mismas tengan piso y afecta directamente a un número enorme de consumidores que pagan por ellas, eso parece ser bastante importante. 

La teoría del consejo de encuestadoras 

Hay otros que sostienen que no son los partidos políticos los que conspiran, sino una suerte de oligopolio de las empresas consultoras al desear mantener su poder mediante la influencia en la opinión pública; váyase a saber para qué. Por más que como seres humanos tendamos a encontrar historias y anomalías donde sólo hay azar, existen diversos elementos que hacen que caer en este tipo de conspiración sea mucho menos razonable que pensar en la existencia de errores (en el muestreo, relevamiento o ponderación) que afectan a la mayoría de las empresas consultoras. 

Más allá de que las encuestadoras existen hace varios años y han trabajado con gobiernos de diferentes partidos, su principal fuente de ingresos no son las elecciones sino todo lo que viene en el medio. Las elecciones se realizan cada cuatro años, mientras entre uno y otro acto eleccionario éstas deben seguir generando ingresos, más que nada prevenientes del sector privado. Sucede que la principal herramienta que tienen para atraer clientes en este –su principal- mercado es el prestigio. No resulta racional que las empresas pongan a la venta su tesoro más preciado (su efectividad a la hora de hacer encuestas y/o acercarse a una imagen similar a la realidad a través de la investigación social aplicada); quizás todo lo contrario: las elecciones sirven de una suerte de “vidrieras”, donde deben mostrar su mejor producto para venderse en el período siguiente. Operar políticamente va en contra de sus intereses principales: los económicos. 

Los sabios matemáticos

En tercer lugar tenemos a los argumentos que se basan exclusivamente en postulados de ciencias formales. Al menos dos ingenieros (nótese: profesionales que no provienen del campo de las ciencias sociales) han esgrimido argumentos matemáticos sobre la inviabilidad de los resultados de las encuestadoras en base a leyes de la estadística (ver Números finos del Ing. Mordecki y Urna para todos referido a una demanda con más tintes conspiratorios propuesta por el Ing. Elices). 

Sucede que las encuestas no son instrumentos de ciencias teóricas o formales en las que luego de aplicar fórmulas matemáticas nos encontremos con una réplica exacta de la realidad. Las encuestas son una forma de aproximarse, o quizás mejor, de tomar una foto de la realidad en X momento. Basta con nociones básicas de metodología, epistemología social o salir al campo una sola vez, para entender el error en el que caen estos ingenieros.

Por muchos motivos (que quizás sí convendría que las encuestadoras explicitaran), las encuestas no son una foto perfecta. Siguiendo con esta metáfora de la foto, tal cual como cualquier medio de captura, tienen imperfecciones y distorsiones, producto de diversos factores (defectos en el lente, estabilización de la imagen, cuestiones vinculadas a la iluminación, etc.). Podríamos preguntarles a estoy ingenieros cómo hacen las cámaras digitales para mejorar la calidad de las imágenes que capturan y, si creen que las compañías que compiten en este campo deberían –y aceptarían- hacer públicos los diferentes algoritmos de mejora de imagen. Sucede que los defectos en las cámaras digitales, por más complejos que sean, palidecen ante la cantidad de factores intervinientes que en una técnica de recolección social como la encuesta. Existen cientos de variables que pueden afectar la calidad de las mismas que van mucho más allá de errores de muestreo[3].

Asimismo, numerosos otros factores sociales y psicológicos pueden hacer que la distorsión en la respuesta sea relativamente sistemática o corregible mediante teoría y experiencia: votantes de X partido tienden a esconder sus opiniones mientras los de otros no, ciertas creencias tienden a guardarse por cuestiones culturales, en determinados barrios es más sencillo hacer encuestas que en otros, etc.

Sucede que, como ya adelantamos, las encuestadoras poseen modelos para intentar corregir los factores antes mencionados, que se basan en resultados y experiencias pasadas: estos son en realidad uno de sus mayores activos. El problema es que cuando determinados comportamientos o variables macro cambian[4] los modelos pueden perder su eficacia.

De todas formas, volviendo a la metáfora de la foto, sin estas correcciones (una de las funciones de la ponderación, no la única), es probable que en la gran mayoría de los casos los resultados se encuentren más alejados de la imagen real, que si no se los usara. Es como quitarle las mejoras de procesamiento de imagen a sus cámaras de teléfonos inteligentes, si su dispositivo lo permite hagan la prueba. 

Ok, regulamos las encuestas…¿y qué pasa con todo lo otro?

Por último, más que un cuarto argumento, planteemos una situación hipotética: efectivamente se regulan las encuestas, aumenta su costo y disminuye su uso (algo razonable), mientras que podría ser que poco a poco las encuestadoras pierdan legitimidad. Bajo este escenario, ¿qué hacemos con los otros intentos de "fotos" de la realidad que tienen todavía menores bases empíricas? ¿O las que son productos lisos y llanos de opiniones o retórica de expertos y pseudo-expertos? ¿No deberíamos regular a estos “formadores de opinión” también? ¿No se incrementarían enormemente sus chances de influenciar a la opinión pública poseerían? En otros términos, la estrategia de regulación puede sonar muy razonable al inicio, pero sus consecuencias podrían ser aún más nefastas tanto para quienes temen a la influencia en la opinión pública como para los que se preocupan de tener imágenes relativamente acercadas a la realidad social.

Una alternativa a legislar: certificar calidad y asegurar replicabilidad

Si los errores de las encuestas son de índole técnica, ya que es claro lo inverosímil de imputarles intencionalidad, ¿cómo el legislar soluciona esos problemas? ¿Es una cuestión de corregir las fórmulas que utilizan? ¿Trae la muestra perfecta la ley? ¿Dotará de ponderadores infalibles? ¿O acaso obligará a los directores a realizar cursos intensivos de métodos cuantitativos avanzados? No dude en comentar que otro efecto fantástico traería la ley.

Deseamos enfatizar que no nos estamos parando en un rincón corporativista y defendiendo a ultranza la no regulación de nuestra actividad profesional. Muy por el contrario, quienes escribimos el presente artículo estamos interesados en la calidad de la producción, tanto nuestra como la de nuestros colegas; fuera por nuestra propia legitimidad profesional, como por la preocupación de contar con una producción nacional científica útil y de calidad. 

En consecuencia, una externalidad positiva de este debate –creemos- sería comenzar a discutir otro tipo de aspectos, como una certificación de calidad a la producción de encuestas, pero no solo las realizadas por las consultoras sino también de la academia, gobierno y sociedad civil. Hasta quizás también sea necesario incluir buenas prácticas en la difusión de resultados (p.ej. cómo presentar la información. En otros término, algo similar a un sello ISO pero del proceso completo. Mientras que en gran parte del mundo desarrollado las nociones de replicabilidad, ciencia abierta y datos abiertos forman parte de cualquier trabajo vinculado a la recolección, procesamiento y análisis de datos[5]; en nuestro país este debate- en nuestra opinión mucho más útil y necesario- no se encuentra siquiera en la agenda de los colectivos que agrupan los distintos colegios asociados a las Ciencias Sociales. Aún para quienes piensen que la legislación es un camino sensato a seguir, todavía queda un largo trecho previo de discusiones y debates sobre este tipo conceptos antes de que sea razonable pensar en introducir este tema en el parlamento.


*Este artículo fue escrito en conjunto por Pablo Menese, Aldo Luissi y Matías Dodel



[1] Ver los otros dos artículos previos en este mismo blog: Contra la “Opinión Pública” de Guzmán Castro y Un Uruguay irreal de Aníbal Corti
[2] Entre otros, el tipo de rigurosidad/información que les exigen a las encuestadoras para “poder publicar sus resultados”
[3] Entre otros, la calidad de los encuestadores (el rapport con el encuestado y su habilidad para seguir las pautas) afectan los resultados de las encuestas, también el momento del año en que se realizan, que no sea obligatorio responderlas ni terminarlas, eso descontando la malicia de posible empleados (aspecto que las consultoras sí controlan y muy eficazmente).
[4]  A modo de ejemplo, no es difícil imaginar que en la elección pasada  los votantes colorados escondieran sus votos en ciertos contextos socioeconómicos, mientras que en esta elección el clima electoral previo  haya hecho que ciertos votantes frenteamplistas tampoco desearan manifestar públicamente su preferencia electoral.
[5] Entre otros ver: https://www.coursera.org/course/repdata

jueves, 20 de noviembre de 2014

Generando memoria


 En una conmemoración pública, Mujica se refirió a las imágenes del pasado como “viejas sombras que aletean en la memoria”, recordando a quienes estaban presentes en el acto, que la memoria histórica es un ejercicio constante de recreación y que somos todos “sujetos del tiempo”. Estas palabras son sumamente iluminadoras respecto a  la relación conflictiva que tenemos los uruguayos con nuestra historia reciente.  A veces dice más lo que escondemos y callamos (incluso lo que olvidamos) de lo que somos, que aquello que decidimos exhibir (“El olvido es una de las formas de la memoria”, solía decir Borges:”su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda”). Pero los “fantasmas de la memoria” son obstinados y aparecen constantemente como embrujos para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay quienes (han dicho que hay que) nos invitan a mirar para adelante, pues el pasado nos ancla y nos inmoviliza. Ya Walter Benjamin -inspirado en el cuadro de Klee- nos recordaba que el pasado ejerce una fuerza arrolladora sobre el presente y futuro, nos guste o no nos guste[1].
Es común que se ubique a la memoria en el plano de lo subjetivo y  lo afectivo pero la memoria muchas veces opera como la más emperrada de las estructuras sociales. Nos condiciona, amolda y determina, interiorizándola incluso irreflexivamente. Es por ello que los estudios sobre la memoria colectiva importan, e importan mucho, para comprender las acciones y sociedades en el presente (“la historia es siempre historia presente…”, solía repetir Methol Ferré) a su vez que para desentrañar nuestras posibles opciones de futuro.
Esta breve reflexión, a la que sirvió de estímulo la reciente nota de Luciana Scaraffuni sobre la memoria del pasado reciente, busca realizar algunos apuntes adicionales para pensar el lugar social de la memoria colectiva de los años de represión en el Uruguay, al tiempo que dejar planteadas interrogantes sobre  algunos embrollos que surgen de la ardua -pero necesaria y urgente-tarea- de conservar los testimonios de quienes sufrieron graves violaciones de sus derechos humanos durante aquel período. Aunque existen muchas aristas a considerar, esta aproximación  busca en particular dejar planteada la importancia de contemplar la mirada de género en los archivos de la memoria en Uruguay.  

Memorias para armar [2]
La noción de que la memoria es mucho más que el mero proceso de recolección de hechos del pasado ya es moneda corriente, tanto en la palestra académica como dentro de varios sectores de la sociedad civil. El creciente número de publicaciones dentro del campo de la memoria cultural y colectiva que se despliega desde la década de los ochenta, atestigua de la creciente preocupación por esta área de estudio.  Sin embargo, últimamente se registran  intentos (desde el feminismo, los estudios de género y los estudios queer, por nombrar algunos campos) por  ofrecer paradigmas y métodos alternativos para el estudio de la memoria colectiva y los procesos, actores y mecanismos a través de los cuales ésta opera (Cvetkovich, 2002; Scott, 1986). Desde su incepción los estudios sobre memoria -en su vertiente colectiva- han hecho hincapié en dos cualidades importantes:
a) Su intencionalidad e instrumentalidad (esto es,  hacer uso del pasado para construir identidades en el presente y proyectarnos al futuro, esta característica íntimamente relacionada con los usos políticos de la memoria y la articulación de fronteras identitarias). 
b) Su cualidad narrativa (la memoria colectiva cristaliza en el momento que se tematiza y se narra, volviéndose inteligible para los demás).   Esta cualidad está íntimamente relacionada con los médiums y medios de la memoria, y con el poder del narrador y la narración.

Sin embargo, hoy en día se problematiza esta lectura de la memoria colectiva por considerársela sobre-simplificadora, y se intenta incorporar al estudio sus vertientes no intencionales e implícitas (es decir, la memoria como algo que se impone aunque no la evoquemos intencionalmente). No toda la memoria se “utiliza” de manera instrumental; muchas veces la memoria opera como la más obstinada de las estructuras sociales, restringiendo las posibilidades del presente e imponiéndose como verdad indiscutible (Olick and Levy 1997). Por otro lado, nuevas corrientes han enfatizado la importancia de recuperar formas no-narrativas de memoria y explorar archivos alternativos que recuperen intangibles afectivos que también hacen a la memoria colectiva (Hish y Smith, 2002).  ¿Cómo recuperar entonces esas vertientes no intencionales y silenciosas de la memoria?  ¿Qué tecnologías de la memoria alternativas tenemos a nuestra disposición para recordar?

¿Qué, cómo y quién recuerda? Memoria y género en la reconstrucción del pasado reciente  



En relación a la memoria del pasado reciente, es común escuchar que la dimensión de género es innecesaria porque la represión  se aplicó a todos por igual, y no conoció diferencias por género ni clase. La experiencia de la tortura es una de las muchas memorias que podía ameritar una mirada desde los estudios de género. Es innegable que existieron  técnicas de tortura similares, el dolor, las marcas imborrables del cuerpo, y las gramáticas de poder subyacente son muy parecidas en las experiencias de hombres y mujeres.  Una cierta tendencia a descartar el género como posible prisma de análisis también se relaciona con la virtual inexistencia del discurso de género durante el periodo bajo estudio. Dado que se tendió a tematizar a la militante femenina en un plano de igualdad a sus compañeros masculinos, las reconstrucciones de su propia experiencia de generalmente no se tematizan desde la óptica de género y, si se hace, ello obedece a una elaboración realizada a posteriori. Por citar algunos ejemplos del discurso dentro de ex militantes del MLN: “Las mujeres pelearon  en el sentido más literal de la palabra de igual a igual con los hombres, se tiroteaban, fueron detenidas, torturadas y desaparecidas en términos iguales que los hombres, no se establecían diferencias entre hombres y mujeres” (testimonio-anónimo, entrevista realizada por la autora).

Sin embargo, varios estudios han mostrado cómo la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvo especificidades de género (Taylor, 1997; Jelin, 2001; Bunster-Burotto, 1986). El género importa, no solo porque hubo técnicas de tortura que se aplicaron de forma (y en número) diferente a hombres y mujeres, sino también porque la maternidad en cautiverio, la relación entre rehenes mujeres y entre las mujeres presas y los militares también fue diferente a la que experimentaron los hombres. Este hecho es explicable por sus posiciones diferenciadas en el sistema de género imperante en la sociedad, posiciones que implican experiencias vitales y relaciones sociales jerárquicas claramente distintas.

Si la memoria colectiva es abierta, activo-selectiva, se desprende entonces que no todos los actores tienen la misma “legitimidad social” para recordar y narrar su historia. La crítica a que han sido los hombres quienes han, de alguna manera, monopolizado la memoria de la represión militar fue esbozada claramente en el libro “Memorias para Armar”, que (de alguna forma) en cierta medida fue precursor en introducir la mirada de género en la discusión. Se ha generalizado el testimonio de los hombres como un testimonio universal.

Por otro lado, incorporar una óptica de género no puede entenderse meramente como sinónimo de estudiar estas vivencias en las mujeres versus la de los hombres. En una entrevista a una presa política se describe como el accionar militar estaba teñido también por un sesgo de género.  
Aunque hay algunas interpretaciones que asocian al poder hegemónico con la dominación masculina, autoras como Scott plantean la necesidad de librarnos de interpretaciones esencialistas y procurar, por el contrario, analizar los procesos históricos de diferenciación que son inherentemente contextuales (1980:20).  El género marca las identidades en formas específicas pero debemos ver cómo la marca en formas especificas dentro de contextos determinados, en lugar de subsumirlas en categorías monolíticas y esencialistas.

Es importante señalar a esta altura de la reflexión que las relaciones jerárquicas no están construidas únicamente en términos de género, sino que también lo están  en términos económicos, sociales, políticos y raciales, y que adoptar una óptica de género no implica desconocer esas diferencias que existen entre las experiencias de mujeres entre sí y entre hombres entre sí (Cockburn, 2001). Pluralizar los discursos en torno a este período se vuelve una tarea ardua pero importante y la arista de género es una de las muchas que permiten complejizar la memoria. La noción de interseccionalidad da cuenta precisamente de la necesidad de ubicar las reconstrucciones de la memoria en las intersecciones de variadas identidades (Collins, 2008).

La discusión sobre las violaciones de derechos humanos  y cómo se la reconstruye no puede ser concebida como algo finalizado y sus impactos profundos y reales  siguen saltando  a la vista hoy en día. Más aún cuando quedan tantas heridas sociales  abiertas y muchos testimonios por ser contados. Las preguntas de cómo recordamos y quiénes y cómo lo hacemos no dejan de conservar una enorme vigencia.

Referencias

Bunster-Burotto, Jimena. (1986) “Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America” in Women and Change in Latin America, ed. Nash, J. and H. Safa. South Hadley, MA: Bergin and Garvey.
Cockburn, C. (2001) ‘The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political Violence’ in Moser, C.O.N and Clark, F.C. (eds.) Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence. London: Zed Books, p 13-29.
Cvetkovich. Ann. 2002. “In the Archives of Lesbian Feelings: Documentary and Popular Culture” Camera Obscura 17.1 107-147
Hill Collins, Patricia (2008) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. New York: Routledge.
Hirsch, M. and V. Smith (2002), “Feminism and Cultural Memory: an Introduction,”  in Signs: Journal of Women in Culture and Society, 28 (1).
Jelin, E. (2001) “El género en las memorias” en  Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno editores, España. Cap. 6
Jelin, E. 2000. “Memorias en conflicto” en Puentes: Causas Por la Verdad. La justicia no se rinde. Año 1 (1).
Olick, J. K., and D. Levy. 1997. “Collective Memory and Cultural Constraint: Holocaust Myth and Rationality in German Politics.” American Sociological Review, 62:6:  920-936.

Scott, J. (1986).  “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” in The American Historical Review, 91(5), pp 1053-1075
Taylor, Diana (1997), Disappearing Acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina’s “Dirty War”, Durham  Londres: Duke University Press




[1] Walter Benjamin-TESIS DE FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

[2] Título del libro de la Editorial Senda del proyecto “Memoria para armar” del Taller de Género y Memoria de ex presas políticas.

viernes, 14 de noviembre de 2014

Promoviendo la Autogestión


Los dos gobiernos del Frente Amplio han implementado políticas que han promovido a las Empresas Autogestionadas (EA) o las Cooperativas de Trabajadores (que es la forma jurídica más habitual que asumen las EA en Uruguay). En el primero se aprobó la Ley General de Cooperativas y con ella se creó el Instituto Nacional del Cooperativismo. Además, en el marco del Plan de Emergencia, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desplegó un conjunto de acciones vinculadas al cooperativismo. Se ejecutaron programas de apoyo a emprendimientos productivos (Programas de Opción Productiva e Iniciativas Locales), que privilegiaron a aquellos de perfil asociativo. Por otro lado, fue creada dentro del MIDES la Unidad de Cooperativas Sociales. Las cooperativas sociales se definieron como un tipo específico de cooperativa de trabajo para grupos poblacionales en situación de “vulnerabilidad social”. En este sentido, la creación de cooperativas de trabajadores fue vista como un instrumento de política social.

Sin embargo, dadas las carencias de los trabajadores en el punto de partida de las cooperativas sociales y su consiguiente baja probabilidad de éxito, la conformación de un emprendimiento productivo (en particular de tipo asociativo) podría no ser el mejor instrumento para responder al objetivo de inserción social y económica de grupos poblacionales vulnerables.

Durante el segundo gobierno del FA, y en consonancia con el discurso pro autogestionario de José Mujica, se fue más lejos. La principal medida de apoyo a las empresas autogestionadas, fue la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES). Un instrumento financiero destinado exclusivamente a las EA. El mismo contó con una importante inyección de recursos, al destinarse un porcentaje que ha oscilado entre el 30% y el 20% de las ganancias del BROU de cada año desde su creación el 27 de setiembre de 2011 mediante el Decreto Nº 341/01 (en 2012 representó 40 millones de dólares y en 2013 70 millones).

Hasta la fecha, el FONDES ha financiado 14 proyectos de empresas autogestionadas. Entre estos figuran algunos casos emblemáticos, como FUNSACOOP (ex FUNSA), ENVIDRIO (ex Cristalerías del Uruguay), COTRAPAY (ex Paylana), CTC (ex Metzen y Sena) y Alas-U (ex Pluna).  La mayoría de los proyectos financiados corresponden a empresas recuperadas. O sea, empresas autogestionadas que surgen de una empresa convencional (EC) cerrada o en problemas. El perfil que se le ha dado a los créditos del FONDES llama la atención cuando se considera que más del 75% de las cooperativas de trabajadores (CT) no son empresas recuperadas, sino que fueron creadas de cero por los trabajadores que la fundaron (Alves et al 2012).

De modo que corresponde preguntarse por las razones de este sesgo. La pregunta resulta de particular relevancia cuando se tiene en cuenta que en el caso de las empresas recuperadas existen siempre legítimas dudas sobre la viabilidad del emprendimiento. ¿Por qué habría de ser viable una EA en la misma actividad donde fracasó una empresa convencional? Solo se podría llegar a una respuesta a favor de dicha viabilidad en el caso en que se evalúe que el fracaso de la empresa convencional se debió a la mala gestión y a la incompetencia de sus dueños o gerentes. Si esta no fuera la situación y se evaluara que la empresa hubiese cerrado porque operaba en un sector de actividad en donde la producción uruguaya no está en condiciones de competir en el mercado internacional. O bien, si se evaluara que la empresa se dedicaba a producir un bien cuya demanda ha caído fruto a cambios tecnológicos que lo han hecho obsoleto. En ambos casos ningún emprendimiento sería viable, ni autogestionado ni capitalista. Distinguir estas dos situaciones no siempre es fácil, pero hacerlo resulta clave para el objetivo perseguido por el FONDES, que es promover a las EA.

El sesgo del FONDES a favor de las empresas recuperadas parecería indicar que se están persiguiendo objetivos múltiples a la hora de seleccionar los proyectos aprobados.  Por un lado, parecería que se están persiguiendo objetivos de política industrial, al promover proyectos en “sectores estratégicos”. En donde, más allá de que se evalúe que las empresas uruguayas puedan tener problemas de competitividad, se considera que son sectores en donde resulta importante que las empresas uruguayas tengan presencia para el desarrollo industria local. Por otro lado, parecería también que se persiguen objetivos de política laboral, al promover proyectos de modo de conservar las fuentes de trabajo de sus miembros.

Un denominador común de los roles que se le han asignado a las EA, en el primer gobierno del FA desde el MIDES y en el segundo desde el FONDES, es que en ambos casos se ha buscado que las empresas autogestionadas sean un instrumento para otros objetivos que se han priorizado (de política social, industrial o laboral). Si bien, del decreto de creación del FONDES podría esperarse otra cosa, los  instrumentos creados no se han utilizado teniendo como principal objetivo la promoción de las EA. El principal problema, es que utilizar a las empresas autogestionadas como instrumentos de política con otros objetivos, puede ir en contra de la propia meta de promover a las EA. Concretamente, si desde el estado uruguayo se promovieran emprendimientos con muy bajas probabilidades de sobrevivencia en el mediano plazo, pero que en el corto plazo permiten patear para adelante problemas que deberían resolverse con otros instrumentos, se estarían perjudicando las posibilidades de desarrollo de las EA en tanto forma de organización alternativa a las EC. Si por ejemplo, dentro de cinco años gran parte de los EA promovidas fracasaran, es poco probable que ese resultado sea leído como originado en un mal uso de los instrumentos. Lo más probable es que sea leído erróneamente como una constatación de la inviabilidad de las EA como forma organizativa.

Las Cooperativas de Trabajadores tienen varias características que las hacen deseables. Una de ellas es que una mayor presencia de estas empresas favorece una mejor distribución del capital productivo. En estas empresas también se observa una distribución interna mucho más igualitaria del los ingresos de los trabajadores. Además, los espacios para la realización personal de los trabajadores son mucho mayores en este tipo de empresas. Básicamente, porque le permiten incidir en el diseño de los procesos de trabajo y en otras decisiones que afectan su bienestar. En cuarto lugar, el empleo es mucho más estable en las CT, permitiendo suavizar el impacto sobre el empleo de shocks macroeconómicos negativos. En quinto lugar, son empresas donde sencillamente no se explota a los trabajadores (en tanto no tengan trabajadores asalariados). Estas características hacen que una mayor presencia de EA en la economía Uruguaya sea algo deseable.

Sin embargo, en general daría la impresión que se ha buscado que las empresas autogestionadas lleven adelante las actividades productivas que las empresas convencionales no han hecho porque no les resultaba rentable. Como si no fuera un aporte suficiente a la sociedad uruguaya la mera existencia y continuidad de los emprendimientos autogestionados.

Obviamente, las Cooperativas de Trabajadores tienen algunos problemas particulares que hay que considerar. Desde el estado se deberían desarrollar políticas que tiendan a resolver las trabas externas que enfrentan las EA (como por ej. El FONDES). Pero que también generen los incentivos adecuados para que las cooperativas cumplan metas razonables de desempeño económico y preserven su especificidad organizacional.

Lo deseable sería que se promovieran los proyectos de cooperativas que se inserten en sectores dinámicos y competitivos de la economía uruguaya, con mayor utilización de mano de obra calificada y donde se espere que estas empresas tengan, dadas sus características, ciertas ventajas frente a las EC.

A continuación se mencionan algunos posibles instrumentos de política para promover a las EA:

FONDES

Si bien este instrumento ya existe, en momentos en que se está discutiendo la forma que tendrá el FONDES, resulta oportuno recordar que la presencia de líneas de crédito específicas para cooperativas de trabajadores es fundamental dada la discriminación que suelen sufrir de parte del sistema financiero.

Conglomerados

La propuesta consiste en adaptar la metodología utilizada por el PACC (Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas) para incentivar la integración entre empresas cooperativas.

Creación de un Sistema Nacional de Incubadoras de Cooperativas de Trabajo

La idea es que existan unidades especializadas con un fuerte componente técnico de carácter interdisciplinario para facilitar la creación de nuevas cooperativas. La actividad de dicha oficina debería estar enfocada a seleccionar las ramas de actividad con mayor potencialidad para entrada de cooperativas de trabajadores.

Mercado de Compras Públicas

Creación de un marco legal general que facilite el acceso de las cooperativas a las compras públicas. No se trata de generar artificialmente condiciones de rentabilidad permanentes para este tipo de empresas. Por el contrario, se trata de generar los aprendizajes necesarios para que las cooperativas puedan competir normalmente frente a las empresas convencionales.

Conversión de Empresas Capitalistas Exitosas

Se trata de crear instrumentos para que los trabajadores de una empresa puedan formar una cooperativa que compre total o parcialmente una empresa en funcionamiento y rentable. Esta opción resulta particularmente relevante en el caso de empresarios que se retiran y no tienen sucesores que quieran continuar con la actividad.



Alves, G., Burdín, G., Carrasco, P., Dean, A., Rius, A. 2012. “Empleo, remuneraciones e inversión en cooperativas de trabajadores y empresas convencionales: nueva evidencia para Uruguay”, Instituto de Economía, Serie Documentos de Trabajo 12-14. Disponible en: http://www.iecon.ccee.edu.uy/download.php?len=es&id=313&nbre=dt-14-12.pdf&ti=application/aux&tc=Publicaciones

lunes, 10 de noviembre de 2014

Contra la “Opinión Pública”

“La opinión pública no existe”
Pierre Bourdieu (1972)i


A medida que la tarde del domingo 26 de octubre se hacía noche, quedaba en evidencia la vergonzosa distancia entre la “opinión pública” de las consultoras y la real participación de la ciudadanía en las urnas. En jaque ante la abultada subestimación del voto frenteamplista y similar sobrevaloración del colorado, consultoras y analistas se acomodaban como podían, con más o con menos vergüenza, a una realidad que no era la de sus modelos. El “error” de octubre tocó una campana de alerta. Quizás, como sugiere Aníbal Corti en Razones y Personas, estábamos viviendo en un Uruguay irreal, artificialmente construido en torno a sondeos de opinión que nos acostumbramos a aceptar dócilmente. Un Uruguay hiper-punitivo y dispuesto a hacer cualquier cosa para “solucionar” una crisis de inseguridad “insoportable;” ranciamente conservador en temas como el aborto y la política de drogas; cansado de proyectos de izquierda y seducido por un neoliberalismo 2 o 3.0 vestido de positivas y renovación. La participación ciudadana, en la calle y las urnas, dejó en evidencia lo desajustado del Uruguay de las encuestas. Sin embargo, no deberíamos contentarnos con la trompada de realidad que las encuestadoras se llevaron en octubre. En un sistema donde el respaldo de la opinión pública ha cobrado un carácter cuasi-divino, la irrealidad del mapa político que dibujan las encuestas es siempre constitutivo, en mayor o menor medida, de la realidad política. Las encuestas legitiman proyectos, hacen y deshacen candidatos, y moldean preferencias político-sociales. La preocupación técnico-científica, limitada a la anécdota de octubre, debe dar lugar a una crítica radical sobre el rol del complejo encuestador-mediático (compuesto por quienes pagan, elaboran, y difunden los sondeos de opinión) en la política.

Dos recientes columnas han dado el punta pié inicial. Gabriel Delacoste, escribiendo para Brecha, señala que las aspiraciones de neutralidad de la ciencia política moderna, y especialmente de las encuestadoras, es en el mejor de los casos una utopía y en el peor política disfrazada de objetividad científica. Aníbal Corti, en la columna ya mencionada, argumenta que los sondeos han construido un Uruguay irreal, o por lo menos uno en el que la “opinión pública” de las encuestas no coincide con la participación política de la población. Pero quitarle el velo a las problemáticas aspiraciones de predicción y neutralidad (Delacoste) y demostrar la capacidad de los sondeos de construir (ir)realidades (Corti) nos deja todavía a mitad de camino.

El siguiente paso consiste en desnaturalizar el poder simbólico acumulado por las encuestas con el objetivo de generar insumos para una cultura de cuestionamiento radical ante aquellos que pretenden hablar por la “opinión pública.” Sólo dando este paso vamos a poder re-legitimar otras maneras de entender y hacer la política.

(Aclaro: El problema no está en las encuestas per se -que son y seguirán siendo herramientas esenciales para la comprensión política- sino en su uso, en la mutación que han sufrido de herramienta heurística a jaula de hierro).

¿Qué hacen las encuestas?

Ya sea en temas electorales, de regulación de drogas, educación, inseguridad, o X, las encuestas son siempre más que la agregación de preferencias individuales, recolectadas desde la distancia objetiva que facilita la ciencia. Las sondeos no sólo miden, sino que construyen activamente ese esquivo sujeto colectivo que llaman “opinión pública.” Ese ejercicio de albañilería, tanto cuando es “acertado” como cuando es “erróneo,” supone siempre una intervención política. Esto se desprende de la problematización de tres supuestos que las sustentan (Bourdieu 1972):

  1. El universo de posibles encuestados tiene iguales recursos para generar una opinión. Este supuesto es problemático por varias razones. Una de ellas es la compleja trama de marcos conceptuales desde los que se interpreta una pregunta. Por ejemplo, lo que para algunos puede aparecer como una pregunta “política,” puede ser para otros una cuestión “moral.”ii Tómese el caso de la regulación del cannabis. Las encuestas han intentado medir la “opinión pública” casi exclusivamente con preguntas del tipo “Está de acuerdo o en desacuerdo con que se legalice la venta de marihuana en Uruguay?” Los resultados han dado siempre arriba del 60% en desacuerdo. Sin embargo, cuando Factum preguntó si se estaba más de acuerdo con la compra de marihuana en “farmacias con calidad controlada por el Estado” o “a la mafia de las drogas,” el 78% optó por la primera opción y sólo el 5% por la segunda. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? La herramienta más poderosa con que cuentan los prohibicionistas sigue siendo de carácter moral: algunas drogas (dado que el alcohol y el tabaco suelen salvarse) atentan contra el orden social y deberían ser erradicadas. Por otro lado, quienes pelean por alternativas a una guerra contra las drogas han encontrado un sólido argumento en las consecuencias inesperadas del prohibicionismo reinante, entre ellas la emergencia y expansión de los narcos. La primera pregunta, con su (equivocada) invocación de la “legalización,” es para muchos inseparable del universo moral prohibicionista construido alrededor de las drogas en el último siglo. Son pocos los que pueden decantar la complejidad política detrás de la guerra contra las drogas. La segunda pregunta, por el contrario, es más plausible de ser filtrada políticamente. Para complicar el asunto aún más, la intensidad de las preferencias que conforman la opinión pública media suelen ser radicalmente distintas -como quedó de manifiesto en otro sondeo en el que el 51% de los encuestados dijo, una vez aprobada la ley, estar de acuerdo en mantenerla para ver cómo funciona o en la paupérrima votación en el referéndum para rechazar la ley de despenalización del aborto.
  2. Las opiniones tienen el mismo peso y el proceso mediante el cual son generadas es homogéneo, individualizado, y atemporal. El problema es que la formación de opiniones es siempre intersubjetiva y temporal. Las “muestras representativas” de las encuestas omiten las relaciones orgánicas y en continuo movimiento dentro de las cuales las preferencias políticas se forman (Krippendorff 2005). Este carácter social, interactivo, y dialógico podría explicar el pobre análisis de la categoría de “indecisos” de cara a la elección de octubre. La incapacidad de las encuestas para medir fenómenos de este tipo, como la movilización del aparato del FA en la calle, la campaña y marcha del No a la Baja, el masivo acto final del FA, entre otros, le costó caro a González et al.
  3. Existe un consenso social sobre las problemáticas y preguntas que vale la pena hacer. Este es el supuesto más obviamente falso. Es también el más escondido, naturalizado, y antidemocrático. La construcción de una “opinión pública” es siempre una “imposición problemática.” Las empresa consultoras -contratadas por medios de comunicación, un grupo político, o una empresa- suelen hacer un importante esfuerzo para que las preguntas sean lo más neutrales posible. Enhorabuena. Lo que las encuestadoras no pueden hacer es incorporar la inabarcable polisemia detrás de una pregunta y sus respuestas -o siquiera si las preguntas significan algo para el entrevistado. Así, consultoras y aquellos que pagan por los estudios confirman sus propias categorías, preferencias, e intereses, inscribiéndolos en el cuerpo de esa “opinión pública” que ellos mismos han ayudado a crear. Más complejo aún, las problemáticas son siempre las algunos pocos con los recursos para hacer andar la máquina mediático-encuestadora. Por ejemplo, la opinión pública se pronuncia asiduamente sobre “conflictividad sindical.” No es común, sin embargo, que se pregunte sobre preferencias en políticas de redistribución de la riqueza. Es por eso que, aún aceptando la difícil premisa que la masa puede hablar a través de las encuestas, ésta siempre habla de lo que le interesa a las élites.
Magia y Encuestas

Como señalara Corti en su post, desembarazarse del peso que ha impuesto la “opinión pública” es romper el tabú a discutir, desde la izquierda y con ideas de izquierda, temas hasta ahora monopolizados por marcos conservadores -como es el caso de la seguridad ciudadana. No obstante, si la crítica a esta manera de hacer política no se transforma en un ejercicio constante, corremos el riesgo de caer en la misma trampa mañana. Hasta el plebiscito del 26 de octubre (pero incluso hoy) analizar el problema de la seguridad desde posturas no punitivas era visto como una falta de respeto a esas tres millones de víctimas que componen el Uruguay actual -bueno...tres millones menos los “chorros” y “menores” que no se merecen, nos dice el discurso dominante, el más mínimo respeto. Es de esperar que después de la inmensa victoria del No a la Baja haya un poco más de oxígeno para quienes no creemos que más cárcel y más represión sea la solución. Sin embargo, no siempre va a existir la posibilidad de contragolpear a las encuestas en las urnas o la calle. El único antídoto de largo plazo es la desnaturalización -y porqué no deslegitimación- del poder del complejo mediático-encuestador. 

El capital simbólico acumulado por el complejo mediático-encuestador no es muy diferente del que magos y brujos acumularan en las sociedades pre-modernas hábilmente analizadas por Marcel Mauss. La clave está en el reconocimiento que otorgan dominados a dominantes. Es decir, el legítimo monopolio sobre la opinión pública que hoy ostentan las encuestas depende de la connivencia de aquellos que son “sondeados.” Es aquí entonces que reside la potencialidad para un proyecto alternativo. Un proyecto donde la voz de la masa no aparezca en porcentajes. Donde contemos con otras maneras de elaborar mapas políticos legítimos (etnografías, estudios cualitativos, entre otros) y, especialmente, donde la voluntad política se materialice más en la calle que en los noticieros. Impulsos como el de la generación No a la Baja han mostrado que se puede. La solución no es matar al mago, pero sí estar preparados para arruinarle el truco mucho más a menudo.




ii “Político” y “moral” son tipos-ideales, la realidad es siempre más compleja ya que, por ejemplo, es muy difícil separar argumentos morales de sus consecuencias políticas.