Antes, durante y después de la pandemia COVID-19: Las deudas impostergables de la educación

Los países de las Naciones Unidas, incluido Uruguay, se comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, y en particular a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ODS 4) (PNUD, 2020), Sin embargo, América Latina, aún antes de la pandemia, se encontraba lejos de su cumplimiento. En parte, por ser una de las regiones más desiguales del mundo, en que los más ricos concentran un tercio de los ingresos (SUMMA & UNESCO, 2020). Esta desigualdad se reproduce en el sistema educativo, no solo en brechas en el  desempeño en Lectura y Matemáticas (OECD, 2019),  sino también en las chances de completar educación secundaria (SUMMA & UNESCO, 2020), siendo estas diferencias más pronunciadas entre niños, niñas y adolescentes de áreas rurales, pertenecientes a pueblos originarios y afro-descendientes (ECLAC, 2021).

A raíz de la pandemia COVID-19, se estima que 22 millones más de personas cayeron en la pobreza durante 2020 y 8 millones más en la indigencia. Esto se traduce en que una de cada tres personas de América Latina viven por debajo de la línea de pobreza, cifras similares a las de 2008, y 78 millones de personas viven en situación de indigencia como ocurría en el año 2000 (ECLAC, 2021). A diferencia de otrora, América Latina hoy se encuentra en la segunda mayor crisis migratoria (después de Siria), debido a la emigración desde Venezuela que hasta el momento ha sido de 5,4 millones de personas (OIM, 2020), en un contexto de fronteras cerradas y restricciones de regularización por el cierre de las oficinas administrativas.

En un contexto de creciente pobreza, vulnerabilidad y desigualdad,  América Latina fue la región que más días mantuvo sus escuelas cerradas durante 2020 (158), dejando a 114 millones de estudiantes sin clases presenciales (UNICEF, 2021).  Cabe preguntarse entonces, ¿en qué circunstancias enfrentó América Latina la educación a distancia durante el 2020?

Si bien los países implementaron diversas estrategias de carácter digital y análogo para enfrentar el cierre de los establecimientos educativos (SITEAL, 2021; UNESCO et al., 2020), tal como se observa en la Figura 1, tan solo Uruguay contaba con un sistema establecido de conectividad en las escuelas, plataformas, recursos y contenido digital, seguido por Barbados, Chile, Colombia y Argentina (Rieble-Ausbourg & Viteri, 2020). En promedio, un tercio de los establecimientos educativos contaba con banda ancha suficiente para ofrecer educación a distancia. Reflejo de la desigualdad en la región, la situación resulta especialmente compleja en hogares vulnerables que carecen de computadores e internet. Según datos de PISA 2018, 94% de los hogares de mayor nivel socio-económico contaban con un computador para tareas educativas, respecto al 30% de los hogares de contexto vulnerable. El acceso a internet en hogares vulnerables también era incipiente, especialmente en Perú (7%), México (10%) y Panamá (17%), con brechas significativas entre áreas rurales y urbanas (OECD, 2019) . En segundo lugar, los docentes no se encontraban preparados para incorporar la tecnología en sus prácticas pedagógicas, concentrándose los docentes con menores habilidades técnicas en los establecimientos de contextos más vulnerables (OECD, 2019).Por último, los estudiantes no contaban con las competencias para enfrentar la educación a distancia de acuerdo al análisis de los  currículums nacionales elaborado por UNESCO durante 2019. ya que solo el 58% de los currículums de América Latina y El Caribe incorporaba el uso de TICs (UNESCO, 2020).

 

Figura 1. Condiciones digitales de base en lo sistemas educativos de América Latina y El Caribe, SIGED 2020

Fuente: Rieble-Ausbourg, S., & Viteri, A. (2020).

 

En este contexto, no resulta llamativo que el Banco Mundial estime que el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple, haya aumentado de 51% a  62,5%, afectando a 7,6 millones adicionales de niños y niñas de educación primaria (World Bank, 2021). La pregunta que surge es ¿qué medidas se requieren para que las brechas educativas no continúen profundizándose y para que los sistemas educativos puedan enfrentar la educación actual y de futuro?

Afortunadamente, no se requieren medidas novedosas ni que no hayan sido consideradas previamente. Se requiere universalizar el acceso a internet y equipamiento  (ECLAC, 2020), así como promover  currículums integrales, en que se prioricen las competencias del Siglo XXI, incluyendo las competencias digitales (Trucco & Palma, 2020), habilidades socio-emocionales, autonomía y funcionamiento ejecutivo, entre otras (Schleicher, 2021, p. 19). Además, resulta esencial ofrecer programas de formación docente (inicial y continua) que promuevan el uso de tecnologías en las prácticas pedagógicas cotidianas. Esto último resulta fundamental para nivelar a los estudiantes de forma sostenida y con las capacidades actuales del sistema, a modo de ejemplo a través de plataformas digitales adaptativas (cuyo nivel de dificultad varía de acuerdo a las respuestas y progreso individual de los estudiantes). Vale destacar que para avanzar en estas medidas, resulta fundamental aumentar el presupuesto en educación, así como dotar de mayor autonomía a los establecimientos educativos para decidir sus gastos en función de sus necesidades.

 

 

Referencias

ECLAC. (2020). Universalizing Access to digital technologies to address the consequences of COVID-19 (No. 7; Special Issue COVID-19). ECLAC. https://www.cepal.org/en/ publications/45939-universalizing-access-digital-technologies-address-consequencescovid- 19

ECLAC. (2021). Social panorama of Latin America 2020.

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume II): Where all students can succeed. OCDE. https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en.

OIM. (2020). Efectos de la COVID-19 en la población migrantes. Principales hallazgos. Sondeo en América Central y México. OIM Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

PNUD. (2020). Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/sustainable-development-goals.html

Rieble-Ausbourg, S., & Viteri, A. (2020). COVID-19: ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea? (Nota No. 20; CIMA América Latina y El Caribe). BID- CIMA. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Nota-CIMA--20-COVID-19-Estamos-preparados-para-el-aprendizaje-en-linea.pdf

Schleicher, A. (2021). The impact of COVID-19 on education. Insights from Education at a Glance 2020. OECD.

SITEAL. (2021). Sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis de la COVID-19. https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19

SUMMA, & UNESCO. (2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo. América Latina y El Caribe. Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción. UNESCO. Bit.ly/LAC2020gemreport

Trucco, D., & Palma, A. (2020). Infancia y adolescencia en la era digital: Un informe comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay (Vol. 18). CEPAL.

UNESCO. (2020). Análisis curricular Estudio Regional Comparativo Explicativo (ERCE 2019). Hallazgos y reflexiones en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. UNESCO.

UNESCO, UNICEF, & World Bank. (2020). What Have We Learnt? : Overview of Findings from a Survey of Ministries of Education on National Responses to COVID-19. UNESCO, UNICEF, World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700

UNICEF. (2021). COVID-19 and school closures. One year of education disruption. UNICEF. https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/

World Bank. (2021). Acting Now to Protect the Human Capital of Our Children: The Costs of and Response to COVID-19 Pandemic’s Impact on the Education Sector in Latin America and the Caribbean. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276

 

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.

“Esto en Uruguay no pasa”

SILENCED por M.G.N. - Marcel ON OF bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

La instalación de bandas de narcotráfico en nuestro país se vincula a cambios de la geografía del tráfico de drogas a nivel internacional [i]. Por un lado, el reciente desvío del tráfico desde América Latina hacia Europa y África provocó un aumento de las actividades de tráfico de drogas en el Cono Sur. A su vez, en el contexto de prosperidad económica impulsada por el boom de los comodities, la región pasó de ser una zona solo de tránsito y producción, a ser también una de consumo de drogas –particularmente cocaína y pasta base de cocaína [ii]. Así, la industria de la droga se consolidó en países que hasta entonces participaban del comercio internacional principalmente como plazas de tránsito y, en algunos casos, lavado de activos.

En este contexto, en Uruguay se ha desarrollado un mercado doméstico de tráfico de drogas. Esta transformación trajo consigo una reestructura en la cadena del narcotráfico a nivel local. Es decir, además de las organizaciones dedicadas a las transacciones de importación y exportación –conectadas con actores criminales internacionales–, emergieron bandas criminales que se dedican a la venta y distribución de remanentes del tráfico internacional de drogas en el mercado interno.

Las bandas se concentran en áreas urbanas y en barrios con altos niveles de pobreza. Por lo general se trata de grupos familiares dedicados a actividades criminales que reconvirtieron su negocio hacia el trafico local de drogas y que instalaron su operativa en el barrio en el que residen.

Sabemos poco sobre el mercado doméstico de drogas y, en particular, sobre el funcionamiento de las bandas. A este desconocimiento se le suma la ilusión de excepcionalidad uruguaya. En consecuencia, es frecuente escuchar “esto en Uruguay no pasa” cuando nos enteramos por las noticias que en ciudades de países vecinos hay bandas que gozan del control territorial blindados por pactos de colusión con agentes estatales y actores políticos.

Desde la academia también hay escepticismo sobre el alcance de las bandas de tráfico de drogas en un país como Uruguay. Parte de la literatura sugiere que en las zonas dominadas por las organizaciones criminales el Estado está ausente [iii]. Siguiendo esta lógica, no deberíamos esperar que las bandas controlen áreas en un contexto como el uruguayo, donde las instituciones estatales están presentes de manera extendida en el territorio [iv].

Sin embargo, estudios más recientes ofrecen una visión matizada del rol del Estado que pueden ayudarnos a pensar el caso uruguayo. Estos estudios muestran que los esquemas criminales de dominación territorial suelen basarse en relaciones de cooperación, tolerancia o conflicto con el Estado [v]. De hecho, varios autores han documentado presencia de este fenómeno en contextos de presencia estatal extendida en el territorio, como por ejemplo Chile [vi] o Argentina [vii]. En definitiva, la literatura comparada nos enseña que un Estado presente no garantiza la ausencia de esquemas de dominación territorial por parte de actores criminales.

Esto en Uruguay pasa…

Lo poco que sabemos sobre las dinámicas de las bandas en Uruguay está asociado a episodios de violencia que suele levantar la prensa (por ejemplo: conflictos entre bandas rivales, ajustes de cuentas, enfrentamientos con la policía). También sabemos que la tasa de homicidios ha crecido de manera considerable en la última década, a la vez que aumentaron los conflictos entre bandas criminales. Por ejemplo, en 2018 alcanzó su punto máximo en 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, dejando a Uruguay en el cuarto lugar del ranking sudamericano en tasas de homicidios, superado solo por Venezuela, Brasil y Colombia. El 50% de estos homicidios fueron clasificados como conflictos entre bandas criminales [viii].

La violencia asociada a las bandas de narcotráfico es innegable. Sin embargo, estos sucesos violentos no son permanentes. De hecho, no son lo más frecuente y concentrarnos únicamente en ellos opacan el entendimiento del funcionamiento de las bandas. Para poder operar con tranquilidad y de manera más eficiente, a las bandas les es funcional evitar la visibilidad de la violencia, no llamar la atención [ix]. La evidencia levantada a partir de entrevistas realizadas en barrios de Montevideo [x], sugiere que hay bandas que establecen pactos de silencio con la comunidad en la que operan –tal como sucede en el resto de los países de la región–.

Los pactos de silencio consisten en acuerdos informales en los que las comunidades se comprometen a guardar silencio, blindando así las operaciones de las bandas. Estas comunidades involucran tanto a vecinos del barrio donde las bandas operan (potenciales denunciantes) como a agentes del Estado en el territorio (que van desde policías a técnicos que trabajan en servicios del Estado) e incluso, en algunos casos, a políticos locales (como por ejemplo concejales vecinales). 

A cambio del silencio, la banda ofrece cierta ‘tranquilidad’ en el barrio, tanto a vecinos como a trabajadores de organizaciones estatales y no estatales instaladas en el territorio. Por ejemplo, es frecuente que vecinos que viven en barrios controlados por bandas digan “si vos no te metes con ellos, ellos no se meten contigo”, o “acá todos saben de qué se puede hablar y de qué no”, o incluso, en algunos casos, “los narcos son unos gentleman, solo no tenés que meterte en lo que no te tenés que meter”. De modo similar, técnicos que trabajan en estos barrios suelen preferir “hacer de cuenta que no sabemos lo que sucede”. A su vez, hay casos donde agentes policiales que operan en el territorio obtienen alguna participación de los excedentes del negocio a cambio de colaborar con la banda y respetar el pacto de silencio [xi].

De este modo, los pactos de silencio conducen a equilibrios de relativa estabilidad. Los sucesos de violencia se desatan cuando, por algún motivo, estos pactos se quiebran  [xii]. Enfrentamientos entre bandas rivales por el control de un territorio, la caída del líder de una banda, o incluso un malentendido entre vecinos pueden ser factores desestabilizadores que rompan el pacto. A su vez, modificaciones en la estructura de la institución policial también pueden generar un quiebre. Por ejemplo, una reforma que reste potestades a las comisarías locales con el objetivo de disminuir niveles de corrupción (como la implementada en Uruguay en el 2011), paradójicamente podría derivar en más violencia al desmantelar los pactos.

Sin embargo, el equilibrio ofrecido por los pactos de silencio no implica necesariamente la ausencia de violencia a nivel local. Generalmente los pactos están fundados en la extorsión por parte de las bandas hacia vecinos y trabajadores del barrio. De este modo, la estabilidad del pacto en realidad está dada por la constante amenaza y miedo. El silencio es básicamente un seguro de vida para quienes viven o trabajan allí.

Que el Estado uruguayo tenga instituciones fuertes y esté presente de manera extendida en el territorio no nos exime de la presencia de esquemas de control territorial anclados en pactos de silencio. Que no nos enteremos no quiere decir que no suceda: los pactos de silencio cumplen justamente la función de asegurar un equilibrio donde las operativas de las bandas puedan pasar desapercibidas. Así, períodos de cierta ‘tranquilidad’ en zonas donde operan las bandas podrían estar indicando un buen funcionamiento del pacto, mientras que la violencia “visible” se asocia a su ruptura.

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[i] Yashar, Deborah J. 2018. Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America. 1st ed. Cambridge University Press.

[ii] Bergman, Marcelo. 2018. More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America. New York, NY, United States of America: Oxford University Press ; Dammert, Lucía. 2009. “Drogas e inseguridad en América Latina: una relación compleja.” Nueva Sociedad 222.

[iii] O’Donnell, Guillermo. 1993. “On The State, Democratization and Some Conceptual Problems (A Latin American View with Glances at Some Post-Communist Countries).” Kellog Institute Working Paper #192.

[iv] Soifer, Hillel. 2015. State Building in Latin America. Cambridge University Press.

[v] Arias, Enrique Desmond. 2017. Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press; Barnes, Nicholas. 2018. “Resident Resistance: Denouncing Gangs in Rio de Janeiro.” Paper presented at the XXXVI Latin American Studies Association Congress; Dewey, Matías. 2015. El Orden Clandestino: Política, Fuerzas de Seguridad y Mercados Ilegales En La Argentina. Primera edición. Buenos Aires: Katz; Magaloni, Beatriz, Edgar Franco-Vivanco, and Vanessa Melo. 2020. “Killing in the Slums: Social Order, Criminal Governance, and Police Violence in Rio de Janeiro.” American Political Science Review 114(2): 552–72.

[vi] Luna, Juan Pablo. 2017. En Vez Del Optimismo. Crisis de Representación Política En El Chile Actual. CIPER, Editorial Catalonia.

[vii]  Auyero, Javier, and Katherine Sobering. 2019. The Ambivalent State: Police-Criminal Collusion at the Urban Margins. New York: Oxford University Press; Flom, Hernán. 2019. “State Regulation of Organized Crime: Politicians, Police, and Drug Trafficking in Argentina.” Latin American Politics and Society 61(3): 104–28.

[viii]  Reporte bianual de Homicidios (2018-2019) del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior –División de Estadísticas y Análisis Estratégico. Disponible en: https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/7512-cifras-2019

[ix]  Durán-Martínez, Angélica. 2018. The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and Mexico. New York: Oxford University Press.

[x]  Estas entrevistas fueron realizadas en el marco de mi investigación de tesis doctoral.

[xi]  Por ejemplo, en las entrevistas realizadas en barrios dominados por bandas en Montevideo, los vecinos suelen mostrar desconfianza hacia la policía local justamente porque saben o sospechan que hay agentes de la policía que colaboran con la banda. También en algunos casos hay vecinos y técnicos que trabajan en los barrios que sostienen que se enteran de antemano que habrá intervenciones policiales.

[xii]  Snyder, Richard, and Angélica Durán Martínez. 2009. “Drugs, Violence, and State-Sponsored Protection Rackets in Mexico and Colombia.” Colombia Internacional (70): 61–91.

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.

El termostático humor de política en Uruguay en los últimos 30 años

Por Eliana Álvarez, Juan A. Bogliaccini, Martín Opertti y Rosario Queirolo

El “humor de política” (policy mood) es un esfuerzo para medir lo que el público piensa, no sobre una política en particular, sino sobre el enfoque general de políticas que un gobierno debería adoptar. La idea fue originalmente propuesta y medida por Jim Stimson (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill) para los Estados Unidos.[1] La medida tiene un requerimiento grande de datos en variedad de políticas sobre las que se pregunta opinión a lo largo del tiempo. En Estados Unidos, donde existen encuestas regulares académicas como la Encuesta Nacional Electoral (American National Election Survey, ANES) o la Encuesta Social General (General Social Survey, GSS) desde 1972; el policy mood se ha convertido en referencia obligada sobre la evolución de las preferencias de la población sobre política pública [2]. 

En Uruguay no existe una encuesta nacional de opinión pública de carácter regular, pero sí somos uno de los países de América Latina con mayor tradición de estudios de opinión pública a partir de diversas empresas que han trabajado en forma regular desde la década de 1990. Sin embargo, este acervo hasta ahora se mantenía disperso y subutilizado. En 2020 obtuvimos un financiamiento ANII (Fondo Sectorial de Investigación a partir de Datos) con el fin, entre otros objetivos, de construir esta medida de “humor de política” para Uruguay. Para lograrlo, nos asociamos con dos empresas de opinión pública -CIFRA y Opción Consultores[3]- con las que trabajamos en equipo para poder recuperar el acervo de encuestas de opinión entre los años 1993 y 2020. En una digresión antes de seguir con la nota, esperamos esperanzados que otras empresas de opinión, que en su momento declinaron por diversos motivos la participación en la construcción de este acervo (bien público colectivo), puedan sumarse en el futuro para enriquecer el mismo. 

El otro socio en este emprendimiento ha sido el ROPER Center[4] de la Universidad de Cornell, uno de los principales curadores de datos de opinión pública del mundo. Como parte del proyecto, CIFRA y Opción Consultores pondrán a disposición las encuestas de opinión desde el ROPER Center y a través del portal Timbó de ANII con una barrera de acceso de 5 años, lo cual es estándar en estos casos. Estos datos estarán disponibles, en principio, a partir de diciembre de 2021. Segunda digresión, este aporte de Opción Consultores y CIFRA constituye un acervo muy importante para que investigadores y tomadores de decisiones públicas en Uruguay puedan acceder a datos históricos. 

A partir de los datos obtenidos como parte del proyecto, y apoyándonos también en las encuestas regulares académicas que existen para América Latina -Latinobarómetro, Barómetro de las Américas (LAPOP) y la Encuesta Mundial de Valores-, generamos una primera medida de “humor de política” para el período 1993-2019. La medida que presentamos en la Figura 1[5] permite tener una primera perspectiva de cómo ha evolucionado el “humor” de los y las uruguayas en estas casi tres décadas.

Tomado de Álvarez, Bogliaccini, Opertti y Queirolo (2021) [6]

Para pensar en cómo interpretar el “humor de política”, es útil distinguir, siguiendo a Ellis y Stimson (2012)[7], entre ideología simbólica -una representación de cómo los individuos definen su propia identificación ideológica- e ideología operacional -sus preferencias concretas sobre políticas. La evidencia en Estados Unidos sugiere que mientras que entre las elites ambas medidas tienden a diferir poco, en el ciudadano de a pie esta distancia tiende a ser mayor. Tercera digresión: en una nota posterior (posiblemente el 23 de septiembre próximo) vamos a seguir analizando el humor de política. Pero volviendo a la figura 1, el humor de política se refiere fundamentalmente a la ideología operacional. Por esto es importante su rol en el análisis de las preferencias políticas, a diferencia de la usual medida de autoidentificación ideológica, que se refiere a las referencias simbólicas. Simplemente con el fin de adelantar esta idea de la diferenciación entre ambas medidas, la figura 2 muestra la evolución del humor de política y la autoidentificación ideológica. 

Tomado de Álvarez, Bogliaccini, Opertti y Queirolo (2021)[6] 

En América Latina, la ideología operacional ha sido largamente ignorada como medida de preferencias de política. Esto es en parte debido a que no existe un abanico de preguntas diversas sobre preferencias de políticas a nivel nacional en general, y que las encuestas regulares de corte académico tampoco han incorporado de forma regular estas preguntas. Cuarta digresión: las encuestas internacionales han estado obsesionadas históricamente con el nivel y la valoración de la democracia de la región. Esto es parcialmente comprensible si uno observa la trayectoria de la región en clave histórica. Por otro lado, es muy difícil avanzar en la comprensión de dichas preferencias por la democracia si no se ahonda en las preferencias de política, que en definitiva hacen a la construcción colectiva de la polis. Es justo decir también que la inversión pública en generar esta información en forma regular ha sido casi nula en la región, por lo que hemos podido trabajar históricamente únicamente con la información que surge de las preocupaciones sobre la región que surgen en el exterior, o entre particulares. 

Un primer aprendizaje que podemos hacer de nuestro humor político es que, en Uruguay en promedio, las preferencias operacionales (operational preferences) se encuentran históricamente del centro hacia la izquierda (de la línea punteada de la figura 1 hacia arriba). Esto es consistente con lo que conocemos de las preferencias simbólicas y de la información que surge de las encuestas de elites que la Universidad de Salamanca lleva adelante desde mediados de 1990[8]. Un segundo aprendizaje, original y en línea con la evidencia comparada disponible, es que las preferencias operacionales parecen moverse en forma termostática de forma de llevar al sistema político al equilibrio. Es decir, un empuje de actividad gubernamental hacia políticas liberales genera una contracorriente conservadora en la opinión pública, y viceversa. La figura 1 sugiere que el período de fuerte inestabilidad económica entre 1999 y 2002 funcionó como un parteaguas al desgastarse el modelo de desarrollo propuesto durante la década de 1990. A partir de este momento, el humor de política se movió hacia la izquierda -acompasando la tendencia preexistente en las preferencias simbólicas del momento. Ambas llegan a un máximo durante la primera administración Vázquez. El humor de política vuelve a moverse termostáticamente hacia el centro coincidentemente con la llegada de Mujica al poder, volviendo a moverse hacia la izquierda sobre el final de su mandato, con posterioridad a la concreción de las leyes más significativas de la agenda de derechos (interrupción voluntaria del embarazo en 2012; regulación del cannabis, y matrimonio igualitario en 2013). Es en este momento que, al igual que hasta la crisis de 2002, ambas medidas vuelven a divergir. Durante la última administración de Vázquez, comienza un lento cambio en el humor de política hacia el centro. Habrá que esperar medidas para los años 2020 y 2021, pero la tendencia que se aprecia en las preferencias operacionales sugieren un giro conservador moderado; ciertamente menos marcado que el sugerido por las preferencias simbólicas.  

Como forma de culminar esta primera nota, que es eminentemente descriptiva, remarcar que tenemos aún mucho por aprender. Sería muy beneficioso poder contar con una encuesta regular de opinión pública en Uruguay, que indague en forma permanente sobre preferencias de política. Se precisa financiamiento y coordinación, pero estamos seguros de que siguiendo un esquema de funcionamiento similar al de la ANES (https://electionstudies.org/) -por ejemplo- podríamos avanzar. A partir de este proyecto, hemos podido colaborar con ANII[9], CIFRA, Opción y el ROPER Center en la generación de un bien público potencialmente muy valioso, lo cual es un buen comienzo. Tiramos el guante. 

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[1] Stimson, James A. 1991. Public Opinion in America: Moods, Cycles, and Swings. Boulder, CO: Westview Press.

[2] La ANES surge en la década de 1940 a partir de un esfuerzo colaborativo continuado entre varias universidades y el Social Sciences Research Council. La GSS es una iniciativa de NORC, University of Chicago. 

[3] CIFRA (www.cifra.com.uy), Opción Consultores (www.opcion.com.uy). Agradecemos muy especialmente el trabajo y colaboración de Adriana Raga, Mariana Pomiés y su equipo en CIFRA; y a Agustín Bonino, Rafael Porzekanski y su equipo en Opción Consultores.

[4] ROPER Center (https://ropercenter.cornell.edu). Agradecemos especialmente a Peter Enns, director del ROPER Center, y su equipo. 

[5] Tomado de Álvarez,Eliana; Bogliaccini, Juan A.; Opertti, Martín; y Rosario Queirolo, Electoral Outcomes, Ideology and Policy Mood en Uruguay. Paper presentado en el Congreso Uruguayo de Ciencia Política (agosto de 2021) y próximamente en la Conferencia Americana de Ciencia Política (septiembre 2021).

[6] Tomada de Álvarez, Bogliaccini, Opertti y Queirolo, 2021. 

[7] Ellis, Christopher, and James A. Stimson. 2012. Ideology in America. Cambridge University Press.

[8] https://oir.org.es/pela/en/ 

[9] Proyecto FSDA_1_2018_1_154765

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Viejas y nuevas reacciones hacia la agenda de igualdad de género en América Latina

 

 

En el mundo, los cambios sociales progresistas siempre han enfrentado reacciones protagonizadas por individuos o grupos que, sintiéndose amenazados en sus privilegios, buscan evitar el acceso a derechos por parte de grupos marginados o discriminados que fueron objeto de los cambios progresistas. Estas reacciones son una característica de las sociedades contemporáneas y abarcan diversos temas, entre ellos los asuntos de la llamada agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres (Alter y Zürn 2020; della Porta 2020). Cada vez que han existido impulsos u olas reformistas por el avance de los derechos de las mujeres se han verificado –en diversas partes del mundo, incluidos los países en desarrollo– acciones que buscan contrarrestarlas. La literatura suele denominar a estas acciones bajo la categoría backlash (Biroli y Caminotti 2020; Piscopo y Walsh 2019), sin embargo, bajo esta etiqueta se incluyen fenómenos de muy diferente naturaleza. 

 

 

El avance progresista

 

La tercera ola de democratización trajo un nuevo impulso para de las principales demandas de los movimientos feministas y de mujeres. En las nuevas democracias las desigualdades de género se politizaron y los movimientos feministas –y también otros como los de la diversidad sexual– florecieron y se fortalecieron (Basu 2017). Desde la década del ’90, estas organizaciones participaron en ámbitos internacionales desde donde ampliaron y consolidaron redes, y en algunos casos accedieron a crecientes a recursos económicos. Asimismo, utilizaron estratégicamente convenciones y compromisos internacionales sobre la igualdad –entre ellas la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)– como una forma de dar mayor legitimidad a sus reclamos ante los gobiernos nacionales. Más adelante, las nuevas tecnologías de la información y el uso creciente de las redes sociales ayudaron a los movimientos feministas a expandir sus mensajes, e influyeron en su capacidad para movilizar. En algunos países latinoamericanos por ejemplo, los movimientos feministas llegaron a protagonizar protestas multitudinarias. El movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista que surgió en Argentina en 2015, las grandes protestas por el aborto legal que explotaron también en ese país en 2018 (la llamada “ola verde”) (Daby y Moseley 2021; Rodríguez 2015) o las movilizaciones feministas en Chile de 2018 contra el acoso y el abuso sexual en las universidades son ejemplos de estos fenómenos.

En América Latina, la movilización feminista no solo politizó las desigualdades de género en el debate público, sino que también fue el motor de una ola de cambios legales. Desde mediados de la década del ’90 muchas de las demandas de las organizaciones feministas en América Latina se plasmaron en políticas públicas, convirtiéndose en leyes o en programas implementados desde los poderes ejecutivos. Es cierto que no todas las reivindicaciones feministas avanzaron a la misma velocidad y por igual bajo cualquier contexto político. Mientras las leyes sobre violencia hacia las mujeres, las que amplían las licencias por maternidad y las leyes de cuotas o hasta de paridad en política han sido frecuentes ,otras demandas feministas, como los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal, han sido muy difíciles de concretar (Pérez Bentancur 2019).  Solo bajo algunos gobiernos de izquierda se promovieron este tipo de reformas (Uruguay 2012, Chile 2017, Argentina 2020). Más allá de esto, los avances logrados en materia de legislación han sido notorios, y aunque las desigualdades de género persisten, la ola reformista ha significado mejoras en la condición y posición de las mujeres en la mayoría de los países. Sin embargo, el avance feminista no ha estado exento de reacciones, protagonizadas por actores conservadoras que han intentado, como mínimo, obstaculizar el acceso a derechos a los derechos consagrados en las leyes. 

 

 

Tipos de reacciones conservadoras 

 

Las reacciones conservadoras frente a la igualdad de género suponen una gran variedad de fenómenos (Piscopo y Walsh 2019) que ocurren en niveles micro y macro y se viabilizan a partir de canales institucionales y no institucionales (Pérez Bentancur y Rocha-Carpiuc 2020). Aunque estas reacciones no son nuevas, algunas manifestaciones recientes, asociadas en particular en el ámbito político, a líderes de extrema derecha, constituyen fenómenos sui generis que van más allá de la lógica conservadora que habitualmente ha primado en la región. 

Un rasgo general de la viejas reacciones conservadoras a las reformas sobre igualdad de género, es que, en general, estaban acotadas a políticas puntuales, sobre todo a aquellas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos, y ocurrían en la etapa “pos-reforma” (Pérez Bentancur y Rocha-Carpiuc 2020). En este sentido, en distintos países de América Latina, los actores conservadores se han movilizado de diferentes maneras con el objetivo de anular reformas que expandieron derechos a las mujeres impulsadas por actores progresistas. Estos actores conservadores, suelen ser los mismo grupos que no pudieron frenar las reformas en las asambleas legislativas y contra-atacan en la etapa posterior a la reforma, utilizando por ejemplo canales institucionales disponibles como los referéndums o recursos de inconstitucionalidad. 

Por ejemplo, en Uruguay, los partidos de centro- derecha se sumaron a grupos pro vida y a la Iglesia Católica para derogar, mediante referéndum, la ley que despenalizaba el aborto aprobada en 2012, y que había sido impulsada por las organizaciones feministas y el Frente Amplio (Johnson, Rodríguez Gustá, y Sempol 2019). En este caso, el referéndum no pudo ser convocado pues sus promotores no llegaron a juntar las adhesiones requeridas por la Constitución.

En Chile, en 2017, la UDI y RN, dos partidos conservadores, apoyados por la Pontificia Universidad Católica, acudieron al Tribunal Constitucional, buscando revertir la ley impulsada por la presidenta socialista Bachelet que permitía la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres circunstancias: violación, riesgo a la vida de la mujer gestante y malformación fetal. El Tribunal Constitucional declaró que la ley era constitucional, pero aceptó el pedido de la Universidad Católica, quien administra uno de los servicios de salud más relevantes del país, de consagrar la objeción de conciencia institucional. Previamente, el Parlamento había optado por excluir esta figura de la ley (Pérez Bentancur 2019). Como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional, cualquier hospital privado tendría derecho a negarse a realizar los abortos definidos en la ley. Dado que el sistema de salud chileno está principalmente privatizado, la decisión del Tribunal afectó, principalmente, a mujeres de clase media.

En otros casos, las reacciones de actores conservadores a las reformas progresistas han implicado contra-movimientos. Así por ejemplo, en México, a la ley que despenalizó el aborto en la Ciudad de México (2007), no le siguieron procesos reformistas similares en otros estados. Por el contrario, entre 2008 y 2009, 16 estados, adoptaron reformas que consagraron el derecho a la vida desde la concepción. Estas reformas fueron impulsadas por grupos pro-vida en alianza con la Iglesia Católica y con acceso institucional a políticos del PAN y el PRI a nivel sub-nacional (Beer 2017; Lamas 2017; Reuterswärd 2018). 

Otras veces, los actores conservadores han desplegado acciones por vías no institucionales, por ejemplo, impidiendo el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea mediante protestas en las puertas de hospitales y clínicas o mediante lobby con los médicos de estos centros. En general, estas acciones suelen ser frecuentes en localidades poco modernas, donde la influencia de la Iglesia Católica y los grupos evangélicos es alta. 

Mientras las reacciones anteriores no son una novedad, recientemente estos fenómenos han adquirido algunos rasgos nuevos. En primer lugar, muchos eventos conservadors siguen ocurriendo en el período pos-reforma como respuesta, por ejemplo, a una nueva ley, en otros casos, la reacción es ante un “avance imaginado” (Piscopo y Walsh 2019). En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, estas reacciones ocurren incluso en contextos donde las reivindicaciones feministas no han avanzado tanto, pero existe la percepción de que pueden avanzar. En tercer lugar, estas reacciones no se restringen en temas controversiales como el aborto legal o los derechos sexuales y reproductivos, sino que también se extienden a temas soft como la violencia hacia las mujeres o la agenda de género en general. Por último, estas reacciones incluyen una retórica anti-género. En este sentido, es común que los actores que protagonizan estas reacciones apelen al término “ideología de género” como forma de denostar al movimiento feminista, a las agencias internacionales para la igualdad de género como ONU MUjeres y a las políticas de igualdad de género en general. 

En Perú, por ejemplo, las reacciones anti-género comenzaron en 2016, cuando el gobierno implementó un programa escolar que incorporaba al curriculum contenidos anti-discrimación e incluía temas sobre equidad de género y orientación sexual. La implementación de esta política llevó a la movilización de organizaciones evangélicas bajo el slogan #ConMisHijosNoTeMetas.  Estos actores reclamaban la eliminación del nuevo programa escolar argumentando que la educación sobre estos temas debía ser responsabilidad exclusiva de las famlias. La movilización de estos grupos logró retrasar la implementación del programa en por casi dos años. Pero además, estos actores fueron más allá, logrando instalar un discurso anti-feminista y contra la “ideología de género” en las políticas públicas. Este movimiento desarrolló vínculos fuertes con los partidos peruanos de perfil más conservador como Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori (Rousseau 2020).  En 2018, Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para eliminar del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas toda referencia a las palabras “género” y “equidad de género”[1]. En las elecciones de 2021 la retórica anti-feminista formó parte del discurso de campaña de los dos principales contendientes: Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el candidato de izquierda. 

Un fenómeno similar había ocurrido en Costa Rica en las elecciones de 2018 cuando la segunda vuelta se polarizó en torno a temas de género entre el candidato ultraconservador Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional (PNR) y el oficialista Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC), un partido de centro-izquierda. En el centro del debate estaba el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba al país a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la política de educación sexual en las escuelas promovida por el gobierno. Fabricio Alvarado, el candidato más votado en la primera vuelta electoral, contaba con el apoyo de las múltiples organizaciones evangélicas y del electorado católico. Durante la campaña electoral Fabricio Alvarado  había asegurado que si ganaba las elecciones, su primer decreto estaría dirigido a eliminar “todo indicio de “ideología de género” de la educación y del resto de instituciones del Gobierno”[2]. Otros ejemplos de reacciones anti-género recientes han ocurido en Colombia, México y Paraguay (Piscopo y Walsh 2019). 

 

 

Implicancias de las reacciones conservadoras 

 

Las reacciones conservadoras a la agenda de igualdad de género han tenido, y tienen, diferentes consecuencias. Por un lado, las reacciones que ocurren en las etapas pos reforma, no siempre logran ser exitosas, lo que está relacionado a las circunstancias políticas de cada caso y a la composición de los órganos de justicia cuando las estrategias de los actores conservadores están centradas en las cortes o tribunales. No obstante, cuando las reacciones conservadoras han sido existosas, aunque sea parcialmente como en el caso de Chile, han logrado restringir el acceso a derechos. En particular, en los asuntos de salud sexual y reproductiva y aborto legal las reacciones conservadoras suelen implicar más perjuicios para las mujeres pobres cuya única opción es el acceso a servicios provistos por el Estado. Cuando los Estados restringen los servicios de anticoncepción o interrupción de embarazos no deseados, las mujeres pobres suelen recurrir a mercados ilegales y altamente inseguros. En tanto, las mujeres de mayor nivel socioeconómico también acuden a estos mercados, pero como pueden pagar más suelen acceder a servicios seguros. 

Por otro lado, las nuevas reacciones conservadoras tienen consecuencas que van más allá de la eventual restricción en el acceso a derchos. Cuando líderes políticos destacados activan retóricas anti-género polarizan artificialmente este tema en la sociedad. Sus retóricas no reflejan un estado de opinión pública, pero amplifican voces reaccionarias. Al hacerlo, tienden a erosionar algunos consensos, construidos durante décadas con el esfuerzo de muchos actores, entre ellos la comunidad internacional, respecto a que ciertos estándares básicos de igualdad de género eran deseables en las sociedades.   

 

 

 

Bibliografía

 

Alter, Karen J, y Michael Zürn. 2020. “Conceptualising Backlash Politics: Introduction to a Special Issue on Backlash Politics in Comparison”. The British Journal of Politics and International Relations 22 (4): 563–84. https://doi.org/10.1177/1369148120947958.

Basu, Amrita, ed. 2017. Women’s Movements in the Global Era: The Power of Local Feminisms. Westview Press.

Beer, Caroline. 2017. “Making Abortion Laws in Mexico: Salience and Autonomy in the Policymaking Process”. Comparative Politics 50 (octubre): 41–59. https://doi.org/10.5129/001041517821864408.

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Daby, Mariela, y Mason W. Moseley. 2021. “Feminist Mobilization and the Abortion Debate in Latin America: Lessons from Argentina”. Politics & Gender, 1–35. https://doi.org/10.1017/S1743923X20000197.

Lamas, Marta. 2017. La interrupción legal del embarazo: El caso de la Ciudad de México. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.

Pérez Bentancur, Verónica. 2019. “La política del aborto legal en América Latina”. Disertación del Programa de Doctorado en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.

Pérez Bentancur, Verónica, y Cecilia Rocha-Carpiuc. 2020. “The Postreform Stage: Understanding Backlash against Sexual Policies in Latin America”. Politics & Gender 16 (1). https://doi.org/10.1017/S1743923X20000069.

Piscopo, Jennifer M., y Denise M. Walsh. 2019. “Symposium. Backlash and the Future of FeminismIntroduction”. Signs: Journal of Women in Culture and Society 45 (2): 265–78. https://doi.org/10.1086/704950.

Porta, Donatella della. 2020. “Conceptualising Backlash Movements: A (Patch-Worked) Perspective from Social Movement Studies”. The British Journal of Politics and International Relations 22 (4): 585–97. https://doi.org/10.1177/1369148120947360.

Reuterswärd, Camila. 2018. “Mobilizing for Mortal Sin? Social Movements and the Struggle over Abortion Policy in Subnational Mexico”. En . Barcelona.

Rodríguez, Paula Leonor. 2015. Ni una menos. Buenos Aires: Planta.

Rousseau, Stéphanie. 2020. “Antigender Activism in Peru and Its Impact on State Policy”. Politics & Gender16 (1). https://doi.org/10.1017/S1743923X20000070.

 

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[1] https://www.opendemocracy.net/es/5050/theres-no-way-to-vote-for-womens-rights-in-perus-presidential-elections-es/

[2] https://elpais.com/internacional/2018/02/21/america/1519167635_779474.html

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