Regular el mercado de marihuana, ¿vale la pena el esfuerzo?

Desde que se aprobó en diciembre del 2013, la ley 19.172 que regula la producción, distribución y consumo del cannabis en Uruguay, la implementación de la regulación ha pasado por múltiples problemas. Empezando por las demoras en la asignación de las licencias para las empresas productoras de cannabis y sucesivas postergaciones en el inicio de la venta en farmacias, siguiendo por los problemas generados por autoridades que desconocen la normativa y terminan con autocultivadores presos, falta de stock en farmacias, y, desde hace unos días, el cierre de cuentas bancarias a las farmacias. Sin duda, no era fácil el desafío de empezar a ejecutar una política pública prácticamente sin antecedentes en el mundo, o al menos no a nivel nacional, ya que las experiencias que anteceden a la uruguaya son las de los estados norteamericanos de Colorado y Washington en 2012. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es si vale la pena el esfuerzo que la regulación del mercado de marihuana está implicando para el país. Una primera respuesta, y tal vez la más extrema, es defender la ley porque el prohibicionismo y la guerra contra las drogas demostraron que generan más problemas que beneficios. Por lo tanto, independientemente de sus costos y beneficios, la regulación siempre va a ser mejor que el prohibicionismo. Una segunda respuesta implica ir a los objetivos que se propuso la ley y evaluar para cuáles de estos objetivos podemos anticipar beneficios que sobrepasen los costos que la regulación está implicando. Este es el camino que quiero plantear en esta nota y para ello voy a describir brevemente la regulación y sus objetivos.

 La Ley 19.172 [1] asigna al Estado la tarea de regular de manera integral la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. Para ello, establece tres grandes bloques de disposiciones: i) la regulación estatal del mercado de cannabis, ii) medidas sanitarias y educativas para la prevención del uso problemático y la rehabilitación; y iii) una serie de sanciones ante la infracción de la normativa de licencias, más allá de las cuales rige la ley penal vigente desde 1974 para el tráfico ilícito. De estos tres componentes, la regulación estatal del mercado ha sido el centro del debate. La ley prevé tres formas mutuamente excluyentes de acceso para usuarios registrados: el cultivo doméstico, la membresía en clubes sociales de cannabis y la compra de cannabis producido por el Estado y dispensado en farmacias. Los objetivos de la ley pueden agruparse en tres: la protección, promoción y mejora de la salud pública; la descriminalización de los usuarios; y la protección de los usuarios de los riesgos de exponerse al narcotráfico, a la vez que reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en el país. A diferencia de las legalizaciones de la marihuana en Colorado, Washington y otros estados de los Estados Unidos que están principalmente en manos del mercado, la legislación aprobada en Uruguay supone un involucramiento mucho mayor del Estado [2]. 

También a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, esta regulación no tiene como objetivo la recaudación impositiva. Entonces, teniendo en cuenta el rol que juega el Estado, ¿hasta donde podemos esperar impactos positivos de la regulación en la descriminalización de los usuarios, en la mejora de la salud pública y en el aumento de la seguridad pública y la disminución del narcotráfico? Empecemos con la descriminalización de los usuarios. Si bien en Uruguay el consumo de marihuana y otras drogas es legal desde 1974, no así su producción. Por lo tanto, durante muchos años quedó en manos de los jueces decidir qué cantidad de marihuana era para uso personal y no configuraba delito. Como resultado de esa discrecionalidad, fueron muchos los usuarios de cannabis que pasaron meses en la cárcel. La nueva regulación busca evitar que esto suceda. Sin embargo, hace tan solo unos meses, en mayo de 2017, Damián, de 19 años, registrado en el IRCCA como autocultivador, fue procesado con prisión por “tenencia no para consumo” y pasó 8 días en la cárcel por tener 1,7 kilos de flores provenientes de una sobreproducción de sus 6 plantas autorizadas [3]. Parece ser que el problema radicó en que las flores aún no estaban secas y por esa razón pesaban tanto. El caso de Damián muestra que todavía es necesario que tanto policías como jueces conozcan la regulación con mayor detalle y la correcta forma de hacerla cumplir. Más allá de este caso, es de esperar que la ley sea efectiva en disminuir la criminalización de los usuarios. Si así termina siendo, esta es un área donde los beneficios superarán a los costos. El segundo gran objetivo es la salud pública de la población, y esta es la pata de la regulación que se ha discutido menos. Incluye aspectos como la calidad de la sustancia, la prevención del consumo problemático, el tratamiento a consumidores problemáticos, el diseño de políticas educativas y las campañas educativas para la población respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de marihuana. Este bloque de disposiciones ha quedado relegado frente a las decisiones administrativas en torno a la regulación y es el gran debe de la misma. Sin duda que pasar de consumir una sustancia ilegal y no controlada, a consumir una sustancia regulada que pasa por ciertos controles de calidad es un beneficio para la salud de los consumidores. Sin embargo, no debería ser el único,y es difícil imaginarse cómo la regulación de la marihuana va a generar más beneficios en la salud pública de la población si no se comienza a trabajar activamente en esta área. Como plantean Caulkins, Kilmer y Kleiman [4] nadie sabe cuánto aumentará el consumo de marihuana después de la regulación, o cuánto de ese consumo extra corresponderá a adolescentes o personas con uso problemático de drogas. 

Ninguno de estos efectos son los buscados por la regulación. Por lo tanto, urge que las disposiciones sobre salud pública de la ley comiencen a implementarse y de esa manera minimizar esos efectos no deseados. En tercer y último lugar, la ley buscar darle un golpe al narcotráfico, el crimen organizado y, como correlato, aumentar la seguridad pública. Hay quienes argumentan en contra de este posible efecto ya que el centro del negocio del narcotráfico y el crimen vinculado a las drogas no está relacionado con la marihuana sino con la cocaína, la pasta base y las metanfetaminas. Por otro lado, la evidencia que vincula consumo de marihuana y violencia no es conclusiva [5]. Es más, la evidencia experimental indica que el consumo de THC, uno de los principales componente psicoactivos de la marihuana, disminuye el comportamiento agresivo y violento. Por lo tanto, será importante evaluar hasta qué punto la regulación uruguaya tendrá un impacto positivo en este objetivo. Tal vez un efecto deseado menos ambicioso será alejar a los usuarios de marihuana de las bocas de venta de drogas y los dealers. En conclusión, la regulación va a valer la pena si genera una menor criminalización del usuario e invierte en políticas y campañas educativas que alerten sobre los riesgos del consumo, especialmente en adolescentes. Si además logra separar a los usuarios de las bocas de venta de droga y los conduce a un consumo legal, más allá de que el narcotráfico no disminuya de manera significativa por seguir vinculado a otras drogas, podremos decir que el experimento funcionó. 


 [1] Texto completo de la Ley 19.172: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8843379.htm 

[2] Pardo, B. (2014). Cannabis policy reforms in the Americas: A comparative analysis of Colorado, Washington, and Uruguay. International Journal of Drug Policy, 25(4), 727–735. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.05.010.  Walsh, J., & Ramsey, G. (2015). Uruguay’s drug policy: major innovations, major challenges. Washington: Brookings http://www. brookings. edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Walsh--Uruguay-final. pdf.

 [3] El máximo autorizado es 480 gramos al año. 

[4] Caulkins, J. P., Kilmer, B., & Kleiman, M. A. (2016). Marijuana legalization: What everyone needs to know?. Oxford University Press. 

[5] Schoeler, T., Theobald, D., Pingault, J-B., Farrington, D.P., Jennings, W.G., Piquero, A.R., Coid, J.W. & Bhattacharyya, S. (2016) Continuity of cannabis use and violent offending over the life course. Psychological Medicine, 46, 1663-1677.

De estereotipos, academia y políticas de género

Hace algunas semanas una investigación realizada en Estados Unidos por una estudiante de Harvard al finalizar su grado en Economía tuvo una enorme difusión en los medios de prensa (aquí y aquí por ejemplo) y en las redes sociales. La investigación de Alice Wu consistió en rastrear en un foro online muy difundido entre economistas (Economics Job Market Rumors) los comentarios que se hacen sobre los candidatos y candidatas que, habiendo finalizado (o casi) su tesis doctoral, aspiran a conseguir una plaza como profesor e investigador en alguna universidad. Mediante un programa matemático, la estudiante identificó las palabras más utilizadas en las discusiones que involucraban a los candidatos mujeres y las más utilizadas en los comentarios referidos a los candidatos hombres. Encontró que las palabras más utilizadas en los comentarios sobre las candidatas hacían referencia en su mayoría a sus atributos físicos o a su sexualidad o tenían una “connotación negativa” según la autora: caliente, lesbiana, bebé, sexismo, tetas, anal, casarse, femazi, puta, vagina, embarazada, embarazo, linda, casarse, impuesto, hermosa, voltear, muy linda, secretaria, basurero, ir de compras, citas, sexy, prostituta. En cambio, la mayoría de las palabras más repetidas en las discusiones sobre los candidatos estaban más bien relacionadas con la profesión o tenían un tono más “positivo”: asesor, matemático austríaco (por una escuela de pensamiento en economía), fijación de precios, libro de texto, Wharton (nombre de una escuela de negocios en EEUU), metas, el más grande, Nobel, aunque también se encontraron palabras asociadas a otros atributos, como homosexual, matón, ardiente, peleador.

Lo valioso de la investigación es que la autora logra desnudar los estereotipos de género en conversaciones relacionadas con el ámbito laboral pero que ocurren de forma espontánea y anónima y por tanto libre de cualquier presión social hacia la corrección política. Aunque los hallazgos puedan parecer poco sorprendentes, no dejan de ser reveladores y perturbadores, especialmente por el ámbito donde se producen: entre “científicos”, personas con un nivel educativo de los más altos que se puede alcanzar.

Tomando la difusión de la investigación anterior como disparador, me pareció oportuno dedicar esta nota a revisar qué tantas dificultades enfrentan las mujeres para ser reconocidas en el ámbito académico en Uruguay[1] y a partir de ello discutir qué tipo de políticas podrían no ser efectivas para reducir las disparidades de género en el mercado de trabajo en general.

Ganando terreno…
Una tendencia que se observa desde hace varias décadas en Uruguay y en la mayoría de los países con desarrollo económico similar o superior, es que el porcentaje de mujeres que egresan de estudios universitarios de grado (licenciaturas) es superior al porcentaje de hombres. En 2015 por ejemplo, el 68,2% de los egresados de la Universidad de la República eran mujeres, y sólo 31,8% hombres (Nota al pie: deberíamos empezar a preocuparnos por la brecha de género negativa en educación!). Las mujeres también representaron un porcentaje mayoritario entre los egresados de programas de postgrado en general (63,4% en 2014) y fueron casi la mitad de los egresados de los programas de doctorado que ofrece la UdelaR (47,6% en 2014), según las estadísticas publicadas por la UdelaR (UdelaR, 2015).

Como consecuencia, las mujeres han ido ganando terreno en los puestos de trabajo académicos: el 53,2% de los cargos docentes en la UdelaR en 2014 fueron ocupados por mujeres (UdelaR 2016) y el 50.7% de las aplicaciones realizadas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) entre 2008 y 2014 para ser incluido como investigador activo fue realizado por mujeres (Bukstein y Gandelman, 2016).[2] Este último dato sugiere que las mujeres son mayoría (o al menos han alcanzado la paridad) en el número de investigadores que vive y trabaja en Uruguay, aunque no pude encontrar ninguna otra fuente de información que lo confirme.

… pero no jerarquía.
Aunque las mujeres parecen haber alcanzado la paridad en la representación como docentes e investigadoras, los datos generales esconden el hecho de que las mujeres siguen estando subrepresentadas en los cargos superiores de la jerarquía. En su desempeño como docentes, son mayoría en los grados 1 y 2 pero minoría en los grados 4 y 5: representan el 44% y 35% de los docentes en los grados 4 y 5 respectivamente (UdelaR 2016).

En su rol como investigadoras, Bukstein y Gandelman (2016) muestran que de las aplicaciones realizadas por mujeres para ingresar al SNI sólo fueron aceptadas un 53,2%, mientras que entre las aplicaciones presentadas por hombres el éxito fue mayor: fueron aceptadas 60,3%, lo que indica una brecha de género de 7,1% en la probabilidad de ser aceptado en el sistema nacional de investigadores. Además, entre las investigadoras e investigadores que lograron ingresar al sistema, las mujeres representan el 53,8% y el 47,4% de los investigadores en los dos niveles más bajos de los 4 que establece el sistema pero sólo el 35,1% y el 12,1% de los investigadores en los dos niveles más altos.

Investigadores en el SNI por categoría



Fuente: tomado de Bukstein y Gandelman (2016)

¿Discriminación?
Para poder afirmar que un candidato varón ha sido seleccionado para ocupar un puesto de trabajo frente a una candidata mujer solo porque el primero es varón, es necesario demostrar que los candidatos tenían idéntico potencial en términos de logros y méritos para ocupar ese puesto de trabajo. En este sentido, el estudio del “mercado” académico ofrece una ventaja importante: los méritos y logros de un candidato están determinados fundamentalmente por su nivel de formación y su producción científica y por tanto es directamente observable. Obviamente la medida relativa a la producción científica no es perfecta y se puede discutir, por ejemplo, si las mujeres tienen las mismas chances que los hombres de que sus trabajos sean publicados en revistas científicas de calidad, pero en comparación con otros ámbitos laborales, no deja de ser una ventaja el poder observar “la productividad” de los candidatos.

Si bien no existe información disponible detallada sobre todos los logros y méritos de los docentes universitarios uruguayos, información relativa a su nivel de formación sugiere que parte de la subrepresentación de las mujeres en los grados más altos podría explicarse por el hecho de que un porcentaje menor de las mismas posee estudios de doctorado: 23% de las docentes mujeres posee estudios de doctorado versus 32% de los docentes varones (UdelaR 2016).

En cuanto a la subrepresentación de las mujeres en el SNI, Bukstein y Gandelman (2016) analizaron toda la información contenida en los CVuy, una aplicación web en la cual los candidatos al SNI deben ingresar toda la información relativa a sus méritos y logros así como información relativa a sus características socio-demográficas (edad, estado civil, número de hijos). De esta manera, los autores son capaces de comparar hombres y mujeres con igual potencial, al menos aquellos observables a través del CVuy. Los autores encuentran que las diferencias en méritos y logros explican más de la mitad de la brecha en la probabilidad de ingresar al SNI (4,9 de 7,1 puntos de diferencia, o 68% de la brecha), pero a medida que se avanza en la jerarquía, las diferencias en méritos logran explicar cada vez un porcentaje menor de la brecha de género. Así, menos del 50% de la brecha de género en la probabilidad de ser aceptado en las categorías más altas podría explicarse por diferencias en méritos.

Los resultados encontrados por Bukstein y Gandelman sugieren que las mujeres parecen enfrentar aún hoy día barreras para obtener el reconocimiento que se merecen (según sus méritos) dentro de la academia uruguaya.

Ir a las raíces

Las disparidades de género en las tasas de ascensos no es una particularidad uruguaya ni del SNI en particular, sino que ha sido documentada en un gran número de países (especialmente EEUU y europeos) y en diversos ámbitos laborales.

Parte de la explicación puede estar del lado de los que deben tomar las decisiones y otra parte del lado de las candidatas a esos ascensos. En el caso del SNI se encuentra evidencia de ambas. Una parte parece deberse a decisiones “inexplicables” del comité evaluador y otra parte a las características de las propias candidatas. La pregunta es, entonces, qué medidas se debería proponer un político preocupado por las cuestiones de género. En el caso del SNI, por ejemplo, ¿podría dar resultado intentar incrementar el número de mujeres en los comités evaluadores? Bukstein y Gandelman no encuentran evidencia contundente de que la composición por género de las comisiones evaluadoras sea relevante para explicar la menor probabilidad de que las mujeres sean aceptadas en el SNI ni de la subrepresentación de las mismas en los niveles más altos. Por otro lado, un trabajo reciente que utiliza datos para España e Italia, países que tienen un sistema de evaluación previa de todos los candidatos que aspiren a obtener una plaza en una universidad pública y cuyos comités de evaluación son designados de forma aleatoria entre la comunidad científica de cada país, encuentran evidencia de que una mayor proporción de mujeres en los comités evaluadores no necesariamente favorece a las candidatas mujeres y hasta podría perjudicarlas. Según los resultados encontrados por los autores, a mayor porcentaje de mujeres en los comités de evaluación, más negativa se vuelve la evaluación de los miembros hombres hacia las candidatas mujeres (ver Bagues, Sylos-Labini y Zinovyeya 2017).

Por otro lado, desde el punto de vista de las candidatas, parte de la menor probabilidad de ascensos se explica por diferencias en logros y méritos (en otras palabras, a diferencias de productividad), pero incluso parte de estas diferencias podrían deberse a la existencia de roles de género en el ámbito familiar o a la falta de modelo de roles (ver por ejemplo Blau et al. 2010). Existe también evidencia de que las mujeres son menos propensas a solicitar ascensos (Bosquet, Combes y García-Peñalosa 2013; De Paola, Ponzo y Scoppa 2015), o que tienen menor preferencia por los entornos competitivos (Buser, Niederle y Oosterbeek 2014).

La evidencia parece sugerir que un político preocupado por las dificultades que todavía enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, no debería focalizarse necesariamente en políticas de discriminación positiva en el mercado de trabajo. Muchas veces, este tipo de políticas terminan perjudicando más que beneficiando a las mujeres. Tal vez, y volviendo al punto que motivó esta nota, lo más conveniente sea ir a las raíces del problema e intentar modificar aspectos que tienen que ver con la forma en que hombres y mujeres hemos sido formados y nos visualizamos el uno al otro y a nosotros mismos. Esto no quiere decir que haya que dejar todo a la educación y no haya que adoptar medidas de discriminación positiva en ningún ámbito. Muchas veces los cambios institucionales (y drásticos) son la vía para lograr cambios culturales en el mediano y largo plazo. El mensaje que quiero transmitir es que no necesariamente debemos focalizarnos en el mercado de trabajo para solucionar problemas de discriminación en el mercado de trabajo.

Referencias
Bagues, M., M. Sylos-Labini y N. Zinovyeya (2017) “Does the Gender Composition of Scientific Committees Matter?” American Economic Review, 2017, Vol. 107(4), pp. 1207-1238.

Blau, FD., JM. Currie, RT. A. Croson and DK. Ginther (2010), “Can Mentoring Help Female Assistant Professors? Interim Results from a Randomized Trial” American Economic Review, Vol. 100(2), pp. 348-352.

Bosquet, Combes y García-Peñalosa (2013) “Gender and Competition: Evidence from Academic Promotions in France" CESifo Working Paper, No. 4507

Bukstein y Gandelman (2016) Glass ceiling in research: evidence from a national program in Uruguay. Documento de Investigación No. 109, Universidad ORT, Uruguay. https://dspace.ort.edu.uy/bitstream/handle/20.500.11968/2733/documento-de-investigacion-109.pdf

Buser, Th., M. Niederle y H. Oosterbeek (2014) “Do Women Shy away from Competition? Do Men Compete too Much?" Quarterly Journal of Economics, Vol. 129(3), pp. 1409-1447.

De Paola, M. Ponzo y V. Scoppa (2015) “Gender Differences in Attitudes Towards Competition: Evidence from the Italian Scientic Qualification," IZA Discussion Paper, No. 8859.

UdelaR (2015) Estadísticas Básicas 2015. http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/publicacion_generica/estadisticas-basicas-2015/

UdelaR (2016) Síntesis Estadística 2016. http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/wp-content/uploads/sites/27/2017/09/S%C3%ADntesis-Estad%C3%ADstica-Diciembre-2016_web.pdf__
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[1] Por academia me refiero al mercado de trabajo relacionado con la educación terciaria y la producción científica, específicamente a quienes trabajan a tiempo completo en una universidad o centro de investigación.

[2] El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un programa creado por el artículo 305 de la Ley 18.172 (rendición de cuentas 2007) en el ámbito de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El SNI tiene como objetivos: a) Fortalecer, expandir y consolidar la comunidad científica; b) Identificar, evaluar periódicamente y categorizar a todos los investigadores que realicen actividades de investigación en el territorio nacional o que sean uruguayos trabajando en el exterior; c) Establecer un sistema de apoyos económicos que estimule la dedicación a la producción de conocimientos en todas las áreas del conocimiento, que serán otorgados por procedimientos de evaluación por pares. Los incentivos económicos son otorgados únicamente a aquellos investigadores que sean clasificados como “activos”, es decir, que realicen sus actividades de investigación en Uruguay.

Deja dudas

“El sector público es lento y hace mal las cosas, el sector privado es mucho más eficiente”, “en Noruega te matan a impuestos pero los servicios son otra cosa”. Frases como éstas se pueden escuchar tanto en discursos de expertos como por parte de cualquier ciudadano en la calle. El mito es que el sector público brinda servicios de baja calidad, y para peor, caros, mientras que el sector privado se orienta a satisfacer al cliente. En definitiva: hay que dejar espacio a los que hacen las cosas bien. 

Existen varias oportunidades para que el sector público aprenda de sí mismo más que de las empresas privadas. Pero esto no viene dado, pues requiere inversiones, investigación, difusión, capacitación y creatividad y, en el costado más oscuro, romper con prácticas burocráticas arraigadas. En cualquier caso, resulta importante desmitificar a “los eficientes” y los “ineficientes” revalorizando al sector público como instrumento para proveer servicios de calidad. 

La discusión sobre la calidad de los servicios públicos ha estado muy asociada a las reformas de la gestión pública, particularmente a partir de los 90s. Las concepciones sobre el sector público son múltiples pero se relacionan con un mayor foco en el ciudadano como cliente o consumidor, la tercerización de servicios o la desburocratización de la gestión. La receta para el sector público ha sido la de aprender lo máximo posible de las empresas privadas, incorporando sus prácticas. Una suerte de sinergia conceptual en donde ambos mundos deberían empezar a parecerse más, rompiendo las cadenas de la burocracia que todo lo enlentece. 

Desde hace un tiempo intento poner este paradigma a prueba cada vez que hago una compra, un trámite o un contrato de servicio. Lo cierto es que cuando trato de evaluar la calidad de los servicios que recibo por parte de uno y otro, llego a la misma conclusión que un comentarista cuando ve la repetición de una jugada en offside cinco veces: deja dudas. 

Algunos ejemplos de la vida real. No había caso con la administradora, privada, del edificio en el que vivía hasta hace un mes. Cada vez que se rompían cosas importantes como el ascensor o la bomba de agua, era un drama. Nos daban largas, que el tema era “complicado”, que se precisa traer alguien que haga un presupuesto pero es que mañana es domingo y pasado feriado. Todo el edificio estuvo sin agua durante dos o tres días y la solución parcial fue hecha por los propios vecinos organizados (siempre hay un free rider en el edificio, para qué negarlo) más que por la administradora, privada. Digresión: uno no conoce el poder de los monopolios privados hasta que se ve envuelto en uno, ¡que mercado seguro el de las administradoras de edificios, eso sí que es tener un público cautivo!

Dos días después, llamo a la Intendencia de Montevideo para deshacernos de algunas cosas que en la mudanza no íbamos a llevar. Me atienden muy bien y, tal cual como me dijeron, esa misma noche las pasaban a buscar sin costo y sin ninguna complicación de esperas ni papeleo. 

Otra escena de la vida real. Voy a un banco, privado, para hacer un trámite sencillo. Me tuve que ir porque luego de casi dos horas los ejecutivos de cuenta habían atendido a cuatro o cinco personas. La cara larga no era sólo mía obviamente, sino de otros varios clientes que quizás le dijeron a su jefe: “vengo en 10 minutos que tengo que hacer un trámite en el banco privado tal”. 

Tengo que ir a ANTEL para cancelar mi número de teléfono fijo. Hice la reserva online y en máximo 10 minutos estaba afuera con mi tema solucionado.

Los ejemplos que pongo son muy pequeños y sin duda no representativos de una realidad más compleja, pero reflejan que la calidad de los servicios no está dada necesariamente por el tipo de prestador. Se suele argumentar que si el sector privado es ineficiente o si no cumple con las expectativas, a la larga, quebrará, en tanto otras empresas con las cuales compite, le arrebatarán sus clientes. Ello puede ser válido para algunos casos. Por ejemplo, si no me gustó la última parrillada a la que fui no volveré ni recomendaré a nadie que lo haga, pero en otros casos cambiar de edificio o de banco no es tan sencillo. Claro que siempre se puede presentar alguna queja pero esto raras veces tiene efecto. Por otra parte, más allá de “tu opinión nos importa”, me pregunto en qué medida algunas empresas privadas efectivamente reproducen prácticas superiores a las del Estado, en particular las más grandes, cuyos servicios no tienen una opción de salida sencilla (bancos, operadores de cable, seguros, prestadores de salud etc.). 

Estas líneas no son una “oda al sector público”, el cual está lleno de ejemplos de mal funcionamiento e irracionalidad. También es cierto que la mala calidad de los servicios, cuando es en el marco del sector público, puede vulnerar derechos de forma más directa que una mala o lenta atención en un banco. 

Sin embargo, lo que no me queda tan claro es que la calidad de los servicios que recibimos del sector privado sean siempre mejores que los del tan castigado sector público. A su vez, otra interesante discusión es si la provisión por parte de privados es efectivamente más eficiente en términos de costos. Las notas de Fernando Esponda o Sebastián Fleitas en este blog nos hacen al menos reflexionar sobre eso para el caso de las PPPs y el FONASA, respectivamente. 

Mi punto no es que el sector público debería cubrir todo tipo de servicios ni tampoco que no haya nada que pueda importarse desde las prácticas empresariales. Sucede que los casos exitosos o destacados del sector público no suelen ser objeto de estudio y mucho menos de difusión pública. ¿Cuánto saben los propios funcionarios públicos de cosas que ellos mismos hacen bien? ¿Cuánto sabemos de buenas prácticas en el sector público? ¿Cuánto puede enseñarle el sector público al privado sobre buena gestión?

Feminicidio en Uruguay: evidencia disponible e implicaciones para su penalización

El concepto de feminicidio (o femicidio) proviene de la tradición sociológica feminista, y se utiliza para explicar los homicidios de mujeres por razones de violencia de género[i]. A nivel operativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su nombre en inglés), distingue entre los homicidios de mujeres a manos de parejas y aquellos causados por familiares[ii]. En Uruguay, las cifras oficiales son compiladas por el Ministerio del Interior (MI), que distingue entre asesinatos de mujeres a manos de parejas y ex-parejas y los provocados por familiares. 

En esta nota, comienzo analizando la situación de Uruguay en comparación a otros países de la región. Luego, describo la evolución de la tasa de denuncias policiales de homicidios en Uruguay: la tasa de homicidios según sexo de la víctima y la tasa de feminicidios de mujeres de 15 años o más entre 2012 y 2016. Finalmente, discuto las implicaciones de este análisis en relación al proyecto de ley que tipifica el feminicidio como agravante del homicidio, el cual fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados[iii].

1. Feminicidio en América Latina: la situación de Uruguay

Según datos de UNODC, en 2012, las Américas ocuparon el segundo puesto mundial en relación a la tasa de feminicidios cada 100.00 habitantes. La región con mayor prevalecía fue África (2,5) y la menor, Europa (0,9)[iv]. En la Fig. 1 se presenta la tasa de feminicidios cada 100.000 mujeres para los países de América Latina sobre los cuáles la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) cuenta con información. En términos relativos, Uruguay ocupa una posición intermedia respecto a otros países de la región. La misma tasa calculada sobre el total de mujeres de 15 años o más confirma este diagnóstico[v]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los países con mayor prevalencia de feminicidios de la región tienen tasas superiores a 10 cada 100.000 mujeres, y que no se cuenta con información sobre países como México o Brasil. Por otra parte, la situación relativa de Uruguay en comparación con Argentina y Paraguay no es sustantivamente diferente. Finalmente, la tasa de feminicidio de Uruguay no es significativamente mayor a la del resto de las regiones del mundo, con la excepción de Europa. El hecho de que Uruguay no constituya un caso excepcional respecto al problema global de feminicidio, sumado a que presenta valores intermedios en una de las regiones más violentas del mundo, es una objeción considerable a la tesis de que el país padece de un problema estructural en materia de violencia de género.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL

2. Mujeres víctimas de homicidio y feminicidio en Uruguay: 2012 – 2016

Para entender mejor el problema del feminicidio en Uruguay, es importante considerar la evolución de la tasa de denuncias policiales de homicidios consumados cada 100.000 habitantes entre 2011 y 2016. Como se observa en la Fig. 2, en 2012 y en 2015, se registran incrementos considerables en la cantidad de denuncias de homicidios. En 2012, se produce un incremento del 35% en relación al año anterior, mientras que en 2015 se llega al máximo de denuncias (293), representando un incremento del 10% respecto al año anterior.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MI.

Al analizar los homicidios según sexo de las víctimas cada 100.000 habitantes de cada sexo (Fig.3), se observa que los homicidios de mujeres no siguieron la tendencia general: la cantidad de mujeres asesinadas se incrementa entre 2012 y 2013, se mantiene elevada hasta 2015, y en 2016 disminuye a niveles similares a los de 2011 - 2013.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MI.

Esto nos lleva a considerar la evolución de la tasa de feminicidio según la relación con el victimario (Fig.4)[vi]. Para los años en que la tasa de homicidios de mujeres fue baja (2012 y 2016), la tasa de feminicidio también lo fue. Sin embargo, en 2014, el número de homicidios de mujeres es elevado, pero el valor de la tasa de feminicidio se encuentra próximo a los de 2012 y 2016. Al considerar la variación de las muertes ocasionadas por familiares, no se observa asociación con la de las tasas de feminicidio u homicidio de mujeres. Sin embargo, se aprecia que la variación de los feminicidios se corresponde parcialmente con la evolución de feminicidios por parejas o exparejas. En otras palabras, el concepto de feminicidio tiene una utilidad analítica cuestionable, en tanto su variación sólo está determinada por uno de sus dos componentes: los homicidios de mujeres ocasionados por parejas o exparejas.

Fuente: elaboración propia en base a datos del MI.

3. Implicaciones para la penalización del feminicidio en Uruguay

Al considerar el problema del feminicidio en Uruguay respecto a la región, se observó que su posición relativa es intermedia en comparación a otros países de América Latina y también, que no es un caso excepcional a nivel mundial. Por otra parte, al examinar la evolución de las denuncias de homicidios por sexo, y la de feminicidio, se concluye que el concepto de feminicidio tiene un valor analítico cuestionable en la interpretación de las variaciones de la tasa de homicidios de mujeres, ya que, en los años analizados, sólo uno de sus componentes se asocia con su variación total.

Como mencionamos anteriormente, el parlamento uruguayo está cerca de aprobar una modificación al Código Penal, por la cual se tipifica al feminicidio como un agravante del delito de homicidio. Esto parece razonable, considerando que el feminicidio no es un tipo sustantivamente diferente al de un homicidio intencional: simplemente se le suma el componente de violencia de género. Cabe preguntarse si esto es una medida adecuada al problema de la violencia letal de género en el país. Si Uruguay no representa un caso excepcional de violencia estructural de género, y si el feminicidio es un término que enmascara los homicidios de mujeres por parejas o exparejas, la respuesta es no.

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[i] Para una revisión de la historia del término y sus implicaciones legales, véase: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf

[ii] UNODC. 2013. Global Study on Homicide. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf

[iii] Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/D2017050671-003993957.pdf#page=

[iv] Al respecto, véase: https://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/Session%203%20UNODC%20ppt.pdf

[v] Al respecto, véase: http://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

[vi] En este caso, debe tenerse en cuenta que se trata de valores calculados cada 100.000 mujeres de 15 o más años.