Make Uruguay great

El mundo es un pañuelo

En los últimos años Uruguay ha atraído mayores flujos de inmigrantes que en el pasado, en especial de países latinoamericanos no limítrofes (Venezuela, Cuba, Republica Dominicana), por lo que la cantidad de inmigrantes en el país ha crecido. Un temor recurrente frente a oleadas migratorias es que los inmigrantes “tomen el trabajo de los nativos”, el cual suele estar basado en lo que se conoce como la falacia de la escasez de trabajo: la idea de que la cantidad de empleo en la economía está fija.[1] Además de trabajadores y emprendedores, los inmigrantes son consumidores de bienes y servicios: mayor stock de inmigrantes implica mayor demanda a las empresas, lo que puede redundar a su vez en mayor demanda de trabajadores.[2][3]

Por otra parte, los inmigrantes pueden ser complementos o sustitutos tanto de trabajadores nativos como de bienes de capital, y pueden ser más baratos o mejores en alguna dimensión que su contraparte nativa. El efecto neto sobre el empleo y los salarios dependerá de cuál sea el caso, de cómo reaccionen las empresas, y de cómo reaccionen a su vez los nativos. Además, los inmigrantes también pueden contribuir a la creación de empleo (para nativos o migrantes) si crean sus propios negocios.

Entonces, el efecto global neto en el mercado de trabajo resulta de muchas interacciones bastante complejas en toda la economía, donde inmigrantes con distintas calificaciones y características compiten y se complementan con los nativos y crean empresas, y los empresarios y trabajadores nativos reaccionan a su vez. En este marco, el consenso en la literatura empírica en economía es que la inmigración tiene efectos nulos o muy levemente negativos (que se desvanecen en el mediano plazo) en los niveles promedio de empleo e ingresos de los nativos (Okkerse 2008, Card 1990, Hunt 1992, Friedberg 2001, Angrist y Kugler 2003, Kerr y Kerr 2011, Clemens y Hunt 2017. Ver Bohme y Kups 2017, específicamente para países en desarrollo.). Esto se verifica empíricamente con diversas metodologías, para diversos países, y para casos de migraciones mas o menos masivas, y con migrantes (relativamente) mejor o peor calificados.

El tema candente es si detrás de estos pequeños a nulos efectos en los promedios se esconden efectos negativos para para unos y positivos para otros. Aquí la literatura empírica diverge, ya que caso a caso y según la metodología, algunos estudios encuentran efectos negativos en los niveles de empleo e ingresos de grupos de trabajadores nativos que compiten directamente con los inmigrantes, es decir, que son parecidos en habilidades, experiencia y preferencias ocupacionales y laborales (Blau y Mackie 2016, Hunt 1992, Gindling 2009). De todas formas, cuando la literatura encuentra efectos negativos, estos no son dramáticos, y son de corto o mediano plazo: aun los grupos de trabajadores directamente en competencia con los inmigrantes, recuperan sus niveles de empleo e ingresos en el mediano a largo plazo.

Algunos trabajos académicos ponen énfasis en entender los mecanismos detrás de dichas recuperaciones; por ejemplo Foged y Peri (2016) encuentran que la llegada de inmigrantes de baja calificación en Dinamarca impulsa a los trabajadores daneses de baja calificación a cambiar de ocupación, dejando aquellas mas intensivas en trabajo manual a los recién llegados y lentamente trepando la escalera a ocupaciones intensivas en otras habilidades. En términos mas generales, la literatura encuentra que los nativos “amenazados” pueden cambiar sus actividades sin cambiar su capacitación formal (años de educación por ejemplo), pueden cambiar su ocupación mediante cursos y recalificación laboral, pueden cambiar sus patrones de búsqueda en un territorio (por ejemplo mudándose a otras zonas, o evitando mudarse a zonas con grandes influjos de migrantes), entre otras estrategias.

Otros trabajos ilustran efectos específicos de la inmigración, que se transmiten luego a la economía en su conjunto. Para el caso estadounidense, Cortes y Tessada (2011) muestran que los inmigrantes poco calificados deprimen los salarios del servicio doméstico en ciertas zonas. Esto permite a las mujeres muy calificadas a aumentar sus horas trabajadas, sustituyendo su propio trabajo doméstico dentro del hogar (limpiando, cocinando, lavando, cuidando niños o mayores, etc.)  por horas contratadas a terceras personas. Para el mismo país, Clemens (2013) muestra cómo el ingreso de migrantes no calificados de hecho aumenta empleo e ingresos de nativos con calificaciones similares pero ocupados en otros sectores. Los inmigrantes entran con visas temporarias para trabajar en temporada alta en el sector agrícola (en trabajos que los nativos no toman casi que bajo ningún concepto) y contribuyen a la creación de más empleo (donde sí se ocupan nativos de baja calificación) más adelante en la cadena productiva. Estos son dos ejemplos de sustituibilidad y complementariedad que repercuten en la economía en su conjunto.

En el caso uruguayo, el incremento en los flujos migratorios recientes parece tener un componente de migración más bien calificada (muchos venezolanos, con mayor educación que el nativo promedio) y otro más bien poco calificado (pocos venezolanos, quizas dominicanos). A mi juicio, la falta de información de buena calidad sobre el volumen y las características de los nuevos migrantes hace difícil pensar en los potenciales efectos sobre la economía, aunque la revisión de la literatura sugiere que no debiéramos de preocuparnos mucho. En especial dado que, pese a que vienen en aumento, los flujos migratorios recientes están lejos de los volúmenes mas masivos estudiados en la literatura empírica.

De hecho, y como señala Michael Clemens y otros (2018), antes que enfocarnos en entender, estimar o predecir “el efecto” de un flujo de inmigrantes, puede tener más sentido enfocarnos en entender cuál conjunto de políticas puede aplicarse de forma de minimizar potenciales problemas y maximizar beneficios de dicho flujo. Los autores resumen ríos de tinta académica sobre migración en un informe ejecutivo de 20 páginas, de lectura recomendada, con un puñado de recomendaciones de política. La buena noticia es que buena parte de esas recomendaciones no aplican o son innecesarias para el caso uruguayo. Por ejemplo, el marco legal para la migración es claro y bastante simple y cercano a una situación de frontera abierta, por lo que no tenemos ni esperamos tener problemas asociados con poblaciones de inmigrantes eternamente indocumentados.

Sí existe margen de mejora en dos direcciones. En primer lugar, de forma de maximizar el impacto positivo de los migrantes y aprovechando que buena parte de ellos tiene buen nivel de calificación, seria importante minimizar los tiempos de trámite necesarios para obtener papeles (cédulas, residencias, etc.) y en especial para revalidar o reconocer (en la medida de lo posible) las calificaciones obtenidas en el extranjero. De lo que se trata es de que el recién llegado pueda buscar trabajo legal en su área de formación lo antes posible.[4] La negociación de laudos mínimos por categorías en los consejos de salarios, la fortaleza del movimiento sindical (al menos en algunos sectores) y la inspección por parte del BPS y demás instituciones estatales son ejemplos de seguros (imperfectos, claro) contra situaciones en la que los inmigrantes recientes ganen muy por debajo de sus contrapartes nativas o compitan desde la informalidad.[5]

En segundo lugar, se trata de minimizar los efectos negativos de la inmigración (si los hubiere dado el volumen aun no masivo de los flujos). La literatura enfatiza la utilidad de programas de reconversión laboral, especialmente en contextos de migración no calificada compitiendo con nativos no calificados. Existen ya algunas instituciones y mecanismos con este fin (por ejemplo, el INEFOP) por lo que la conversación sobre cómo minimizar los efectos negativos de la inmigración se convierte en cómo gestionar eficientemente los instrumentos de reconversión y recapacitación laboral, como mejorarlos en alcance, efectos y cobertura, etc.[6]  En el eventual caso de que la migración más calificada genere tensiones o presiones sobre los nativos calificados (probablemente con mayor poder de lobby), es importante resistir la tentación y no prestar atención (no destinar recursos públicos) a sus demandas, dado que su alta calificación los coloca en principio en una situación relativamente ventajosa frente a la necesidad de reentrenarse o les permite sobrevivir mejor mientras se espera por los efectos positivos de mediano plazo.

Algunos autores señalan a la flexibilidad laboral como una virtud para permitir la movilidad laboral de los trabajadores no calificados “amenazados”. Si bien es difícil hablar en términos generales de lo que la “flexibilidad laboral” significa en cada caso, me parece importante señalar que algunas instituciones “rígidas” del mercado laboral pueden contribuir a reducir situaciones no deseadas; una forma de combatir al “inmigrante que trabaja muy barato” es mediante la formalización y los laudos. Por último, hay que destacar que los shocks migratorios llevan, en ultima instancia, a la adopción de políticas de protección del trabajador y no del empleo. Eventuales trabajadores no calificados amenazados por inmigrantes no calificados, no se protegen con aranceles o subsidios sectoriales, o prestamos a empresas específicas (lo que parece ser la reacción instintiva al menos en lo discursivo de parte de algunas autoridades). Las leyes actuales garantizan el tratamiento igualitario a migrantes y nativos, por lo que tampoco se protegen con subsidios para “empleo nativo”. Al trabajador nacional como mejor se lo protege es asegurándose que se cumplan las leyes, y que el inmigrante tenga papeles rápido, trabaje formalmente y por lo que corresponde.

En conclusión, creo que no debiéramos esperar efectos negativos de la inmigración reciente en el mercado de trabajo en general o para grupos específicos de trabajadores nativos. Estamos bastante bien parados para adaptarnos y en todo caso debiéramos mejorar en políticas activas de empleo, en acelerar la inserción laboral de los recién llegados, y asegurarnos que se cumple la legislación vigente.

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Notas al pie

[1] Ver por ejemplo, Nowrasteh (2018).

[2] Esto no quiere decir que un inmigrante adicional en Uruguay genere una demanda de bienes y servicios que lleve a que se necesite exactamente un trabajador adicional (el propio migrante). El efecto neto dependerá de muchos factores, como discuto luego. Pero vale recordar que las actividades económicas de las distintas empresas y sectores están relacionadas: un inmigrante pagará una pensión, comerá, consumirá algo de ropa y transporte, etc, y esa demanda adicional puede incrementar la demanda de insumos (entre ellos, trabajadores) del dueño de la pensión, el almacenero o supermercadista, feriante que vende ropa, etc.

[3] Nótese por ejemplo que algo parecido sucede con el incremento poblacional o con cambios demográficos en general.

[4] Nótese que la inserción temprana, legal y formal en áreas de ocupación cercanas al nivel de calificación del trabajador, también mejoran la contribución de los migrantes a las arcas públicas.

[5] Sin embargo, el ingreso a la función pública está limitado en algunos casos a ciudadanos naturales o legales, excluyendo inmigrantes residiendo legalmente en el país. Quizás tenga sentido repensar estos requisitos mas adelante.

[6] Betcherman et al (2004) y McKenzie (2017) sintetizan los aciertos y errores por parte de las políticas activas de empleo que buscan reducir efectos negativos de la inmigración.

Referencias

Angrist, Joshua D. and Adriana D. Kugler (2003), “Protective or Counter-Productive? Labour Market Institutions and the Effect of Immigration on EU Natives,” Economic Journal, 113.

Betcherman, Gordon, Karina Olivas, and Amit Dar (2004), “Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries,” Social Protection Discussion Paper Series, Washington, DC: World Bank.

Blau, Francine D. and Christopher Mackie (2017), The Economic and Fiscal Consequences of Immigration, Washington, DC: The National Academies of Sciences

Bohme, Marcus H. and Sarah Kups (2017), "The economic effects of labour immigration in developing countries: A literature review", OECD Development Centre Working Paper 335, Paris, France: OECD Publishing.

Clemens, Michael (2013), International Harvest: A Case Study of How Foreign Workers Help American Farms Grow Crops – and the Economy, the Partnership for a New American Economy and the Center for Global Development.

Cortes, Patricia and Jose Tessada (2011), “Low-Skilled Immigration and the Labor Supply of Highly Skilled Women,” American Economic Journal: Applied Economics, 3 (3): 88-123.

Foged, Mette and Giovanni Peri (2016), “Immigrants' Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data,” American Economic Journal: Applied Economics, 8 (2): 1-34.

Gindling, T. H. (2009), “South–South Migration: The Impact of Nicaraguan Immigrants on Earnings, Inequality and Poverty in Costa Rica,” World Development, 37 (1): 116-126.

Hunt, Jennifer (1992), “The impact of the 1962 repatriates from Algeria on the French labor market.” ILR Review 45 (3): 556–572.

Kerr, Sari Pekkala and William R. Kerr (2011.), "Economic Impacts of Immigration: A Survey," Finnish Economic Papers, Finnish Economic Association, 24 (1): 1-32.

McKenzie, David (2017), “How Effective Are Active Labor Market Policies in Developing Countries? A Critical Review of Recent Evidence,” Policy Research Working Paper 8011, Washington, DC: World Bank.

Nowrasteh, Alex (2018), “The 14 Most Common Arguments against Immigration and Why They’re Wrong,” Cato Institute. 

Okkerse, Liesbet (2008), “How to Measure Labour Market Effects of Immigration: A Review,” Journal of Economic Surveys, 22 (1): 1-30. 

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.

La batalla por el sentido común

El espacio cultural de las políticas sociales

Por Fernando Esponda

 

Grabado de Romberch (1533)

“Las ideas y las opiniones no “nacen” espontáneamente en el cerebro de cada individuo: han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de la actualidad. La numeración de los “votos” es la manifestación final de un largo proceso.”

Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel (1929-1934), [1]

Hegemonía cultural

Antonio Gramsci, uno de los máximos exponentes del partido comunista italiano, leía y estudiaba y tosía y escribía sus reflexiones desde la cárcel impuesta por el gobierno de Mussolini, quien se había propuesto como objetivo explícito (y por suerte infructuoso) “impedir que este cerebro trabaje durante 20 años”. Seguramente no imaginó que sus reflexiones serían atendidas, muchos años después, por personas con pensamientos bastante diferentes al suyo. Pueden encontrarse inspiraciones gramscianas tanto en personajes como Steve Bannon -el último director de campaña de Trump- como en los movimientos de derecha europeos.

En la órbita local, el diario El País publicó durante el año pasado por lo menos tres artículos sobre el intelectual italiano, poniendo énfasis en el concepto de hegemonía cultural. Otros medios de prensa y dirigentes políticos, más allá de los límites de la izquierda, también han referido al concepto, en general con la convicción y el lamento de que la hegemonía cultural -concebida como el cuerpo de ideas y valores que nutren el sentido común- es patrimonio de la izquierda uruguaya.

Pero… ¿es correcta esta apreciación? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos con el sentido común uruguayo? En particular, ¿qué ha sucedido con la visión de los uruguayos sobre la distribución de la riqueza, la pobreza y el rol del Estado?

Movimientos en el sentido común

“El sentido común no es una concepción única, idéntica en el tiempo y en el espacio: es el “folklore” de la filosofía y como el folklore se presenta de formas innumerables: su rasgo fundamental y más característico es el de ser una concepción (incluso en los cerebros individuales) disgregada, incoherente, inconsecuente, correspondiente a la posición social y cultural de las multitudes.”[2]

El sentido común implica un conjunto amplio de conceptos. Olvidemos por un momento los referidos a las dimensiones que suelen inscribirse en el concepto de “agenda de derechos” (las nociones sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, sobre la igualdad entre las razas, sobre el derecho a tener una pareja del mismo sexo, sobre las identidades sexuales y de género, sobre la decisión de interrumpir un embarazo, sobre los derechos humanos), para centrarnos en un aspecto particularmente importante para la economía: la noción de cuánto el Estado debe intervenir para distribuir el ingreso y disminuir la pobreza.

En los gráficos se muestra cómo ha evolucionado un conjunto de opiniones sobre este tema. Las fuentes de información son la Encuesta Mundial de Valores (EMV), el Latinobarómetro (LAT) y el Estudio Longitudinal de Bienestar en Uruguay (ELBU).[3]

¿Qué panorama nos brindan estos estudios? Desde la perspectiva impositiva, hay un avance de la opinión de que la gente paga muchos impuestos (ELBU), un aumento de la cantidad de personas que opinan que el IRPF es malo o muy malo (ELBU) y un aumento de la idea de que cobrar impuestos a los ricos y subsidiar a los pobres no es un elemento esencial de la democracia (EMV).

Con respecto a la pobreza, se percibe un aumento de la visión que la solidaridad con las personas en situación de necesidad está garantizada (LAT), al tiempo que ha caído la percepción de la pobreza como el problema más importante (LAT).

Sobre las causas de la pobreza, aumenta la cantidad de personas que opinan que los pobres son pobres por flojos y falta de voluntad (EMV) y la idea de que las personas en situación de pobreza son responsables de su situación (ELBU).

Desde diferentes perspectivas, estas fuentes de información muestran una caída en Uruguay de lo que la literatura económica denomina “preferencias por la redistribución”.

Los datos sobre pobreza y desigualdad

“¿Puede la teoría moderna encontrarse en oposición con los sentimientos «espontáneos» de las masas?”[4]

Del inmenso conjunto de aspectos que podrían plantearse relacionados con el tema pobreza y desigualdad (que un experto podría ordenar y exponer de mejor manera), interesa en este artículo destacar cuatro elementos.

Primero, Uruguay ha vivido en estos años el proceso más importante de mejora de distribución del ingreso y disminución de la pobreza que se haya registrado, aunque con ciertas diferencias en sus dinámicas. La distribución del ingreso tuvo una importantísima mejora, sobre todo en el período 2007-2012, en donde Uruguay recorrió aproximadamente un tercio de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo; luego de ese impulso la desigualdad, si bien no aumentó, dejó de caer.[5] La pobreza por su parte ha tenido un continuo descenso durante todo el período, encontrando su mínimo histórico en el año 2017.

Segundo, este panorama general dista de ser un estado ideal. Por más que parezca innecesario, vale aclarar que: (1) todavía existen miles de compatriotas que no alcanzan un ingreso mínimo para salir de la pobreza; (2) miles de uruguayos superan la línea de pobreza pero se encuentran en una situación de vulnerabilidad; (3) la distribución del ingreso sigue siendo menos equitativa que la de los países más desarrollados e igualitarios.

Tercero, el perfil generacional de la pobreza sigue estando fuertemente concentrado en las edades más bajas. Si bien ha bajado sustancialmente, la pobreza de niños menores de 6 años (17%) duplica la pobreza general (8%), y es 13 veces mayor que la pobreza en mayores de 65 años (1,3%). Uruguay tiene una doble característica particular en Latinoamérica: tiene el nivel más bajo de pobreza, y al mismo tiempo el perfil de pobreza por edad más acentuado en la infancia del continente.[6]

Cuarto, según los relevamientos del MIDES, a contrapelo del descenso de la pobreza existe un fenómeno de aumento de personas en situación de calle en Montevideo (de 320 en 2006 a 556 en 2016)[7], que da cuenta de un fenómeno cualitativamente diferente, y además da pistas para comprender la visión de ciertos sectores de la ciudadanía con respecto a la magnitud y tendencia reciente de la pobreza (“¿cómo va a haber menos pobres, si yo veo más gente durmiendo en la calle?”).

Espacio fiscal y espacio cultural

“Descuidar -y aun más, despreciar- los movimientos llamados “espontáneos”, o sea, renunciar a darles una dirección consciente, a elevarlos a un plano superior insertándolos en la política, puede a menudo tener consecuencias serias y graves”.[8]

La caída en las preferencias por la redistribución se ha dado en un contexto en donde la izquierda gobierna el país. Este proceso, aparentemente paradójico, despierta la pregunta de cuál es la relación entre el movimiento del sentido común y la acción del partido de izquierda. Si bien excede el cometido del presente artículo, vale la pena mencionar brevemente tres hipótesis. La primera, que este movimiento se ha dado a pesar de las acciones del Frente Amplio, que no ha podido contrarrestar discursos más potentes provenientes de otros sectores.[9] La segunda, que en rigor la sociedad no ha modificado su escala de valores, sino que lo que ha cambiado es la realidad: cuando había 40% era razonable pensar que la pobreza era producto de las circunstancias, pero con 8% es más razonable pensar que se debe a que esos pobres que quedan son los vagos, los que no quieren trabajar.[10] La tercera, que en realidad el propio partido de gobierno ha contribuido con su retórica a este movimiento del sentido común.[11]

Más allá de cuál sea el factor de mayor peso, lo que se visualiza es cierto movimiento “contrapuesto” entre las políticas desarrolladas (consolidación de las políticas sociales, ampliación de los programas de transferencias, realización de una reforma tributaria progresiva) y el sentido común (la pobreza es una responsabilidad individual, el IRPF es malo).

A nivel de la academia y de los equipos técnicos especializados pueden encontrarse interesantes elementos para conformar una segunda generación de reformas de políticas sociales.[12] Sin embargo, una agenda de estas características debería contemplar trabajar paralelamente en dos restricciones que parecen endurecerse con el paso del tiempo: el espacio fiscal y el espacio cultural.

La primera restricción, que es la que impone el espacio fiscal, se ha estrechado producto de un menor crecimiento económico y la dinámica del gasto endógeno.[13] Trabajar sobre esta restricción implica trabajar tanto sobre las condiciones de crecimiento como sobre la evolución de la dinámica fiscal, y en particular -aunque parezca paradójico- sobre la dinámica de los sistemas de seguridad social.

La segunda restricción es la que impone el espacio cultural, que también parece estrecharse, habida cuenta de la dinámica que ha tenido el sentido común en los últimos tiempos. Trabajar sobre esta restricción es quizás tan desafiante -pero también tan importante- como trabajar sobre la primera.[14]

Sobre esta segunda restricción, un elemento a tener en cuenta en una estrategia de incidencia sobre el sentido común podría ser dirigir la atención discursiva -y quizás también instrumental- de las políticas sociales hacia los niños. En primer lugar, porque efectivamente es en donde se concentra mayoritariamente la pobreza (“si Uruguay no tuviese pobreza entre los niños, la pobreza no alcanzaría el 1%”, plantea Gustavo de Armas). En segundo lugar, porque contribuye a golpear de lleno la visión que otorga responsabilidad individual a la pobreza. Resulta bastante difícil en este caso, por más visión meritocrática que alguien pueda tener, achacar la pobreza infantil a la ausencia de esfuerzo, asignar una responsabilidad individual a la situación, plantear que “los niños son pobres porque no quieren trabajar”.

Por supuesto que este elemento no es el único, ni pretende serlo. Brindar una solución integral al problema del “espacio cultural” de las políticas sociales y distributivas es un objetivo que excede las posibilidades de este pequeño artículo, que con haber alertado al lector sobre su estrechamiento e invitar a pensar cómo ampliarlo queda más que satisfecho.

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Fuentes de información

ELBU: Estudio Longitudinal de Bienestar en Uruguay. Se basa una encuesta realizada por la UdelaR en 2004, 2011/2012 y 2016/2017, que tiene la particularidad de haberle realizado las preguntas siempre a las mismas personas.

Latinobarómetro: El Latinobarómetro es una encuesta que se hace en 18 países latinoamericanos desde el año 1995. Analiza el desarrollo de las democracias, la economía y las sociedades utilizando indicadores de actitudes, opiniones y comportamiento.

EMV: Encuesta Mundial de Valores. Es una encuesta que hace en todo el mundo es un proyecto global de investigación social que explora los valores y opiniones de la gente, cómo estos cambian con el tiempo, y su impacto social y político. Se realiza desde 1981 en casi 100 países.

Documentos recomendados:

Progreso multidimensional en Uruguay: dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años

Valores y creencias de los uruguayos: ¿Freno o impulso para un desarrollo sostenible?

Notas al pie:

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[1] Traducción al español de Manuel Sacristán en su libro Antología de Antonio Gramsci, editorial Siglo XXI

[2] Ibídem

[3] Para conocer más sobre las fuentes de información, ver cuadro al final.

[4] Ibídem

[5] Mauricio de Rosa desarrolla el tema en este artículo 

[6] Gustavo de Armas profundiza en este tema en “Poner fin a la pobreza infantil en Uruguay”

[7] Datos del Observatorio Social 

[8] Ibídem

[9] El trabajo Preferences for redistribution and biased perceptions in Uruguay plantea el papel de los medios de comunicación y su relación con la caída en las preferencias por la redistribución.

[10] El Instituto de Economía se encuentra realizando un estudio “Why are we inequality averse?, sobre la noción de aversión a la desigualdad

[11] Si bien no coinciden con exactitud, se pueden encontrar hermanas de esta hipótesis a nivel de la dimensión cultural (Entre estética, ciencia y política) o en los temas de seguridad (Cuando el discurso de la izquierda es el de la nueva derecha)

[12] Por ejemplo algunos aportes de Vigorito, Salas, Midaglia y Antía, Arim, De Rosa, entre otros.

[13] El artículo Odisea en el espacio fiscal profundiza en este fenómeno.

[14] Para el caso de la izquierda, subyace desde el punto de vista discursivo una tensión -inherente a cualquier partido que cumple 15 años de gobierno- entre la defensa de su gestión y el cuestionamiento de la realidad, el miedo sobre hasta dónde cuestionar lo realizado sin provocar su retroceso, el tercer porqué de Real de Azúa sobre el Batllismo: “la duda de si el esfuerzo correlativo por devolverle su vigencia no hará correr demasiados riesgos a lo que, de alguna manera, se conserva, de algún modo sobrevive”.

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.