viernes, 26 de agosto de 2016

Supermanzanas

Foto: Gonzalo Useta bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0
La enorme mayoría de las ciudades modernas son gobernadas por los autos. Obviamente, este es el caso también de Montevideo. Las calles, que se corresponden con la gran mayoría del espacio público urbano, son diseñadas para los autos. Los peatones y ciclistas son relegados a utilizar un espacio mucho menor y, más importante, un espacio subordinado. En el diseño y ordenamiento de la mayoría de las ciudades la prioridad es facilitar la circulación de los automóviles. Los espacios para vivir y disfrutar la ciudad se limitan a unas pocas plazas o parques.

Este hecho resulta negativo por varios motivos. En primer lugar, implica un uso muy inequitativo del espacio público. Son las personas que más recursos tienen, quienes tienen más autos y quienes más los usan. Por lo tanto, el espacio urbano que se financia con recursos públicos, luego es aprovechado en mayor media por las personas más ricas. En segundo lugar, salvo que la ciudad cuente con enormes recursos (ese seguro no es el caso de Montevideo) generar infraestructura urbana al ritmo de un parque automotor que crece rápidamente puede ser económicamente inviable. El resultado puede ser que, luego de haber gastado millones de dólares, la circulación en la ciudad se más lenta que 10 o 20 años antes. Además, aun si se tuviera éxito en crear toda la infraestructura que requiere ese parque automotor aumentado, posiblemente la ciudad se habría visto totalmente transformada. Transformada en un lugar más desagradable para vivir y con sus habitantes haciendo lo posible para mudarse a otro lado (a su periferia por ejemplo).

El empeoramiento del tráfico y el deterioro consiguiente el espacio público se debe en gran medida a un problema de coordinación colectiva. Cada ciudadano, persiguiendo su interés individual, se la juega (en la medida de sus posibilidades) por la opción de viajar en auto. El resultado es que, con todos los habitantes de la ciudad tratando de hacer la misma jugada, La situación final es peor para todos que en el caso en que todos hubieran jugado por otra forma de transporte. En estos casos, el deber de la Intendencia de Montevideo sería resolver ese problema de coordinación. Para este caso concreto, implicaría tomar medidas que desincentiven el uso del automóvil y fomenten el uso de otros medios de transporte (mejorar el funcionamiento de los ómnibus, muchas más ciclovías, por qué no un metro). Sin embargo, este no es el camino elegido por los últimos gobiernos departamentales. Se ha tratado, de manera poco efectiva, que mejore el transporte público (ómnibus) y poco más. La presencia de ciclovías es casi simbólica y no se ha hecho nada para desincentivar el uso del automóvil. Por el contrario, las últimas medidas buscan incentivarlo (ver esta nota en el observador de 26/12/15).

Pero asumamos que, a pesar de esto, el gobierno de Montevideo efectivamente está comprometido con la idea de que la ciudad sea para vivirla y no para pasar a través de ella. Que sea antes un lugar agradable en el cual vivir que un lugar cómodo por el cual circular. En este caso, la experiencia internacional nos ha mostrado recientemente una interesante medida que se puede tomar. Se trata de las llamadas supermanzanas. La idea surgió al preguntarse qué hacer cuando ya se tiene una ciudad diseñada para los autos. ¿Cómo deshacerlo?

La idea de las supermanzanas (ver la figura adjunta) es muy sencilla. Consiste en tomar varias manzanas de una ciudad (idealmente 9 manzanas) y modificar el flechamiento de las calles de modo que los autos que ingresan a la supermanzana no puedan atravesarla. Adicionalmente, dentro de la supermanzana no circularían ómnibus y la velocidad máxima sería de 20kph. Esta medida se ha estado discutiendo en la ciudad de Barcelona. En donde se planea que el sistema de las supermanzanas abarque al 70% de la ciudad. Recientemente se anunció que la primer supermanzana se implementaría el próximo 5/9/16.


La versión de mínima de esta medida implica solo el cambio en el flechamiento de las calles y es por lo tanta muy poco costosa. Sin embargo, con el tiempo y un poco más de recursos, al interior de la supermanzanas se pueden crear espacios públicos para diversas actividades sociales.

Por supuesto, esta medida implicaría que el tránsito se concentraría el las calles exteriores de la supermanzana. Es por ello que puede tener pocas probabilidades de ser implementada en Montevideo, donde parecería que siempre se ha temido mucho el voto castigo de los automovilistas. A veces el gobierno departamental parecería olvidar que en algún momento ese automovilista llega a su hogar, se baja del auto y seguramente le gustaría encontrarse en un lugar agradable para vivir.

viernes, 19 de agosto de 2016

Un misil en mi placard: sobre la tenencia de armas de fuego y desarme civil en Uruguay

Tradicionalmente, el debate sobre la tenencia de armas en Uruguay ha ocupado un lugar secundario en la agenda de políticas públicas de seguridad. Esto no ha sucedido por falta de información o de iniciativas. Desde el año 2000, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) ha venido trabajando consistentemente en la investigación y la generación de propuestas de desarme civil en el país, aunque sin demasiado éxito[i]. Sin embargo, en los últimos años, el tema ha cobrado un nuevo status a instancias del Ministerio del Interior. Más allá del proyecto nunca implementado de “Armas para la vida” en 2013[ii], es a partir de ese año que comenzó un largo y tortuoso dialogo entre dicha cartera y el Ministerio de Defensa sobre la regulación del porte y tenencia de armas por parte de civiles. 

Desde el comienzo, el Ministerio del Interior viene promoviendo una “tenencia responsable de armas”, con mayores controles y requisitos para su adquisición y uso, mientras que el Ministerio de Defensa ha sido partidario de una regulación más flexible. Según últimas informaciones, al día de hoy habría primado la postura del Ministerio del Interior[iii]. De todas formas, es importante reflexionar sobre los argumentos esgrimidos por ambas partes, porque constituyen dos visiones oficiales sobre el problema, que representan también en parte las actitudes ciudadanas respecto al mismo. 

Es necesario señalar desde el principio que la tenencia de armas de fuego por parte de civiles es un asunto que se enmarca dentro de la discusión más general sobre las libertades individuales de los ciudadanos. Uno puede estar a favor o en contra respecto a los argumentos que pueda esgrimir una persona que elige adquirir un arma, pero al final del día es importante para un régimen democrático que se respete el derecho de los individuos a decidir sobre el tema. El problema comienza cuando dichas elecciones individuales implican que se vulneren o pongan en riesgo los derechos de terceros. Luego de presentar una descripción panorámica sobre el tema de la tenencia de armas en el país, en esta nota propongo discutir brevemente los méritos y problemas implicados en ambas propuestas, a la luz de la evidencia disponible sobre el tema en Uruguay.

La situación de la tenencia y uso de armas de fuego en Uruguay


Según el último relevamiento de la organización Gun Policy, de la Universidad de Sydney, Australia[iv], en 2012 Uruguay era el país con mayor tasa de tenencia de armas en Sudamérica, con 33,6 armas cada 100 habitantes, seguido por Guyana (20,4) y Paraguay (15,4). Otros países considerados, como Suriname, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú se encontraban por debajo del umbral de 15 armas cada 100 habitantes.  La posición de Uruguay en este ranking curiosa, considerando que no se trata de un país con conflictos armados o guerras civiles. También deben ser tomadas con recaudos, ya que no se trata de una estimación que tenga en cuenta la tenencia de armas ilegales. De todas formas, estos datos hablan de una mayor inclinación por parte de los uruguayos a invertir buena parte de su tiempo y dinero para realizar todos los trámites y pruebas necesarias para adquirir legalmente un arma de fuego. También se estima que en 2015, el total de armas (lícitas e ilícitas) en manos civiles  sería mayor a 1.100.000, mientras que las Fuerzas Armadas contarían con 77.000 y la policía con 11.000.  

Por supuesto, tener un arma no es lo mismo que usarla. En este sentido, la cifras de Gun Policy para 2010 muestran el total de muertes registradas por uso de armas de fuego fue de 313, equivalente 9,5 muertes cada 100.000 habitantes. Estos números colocan a Uruguay en una posición intermedia en comparación con la región, lejos de los casos de Venezuela (50,5) y Colombia (31). De estas comparaciones puede inferirse entonces que la proclividad de los uruguayos por tener un arma no va de la mano con el ejercicio de la violencia armada en sentido amplio (esto es, violencia contra terceros o contra uno mismo, como en el caso de los suicidios).

La postura del Ministerio del Interior: la tenencia responsable de armas de fuego


Según fuentes periodísticas, el interés del Ministerio del Interior por establecer la tenencia responsable de armas de fuego tiene origen en la constatación de que existe una conexión entre su uso y crímenes vinculados al narcotráfico[v]. Dejando de lado otros aspectos como la situación de los coleccionistas de armas y la herencia familiar de las mismas, la regulación propuesta por esta secretaría prohíbe el uso por parte de civiles de cierto tipo de armamento más avanzado, como las armas automáticas y semiautomáticas, así como también de los silenciadores. También eleva las exigencias médicas para el porte de armas, requiriendo evaluaciones psicológicas así como también de ciertas condiciones físicas que podrían exacerbarse a partir del uso de armas, como problemas cardíacos[vi].

Si bien esta propuesta fue criticada por representantes del Ministerio de Defensa como excesiva, no hay que perder de vista que estamos hablando sobre la regulación de productos cuya principal finalidad es la violencia. Obviamente, las armas tienen usos deportivos. Pero no se precisa una pistola automática con silenciador para cazar animales. De cualquier modo, creo que hay un argumento importante detrás de la preocupación del Ministerio de Defensa respecto al exceso de regulación para la tenencia de armas, que asumo que es compartida y tenida en cuenta por el Ministerio del Interior, y que es la siguiente: el aumento de la regulación trae consigo la creación de mercados ilegales. En otras palabras, la persona que desea cierto tipo de arma que ahora se considera ilegal en manos civiles o que no es médicamente apta para portar una según la nueva regulación, tiene más incentivos para buscar lo que quiere en el mercado negro. De esta forma, se puede llegar al resultado paradójico de que al aumentar las exigencias regulatorias para obtener un arma legalmente, termine aumentando la cantidad de armas ilegales en manos de la población. Esto sería particularmente negativo en un país donde se estima que 500.000 armas, un poco menos de la mitad del total que circulan en manos de civiles, son ilegales[vii].

La postura del Ministerio de Defensa: la tenencia de armas como libertad individual fundamental


El debate público sobre la regulación de la tenencia y porte de armas llegó a su climax en febrero del presente año, cuando el ahora fallecido Ministro de Defensa, Sr. Eleuterio Fernández Huidobro, declaraba en una entrevista que el uso y tenencia de armas constituye un "atributo de la libertad"[viii].  En aquel momento, el Sr. Fernández Huidobro proponía básicamente dos argumentos. Uno era que el tener un arma le permitía al ciudadano una alternativa de defensa ante ataques de personas o grupos no estatales, poniendo como ejemplo hipotético la situación de una familia que asaltada en su hogar de delincuentes armados, y también aludiendo al reciente caso de ataque terrorista en París por parte de ISIS. El otro argumento tenía que ver con el derecho de auto – defensa de los ciudadanos frente a los excesos del gobierno, que el ministro ilustraba con una inesperada alusión a las acciones armadas del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros que él integró durante la década de 1960 y principios de 1970. Ante las polémicas declaraciones del ministro, mucha gente reaccionó negativamente, desacreditando todo aquello como un disparate. Otros, muchos menos, intentaron reconstruir “la mejor versión” de su postura, y encontraron que las ideas de Fernández Huidobro tenían raíces en la tradición libertariana de pensamiento político. Estamos hablando de una corriente filosófica con referentes clásicos como John Locke[ix] y Henry George[x], y que llega a nuestros días con autores como Robert Nozick[xi] y Murray Rothbard[xii].  Dos aspectos que importa destacar de esta línea de pensamiento son la defensa de la libertad y autonomía personal como valores máximos, y un marcado escepticismo respecto a la autoridad gubernamental. Para presentar este caso uso las ideas de Locke, no sólo porque son más conocidas por los lectores, sino también porque fue de hecho el referente teórico más citado a lo largo de la discusión.

Locke es lo que se denomina un “contractualista”. A diferencia de Thomas Hobbes[xiii], quien concebía el estado de naturaleza como un escenario hipotético, Locke proponía que había sido un período histórico real. Ese estado de naturaleza se rige por las leyes de Dios y la naturaleza. El problema es que en dicho contexto, donde los hombres son iguales y pueden disponer de su vida, sus posesiones y su libertad, se vive en constante peligro. Los individuos pueden violar las libertades de terceros, sin que esto conlleve a un castigo, porque nadie tiene la autoridad necesaria para aplicar la ley natural. Para evitar el conflicto constante, es que según Locke, los hombres deciden asociarse libremente –es decir, realizan un contrato social– construyendo de esta forma la sociedad civil, donde el sistema de gobierno es democrático y existe una protección legal efectiva de la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, en el marco de este pacto social, la ley natural sigue siendo la ley primera. De modo que, en el caso de que otra persona atentase contra la vida, la libertad o la propiedad de otro individuo, la víctima tiene el derecho natural a defenderse. De esta forma, Locke estaría de acuerdo con Fernández Huidobro en que si entran ladrones armados a un hogar, o un grupo terrorista realiza un atentado, los individuos están en su derecho de usar las armas para defenderme. Por otra parte, Locke entendía que si el gobierno actúa contra los intereses de sus ciudadanos, ellos tienen el derecho a la revolución. Esto es así porque la ley natural les otorga el derecho a retomar su libertad original y luchar por un gobierno mejor alineado a sus preferencias. Esta interpretación se corresponde con la idea de Fernández Huidobro, respecto a que el movimiento Tupamaros estaba defendiendo los derechos de todos los ciudadanos al elegir el camino de la lucha armada, lo cual es discutible.

Esta reconstrucción del pensamiento de Fernández Huidobro a la luz de la filosofía libertariana es sin dudas un ejercicio intelectual apasionante. Lo que antes parecía un conjunto de ideas trasnochadas y anárquicas sobre el uso de armas de fuego se transforma en un argumento coherente e interesante. Alguien podría objetar que todo esto está muy bien, pero que es dudoso que el ministro tuviera tan claro el pensamiento de Locke a la hora de decir las cosas las cosas que dijo. La respuesta obvia es que seguramente no. La respuesta menos obvia es que no es necesario este requisito de claridad cognitiva extrema para buscar la mejor versión de los argumentos del otro.  El problema que tenemos que resolver es cuál es nuestra posición ante esta versión mejorada de los argumentos de Fernández Huidobro. Desde mi punto de vista, esta presentación lockeana sobre el uso de las armas padece el mismo problema básico que encontramos en versiones más contemporáneas del pensamiento libertariano, como es el caso de Robert Nozick. Toda esta construcción se apoya sobre los cimientos de las leyes naturales. Para los lectores que no están familiarizados con la teoría política o el derecho, vale aclarar que éstas no tienen nada que ver las leyes científicas sobre la naturaleza. Cuando hablamos de leyes naturales en este contexto, estamos hablando de normas jurídicas que tienen fundamento en elementos no jurídicos, como por ejemplo, las normas morales. También es importante que el lector tenga claro que las leyes naturales no son un invento conceptual abstracto del derecho o la filosofía. Asuntos tan básicos como los derechos humanos tienen fundamento en este tipo de leyes y al día de hoy los filósofos del derecho siguen desarrollando definiciones cada vez más sofisticas sobre el tema.

Mi problema con la postura de Fernández Huidobro, que admito que puede ser una interpretación errada de mi parte y en todo caso pido que otros con mayor conocimiento que yo me corrijan, es que muy seguramente se enmarcaba dentro de la concepción clásica de los derechos naturales, que tiene origen en Santo Tomás de Aquino[xiv], donde existe un solapamiento total entre lo legal y lo moral. En esta versión, las leyes y la moral son dos caras de una misma moneda. Y esto implica que grupos que comparten cierto tipo de normas morales – no necesariamente mayoritarias – crean que sus concepciones de lo correcto son el mejor fundamento para establecer o rechazar normas jurídicas que nos rigen a todos. Creo que esto explica el convencimiento del ministro de que un civil puede tomar la vida de otro si es necesario, y también su percepción de que las acciones de los Tupamaros se correspondían con lo que el resto de la población consideraba válido y necesario.

Reflexiones finales


Me parece acertado afirmar que los uruguayos hemos salido muy enriquecidos a partir del diálogo entre el Ministerio del Interior y el de Defensa sobre el problema de la regulación de la tenencia de armas por parte de civiles. Al examinar con más detalle la posición de Fernández Huidobro, hemos revisado nuestras concepciones sobre que lo que nos parece más aceptable y lo que rechazamos sobre el uso de la violencia armada por parte de civiles. Finalmente, al evaluar la solución del Ministerio de Interior, somos también más conscientes de los problemas que estas medidas podrían acarrear en el futuro, lo que nos brinda cierto margen de maniobra para anticipar situaciones y pensar en soluciones concretas. Si el saldo de más de dos años de debate sobre una política pública es tan positivo, entonces, bienvenido sean los debates.

Referencias





Imagen: "Sooner or later God'll cut you down" por Kevin N. Murphy. Bajo lincencia CC BY 2.0.
[i] http://ielsurdesarme.org/wp-content/uploads/2013/06/1er-informe-Observatorio.pdf
[ii] http://www.elobservador.com.uy/desarme-civil-un-objetivo-larga-data-que-quedo-trunco-n957938
[iii] http://www.elobservador.com.uy/prima-postura-interior-y-habra-mas-exigencias-porte-armas-n955173
[iv] http://www.montevideo.com.uy/contenido/Uruguay-el-pais-con-mayor-tenencia-de-armas-en-relacion-a-su-poblacion-de-Sudamerica-317343?plantilla=1391
[v] http://www.elobservador.com.uy/desarme-civil-un-objetivo-larga-data-que-quedo-trunco-n957938
[vi] http://www.elobservador.com.uy/prima-postura-interior-y-habra-mas-exigencias-porte-armas-n955173
[vii] http://www.montevideo.com.uy/contenido/Uruguay-el-pais-con-mayor-tenencia-de-armas-en-relacion-a-su-poblacion-de-Sudamerica-317343?plantilla=1391
[viii] http://www.elobservador.com.uy/huidobro-favor-que-la-sociedad-se-arme-bonomi-mezcla-las-cosas-n873337
[ix] Locke, John. (1991). Two Treatises on Government. Cambridge: Cambridge University Press.
[x] Barker, Charles A. (1995) Henry George. Oxford: Oxford University Press.
[xi] Nozick, Robert (1988). Anarquía, Estado y utopía. México: Fondo de Cultura Económica.
[xii] Rothbard, Murray N. (2006). For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
[xiii] https://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm
[xiv] Thomas Aquinas (1998) On Law, Morality and Politics. Indianapolis: Hackett Publishing Co.

jueves, 11 de agosto de 2016

Fútbol y academia: la calidad pasa por la cintura


Campus de los Catalanes” por Nacho, bajo licencia CC BY 2.0.

Si alguien te preguntara ¿cómo te parece que están gerenciados los equipos de fútbol en Uruguay? Cuál sería tu respuesta? La mía es muy mal. ¿Por qué? Porque es evidente que la calidad de la liga local es cada vez más baja. Enfrentados a la competencia internacional, los equipos uruguayos muestran cada vez peores resultados. Dicho resultado podría estar motivado por el empeoramiento de los recursos. Por ejemplo, Hungría solía ser una potencia en el mundo del fútbol a mediados del siglo XX y hoy inexplicablemente no figura. Tampoco hay jugadores húngaros famosos en la actualidad. El caso húngaro me resulta un misterio pero claramente ellos han perdido talento con el tiempo y eso explica que los equipos húngaros no se destaquen. En Uruguay el problema no es ese: jugadores uruguayos mejoran la calidad de equipos en el mundo entero, incluso al más alto nivel y la selección compite con las mejores. El problema es que, a pesar de que un jugador uruguayo puede llegar a valer mucho, ese valor no es apropiado por los clubes locales como para reforzarse. El problema es entonces de gerenciamiento.

Tal vez el ciudadano que no está directamente vinculado con el mundo científico no lo sepa, pero el éxodo de talentosos baluartes no ocurre solamente en el ámbito deportivo. El fútbol lo hace evidente porque todos vemos a Suárez jugar en el Barcelona, nos llegan noticias de cómo clubes importantes pelean por Cavani en cada período de pases y  es fácil comparar eso con lo que podemos ver en las canchas locales los fines de semana. Pero aunque no se vea, en el ámbito académico es posible encontrar profesores uruguayos investigando y dando clases en las mejores universidades de EEUU y Europa. Pero es raro ver algún Suárez trabajando en las universidades uruguayas.

En el fútbol, al menos, existen las selecciones nacionales que permiten a los jugadores jugar para el público local de vez en cuando y nos acerca cada tanto a esos talentos. Además, jugadores de renombre a punto de retirarse regalan algunas moñas a la afición local. En el mundo científico eso casi no pasa. Algunos de estos profesores se arriman cada tanto al paisito para dar algún curso, pero la vida útil del académico es muy larga y para cuando el profesor “ya está del otro lado” (en dinero o gloria), el tipo ya es más extranjero que uruguayo. No es la norma ver profesores uruguayos que se destacaron en el mundo volviendo a Uruguay algunos de sus últimos años. Lo que sí hay son algunos pocos profesores que resignaron mucho dinero y prestigio académico para poder hacer su vida en Uruguay. Lamentablemente, como se desprende de cualquier indicador de calidad académica, no son suficientes.

Mi argumento entonces es que, así como en el fútbol, Uruguay tiene mucho talento, pero una vez que el estudiante se forma en el exterior (excede este post explorar porqué tienen que formarse afuera del país), no lo está pudiendo atraer para que juegue acá en plenitud. Se me ocurren dos razones por las que volver a Uruguay puede no ser atractivo para estos talentosos. Una, que ganan menos (mucha menos) plata en Uruguay. Lo que puede ganar un recién doctorado en algunas plazas locales como Chile, multiplica por tres lo que puede ganar en la UdelaR y si este joven logra insertarse en EEUU, su salario es ampliamente mayor. La otra razón es el menor desarrollo de la comunidad académica uruguaya. Incluso a igualdad de sueldo, ¿se imaginan a Suárez jugando en Nacional? y contra Rampla?!

La UdelaR tiene que buscar formas de atraer mejores profesores y para ello parece imprescindible mejorar los sueldos que los potenciales docentes pueden percibir. Esto (y una larga lista de otras cosas) legitima la actual lucha por mayor presupuesto que libra actualmente el sector de la educación pública. Pero la UdelaR tiene además que dotar a los diferentes departamentos de mucha más autonomía para que cada uno desarrolle el tipo de políticas de atracción de jóvenes talentos que más se adecúe a las especificidades de las diferentes áreas académicas. Para el departamento de Ciencias Farmacéuticas tal vez la forma de obtener recursos para mejorar sueldos y a la vez crear un ambiente académico estimulante puede pasar por hacer convenios con el sector privado. Para el departamento de Administración capaz que pasa más por organizar cursos intensivos o escuelas de verano que son muy valorados por el mercado de los que se pueda obtener una matrícula. Algunas iniciativas de este tipo existen hoy pero para lograr el objetivo se deben multiplicar mucho más y para esto la flexibilidad en la toma de decisiones es fundamental. Hay entonces un problema de presupuesto, pero también otro de gestión.

La falta de flexibilidad para las contrataciones hace que, incluso con los recursos existentes el potencial de reclutamiento de la UdelaR se vea reducido fuertemente. Por ejemplo, un doctorado joven tiene la potencialidad de ganar en la UdelaR un salario que no está tan lejos de lo que ganaría en muchos países de Europa (digamos algo así como el 60% ajustando por costo de vida y si consigue un grado 3, una dedicación total y la compensación base de la ANII). Ahora, los llamados a docentes grado 3 se abren sin las compensaciones extra y muchas veces para una cantidad de horas menores a 8 por día. De esta manera, si algún doctorando joven preguntara cuánto puede ganar si accede a ese puesto, la respuesta es cerca de la mitad del monto anterior. Estas comparaciones ayudan a entender porqué la gran parte de los docentes de la UdelaR son uruguayos: sólo gente que valora mucho vivir en Uruguay y que sabe que en el mediano plazo puede lograr compensaciones encima del salario base, accede a trabajar allí. Con una política que garantice el salario total potencial hasta que el docente adquiera por sí mismo los beneficios extra, se podría ampliar el espectro de gente que la universidad puede contratar y por lo tanto mejorar la selección.

El mundo está lleno de ejemplos de centros de estudios que logran exitosamente hacerse de recursos para lograr planteles docentes competitivos. Creo que muchas de las experiencias que se ven son compatibles con la gratuidad en la enseñanza. Sea cual sea la solución, este problema hay que enfrentarlo porque los uruguayos tenemos derecho a estar educados y quienes están encargados de impartir esa educación tienen la responsabilidad de lograr la mejor calidad posible. Cuando los recursos son escasos hay que apelar a la imaginación, a la gambeta.

jueves, 4 de agosto de 2016

Cultura y Educación: dime cuál es tu origen y te diré como te irá

“Es que culturalmente somos muy diferentes…” es una frase que hemos dicho y escuchado más de una vez. Por ejemplo, en esta nota Emilio Blanco argumentaba que Uruguay no es Finlandia y por tanto no deberíamos centrarnos tanto en copiar sus instituciones educativas porque nos separan muchos mares.  En esta nota les cuento cómo los economistas (obsesionados por cuantificarlo todo) nos la hemos rebuscado para medir el efecto de la cultura sobre nuestro comportamiento. Luego les presento dos trabajos que intentan medir el efecto de la cultura sobre desempeños educativos.

¿Cómo medir el efecto de la cultura sobre nuestro comportamiento?

Una forma que los economistas han encontrado para medirlo es a través de lo que se conoce como la aproximación epidemiológica.[1] La idea de esta aproximación es comparar individuos que nacen y crecen en el mismo país pero cuyos padres tienen orígenes distintos (nacieron en países diferentes). Si ciertos rasgos culturales son transmitidos de padres a hijos independientemente de donde estos últimos hayan nacido (apostaría que mi hijo será más uruguayo que catalán a pesar de haber nacido en Barcelona), entonces el comparar el desempeño de individuos que nacieron y viven bajo las mismas instituciones pero cuyos padres provienen de diferentes culturas permitiría aproximarnos al efecto de la cultura sobre su comportamiento. Por ejemplo, si comparamos el desempeño de niños nacidos en España pero cuyos padres son uruguayos con individuos de la misma edad y similares características (nivel de ingreso, educación de los padres, etc) pero cuyos padres son chinos, entonces podríamos tener una aproximación al efecto que los valores y creencias chinas versus las uruguayas tiene sobre la forma en que nos comportamos.[2]

Obviamente el concepto de “cultura” es muy amplio. Una posibilidad es tomar como aproximación una característica en particular de la cultura que esté relacionada con el comportamiento que queremos explicar. En este sentido, las encuestas internacionales que intentan capturar valores o creencias de los individuos acerca de ciertos temas (familia, política, educación, seguridad, papel de la mujer en la sociedad, pobreza) como el Latinbarómetro o la World Values Survey son un insumo muy valioso.

Si bien existen trabajos que han aplicado esta metodología para medir el efecto de la cultura en las preferencias por la redistribución del ingreso[3], en la propensión de los jóvenes a emanciparse[4], en la oferta laboral femenina y en la fertilidad[5], los trabajos que comento a continuación miden el efecto de la cultura sobre desempeños educativos.

Cuánto más igualitaria la cultura de un país en materia de género, mejor desempeño relativo de las niñas en pruebas de matemáticas

Como conté una vez en esta otra nota, las niñas suelen tener sistemáticamente un puntaje más bajo que los varones en pruebas de matemáticas. Si bien esto es algo que se observa en la gran mayoría de los países, existen diferencias importantes en la magnitud de esa brecha: países donde la diferencia de desempeño entre niñas y niños es muy acentuada y países en donde casi no existen diferencias. Estas diferencias además, se acentúan con la edad: a las niñas les empieza a ir peor en matemáticas que a los niños a partir de los 10-11 años. Entender por qué a las niñas les va peor que a los niños en matemáticas es importante porque ello explica en parte por qué hay pocas mujeres dedicadas a las ingenierías, a las áreas tecnológicas o las finanzas, sectores (algunos) en los que suele haber escasez de trabajadores y en los que los salarios suelen ser mucho más elevados.

Es por esto que en un trabajo con otras coautoras nos preguntamos en qué medida son las instituciones (el mercado de trabajo, el sistema educativo, las leyes, etc.) las que influyen en el acceso de las mujeres al mundo de las matemáticas, o si, por el contrario, son las creencias sobre los roles de las niñas y los niños las que determinan la menor dedicación de ellas a las matemáticas.[6]  Para ello aprovechamos el hecho de que muchos países que participan en las pruebas PISA piden a los jóvenes seleccionados para hacer la prueba que indiquen el país donde nacieron sus padres y aplicamos la metodología que comenté anteriormente. En concreto comparamos el desempeño de matemáticas de niños y niñas viviendo en un mismo país, pero cuyos padres provienen de países diferentes e intentamos explicar en qué medida las diferencias de desempeño entre estos grupos de niños y niñas se debe a la influencia de la cultura de sus padres en cuanto a los roles de la mujer en la sociedad.

Como indicador de las creencias sobre los roles de las niñas y los niños en el país de origen de los padres utilizamos el índice de diferencias de género (Gender Gap Index, o GGI) del World Economic Forum.  Este índice mide la situación relativa de la mujer en oportunidades económicas y políticas, educación, y bienestar. También verificamos nuestros resultados utilizando un indice elaborado a partir de una serie de respuestas sobre el papel de la mujer en la sociedad que recoge la World Values Survey.

Encontramos que cuanto más igualitario en materia de género es el país de origen de los padres, menor es la diferencia entre niños y niñas en las pruebas de matemáticas que viven en un mismo país y por tanto comparten las mismas instituciones educativas y de mercado de trabajo. Nuestros resultados indican que las creencias acerca del papel de mujer en la sociedad (más allá del funcionamiento de las instituciones educativas y del mercado de trabajo) podría explicar una parte importante (más de la mitad) de, por ejemplo, por qué en Suecia a las niñas les va casi tan bien como a los varones en matemáticas mientras que en cualquier país de América Latina les va mucho peor.

Cuanto más paciente es una cultura, mejores resultados educativos

En un trabajo muy reciente, otros autores aplicaron la misma metodología para estudiar en qué medida el valor que una cultura le da a la paciencia, entendida como la capacidad de retrasar recompensas o tener una visión de más largo plazo influye sobre el desempeño educativo.[7] Para ello compararon niños viviendo en Estados Unidos (concretamente en el estado de Florida) pero cuyos padres provienen de diferentes culturas. Para medir el grado de “paciencia” de una cultura utilizaron un indicador elaborado en base a una serie de preguntas relacionadas incluidas en la World Values Survey.

Los autores encuentran que los niños provenientes de culturas más pacientes tienen un desempeño educativo mejor, comparando incluso a niños que asisten a la misma institución educativa. Estos resultados explicarían en parte por qué los asiáticos (una de las culturas más pacientes) tienen mejores resultados educativos que los latinoamericanos (muy impacientes!).[8]













[1] El nombre del enfoque se debe a que se desarrolla desde la epidemiología, donde para evaluar el efecto de la genética versus el efecto del ambiente sobre ciertas enfermedades, los investigadores comparan individuos del mismo origen que han emigrado con aquellos que se han quedado en el país (Marmot et al., 1975 “Epidemiologic Studies Of Coronary Heart Disease And Stroke In Japanese Men Living In Japan, Hawaii And California: Prevalence Of Coronary And Hypertensive Heart Disease And Associated Risk Factors.” American Journal of Epidemiologic. 102(6): 514–25). Por un desarrollo más detallado de la aplicación de esta metodolgía en economía ver Fernandez, 2011. Does culture matters? Handbook of Social Economics: 481-510.

[2] Dado que los inmigrantes son en general un grupo particular y también podrían serlo los hijos de los inmigrantes, solo se comparan inmigrantes entre sí. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, la idea no es comparar a niños nacidos en España con padres uruguayos versus niños nacidos en España con padres españoles, sino solo comparar a niños nacidos en España con padres inmigrantes de diferentes orígenes. Tampoco se utilizan a niños inmigrantes directamente cuya cultura podría estar mucho más arraigada porque el hecho de emigrar podría tener un impacto en su comportamiento que es difícil de separar.

[3] Luttmer y Singhal, 2011. Culture, Context and the Taste for Redistribution. American Economic Journal: Economic Policy. 3 (1): 157-179.

[4] Giuliano, 2007. Living arrangements in western europe: Does cultural origin matter?. Journal of the European Economic Association. 5(7): 927-952.

[5] Fernández y Fogli, 2009. “Culture: An Empirical Investigation of Beliefs, Work, and Fertility.” American Economic Journal: Macroeconomics 1(1): 146–77 y Fernández, 2007. “Women, Work and Culture.” Journal of the European Economic Association 24(4): 329–30.

[6] Nollenberger, Rodríguez-Planas y Sevilla, The Math Gender Gap: The Role of Culture, American Economic Review: Papers & Proceedings (2016) 106(5).

[7] El trabajo, “Long Term Orientation and School Performance" es de Paola Giuliano, David Figlio, Paola Sapienza y Umut Ozek. Aún no está disponible para su lectura en la web pero ha sido presentado en diversas conferencias.

[8] Una cobertura más detallada de este trabajo puede encontrarse aqui.

jueves, 28 de julio de 2016

¿Deben los parlamentarios percibir un salario alto?



Foto: Laura Nicola. Licencia 2.0 Generic (CC BY 2.0)
El salario que reciben los parlamentarios es materia de discusión en todo el mundo. En Uruguay no somos ajenos a ese debate. Por ejemplo, en junio de 2013, el sindicato de docentes,  ADES-Montevideo recolectó firmas con el fin de convocar un plebiscito. El objetivo era lograr la implementación de topes salariales para ministros y legisladores. En concreto, la propuesta buscaba que estos altos funcionarios públicos no ganaran más que un profesor de Educación “Secundaria grado 1 del Escalafón Docente con 20 horas semanales (unos $14.305 pesos en ese entonces). Asimismo, no es raro encontrar pedidos de ajuste salarial para parlamentarios desde la sociedad civil o incluso desde el elenco político. Recientemente, algunos legisladores del partido de gobierno y de la oposición han manifestado la necesidad de bajar los salarios de los parlamentarios.
En esta breve nota quiero discutir el alcance de los argumentos principales que son comúnmente utilizados para justificar que los parlamentarios reciban salarios bajos o incluso nulos. Por el bien del argumento, asumo que un salario alto es aquel que multiplica decena de veces el salario mínimo o promedio de la población. Este es el caso, por ejemplo, de Chile en donde los parlamentarios obtienen remuneraciones cuarenta veces mayores al salario mínimo nacional.[1] Situaciones como esta alimentan el debate sobre la naturaleza de los beneficios materiales y no materiales que deben percibir los funcionarios políticos de una democracia.



I

Quienes se oponen a que los parlamentarios reciban salarios altos usualmente presentan tres argumentos.[2] El primero sugiere que una diferencia salarial pronunciada entre representantes y representados atenta contra los principios de igualdad fundacionales de la democracia representativa. La idea es que una democracia de calidad y funcional necesita de ciertos niveles de igualdad entre representantes y representados. De otra forma se puede atentar contra el funcionamiento propio de la democracia representativa. 
 Un segundo argumento sostiene la existencia de salarios altos atenta contra la vocación de servicio que debería motivar a los funcionarios públicos. Es deseable, sostienen algunos, que los legisladores estén fundamentalmente motivados por una vocación de servicio y no por la existencia de incentivos materiales y económicos. Finalmente, un tercer argumento señala que el trabajo de parlamentario trae consigo beneficios no salariales significativos que hacen innecesario el pago de salarios altos.
           Los beneficios no salariales  relacionados con el trabajo parlamentario (i.e. prestigio, influencia) sirven de por sí como recompensa por los servicios prestados. Agregarle un salario alto a la ecuación simplemente dispara los beneficios de los legisladores a niveles injustificados. Por ejemplo, los cargos parlamentarios están habitualmente asociados con acceso a transporte privilegiado, viajes, acceso a un sistema de salud, seguridad social y educación de calidad para el propio parlamentario y su familia. Aunque estos beneficios pueden ser traducidos a moneda corriente y ser considerado como parte de los beneficios monetarios que perciben estos funcionarios, en muchas democracias este tipo de beneficios no son incorporados dentro de la ecuación salarial. Cuando decimos, por ejemplo, que los parlamentarios chilenos ganan más de cuarenta veces un sueldo mínimo de ese país, eso no incluye los beneficios no salariales que son percibidos.



II

Comúnmente se plantean tres objeciones a la defensa de los salarios bajos. La primera crítica sugiere que los salarios altos son necesarios para reclutar los candidatos más calificados. [3] La única forma de competir por buenos candidatos con el mercado privado radica en pagar salarios equiparables a los que una persona altamente calificada podría percibir en el mercado privado. Un segundo argumento sugiere que un salario bajo o nulo sentaría las bases para que la política parlamentaria sea una actividad que sólo unos pocos pueden realizar. Sólo quienes no necesitan un salario para vivir podrían dedicarse tiempo completo a la tarea parlamentaria. Finalmente, se cree que los salarios altos son una especie de protección contra los actos de corrupción. La idea aquí es que a mayores salarios, los parlamentarios deberían ser menos corruptibles. Un salario muy bajo o nulo se presta para que agentes externos al parlamento compren la influencia de los legisladores y representantes.
Sin entrar en muchos detalles, podemos ver que estos argumentos tienen méritos diferentes. La fuerza del último depende en gran medida en mostrar que efectivamente un mayor nivel salarial fomenta menos corrupción. Si bien no es claro que un mayor salario minimice la ocurrencia de actos de corrupción, es plausible que la adopción de salarios bajos o nulos fomente también un mercado de venta de favores. En todo caso parece ser un problema cuya solución es independiente al nivel salarial.  El primer y segundo argumento sí refieren a problemas que varían fuertemente de acuerdo al salario que esté disponible para los parlamentarios. Si los salarios nulos o bajos mantienen a los ciudadanos más calificados fuera del parlamento, entonces la democracia termina perdiendo. Lo mismo sucede si la ausencia de salario permite que sólo los ciudadanos que no necesitan trabajan accedan a candidatearse y aceptar labores parlamentarias. Eso nos llevaría a una suerte de plutocracia.
Pero aún si esos problemas pueden evitarse, existe un argumento contra los salarios bajos o nulos que rara vez es mencionado. Imaginemos que es posible controlar el nivel de beneficios no materiales a discreción. Por ejemplo, supongamos que podemos aumentar el nivel de prestigio e influencia de esos cargos a niveles tan altos que la mayoría de las personas calificadas para la tarea parlamentaria estarían dispuestos a desempeñar esa tarea aún si el salario es nulo. La pregunta evidente es en qué medida es deseable una democracia representativa basada en un mecanismo motivacional que reniegue enteramente de los incentivos monetarios. Eso es, una democracia representativa cuyos parlamentarios sean indiferentes al nivel de salario que perciben gracias a los beneficios no materiales asociados con esa labor.
A diferencia de los beneficios materiales, los inmateriales como el prestigio o la influencia pueden ser más difíciles de manejar y de mantener bajo rendición. No es lo mismo convenir el nivel salarial de un parlamentario que ajustar el nivel de prestigio e influencia de su trabajo. Aún cuando podamos manejar un instrumento motivacional que lleve a las personas más calificadas a candidatearse para ocupar posiciones en el parlamento con un salario nulo o muy bajo, no resulta evidente qué estrategias se pueden utilizar para alcanzar ese objetivo.  
Si bien hay buenos argumentos para que los salarios parlamentarios no sean desmesuradamente altos, tampoco resulta claro que los salarios deberían ser nulos o bajos. Por el contrario, la solución parece estar en un camino intermedio. Quienes apuestan por los salarios nulos o bajos deben explicar de qué forma van a motivar a los ciudadanos más idóneos a postularse y aceptar funciones parlamentarias. No todas las estrategias motivacionales son moralmente equiparables.  Los instrumentos para atraer candidatos no sólo tienen que ser efectivos sino además moralmente aceptables y justos.








* Algunos de estos argumentos se puede encontrar en: Cristian Pérez-Muñoz y Cristián Rustom. 2016. “¿Cómo deben ajustarse los salarios de los legisladores?”, Política y Gobierno, XXIII, (2): 305-329. Agradezco a Fernando Rosenblatt por los comentarios y correcciones en esta nota. 

[1] Véase Proyecto de límite ético a la dieta parlamentaria (2014, p. 6), disponible en: http://www.giorgiojackson.cl/wp/wp-content/uploads/2015/04/Proyecto- Dieta-Parlamentaria-final.pdf
[2] Desafortunadamente no existen análisis exhaustivos de los diferentes argumentos utilizados en el debate público y académico para favorecer salarios bajos o nulo sobre salarios altos  y viceversa.  Una excepción es el trabajo de Teun Dekker. (2015). Paying Our High Public Officials: Evaluating the Political Justifications of Top Wages in the Public Sector, Nueva York, Routledge.
[3] Este es quizás el argumento más discutido en la literatura. Ver por ejemplo: McCormick, Robert E. y Robert D. Tollison (1978), “Legislatures as Unions”, Journal of Political Economy, 86(1), pp. 36-78.; Caselli, Francesco y Massimo Morelli (2004), “Bad Politicians”, Journal of Public Economics, 88(3-4), pp. 759-782; Kotakorpi, Kaisa y Panu Poutvaara (2010), “Pay for Politicians and Candi- date Selection: An Empirical Analysis”, documento de trabajo 3126 Cesifo.
; Gagliarducci, Stefano, Tommaso Nannicini y Paolo Naticchioni (2010), “Moonlighting Politicians”, Journal of Public Economics, 94(9-10), pp. 688-699; Braendle, Thomas (2014), “Do Institutions Affect Citizens’ Selection into Politics?”, Journal of Economic Surveys, 30(2), pp. 205-227 y (2015), “Does Remuneration Affect the Discipline and the Selec- tion of Politicians? Evidence from Pay Harmonization in the European Parliament”, Public Choice, 162(1), pp. 1-24.