jueves, 23 de julio de 2015

Guerra de Drogas/Guerra de Clase


La crisis económica de 2008 marcó un punto de quiebre en la historia del neoliberalismo. O eso creímos algunos/as. Si hasta los más conservadores hablaban de la “vuelta de Keynes,” del “retorno de Marx.” Y hoy, siete años después, Grecia es empujada, “democracia” europea de por medio, al abismo de la austeridad. Saber que el rescate no era para los griegos, sino para bancos franceses y alemanes a través de Grecia maquilla de farsa la tragedia del neoliberalismo. Entre tanto, Uruguay vuelve a hablar de crisis. Achiques y recortes (pero subsidios al campo); controlar la inflación y el déficit (y redistribuir de abajo hacia arriba). En el Uruguay “post-ideológico,” la ideología del neoliberalismo también se muere lento. ¿Qué explica la resiliencia de un “conservadurismo de guerra de clases,” como lo definiera Ralph Miliband, que creímos deslegitimado?

El problema no es económico, sino eminentemente político. La cuestión es cómo construir y transformar instituciones que organicen y distribuyan el poder en sociedad -y en este caso, cómo hacerlo con instituciones que se resisten a morir incluso cuando su morbidez corroe sociedades enteras. En algunos casos, la separación entre legitimidad y reproducción institucional es tan profunda que roza lo ridículo. La “guerra contra las drogas” es paradigmática en este sentido. El escape del “Chapo” Guzmán recuerda que la tragedia de la narcopolítica ha dado lugar a su farsa -aunque no por farsa menos destructiva.

Desde Uruguay miramos a Mexico con alivio. Y con razón. Pero también con un poco de hubris. Aparentemente, en el país del cannabis regulado ya entendimos que la guerra contra las drogas fracasó. En mayo de este año el gobierno presentó un documento ante Naciones Unidas en el que se reafirma que Uruguay “ha liderado la reflexión crítica y realista de los impactos negativos sobre los derechos humanos que ha supuesto la aplicación de las políticas de drogas acordadas a nivel internacional en los últimos 50 años.”

Afortunadamente, algunos sectores del estado realmente funcionan bajo un sentido común crítico del régimen internacional del control de drogas (la Junta Nacional de Drogas siendo un ejemplo envidiable a nivel mundial). Pero la vida política del prohibicionismo es más compleja que la ley de cannabis y la reducción de daños. El Uruguay de la marihuana regulada es también un país donde casi el 40% de las mujeres presas cumplen condenas por tráfico de estupefacientes. En su gran mayoría por microtráfico de pasta base, con penas mínimas de tres años. Estas mujeres no son los “narcos” que la “hegemonía conservadora” (Paternain 2012) ha construido. Son, en cambio, los eslabones más vulnerables de la cadena. Madres de familias que, en su gran mayoría, mantienen solas; que nunca estuvieron presas; con una historia de escasas oportunidades educativas y laborales; e insertas en contextos de violencia estructural.i Vender pasta base y otras sustancias es una forma de sobrevivir a la pobreza o el resultado de la coacción de alguien (indefectiblemente hombres) en su entorno. Encarcelarlas no va a privar a quien quiera consumir pasta base de comprarla en la boca de al lado. Encarcelarlas es una tragedia para ellas y para quienes dependen de ellas -que suelen terminar en la manos del estado o en la calle (y no es fácil decidir qué escenario es peor). Nuestras cárceles deberían tener cero mujeres presas por microtráfico. Punto y aparte.

Días atrás el Ministerio del Interior informaba que desde marzo de 2015 se cerraron 414 bocas de pasta base, se procesaron con prisión a 380 personas y se internaron a 7 menores. Lo que parecimos entender con el cannabis no queremos entenderlo para la pasta base. Cerrar bocas, criminalizar el microtráfico, usar a los más vulnerables (y fácilmente reemplazables) para llenar el ojo de un público sediento de populismo punitivo es, acá y en la China,ii una “guerra contra las drogas.” Una guerra que el propio estado ya declaró perdida.


Securitización de la Droga y Luchas Políticas

¿Cómo se explica la resiliencia de la “guerra contra las drogas” en la era del cannabis regulado?

La política de drogas es un espacio determinado más por la política que por las drogas. Fetichizar las sustancias y sus supuestos efectos (individuales y sociales) es una receta para el fracaso analítico y la reproducción del status quo. ¿A dónde miramos entonces?

Hagamos un poco de historia comparada. En 1968 el diario El País publicó solamente 3 artículos sobre “drogas ilegales.” Dos de ellos sobre marihuana y LSD en Estados Unidos. Y uno sobre una mujer uruguaya apresada con anfetaminas en la ciudad brasileña de Pelotas. En ese entonces, Uruguay no tenía un “problema de drogas.” Consumo de marihuana, anfetaminas, y algo de cocaína había, aunque muy marginal. Pero la razón por la cual no teníamos un “problema de drogas” era porque el asunto no había sido activado políticamente. Cinco años después, en el fatídico 1973, Uruguay contaba con una flamante Brigada de Narcóticos (aunque la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ya estaba enviando “hippies,” “drogadictos,” y “traficantes” a la cárcel por tenencia de estupefacientes). A principios del 73, una comisión especial tenía listo un proyecto de ley de drogas, muy similar al aprobado por la administración Nixon en 1970, y que sería votado como decreto-ley por la dictadura en 1974.iii Estos cambios fueron precedidos por un debate público que dio vida y moldeó el “problema de las drogas” -es decir, los sujetos, sustancias, y prácticas problemáticas. La “guerra contra las drogas” en Uruguay no emergió de la evidencia del aumento en el consumo y el tráfico, sino de la presión de Estados Unidos -presión que en épocas contrarrevolucionarias se presentaba irresistible.

Una vez instalado “el problema,” su contenido se plegó a los clivajes dominantes de la época. “Las drogas” pasaron a ser una amenaza para una juventud vulnerable, tan vulnerable que casi se había perdido en el “flagelo” del comunismo. El diario El País decía antes de la votación de la ley 14.294: "No es aventurado suponer que si tales normas [i.e. la ley de drogas de 1937] no se modifican para adecuar el castigo al desarrollo y la peligrosidad actual de tal género de delitos, el Uruguay puede perder 'la guerra contra los narcóticos' en idéntica forma en que estuvo a punto de perder 'la guerra contra la sedición.'”iv

Una vez instalado el régimen del 85', el campo de drogas cambió significativamente. Crecieron rápidamente las “escenas de la droga” (Stephens 2007) y los patrones, prácticas, y sustancias consumidas también cambiaron.v En democracia tutelada, el “desorden” juvenil se transformó en un foco central para los cuerpos represivos. Aquellos fueron años de razzias (Bayce 1991), estigmatización social, y auge de la clínicas de “rehabilitación.”

Con la pasta base, ya en el siglo 21, el asunto fue distinto. Similar a lo que pasó en otros países, como con la “crisis del crack” en Estados Unidos en los 80s, la articulación discursiva de drogas+violencia+crimen+pobreza fue central en la re-construcción del “problema de la droga.” Este proceso se dio en un campo político donde una (sensación) de “crisis de inseguridad” se impuso (e impone) como preocupación ciudadana primordial. La pasta base (y, cada vez más, la “narcoviolencia” y sus “ajustes de cuentas”) se transformó en un mecanismo clave en la definición de qué tipo de “crisis” tenía el país. El Frente Amplio ya en el gobierno veía como los indicadores económicos mejoraban, pero la sensación de inseguridad y varios indicadores de criminalidad (en especial las rapiñas) seguían en aumento. Una piedra en el zapato para la izquierda que había llegado al poder con un discurso socio-económico de la violencia y el crimen. Y aunque en un comienzo algunos sectores de la izquierda partidaria resistieron la demonización de la pasta base, la “hegemonía conservadora” terminó ganando esa pulseada. La “guerra contra la droga” y la “guerra contra la inseguridad” pasaron a ser parte de un mismo discurso dominante.

La paradoja es que el FA ganó la batalla pero perdió la guerra. El FA hizo frente a las críticas de la oposición cooptando discursos y prácticas que deberían serle foráneos (“mano dura,” “megaoperativos,” etc.). Y lo hizo con éxito. Algo que queda de manifiesto en la pésima votación de Bordaberry, que centró su campaña en promesas imposibles de cumplir, como “erradicar” el consumo de pasta base. El FA demostró que en estos temas no lo pueden correr por derecha.

Y sin embargo, la institucionalización de un neopunitivismo es, a mediano y quizás corto plazo, un problema estratégico mayor. En primer lugar, porque ya sabemos que más represión no es nunca una solución a los problemas de violencia estructurales que sufre nuestro país.vi En el campo de la “mano dura” la derecha termina ganando tarde o temprano.

Quizás más preocupante es que la “guerra contra las drogas” terminó siendo un instrumento del “conservadurismo de clase”: usando el sistema penal y la represión contra los sectores más marginados; colaborando a la reificación de los imaginarios de la “hegemonía conservadora” que controla también a través del estigma social; y cediendo el liderazgo discursivo sobre los orígenes y dinámicas de la violencia social a la derecha. Durante la votación del mamarracho legal que fue la ley 19.007 que aumentó las penas por tráfico de pasta base, Bordaberry se congratulaba en el Senado por la unanimidad del voto afirmativo y daba una clase de ideología entreverando pasta base, crimen, violencia, “mano dura,” y argumentos anti-redistribucionistas. ¿Para que seguir “tirando” recursos en los de abajo si igual, por “drogadictos” o por “chorros,” van a seguir aterrorizando a una clase media que “solo quiere vivir tranquila”?

Reapropiarse del “problema de la droga,” y del más general “problema de la inseguridad,” va a ser una batalla política central si la izquierda quiere no solo mantenerse en el gobierno sino también derrotar la funcionalidad de estos espacios políticos a un conservadurismo de guerra de clases que, junto con el neoliberalismo, se muere demasiado lento.


Foto: Sofía Rodríguez Gutiérrez
"Cittá Sconfinata"
35mm
2012


Bibliografía

Ralph Miliband, Class War Conservatism: And Other Essays (Verso, 2015).
Rafael Paternain, “La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad: Una interpretación del caso uruguayo,” ( Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Politica, No.2, 2012).
Robert P. Stephens, Germans on Drugs: The Complications of Modernization in Hamburg (University of California Press, 2007).


iiY vaya si lo es en China donde desde hace unos años el Partido Comunista declaró “la guerra del pueblo contra las drogas.”
iiiA diferencia de lo que se suele repetir equivocadamente, la tenencia, incluso para consumo personal, sí estuvo criminalizada hasta 1974. Irónicamente, fue gracias a la dictadura que nos transformamos en una excepción progresista a nivel mundial.
ivEl País, "Uruguay en la Guerra Contra los Narcóticos” (21 de Junio, 1974).
vIncluso tuvimos algunos indicios de pánico social ante el consumo de cocaína inyectada y la inhalación de cemento (“la droga de los niños”).
vi Compárese el ejemplo de Nicaragua al del resto de la región: una excepción notable en el éxito de políticas alternativas al enfoque punitivo en una región quebrada por la violencia.

jueves, 16 de julio de 2015

Grecia: otra solución era posible

Invertir supone asumir riesgos. El más evidente es que la actividad en la que se invirtió fracase y el inversor pierda parte de su capital inicial. Los títulos de deuda que emiten los países no escapan a esto; también son riesgosos. Es decir, existe cierta probabilidad (muy difícil de calcular) de que el estado deba declararse insolvente (en default) y los tenedores de su deuda pierdan parte de su inversión.

Debido a la existencia de esa probabilidad de insolvencia es esperable que cada cierto tiempo algún país se declare insolvente. Un repaso a los últimos doscientos años de historia nos muestra que eso es lo que efectivamente ha ocurrido.

La siguiente tabla contiene  la cantidad de episodios de default para el período 1800-2008 en países de Europa y América Latina.  Al considerar conjuntamente todos los episodios de insolvencia obtenemos un promedio cercano a 1 por año. Es decir, en los últimos 200 años, considerando solamente los países de Europa y América Latina se ha observado un promedio de un default al año.

Entre los países de Europa se destacan España y Alemania como los peores pagadores de los últimos dos siglos.
  
Cantidad de episodios de insolvencia o reestructuras desde el año de independencia al 2008*       
* Para los países cuya independencia fue anterior a 1800, los cálculos refieren al período 1800-2008.
Fuente: Reinhart y Rogoff (2009): "This time is different Eight Centuries of Financial Folly", Princeton University, Princeton and Oxford

Es claro entonces que los inversores en deuda pública deberán asumir pérdidas cada cierto tiempo, siempre ha sido así.  Por tanto, cuando ocurre un evento de default, los inversores que pierden su capital no deben ser vistos como víctimas de un robo ni de una expropiación injusta, estos episodios son parte de las reglas de juego.

Es más, la diferencia entre los riesgos de insolvencia de los distintos países es de hecho la principal razón (aunque no la única) de que países que emiten deuda en la misma moneda paguen  tasas de interés diferentes.  Así, un inversor que decida comprar bonos con mayor tasa de interés obtendrá una rentabilidad mayor pero se también enfrenta a un riesgo mayor de perder parte de su capital. Cuando el default ocurre no vale escandalizarse, se estaban percibiendo remuneraciones por esa eventualidad. 

Estos argumentos, que son obvios, no parece que estén sobre la mesa en el juicio que está afrontando Argentina por el caso de los hold-outs (grupo de inversores que no aceptó el canje de deuda de 2002). Estos inversores habían comprado títulos de deuda con tasas de rendimiento altísimas, conscientes que la única explicación para esas elevadas tasas era la altísima probabilidad de insolvencia. Cuando el default ocurrió los inversores deberían haber asumido sus pérdidas y ese debería haber sido el fin de la historia.

Pero quiero centrarme en el caso de Grecia. En 2010, cuando se hizo evidente que la deuda era insostenible, había dos opciones posibles 1) un default ordenado, o 2) un rescate. Se eligió la segunda opción y el gobierno griego fue intervenido por la troika (el FMI + la Comisión Europea y el Banco Central Europeo).

En pocas palabras, la intervención consta de una sucesión de inyecciones de dinero a favor de Grecia y la imposición de un conjunto de reformas y ajustes.

¿Cuál fue el resultado del rescate?

Según los datos del FMI, en 2009 la deuda en Grecia era el 125% del PIB, el déficit fiscal superaba el 15% del PIB y la tasa de desempleo era del 9,6%. La imposibilidad de una macro-devaluación al estilo de las argentina y uruguaya en 2001 y 2002 respectivamente, obligaba a un gran ajuste fiscal.
En los casi cinco años que han pasado desde la primer inyección de dinero, Grecia ya ha recibido casi 230 mil millones de euros, cifra equivalente al 125% del PIB griego en 2014. No hay precedentes de una inyección de tal magnitud en ese lapso de tiempo.   

Luego de esas transferencias sin precedentes y cinco años de intervención, el PIB acumuló una caída real del 23%, la tasa de desempleo aumentó al 25% y la deuda supera el 172% del PIB. Esta gran debacle se explica en gran medida por el gigantesco ajuste fiscal que dejará las cuentas de 2015 casi en equilibrio (antes del pago de intereses). El propio FMI ha reconocido que los efectos del ajuste fiscal han sido peores que los inicialmente esperados.

¿Cómo se explica el desastre económico luego de la enorme magnitud del rescate?

La principal razón es que el dinero del rescate fue utilizado casi en su totalidad (89%) para cumplir obligaciones con los acreedores. Yiannis Mouzakis ofrece un desglose detallado del uso de los recursos.

De manera que el llamado rescate no fue realmente un rescate a Grecia sino a sus acreedores, que hubiesen perdido (parte o todo) su capital en caso de default. Entre estos acreedores se destacaban algunos bancos privados europeos (principalmente franceses y alemanes) que tenían el 40% de la deuda griega en 2010.

Los potenciales problemas para los bancos acreedores por su fuerte exposición a Grecia se evitaron por dos vías: el pago de capital e intereses en tiempo y forma por parte del gobierno griego (salvo por la reestructura y quita que se pactó en 2012, dos años después del inicio del rescate) y transferencias de deuda al Banco Central Europeo. Benn Steil y Dinah Walker dan cuenta de la enorme transferencia de activos griegos desde los bancos privados al banco central.

Los principales beneficiarios del llamado "rescate" fueron entonces acreedores privados (bancos), no los ciudadanos griegos.

¿Cuál era la alternativa al "rescate"?

Sin rescate ni intervención el ajuste fiscal hubiese sido igualmente necesario, el gobierno griego sencillamente no podía hacer frente a sus gastos correnties. La debacle económica y social no se hubiese evitado.

Pero otras formas de rescate eran posibles.  Se podría haber permitido un default ordenado con una quita significativa desde el inicio. Eso habría generado la necesidad de un rescate directo por parte de las instituciones europeas a los bancos acreedores, en lugar de uno indirecto como efectivamente ocurrió. Los gobiernos europeos tendrían que haber reconocido que habían rescatado, una vez más, a sus bancos privados.

Esta solución, que tenía el mismo costo para los socios europeos que la finalmente implementada, no hubiese evitado el doloroso ajuste sufrido por la economía griega, pero contiene una diferencia sustancial respecto de la estrategia elegida. Luego de 5 años de sufrimiento debido al brutal ajuste fiscal, no más ajustes hubiesen sido necesarios.  La economía griega se encontraría hoy en una situación de equilibrio fiscal sin una -impagable- deuda pendiente.  

En contraste,  dada la solución elegida, el futuro griego continúa siendo oscuro; la deuda supera el 170% del PIB y las nuevas condiciones impuestas por los socios europeos son tremendamente duras, mucho más que las que los ciudadanos rechazaron en referéndum.

Una segunda alternativa hubiese sido implementar una solución similar a la que recibió Alemania a la salida de la segunda guerra. Es decir, una drástica reducción de la deuda más un gran plan de inversiones. Esta alternativa sí habría implicado un costo mayor para los socios europeos pero habría aliviado el sufrimiento de los ciudadanos griegos.  

Una importante lección que nos dejan la crisis griega y la situación argentina es que deben diseñarse mecanismos lo más estándar posibles para la declaración de insolvencia de los países. La situación actual, en la que en cada episodio se busca una solución particular, ha demostrado ser demasiado costosa para los estados. 


* Foto de Andrés Dean

jueves, 9 de julio de 2015

Transición democrática, estudiantes y sonidos del silencio



.

La visión que fue plantada en mi mente
Todavía permanece
Dentro del sonido del silencio”.
(Simon y Garfunkel)


En el marco de la celebración de los 30 años del retorno democrático se abrieron muchos espacios para reflexionar sobre diversos asuntos y aristas que presentó ese fenómeno.  Entre las preocupaciones que se compartieron en el evento “Expectativas y disputas en torno a la nueva democracia” organizada por la Universidad de la República estuvo la del rol de los movimientos sociales en la transición (ver mesa aquí). Junto con María Eugenia Jung escribimos una columna sobre el movimiento estudiantil en la transición a la democracia y quería aprovechar esta oportunidad para dejar planteadas algunas interrogantes para el estudio de los movimientos sociales en la transición que tienen que ver con la dimensión generacional y cómo operó al interior de los movimientos, especialmente el estudiantil.

Los jóvenes que comienzan a militar dentro del movimiento estudiantil en los 80s son ciertamente los sucesores de la generación de la dictadura, que estuvo constituida por varias cohortes de estudiantes que ingresaron a la Universidad de la República a lo largo  de la década. Los ochenta constituyen una década privilegiada para analizar cómo es que operó la falta de continuidad intergeneracional dentro de la militancia estudiantil y cuáles fueron los mecanismos alternativos de transmisión que tuvieron lugar.  Este hiatus generacional y la  posible ausencia de un interlocutor que funcione como nexo directo entre estudiantes activistas de una generación y la siguiente, suscita varias interrogantes analíticas interesantes respecto a los mecanismos de configuración de identidad generacional estudiantil durante el período post-dictadura. Las generaciones anteriores  sirven generalmente como un “espejo” a partir del cual las generaciones posteriores construyen su identidad, se “miden”, y construyen lazos de identificación y diferenciación (Mannheim, 1928 y Feuer, 1971).

Los estudiantes no son un actor social cualquiera, tienden a ser jóvenes, poseen una identidad transitoria a nivel individual y, al mismo tiempo, tienen garantizada  la continuidad histórica a nivel agregado, en la medida que ingresan a sus filas nuevas cohortes todos los años. Por otro lado, y a diferencia de otros movimientos sociales, la gerontocracia como característica legitimadora en el campo es débil, ya que cuando sus militantes egresan (si es que lo hacen) deben abandonar la militancia estudiantil, abriéndose paso a  las nuevas generaciones. Mientras en otros ámbitos políticos y sociales de militancia (como ser los partidos políticos y los gremios), la reapertura democrática estuvo caracterizada por un retorno de sus antiguos dirigentes, en el ámbito estudiantil la mayoría de los dirigentes previos al golpe de estado de estado ya habían dejado las universidades, abriendo el paso a una cierta renovación en la dirigencia.

Más que una generación perdida, la generación de militantes que operó previamente al 80 lo hizo con una modalidad al estilo “topo”, saliendo a la superficie y adquiriendo visibilidad en momentos específicos con la realización de acciones combativas concretas y luego sumergiéndose nuevamente en los ámbitos subterráneos y clandestinos.  El carácter esporádico y fugaz de estas movilizaciones invisibilizó la red que, aunque compartimentada, operaba en la clandestinidad en diversas facultades.  Es posible identificar indicios de movilización estudiantil y resistencia clandestina previos a la irrupción estudiantil en el ochenta que dotaron de un legado organizacional y simbólico a la generación sucesora. Algunos eventos que cabe señalar son (Markarian, Jung y Wschebor, 2009): los sucesivos recordatorios de la muerte de Líber Arce a partir de 1968 (Sempol, 2004); los reclamos universitarios por demandas particulares (en 1975 se registra un paro en Facultad de Medicina, en 1977 en Facultad de Veterinaria contra medidas para restringir el ingreso y en 1978 la “renuncia colectiva a los cursos” exigiendo la renuncia del decano interventor); la creación de la mesa central de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en 1978  sobre la base de las juventudes comunista y socialista (Porrini, 2012); la reaparición de publicaciones periódicas estudiantiles hacia fines de los setenta y, finalmente, el surgimiento de revisas estudiantiles luego del plebiscito de 1980 y la concomitante creación de la Coordinadora de Revistas. Los testimonios acerca de las interacciones, las organizaciones y las solidaridades que se tejieron en estos procesos contradicen la tesis de ausencia de transición generacional. Este movimiento estudiantil que operó en la clandestinidad a través de grupos de base fue buscando ganar espacios de legalidad.

Estas reivindicaciones de continuidad generacional, no son solamente narradas y traídas a colación por los propios actores estudiantiles que las protagonizaron, sino que también por muchos de los documentos que surgen luego del 82 por militantes que no necesariamente vivieron estos sucesos en carne propia. Es común encontrar en las publicaciones periódicas y en las revistas estudiantiles de los ochenta un largo racconto de las luchas estudiantiles de generaciones antecesoras, reservando un lugar privilegiado para la generación inmediatamente precedente que combatió la dictadura.

Sin embargo, en tándem a esa lucha clandestina “estilo topo” que se procesó durante la dictadura se fue gestando (especialmente a partir de 1980) una modalidad de militancia más velada y sigilosa –aunque mucho más masiva-que tuvo por finalidad reconstruir el tejido social del estudiantado que había quedado desarticulado, y así generar una identidad estudiantil colectiva. La reconstitución del tejido social implicó apelar a nuevas formas de socialización propias de una identidad generacional en transición- que se contrapuso a la identidad generacional de la década del sesenta y que intentó politizar- y muchas veces democratizar- nuevos espacios. Se realizó un esfuerzo sistemático por regenerar un entretejido de espacios de socializaciones informales pero importantes (como los asados, las cooperativas de apuntes, las bienvenidas a las nuevas generaciones, las murgas y las actividades deportivas).

El proceso de conformación de identidad de las generaciones que irrumpieron en la vida pública con la reapertura democrática no estuvo carente de conflictos internos ni de traumas. La nueva identidad del movimiento estudiantil que emerge en este contexto está plagada de tensiones intergeneracionales y generacionales, que se expresaron a través de relaciones ambivalentes tanto en cuestiones organizacionales como en el discurso. El movimiento estudiantil que surge con la reapertura y que apuntó a la “reconstrucción de la memoria histórica del movimiento estudiantil y reivindicó el legado de la generación universitaria anterior a la intervención” (Markarian, Jung y Wschebor, 2009), tuvo también que aggiornarse y apelar a una impronta generacional propia que le permitiera generar arraigo en las nuevas filas de estudiantes que ingresaban a la universidad.  La generación estudiantil de la transición democrática tuvo que reconstruir y reapropiarse del legado generaciones  que habían sido “calladas”. 

Como en la famosa canción de Simon y Garfunkel, fue una generación que supo ser experta en el arte de extraer “los sonidos del silencio”.


Síntesis de un argumento expuesto en: Gabriela Gonzalez Vaillant, “Movimiento en transición: Los estudiantes Universitarios uruguayos en la transición democrática” en Revista Pensamiento Universitario, número 16, p. 37-51.  Presentado en seminario GEIPAR.

Imagen: Bajo creative commons, de Justin Lynham, “Listen carefully

Referencias

Feuer, Lewis. Los movimientos estudiantiles. (Buenos Aires: Editorial Paidós,  1971).
Mannheim, Karl. “El problema de las generaciones”, en reis (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), núm. 62, 1993 (1925). pp. 193-244
Markarian, Vania; Maria Eugenia Jung, Isabel Wshebor, 1983: La generación de la primavera democrática. Aniversarios Universidad de la Republica 1983-2008. Volumen 5, (Archivo General de la Universidad de la República, 2009)
Sempol, Diego. “Los mártires de ayer, los muertos de hoy. El movimiento estudiantil uruguayo y el 14 de Agosto (1968-2001)” en Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico y Jaime Yaffe, eds. El presente de la dictadura; Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estdo n Uruguay. (Montevideo: Trince, 2004)
Porrini, Rofolfo. “A VEINTINUEVE AÑOS DE LA MARCHA DEL ESTUDIANTE DE 1983: Obreros y estudiantes” en Trabajo & Utopía (órgano de difusión del PIT-CNT elaborado por el Instituto Cuesta-Duarte), (noviembre 2012).


miércoles, 1 de julio de 2015

Sobre el déficit fiscal y la inversión pública

Autor invitado: Fernando Esponda

Juan lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.


Luego de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla, además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15 años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o utiliza otro criterio, que distribuya de alguna manera ese gasto a lo largo del tiempo.


La primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública: el gobierno central y las empresas públicas registran las inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este pequeño detalle contable genera una de las discusiones más importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación entre déficit fiscal e inversión pública.


Juan acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el mes en que se realizaba.


La práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo del Manual de contabilidad pública del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.


Juan, consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa, porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que lo integran...


El gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición contable que plantea que la inversión pública forma parte del déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo. Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única justificación eludir una definición contable. El problema central radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar cerrándose, puerilmente, en el terreno de la contabilidad. Es la penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.


Juan, mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato de compra-venta de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo, pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla mañana.

 Referencias:
 
Akitoby, Hemming y Schwartz (2007) - Inversión pública y asociaciones público-privadas -  






Hemming y Ter-Minassian (2004) - Mejorar las condiciones para la inversión pública -  


 

jueves, 25 de junio de 2015

Justicia Transicional en Uruguay: un caso negativo

La revisión de la historia contemporánea del Uruguay desde el punto de vista de la justicia transicional (en adelante, JT) tiene algo de anacrónico: se construye un relato sobre algunas de las medidas que se aplicaron para brindar cierta garantía respecto de los derechos de las víctimas, sus familiares y también a la ciudadanía en general[1], como si quienes las ejecutaron, hubieran tenido el modelo teórico y práctico de la JT en mente durante su aplicación. Esto no es cierto, básicamente porque la difusión del paradigma de la JT en América Latina en general y en Uruguay en particular es muy reciente.

¿Es un error grave incurrir en esta clase de anacronismo? Si el problema es de orden conceptual, no. El resultado de la reinterpretación de la historia uruguaya desde 1985 en adelante desde la perspectiva de la JT suele expresarse mediante una analogía contable, como un “saldo a pagar” o una serie de “cuentas pendientes”.

Pero la naturaleza de este error no es meramente conceptual: cuando se construye un relato de cómo pasaron las cosas, se está dotando al concepto de JT de un carácter ontológico. En otras palabras, se está afirmando que el país transitó por un proceso de JT, que parecería no haber concluido aún. Si esta afirmación fuera falsa, entonces la magnitud del error es grave, porque se está diciendo que ocurrió algo que en realidad no sucedió. Y en esta nota defiendo exactamente ese punto: Uruguay es un caso negativo, en el sentido de que no existió JT.

Un primer movimiento para evadir el sesgo del anacronismo consiste en verificar, según la teoría, si era esperable que en Uruguay, por sus antecedentes dictatoriales y el modo en que se procesó su transición a la democracia, se dieran las condiciones de posibilidad para implementar mecanismos de JT. Este ejercicio requiere de una fundamentación más académica, que he realizado en otro lugar en el marco de una reflexión mayor, y mi conclusión es negativa[2]

Sin embargo, esta línea argumental debe ser complementada por otra, que considero más apta para este foro, en tanto es más debatible. Y consiste simplemente en reflexionar sobre los considerados "avances" en materia de JT en Uruguay, y cuestionarse si efectivamente lo son.

La evidencia sobre justicia transicional en Uruguay

El primer instrumento implementado en el Uruguay que podría pensarse como propio de la JT fue la Comisión para la Paz creada por el Presidente Batlle en agosto del 2000. Después de todo, las "comisiones de la verdad" son un típico instrumento de la JT. El resultado final del trabajo de esta comisión fue dado a conocer en un informe publicado en 2003. De un total de 299 denuncias presentadas, 89 se confirmaron totalmente. Por supuesto que esto representó un hito en materia de derechos humanos. ¿Pero fue un hito de la JT? Digamos que una tasa de confirmación del destino final del 30% de los desaparecidos por la dictadura es relativamente baja, sin olvidar que no se esclareció ninguno de los casos de niños desaparecidos. ¿Por qué se obtuvo un resultado tan magro? Básicamente, porque cuando se implementan comisiones para la verdad en el marco de la JT, se preven mecanismos de enforcement, es decir, formas para asegurarse que las personas que van a aportar información digan la verdad (por ejemplo, penas de prisión para los que aporten datos falsos que desvíen la investigación en curso). Esto en Uruguay no sucedió, y los declarantes no tuvieron incentivos para ser sinceros.

En segundo lugar, encontramos que en 2005, la línea de investigaciones fue reabierta por el Presidente Tabaré Vázquez, que solicitó informes a las tres armas de las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los desaparecidos. Esto derivo en una serie de excavaciones arqueológicas, que lograron esclarecer algunos casos más. Pero otra vez, se implementó una medida con sin ningún mecanismo de enforcement, y buena parte del trabajo arqueológico fue una pérdida de tiempo.

Finalmente, otro mecanismo viene por la vía judicial: es decir, dotar a la justicia penal ordinaria de las garantías para investigar los casos de personas desaparecidas. Como se sabe, este camino estuvo plagado por todas las dificultades generadas por la infame "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" de 1986. La anulación de esta ley fue sometida dos veces a la consulta popular, en 1989 y en 2009. Y ambas veces, se fracasó. Recién en 2011 fue finalmente revocada, en apretada votación parlamentaria. Más allá de esto, en 2006, veinte años más tarde de la promulgación de la mencionada ley, se logró llevar a la justicia al ex - Presidente Julio María Bordaberry, al ex - canciller Juan Carlos Blanco. y al militar retirado José Nino Gavazzo. Posteriormente, en 2010, también se logró procesar a otros militares implicados en delitos de lesa humanidad Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau en la órbita de la justicia legal ordinaria.

La pregunta importante en este asunto es: ¿qué clase de medida de justicia es una que se aplica tres décadas después de producidos los delitos? Sin perder de vista que algo es mejor que nada, lo cierto es que en Uruguay, la justicia llegó tarde y mal: al momento de estos procesamientos, varios integrantes de las fuerzas armadas ya habían fallecido por causas naturales o fueron sentenciados con penas relativamente leves, considerando la avanzada edad de los que pudieron ser llevados a juicio. A esto cabe agregar otro revés en materia de derechos humanos: ya revocada la "Ley de Caducidad", en 2013 la Suprema Corte de Justicia dispone el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil. Con esto, quedaron por el camino 55 casos referidos a delitos de lesa humanidad que la jueza venía investigando, y la posibilidad de retomarlos en suspenso.

Reflexiones finales

Básicamente, con algunas omisiones que no afectan el cuadro general, esta es la evidencia que se utiliza para hablar sobre JT en Uruguay. Pensar la experiencia nacional desde el punto de vista de este paradigma, es un flaco favor a cualquier concepción cabal de lo que debería ser la lucha contra la impunidad. Porque el pensar que en Uruguay estamos atravesando un proceso todavía inconcluso de JT, es hablar demasiado bien de nosotros mismos. Con todo el pesar, me gustaría decir que ojalá éste fuera el caso. Pero el más elemental de los análisis indica lo contrario. A modo de indicador, considérese la voluminosa bibliografía académica que estudia la "memoria sobre el pasado reciente" en comparación con el puñado de trabajos que examinan a Uruguay desde la perspectiva de la JT: la desproporción habla por sí sola. No en vano, los antecedentes de investigación se concentran en estudiar la memoria colectiva y la violación de derechos humanos. De hecho, es posible que en el futuro esta línea de investigación siga siendo la dominante. Y esto tiene una razón sustantiva de fondo: la academia no es una entidad aislada de la sociedad en la que está inserta. ¿Y qué tarea más noble podría hacer, en un país que ha optado por convivir con la impunidad, que mantener en alto la bandera de los derechos humanos y preservar la vigencia en la memoria de un pasado que no quiere repetir?

Posdata: apostar a la lucidez

Para cerrar esta nota, quisiera agregar que la propia línea de estudios sobre la memoria del pasado reciente tiene una fecha de vencimiento, todavía no conocida. Porque cada vez, las memorias dolorosas "duelen menos", por un simple hecho de recambio generacional. Para cuando termine el presente mandato del Dr. Tabaré Vázquez, los futuros jóvenes de 18 años tendrán en sus mentes solamente la experiencia de vivir en un país de gobierno progresista. A esos jóvenes, la dictadura cívico - militar les va a parecer un evento de la casi prehistórico. El dolor de perder a un ser querido a causa de la tortura (es decir, el dolor infligido de forma técnica, para maximizar el daño) les va a resultar ajeno. Esto va a suceder, porque es parte de la naturaleza humana. Sería perverso sugerir que sería deseable que estos futuros jóvenes pudieran de alguna forma vicaria mantener viva la memoria dolorosa. Aceptar la derrota que el país ha tenido en materia de derechos humanos tiene que servir a un bien mayor: sabiendo de antemano lo que va a suceder, apostemos a que las futuras generaciones sean más lúcidas que las anteriores. Que a pesar de no poder compartir el dolor, entiendan las consecuencias de mantener la impunidad vigente. El pasado ya no puede arreglarse, pero tenemos una chance en el futuro: pongamos entonces todas las fichas en la lucidez de los que vendrán.


Foto: Matías Brum - https://www.flickr.com/photos/elamormuerde
-----------

[1] Nos referimos a garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los abusos cometidos por la dictadura cívico – militar.

[2] Aloisio, C. (2015) "Justicia Transicional en Uruguay: ¿un caso negativo?". URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Nro. 16. En prensa.