miércoles, 1 de julio de 2015

Sobre el déficit fiscal y la inversión pública

Autor invitado: Fernando Esponda

Juan lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.


Luego de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla, además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15 años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o utiliza otro criterio, que distribuya de alguna manera ese gasto a lo largo del tiempo.


La primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública: el gobierno central y las empresas públicas registran las inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este pequeño detalle contable genera una de las discusiones más importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación entre déficit fiscal e inversión pública.


Juan acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el mes en que se realizaba.


La práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo del Manual de contabilidad pública del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.


Juan, consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa, porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que lo integran...


El gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición contable que plantea que la inversión pública forma parte del déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo. Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única justificación eludir una definición contable. El problema central radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar cerrándose, puerilmente, en el terreno de la contabilidad. Es la penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.


Juan, mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato de compra-venta de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo, pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla mañana.

 Referencias:
 
Akitoby, Hemming y Schwartz (2007) - Inversión pública y asociaciones público-privadas -  






Hemming y Ter-Minassian (2004) - Mejorar las condiciones para la inversión pública -  


 

jueves, 25 de junio de 2015

Justicia Transicional en Uruguay: un caso negativo

La revisión de la historia contemporánea del Uruguay desde el punto de vista de la justicia transicional (en adelante, JT) tiene algo de anacrónico: se construye un relato sobre algunas de las medidas que se aplicaron para brindar cierta garantía respecto de los derechos de las víctimas, sus familiares y también a la ciudadanía en general[1], como si quienes las ejecutaron, hubieran tenido el modelo teórico y práctico de la JT en mente durante su aplicación. Esto no es cierto, básicamente porque la difusión del paradigma de la JT en América Latina en general y en Uruguay en particular es muy reciente.

¿Es un error grave incurrir en esta clase de anacronismo? Si el problema es de orden conceptual, no. El resultado de la reinterpretación de la historia uruguaya desde 1985 en adelante desde la perspectiva de la JT suele expresarse mediante una analogía contable, como un “saldo a pagar” o una serie de “cuentas pendientes”.

Pero la naturaleza de este error no es meramente conceptual: cuando se construye un relato de cómo pasaron las cosas, se está dotando al concepto de JT de un carácter ontológico. En otras palabras, se está afirmando que el país transitó por un proceso de JT, que parecería no haber concluido aún. Si esta afirmación fuera falsa, entonces la magnitud del error es grave, porque se está diciendo que ocurrió algo que en realidad no sucedió. Y en esta nota defiendo exactamente ese punto: Uruguay es un caso negativo, en el sentido de que no existió JT.

Un primer movimiento para evadir el sesgo del anacronismo consiste en verificar, según la teoría, si era esperable que en Uruguay, por sus antecedentes dictatoriales y el modo en que se procesó su transición a la democracia, se dieran las condiciones de posibilidad para implementar mecanismos de JT. Este ejercicio requiere de una fundamentación más académica, que he realizado en otro lugar en el marco de una reflexión mayor, y mi conclusión es negativa[2]

Sin embargo, esta línea argumental debe ser complementada por otra, que considero más apta para este foro, en tanto es más debatible. Y consiste simplemente en reflexionar sobre los considerados "avances" en materia de JT en Uruguay, y cuestionarse si efectivamente lo son.

La evidencia sobre justicia transicional en Uruguay

El primer instrumento implementado en el Uruguay que podría pensarse como propio de la JT fue la Comisión para la Paz creada por el Presidente Batlle en agosto del 2000. Después de todo, las "comisiones de la verdad" son un típico instrumento de la JT. El resultado final del trabajo de esta comisión fue dado a conocer en un informe publicado en 2003. De un total de 299 denuncias presentadas, 89 se confirmaron totalmente. Por supuesto que esto representó un hito en materia de derechos humanos. ¿Pero fue un hito de la JT? Digamos que una tasa de confirmación del destino final del 30% de los desaparecidos por la dictadura es relativamente baja, sin olvidar que no se esclareció ninguno de los casos de niños desaparecidos. ¿Por qué se obtuvo un resultado tan magro? Básicamente, porque cuando se implementan comisiones para la verdad en el marco de la JT, se preven mecanismos de enforcement, es decir, formas para asegurarse que las personas que van a aportar información digan la verdad (por ejemplo, penas de prisión para los que aporten datos falsos que desvíen la investigación en curso). Esto en Uruguay no sucedió, y los declarantes no tuvieron incentivos para ser sinceros.

En segundo lugar, encontramos que en 2005, la línea de investigaciones fue reabierta por el Presidente Tabaré Vázquez, que solicitó informes a las tres armas de las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los desaparecidos. Esto derivo en una serie de excavaciones arqueológicas, que lograron esclarecer algunos casos más. Pero otra vez, se implementó una medida con sin ningún mecanismo de enforcement, y buena parte del trabajo arqueológico fue una pérdida de tiempo.

Finalmente, otro mecanismo viene por la vía judicial: es decir, dotar a la justicia penal ordinaria de las garantías para investigar los casos de personas desaparecidas. Como se sabe, este camino estuvo plagado por todas las dificultades generadas por la infame "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" de 1986. La anulación de esta ley fue sometida dos veces a la consulta popular, en 1989 y en 2009. Y ambas veces, se fracasó. Recién en 2011 fue finalmente revocada, en apretada votación parlamentaria. Más allá de esto, en 2006, veinte años más tarde de la promulgación de la mencionada ley, se logró llevar a la justicia al ex - Presidente Julio María Bordaberry, al ex - canciller Juan Carlos Blanco. y al militar retirado José Nino Gavazzo. Posteriormente, en 2010, también se logró procesar a otros militares implicados en delitos de lesa humanidad Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau en la órbita de la justicia legal ordinaria.

La pregunta importante en este asunto es: ¿qué clase de medida de justicia es una que se aplica tres décadas después de producidos los delitos? Sin perder de vista que algo es mejor que nada, lo cierto es que en Uruguay, la justicia llegó tarde y mal: al momento de estos procesamientos, varios integrantes de las fuerzas armadas ya habían fallecido por causas naturales o fueron sentenciados con penas relativamente leves, considerando la avanzada edad de los que pudieron ser llevados a juicio. A esto cabe agregar otro revés en materia de derechos humanos: ya revocada la "Ley de Caducidad", en 2013 la Suprema Corte de Justicia dispone el traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil. Con esto, quedaron por el camino 55 casos referidos a delitos de lesa humanidad que la jueza venía investigando, y la posibilidad de retomarlos en suspenso.

Reflexiones finales

Básicamente, con algunas omisiones que no afectan el cuadro general, esta es la evidencia que se utiliza para hablar sobre JT en Uruguay. Pensar la experiencia nacional desde el punto de vista de este paradigma, es un flaco favor a cualquier concepción cabal de lo que debería ser la lucha contra la impunidad. Porque el pensar que en Uruguay estamos atravesando un proceso todavía inconcluso de JT, es hablar demasiado bien de nosotros mismos. Con todo el pesar, me gustaría decir que ojalá éste fuera el caso. Pero el más elemental de los análisis indica lo contrario. A modo de indicador, considérese la voluminosa bibliografía académica que estudia la "memoria sobre el pasado reciente" en comparación con el puñado de trabajos que examinan a Uruguay desde la perspectiva de la JT: la desproporción habla por sí sola. No en vano, los antecedentes de investigación se concentran en estudiar la memoria colectiva y la violación de derechos humanos. De hecho, es posible que en el futuro esta línea de investigación siga siendo la dominante. Y esto tiene una razón sustantiva de fondo: la academia no es una entidad aislada de la sociedad en la que está inserta. ¿Y qué tarea más noble podría hacer, en un país que ha optado por convivir con la impunidad, que mantener en alto la bandera de los derechos humanos y preservar la vigencia en la memoria de un pasado que no quiere repetir?

Posdata: apostar a la lucidez

Para cerrar esta nota, quisiera agregar que la propia línea de estudios sobre la memoria del pasado reciente tiene una fecha de vencimiento, todavía no conocida. Porque cada vez, las memorias dolorosas "duelen menos", por un simple hecho de recambio generacional. Para cuando termine el presente mandato del Dr. Tabaré Vázquez, los futuros jóvenes de 18 años tendrán en sus mentes solamente la experiencia de vivir en un país de gobierno progresista. A esos jóvenes, la dictadura cívico - militar les va a parecer un evento de la casi prehistórico. El dolor de perder a un ser querido a causa de la tortura (es decir, el dolor infligido de forma técnica, para maximizar el daño) les va a resultar ajeno. Esto va a suceder, porque es parte de la naturaleza humana. Sería perverso sugerir que sería deseable que estos futuros jóvenes pudieran de alguna forma vicaria mantener viva la memoria dolorosa. Aceptar la derrota que el país ha tenido en materia de derechos humanos tiene que servir a un bien mayor: sabiendo de antemano lo que va a suceder, apostemos a que las futuras generaciones sean más lúcidas que las anteriores. Que a pesar de no poder compartir el dolor, entiendan las consecuencias de mantener la impunidad vigente. El pasado ya no puede arreglarse, pero tenemos una chance en el futuro: pongamos entonces todas las fichas en la lucidez de los que vendrán.


Foto: Matías Brum - https://www.flickr.com/photos/elamormuerde
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[1] Nos referimos a garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los abusos cometidos por la dictadura cívico – militar.

[2] Aloisio, C. (2015) "Justicia Transicional en Uruguay: ¿un caso negativo?". URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Nro. 16. En prensa.

jueves, 18 de junio de 2015

Votos, emigrantes y democracia

Autor invitado: Claudio López-Guerra

Permitir que los electores emitan su voto desde el extranjero no es un problema. Al contrario, como el voto anticipado, es una medida que facilita a los votantes llevar a cabo su tarea. La pregunta importante es si debemos investir a nuestros connacionales residentes en el extranjero como electores. El asunto no es legal (lo que dice la ley) sino filosófico (lo que debería decir la ley).  

Ciertos casos están exentos de controversia: quienes se encuentran en otro país de manera temporal no deberían perder su condición de electores (exista o no un mecanismo que les permita emitir su voto desde fuera). Pero quienes establecen residencia permanente en otro país se encuentran en una situación muy distinta: ya no forman parte del grupo de los gobernados. Por esto, desde una perspectiva democrática, su exclusión me parece justificable. Los ciudadanos de Canadá, Australia y Gran Bretaña, por ejemplo, pierden el derecho a votar después de cinco, seis y quince años fuera de su país, respectivamente. Nada en la teoría democrática sugiere que estos países cometen una injusticia.

La democracia siempre se ha distinguido, desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, por acoger un principio fundamental: el autogobierno colectivo, donde un grupo de iguales gobiernan y son gobernados a la vez. En los sistemas representativos, el reclamo democrático es que los gobernados, y sólo los gobernados, tienen derecho a participar en la designación del gobierno al que están sujetos. Este principio provee un criterio general de inclusión/exclusión: quien (no) esté gobernado por las leyes y decisiones de los representantes electos (no) puede exigir derechos políticos apelando a los valores democráticos.

Si esto es correcto, los emigrantes (así llamaré a quienes establecen residencia permanente en otro lado) no tienen derecho a votar en su país de origen. Es interesante observar cómo esta idea se respeta al interior de los sistemas democráticos con un régimen federal, pero se olvida con respecto a los residentes en el exterior. En efecto, los ciudadanos en un sistema federal sólo pueden votar en el estado donde residen. Otros factores no importan. No importa, por ejemplo, que una persona sea originaria de una cierta región: al dejar de habitarla, pierde el derecho a elegir a los gobernantes de ese territorio. Así es en todos los sistemas federales del mundo. Los habitantes de Nueva York no pueden votar por el gobernador de California. Desde la óptica democrática, hay una buena razón para ello: si los gobernantes no los van a gobernar, no pueden exigir el derecho a elegirlos. Lo mismo debemos concluir con respecto a los nacionales que establecen su residencia permanente en otro país.

Sin embargo, en contra de esta conclusión, quienes defienden el sufragio de los emigrantes han ofrecido una serie de razones que debemos tomar en serio. Las más importantes son: 1) que la inclusión de emigrantes se justifica porque sus remesas contribuyen de forma significativa a la economía de sus países de origen; 2) que es injusto negar el voto a quienes emigran contra su voluntad por razones económicas, y 3) que debemos incluir a los emigrantes porque conservan vínculos sentimentales y culturales con el país, y en ocasiones incluso mantienen patrimonio y familia. A pesar de su plausibilidad, ninguno de estos planteamientos se sostiene.

1. Remesas. Este argumento es deficiente por dos razones principales. Por una parte, sólo justificaría la inclusión de aquellos que envían remesas, no de todos los que residen en el exterior. Pero el problema medular es que el derecho al voto, según esta perspectiva, depende de un absurdo criterio económico. Una consecuencia inevitable es que los inversionistas transnacionales, los filántropos sin fronteras, los turistas, los comerciantes o cualquier grupo externo cuyas divisas contribuyan a la economía de un país también tendrían derecho a votar. ¿Es suficiente, entonces, enviar dólares a otros países para poder reclamar en ellos el voto? ¿Cuánto dinero sería suficiente? Por supuesto, esto es inaceptable por una sencilla razón: la democracia no está a la venta.

2. Exilio económico. En este caso el reclamo unívoco de quienes viven en el exterior también se fractura irreparablemente, ya que no todos emigran por motivos económicos. Según este argumento, únicamente los emigrantes pobres tendrían derecho a votar. Es verdad que en muchos países la causa principal de la emigración es la penuria y la falta de oportunidades, pero la única conclusión que se deriva al respecto es que urge crear riqueza y distribuirla justamente. Ninguna relación guardan las causas del éxodo con el criterio para otorgar derechos políticos en una democracia.

No es injusto que los emigrantes pierdan el derecho al voto; lo que es injusto es que su voto, cuando aún residían en el país, no se haya traducido en políticas públicas efectivas que hubiesen prevenido su exilio. Pero una vez que han partido para bien, sólo toca a los residentes determinar qué gobernantes son los más capaces para resolver los grandes problemas, pues únicamente ellos y no quienes viven fuera van a estar sujetos a las consecuencias de las decisiones gubernamentales, sean buenas o malas.

3. Vínculos patrios. Estar vinculado sentimental o culturalmente con un país no es relevante para la justa distribución de derechos políticos. Ningún tipo de emociones, ya sean nacionalistas o humanitarias, acredita la participación de quienes no están sometidos a las decisiones colectivas. Una persona genuinamente humanitaria, por ejemplo, podría sentirse muy afectada, incluso al grado de padecer problemas físicos y psicológicos, por eventos alrededor del mundo como guerras y violaciones a los derechos humanos. Pero sería ridículo si por este hecho reclamara el derecho a votar en todo el planeta.

Lo mismo es cierto con respecto a los vínculos familiares y patrimoniales. Si tuviera validez el argumento, entonces bastaría con tener un hermano en Arequipa y una propiedad en Helsinki, aunque sea de muy escaso valor, para poder votar en las elecciones peruanas y finlandesas. Incluso podríamos adquirir un pedazo de hielo en Alaska, a buen precio, con la esperanza de obtener el derecho a votar en los Estados Unidos. Por supuesto, sería absurdo. Si dependiera del patrimonio, las personas podrían comprar el derecho al voto indirectamente, al igual que en el caso de las remesas.

En suma: votos para los gobernados, y nadie más. Es hora de añadir la nacionalidad a la lista de condiciones arbitrarias (como la raza, el género, la educación) en la delimitación del electorado. La nacionalidad no debe ser ni necesaria ni suficiente para poder votar en elecciones democráticas.



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Por una discusión más detallada sobre los argumentos aquí expuestos ver: Claudio López-Guerra. 2014. Democracy and Disenfranchisement: The Morality of Electoral Exclusions. Oxford University Press. http://tinyurl.com/o383b67

jueves, 11 de junio de 2015

Protestas estudiantiles en Chile

Autor invitado: Nicolás M. Somma

Cuando llegué a Chile, hace ya unos cuantos años, me asombró enterarme que los estudiantes universitarios tenían que pagar por estudiar. Yo había hecho mi licenciatura y posgrado en la Universidad de la República sin que mi familia tuviera que pagar un peso (más allá, obviamente, del pago indirecto vía impuestos). Desde los 80s Chile viene desarrollando un sistema muy diversificado y complejo de universidades e instituciones terciarias no universitarias, que cobran a sus estudiantes aranceles muy elevados en comparación a otros países. Para solventar estos gastos la gran mayoría de los estudiantes accede a créditos estatales o privados que deben pagar al terminar la carrera. El desarrollo de un mercado de educación terciaria permitió cuadruplicar la matrícula en unos veinticinco años pero el costo económico de esa expansión finalmente recae en las familias. Las protestas que vienen poniendo a Chile en los medios internacionales, con particular fuerza desde 2011, se nutren en buena medida del descontento con esta situación.

El contraste con la protesta estudiantil uruguaya es claro. En Uruguay los estudiantes tradicionalmente protestaron por aumentar el presupuesto público para la educación, por su descontento ante reformas curriculares – recordemos la oposición de los liceales a la reforma de Germán Rama a mediados de los 90s -, o por temas de política pública extra-educativos (como apoyar a los trabajadores o a los jubilados). Los jóvenes uruguayos tienen garantizado el derecho a estudiar en la universidad: para la mayoría de las carreras de la UDELAR basta con hacer un trámite administrativo y empezar en marzo. Los estudiantes chilenos están, en este sentido al menos, un paso atrás.

Esta diferencia genera, para Chile, una protesta con un potencial de crítica anti-sistémica mucho más profundo que lo que puede ocurrir en Uruguay. Al calor de las movilizaciones y la gran cobertura de los líderes estudiantiles en los medios de comunicación, muchos estudiantes chilenos se terminaron convenciendo (no sin razón) que un grupo de bancos y “emprendedores educacionales” estaban lucrando con los ingresos de sus padres, o que lo harían con sus ingresos futuros. En Chile, sociedad pionera en la aplicación del neoliberalismo, la crítica al mercado educativo fácilmente puede extrapolarse a una crítica a los demás mercados (de salud, previsional, energético, laboral, etc.) y en definitiva al modelo predominante de organización social. En parte como resultado de esto, una parte no menor de los estudiantes chilenos está nucleada en grupos autonomistas, trotskistas y libertarios, que encarnan una crítica sistémica más profunda que sus equivalentes funcionales en Uruguay.

Todo esto opera en un contexto de alta desigualdad material y simbólica que es ajeno al Uruguay. No es sólo que el índice de Gini chileno sea más alto que el uruguayo. En Chile las implicancias cotidianas de las diferencias de clase (así como de status, apellido, color de piel y jerarquías formales) son mucho más palpables que en Uruguay. Me di cuenta de eso apenas llegué a Chile. Siendo quizás sólo diez años menores que yo, mis estudiantes me trataban con un respetuoso “Ud.” al que me costó mucho acostumbrarme. En Uruguay eso es impensable.

Los estudiantes chilenos están en una posición ambigua: se oponen a una educación mercantilizada pero son parte constitutiva de ese mercado y se benefician del mismo. Y como argumentó hace mucho el sociólogo estadounidense Gerhard Lenski, la ambigüedad mueve a la acción en mucha mayor medida que la consistencia (sea en la parte superior o inferior de la estructura social). Los estudiantes están en una posición análoga a la de los campesinos franceses pre-revolución francesa que describió Alexis de Tocqueville, que se rebelaron contra el antiguo régimen sólo después de algunas décadas de mejoras en su situación objetiva. En Uruguay el crecimiento mucho más gradual de la matrícula universitaria – y en el marco de un sistema estatal y gratuito - evitó estos dolores de parto y permitió a los estudiantes preocuparse por aspectos más ligados a la calidad y características de la educación que reciben – además de la participación dentro de la política universitaria, en donde tienen un peso mayor que sus contrapartes chilenas.

La otra pieza importante de esta situación es la pésima o nula relación de los estudiantes chilenos con la política institucional. Chile tiene una de las mayores brechas de participación electoral por edad del mundo – mientras que la mayoría de los chilenos maduros votan, una minoría de los jóvenes lo hace (Corvalán y Cox 2013). Además, las familias chilenas parecen ser bastante poco efectivas a la hora de transmitir las ideologías políticas de padres a hijos. Es común encontrar jóvenes con simpatía difusa por la izquierda que sin embargo fueron criados en hogares férreamente pinochetistas. Y no es raro encontrar jóvenes que rechazan frontalmente todo lo que huela a política institucional, a pesar que sus padres hayan abrazado fervientemente el proyecto institucional de la Unidad Popular cuatro décadas atrás. Mi impresión es que las familias uruguayas todavía mantienen una capacidad mucho mayor de transmisión de las identidades políticas. Son pocos los hijos de frenteamplistas que votan por los partidos tradicionales. Y muchos hijos de blancos y colorados que hoy día se sienten de izquierda seguramente vuelvan a la tradición familiar si el actual gobierno frenteamplista hace una mala gestión.

A eso se suman los mayores vínculos informales y orgánicos de los partidos políticos uruguayos (en particular el Frente Amplio) con los jóvenes y en particular los estudiantes. Eso no ocurre en Chile: los partidos políticos, que en algún momento habían logrado instalar a sus dirigentes en los centros estudiantiles, van desapareciendo salvo contadas excepciones (como la UDI en el Movimiento Gremial de la Universidad Católica). Y los líderes estudiantiles que llegaron al parlamento en 2013 (Boric, Vallejo, Jackson) son tildados de “vendidos” por muchos estudiantes militantes.

La ironía es que a pesar de la desconexión entre el movimiento estudiantil chileno y la política institucional, la agenda del gobierno actual de Michelle Bachelet sería posiblemente otra de no haber existido las movilizaciones del 2011-12. En un inusitado “giro a la izquierda”, Bachelet está impulsando una agenda de reformas (tributaria, constitucional y educativa) aparentemente en sintonía con las demandas del movimiento. Varios activistas estudiantiles tuvieron su cuarto de hora como asesores del ministro de educación. Y las consignas de los estudiantes movilizados (“educación pública, gratuita y de calidad”) fueron un mantra en la boca de varios políticos oficialistas. ¿Cómo puede influir a tal punto en la política institucional un movimiento con escasos vínculos a los partidos y cuyos integrantes casi no votan? No lo sé, pero seguro que para encontrar una respuesta no hay que mirar a Uruguay.

Referencias
Corvalan, A., & Cox, P. (2013). Class‐Biased Electoral Participation: The Youth Vote in Chile. Latin American Politics and Society, 55(3), 47-68.

jueves, 4 de junio de 2015

El cuento del cyber-tío: la seguridad en Internet como problema de inequidad social

El tiempo pasa, pero no todos nos vamos poniendo igual de technos. Eso fue lo que intenté transmitir en mi artículo anterior en Razones. Sacando de lado la pésima referencia al tema de Calamaro, la idea es sencilla pero crítica: las desigualdades en el uso de Internet no se terminan con el acceso a una PC o conectividad, sino que las formas en las que utilizamos las tecnologías y –sobre todo- las cosas que sabemos hacer con ellas pueden darnos importantes ventajas tanto en el mundo digital como en el físico. La otra cara de la moneda es que la falta de conocimientos y habilidades puede exponernos a un número importante de desventajas y riesgos. Uno de estos peligros es la posibilidad de ser víctima de un crimen en Internet.

El término “cyber-crimen” suena bastante alejado de nuestra realidad, más como salido de una película de ciencia ficción de los 90 o un tema de preocupación de grandes empresas que protegen sus secretos del espionaje comercial. Sin embargo, los usuarios “comunes y corrientes” podemos ser víctimas de este tipo de crímenes en forma cotidiana. Cualquiera que haya sido sufrido o sido expuesto a un virus u otros programas maliciosos, robo de tarjetas de crédito, fraudes en línea, phishing (suplantación de identidad), cyber-bulling y acoso, entre otros, puede sentirse parte de este colectivo.

Si bien en Uruguay aún no hay estudios específicos, podemos encontrar algunos datos sobre la prevalencia del fenómeno en algunas encuestas generales de usos de Internet. Según WIP+UY 2013 (GIUSI-UCU 2014) en 2013 un 37% de los usuarios de Internet uruguayos recibió un virus en su computadora en los últimos 12 meses, a casi un 10% de los internautas lo contacto alguien en línea que le pidió datos personales o información bancaria y un 3% fue acosado o víctima de hostigamiento en línea. Los porcentajes de robo de código de tarjeta de crédito en Internet son significativamente menores (0.5%), algo esperable en una sociedad comparativamente poco asidua a las transacciones electrónicas.

Más allá de algunas dificultades de medición en la temática (p.ej. los usuarios pueden no saber que son o fueron víctimas de un virus o robo de dinero), es esperable que a medida que más población ingrese a la Red, el peso del fenómeno se incremente en términos absolutos. En un mismo sentido, debemos recordar que la sociedad uruguaya se encuentra escasamente bancarizada y –aunque parezca tautológico- la pérdida de dinero en Internet casi siempre requiere de tener dinero accesible a través de medios digitales.
Lo interesante, a mi entender, es preguntarse entonces qué acciones podemos realizar los usuarios para evitar este tipo de riesgos/daños y, luego de identificarlas, cómo se distribuyen las mismas entre diferentes grupos sociales.

Desconectarse por completo del mundo digital o guardar toda la plata en el colchón, más allá de la seguridad personal que pueda proveer (e indicar algún síntoma que otro de trastornos mentales persecutorios), no sólo es una mala solución a largo plazo, sino que -además- evita que la persona pueda verse beneficiada de las ventajas comparativas que se desprenden del uso de Internet (ver el artículo anterior para más detalle).

Del mismo modo que el SIDA no evita que las personas continúen teniendo vidas sexuales plenas, los cyber-delitos no tienen por qué disminuir los potenciales usos y beneficios de las tecnologías digitales (Philipson & Posner, 1996). Podrían pensar que es una metáfora muy tirada de los pelos, pero los investigadores que trabajan en temas de cyber-seguridad de usuarios utilizan comúnmente modelos del campo de la salud pública para entender qué factores colaboran o desfavorecen la adopción de comportamientos preventivos en Internet (Ng y otros 2009, LaRose y otros 2005).

Utilizar antivirus, no abrir archivos adjuntos extraños, chequear que los sitios de compra sean seguros (p.ej. que comience el url con https en vez de http), no responder correos electrónicos con datos personales aunque parezcan venir de bancos o compañías con las que uno está vinculado, utilizar contraseñas con números y caracteres, no tener un único password para todas las cuentas, gestionar la privacidad de las redes sociales, desconectarse de las cuentas personales al utilizar terminales de otras personas, no introducir passwords o datos financieros en redes públicos, entre otros, son comportamientos preventivos que colaboran a mantener a los usuarios fuera de los peligros generales vinculados al cyber-crimen (Bellovin, 2014; Bossler & Holt, 2009; Dhamija y otros, 2006).

El problema es que este tipo de actividades requieren de hábitos, conocimientos y habilidades tecnológicas que no todo el mundo posee. Las pocas investigaciones existentes en la temática muestra que tanto en Estados Unidos como el Reino Unido estos conocimientos y prácticas son más comunes entre los más educados y los internautas más asiduos/experimentados (McGuire & Dowling, 2013; AARP, 2013), situación que replica desigualdades previas. Sin ser un estudio específico sobre cyber-crime, la Encuesta de Usos de TIC 2013[1] permite conocer que en nuestro país se observan situaciones similares: el saber instalar o actualizar un antivirus por cuenta propia es una habilidad que posee el 44% de la población internauta de 6 y más años, pero entre quienes residen en hogares del quintil 1 esta baja al 28% y sube hasta un 56% en los residentes en el 20% de hogares de mayores ingresos. Asimismo, es uno de las pocas dimensiones donde las brechas de género permean en el mundo digital: 46% de hombres puede hacerlo por sí mismo pero solo un 33% de las mujeres dice que sabe realizarlo por cuenta propia.
En síntesis, propongo que debemos entender a la cyber-victimization como otro caso más donde “los ricos se vuelven más ricos”: los más capaces en el mundo digital, quienes a su vez provienen de contextos socioeconómicos más favorables, son también son los más protegidos ante los riesgos del Internet.

Dada la novedad de la temática, pocos países se encuentran trabajando la cuestión de la cyber-victimización desde una perspectiva que contemple esta desigualdad en la distribución de los recursos vinculados a la cyber-seguridad personal. Afortunadamente Uruguay se encuentra trabajando ex-ante en estos temas. Existen iniciativas locales como “Seguro te conectas” del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay (CERTuy)[2] que –creo yo- van por el camino correcto. Este proyecto intenta fomentar un vínculo responsable entre los usuarios y las tecnologías digitales, educando acerca de los riesgos del Internet así como las buenas prácticas de cyberseguridad. Su lenguaje e imagines (como el video que adorna la nota) son más que atractivas y utilizan un lenguaje sencillo y entendible para un usuario de Internet estándar. Sus campañas están enfocadas en las redes sociales (al 28/05/2015 7707 habían dado “me gusta” a la página) y –si no me equivoco- han trabajado en determinados centros educativos.
Sin embargo, a la luz de los impulsos dados por las actuales administraciones al gobierno y trámites en línea, el acceso a las TIC, así como la inclusión financiera de la ciudadanía (con especial énfasis en la población de bajos recursos), la temática parecería requerir –al menos- de mayor difusión y recursos. Dado que tanto Ceibal como Ibirapitá introducirán a nuevas generaciones en el mundo digital, y que la inclusión financiera potencialmente introducirá al mundo del comercio electrónico a decenas de miles de uruguayos, comenzar a pensar la cuestión en términos de política pública se hace fundamental. Por ejemplo, introducir capacitaciones específicas con las entregas de tablets y tarjetas de crédito/débito, así como campañas focalizadas en grupos de mayor riesgo, podrían ser alternativas sensatas a considerar para lograr abordar la temática antes que se convierta en un nuevo foco de inequidad.

Foto por Matías Dodel, bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)

Referencias

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[1] Procesamiento propio
[2] El CERTuy es parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) de la Presidencia de la República.