jueves, 27 de abril de 2017

La calidad de la educación: efectos colaterales

Fuente: Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elmer-pump-heatequation.png
La sociología no tiene muchos teoremas, pero los que tiene son contundentes. El teorema de Thomas establece que “si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias”. Esto no supone la primacía de lo subjetivo sobre lo objetivo, y menos aún (como abrazarían los posmodernos), renunciar a la posibilidad del conocimiento objetivo. Lo que señala es que una explicación completa de los fenómenos sociales debe tener en cuenta la forma como los individuos definen la realidad, porque – sin importar su grado de adecuación a los hechos – las acciones enmarcadas en estas definiciones crean una realidad en sí misma.

El “problema de la calidad de la educación”, específicamente el de la calidad de los aprendizajes, ilustra a la perfección el teorema de Thomas, y muestra cómo las consecuencias de las definiciones colectivas pueden llegar a tener alcance mundial, y comprometer por entero a sociedades, estados e instituciones que en otros aspectos son tremendamente distintos. Asimismo, se puede utilizar el teorema para mostrar cómo las definiciones sobre qué es un problema (y qué no), están atravesadas por asimetrías de poder en la capacidad de construirlas; cómo estas construcciones (parciales, interesadas), adquieren estatus de realidad objetiva y cancelan alternativas posibles; cómo habilitan, en su parcialidad, sólo algunos tipos de discusiones y “soluciones”, que estructuran el funcionamiento de los sistemas y constriñen la acción de los sujetos.

Actualmente, la “calidad de la educación” es un problema para un amplio rango de países, independientemente de si poseen economías florecientes y sus alumnos resuelven ecuaciones diferenciales, o de si éstos se desmayan de hambre en clase. Evidentemente, el problema no es el mismo en todos lados. En unos se trata de cómo formar líderes en ingeniería aeroespacial, y en el otro, con suerte, de que aprendan a escribir su nombre. Sin embargo, se utiliza el mismo término genérico para todos los casos; se lo observa con los mismos instrumentos; se proponen políticas similares.

Para explicar esto es necesario dimensionar el alcance de la gobernanza global de la educación, esto es, la incidencia que instituciones como la OCDE o el Banco Mundial tienen en la definición de los problemas educativos, su diagnóstico, y la formulación/financiación de soluciones que (frente a la urgencia política y la desposesión técnico/económica de los equipos nacionales) terminan por imponerse como la agenda educativa.

No es necesario suscribir el discurso facilista y autocompasivo que responsabiliza a estas instituciones por todos los males de nuestros países, otorgándoles poderes divinos e intenciones maquiavélicas, para reconocer que son actores política y simbólicamente fuertes. Señalar esta influencia tampoco implica desconocer los aportes fundamentales que han hecho al debate educativo. Estos organismos no inventaron el problema de la calidad de la educación, que surgió de manera relativamente independiente en muchos países en los últimos 50 años. Sin embargo, en virtud de sus recursos económicos y de la capacidad de allegarse a saberes socialmente prestigiosos (expertos en economía y estadística), han logrado delimitar un problema de alcance mundial, un lenguaje común, una forma de observar y medir la calidad de la educación aplicable universalmente. Estos procesos, aunados a alianzas políticas, así como a transformaciones más amplias pero conexas – individualización, auto-mutilación del estado, eficientismo – han derivado en una gramática particular de generación de problemas y soluciones para la educación; una gramática que frecuentemente genera subproductos aparentemente incuestionables, aunque de dudoso fundamento: son los efectos colaterales de la calidad educativa.   

Manejar definiciones universalmente válidas de la calidad de la educación no es, en sí mismo, negativo. En tanto derecho universal, debería ser posible establecer criterios mínimos, objetivos, sobre lo que todos los alumnos deben aprender: alfabetización, comprensión de textos, operaciones matemáticas. Al mismo tiempo, dado que la escuela debe transmitir algo más que conocimiento, no parece aventurado impulsar a distintos países a que sus alumnos desarrollen habilidades cognitivas superiores. Sin embargo, el hecho de que las evaluaciones estandarizadas sean el único medio para observar la calidad de la educación (es decir, que se hayan institucionalizado como metodología), acarrea problemas que no son menores.

Algunos países, de los cuales Estados Unidos es un caso paradigmático, han pasado de utilizar las pruebas estandarizadas de aprendizaje con fines de diagnóstico a hacerlo como instrumentos de premio/castigo para las mejores/peores escuelas. Esto ha llevado, en la mayoría de los casos, a un deterioro de los procesos educativos y a un estrechamiento de los objetivos de aprendizaje: cada vez más tiempo de clase se dedica a preparar estas pruebas: los alumnos son entrenados para responder reactivos similares a los que serán evaluados; el currículum se reduce a lo que las pruebas evalúan. Algunos maestros y escuelas llegan a hacer trampa para obtener mejores resultados; en ocasiones, estos profesores han terminado presos. La “solución” es comprar un software para la detección de trampas.  

Por otro lado, aun cuando las evaluaciones estandarizadas sólo se utilicen con fines de diagnóstico - como hace PISA -, la necesidad de comparabilidad internacional y el foco en las habilidades han hecho que los sistemas educativos sean “evaluados” por aquello que, en muchos casos, no enseñan porque no está entre sus objetivos. En este caso la tentación política es mover rápidamente al sistema a enseñar lo que las pruebas evalúan, sin un proceso de reflexión respecto de cómo balancear/vincular habilidades y contenidos, o – peor aún – sin preparar adecuadamente a los maestros para un cambio de tal magnitud.

Más allá de lo que se entienda por calidad (aunque no totalmente independiente de ello), las asimetrías políticas en la definición del problema han derivado en que, en muchos países, la agenda acerca de las posibles soluciones esté dominada por una visión empresarial de los procesos. Esta visión no es necesariamente privatizadora, aunque en sus extremos está esta posibilidad. Si bien supone un avance con respecto a los modelos insumo-producto favorecidos por los economistas (promueve imágenes de los procesos escolares favorables a conceptos como la descentralización, la desregulación, la autonomía y el liderazgo), la evidencia que la sustenta es escasa. Por eso llama la atención la simpatía que despiertan estos conceptos; creo que se explica por su afinidad con la retirada del Estado de los asuntos públicos, así como con las representaciones sobre la economía post-industrial.

La consecuencia más inmediata de la difusión de este paradigma es el diseño de políticas y programas que otorgan autonomía a las escuelas, en tanto agencia principalmente responsable de los resultados educativos, lo que – una vez instaurado, es decir, incrementados los márgenes de decisión – refuerza estas mismas representaciones. A nivel de calle, estas visiones (junto con el deterioro de la imagen de “lo público” y de “los funcionarios”) han fortalecido el desprestigio y la desconfianza hacia los maestros y profesores. En el caso de Uruguay, el círculo se cierra con la exposición permanente de las escuelas privadas “ejemplares”, gratuitas, que atienden a alumnos pobres, los cuales – casi nunca se menciona – están fuertemente seleccionados por variables académicas. En tiempos de autoayuda, el voluntarismo ingenuo también contamina a las representaciones sobre la educación.

No es casual que la visión empresarial de la educación sea una espiral de reactivación permanente de la desconfianza (en el fondo, todo empresario vive una tensión entre confianza/desconfianza respecto de sus empleados). A la desconfianza en el Estado, burocrático y centralizado, se opone la confianza en los maestros, como agentes locales capacitados y sensibles al contexto. A la desconfianza en los maestros, sindicalizados y desmotivados, se opone la confianza en las comunidades y las familias (y por qué no, los empresarios), usuarios últimos del servicio educativo y, por lo tanto, los principales interesados en sus resultados. Esto implica dotar a las familias de poder para incidir en la escuela, o directamente, para cambiar de escuela, lo cual nos acerca a los mecanismos de mercado. Finalmente, según esta visión, como la relación clientes-escuela está expuesta a asimetrías de información, es necesario mantener instrumentos centralizados de “control de calidad” (las evaluaciones estandarizadas) y difundir sus resultados para que, tanto los gobiernos como las familias, tomen las mejores decisiones.


Lo importante aquí es no matar al mensajero. No se trata de definir si las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje son “buenas o malas”; no tiene sentido discutir, en abstracto, las virtudes de tal o cual modelo educativo. Lo que es necesario retener es que, incluso las definiciones conceptuales y las operaciones de medición más neutrales son susceptibles de interpretaciones, apropiaciones y usos políticos que representan visiones sesgadas de los problemas educativos. Estos sesgos no son arbitrarios, pero tampoco son siempre maquiavélicos: se reproducen en la operación regular de las instituciones, en la circulación de los discursos mediáticos, en los productos regulares de los expertos. Estas operaciones se dan sentido mutuamente, de manera recursiva, y conforman una cosmovisión naturalizada que muchas veces hace perder de vista lo reciente de su origen, la fragilidad de sus equilibrios y lo altamente probable que es que, en el futuro cercano, estemos hablando de otras cosas. 




jueves, 20 de abril de 2017

Mal de archivos. Algunas reflexiones sobre lo logrado y lo pendiente en el caso uruguayo



En diciembre de 2004, cuando se estaban cerrando las actividades del seminario “Archivos y derechos humanos” en el edificio central de la Universidad de la República, se abrió paso entre los participantes una mujer canosa de presencia firme y serena. Era Azucena Berruti, ya nombrada por el presidente electo Tabaré Vázquez como su futura Ministra de Defensa Nacional. Los allí presentes contuvieron la respiración. Y en seguida se miraron, aliviados y contentos, porque su comparencencia parecía augurar un porvenir optimista en relación al tema que los convocaba.

Ha pasado más de una docena de años y muchas veces me he encontrado evocando y evaluando ese momento, tratando de decidir cuánto de esa promesa se ha cumplido y cuánto queda aún pendiente. ¿Dónde poner el énfasis: en lo que inequívocamente se ha logrado o en los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto a la documentación de lo que seguimos llamando “pasado reciente” (básicamente la dictadura y sus prolegómenos)? ¿Y qué nuevos desafíos y oportunidades se han abierto en el lapso transcurrido desde entonces?

Empecemos por los logros. En primer lugar, es claro que era acertada la intuición de muchos de que existía registro documental oficial de lo sucedido durante los años de dictadura, incluyendo las más graves violaciones a los derechos humanos y el funcionamiento del aparato represivo. Kilómetros lineales de documentación dan fe de esa afirmación en las cámaras del Archivo General de la Nación (AGN) en la calle Convención, en las dependencias de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía en su sede de Maldonado, en el local de la actual Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Presidencia de la República en la Galería Caubarrere y en los depósitos del subsuelo del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros lugares.

Se cuenta, además, con un marco normativo adecuado a estándares internacionales que apunta a regular la preservación y puesta en servicio de los materiales de archivo. Y también es cierto que unas cuantas decenas de personas han accedido a esos repositorios y han utilizado esos documentos en sus investigaciones dentro y fuera del sistema judicial. No es poco. Ni es mérito exclusivo de los gobiernos del Frente Amplio: algunos tímidos pasos se habían dado durante el último año de la presidencia de Jorge Batlle. Pero mucho se debe a la acción de la misma Azucena Berruti al frente de su ministerio y al esfuerzo subsiguiente de otros políticos, funcionarios, militantes, historiadores, familiares de las víctimas, empleados de la justicia, periodistas, archiveros y otros ciudadanos con variados intereses en esa documentación.

Sin embargo, lo cumplido dista de ser suficiente. A nadie que lea estas páginas con cierta frecuencia escapará el estado de insatisfacción de esos mismos actores: nunca falta quien salga a protestar cada vez que son exiguas las pruebas ante un juez o escacean las fuentes para construir conocimiento sobre algún aspecto de ese pasado que, en realidad, ya no es tan cercano aunque siga abierto como herida para muchas personas.

La insatisfacción tiene múltiples causas y no son las mismas para todos los insatisfechos. Es posible, sin embargo, enumerar algunos problemas que afectan a cualquiera que pretenda acceder a los documentos que se han detectado en estos años.

Para empezar, se trata de series documentales generalmente incompletas y su gestión no ha sido menos fragmentaria. El peor caso en ambos sentidos es el de la documentación del Ministerio de Defensa Nacional. Los materiales disponibles hasta el momento no pertenecen al archivo orgánico de esa cartera sino que provienen de varias agencias de inteligencia y se han ubicado de modo casi aleatorio. En 2006 se localizó una serie de armarios con rollos de microfilm que, por gestión de la misma Berruti, fueron procesados y luego puestos bajo responsabilidad del AGN. Gran parte del procesamiento se realizó en secreto y los documentos digitalizados están hoy en día disponibles al público con las restricciones del marco normativo vigente, que no son pocas. Por otro lado, en 2015 se incautó, en el contexto de una causa judicial, un gran volumen de documentación en el domicilio del militar fallecido Elmar Castiglioni. Se sabe poco sobre el contenido y la procedencia exacta de la misma aunque se creó una comisión investigadora parlamentaria para tratar ambos asuntos y, fundamentalmente, establecer responsabilidades por la continuidad de algunas tareas de espionaje luego del fin de la dictadura. Más recientemente se ha comunicado la existencia de un archivo en la sede de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional. Lo han visto algunas personas vinculadas al movimiento de derechos humanos, pero no se ha especificado públicamente qué tratamiento y destino se le dará.

En relación a la DNII (que, nuevamente, no es el archivo del Ministerio del Interior, sino el de la inteligencia policial), las idas y vueltas han sido más de las que pueden resumirse en esta breve columna. Digamos simplemente que a pesar de haberse mantenido su unidad y avanzado en un trabajo serio de procesamiento, no se ha terminado todavía de poner este caudal documental bajo una custodia que no tenga relación orgánica con sus productores (un asunto central cuando hablamos de archivos generados por agencias represivas). Tampoco se han establecido reglas de acceso claras y transparentes en las instituciones que tienen en su poder copias digitales o porciones de la documentación original (Universidad de la República y SDH). Agreguemos que se trata de uno de los archivos más importantes para el conocimiento de casi cualquier aspecto de la historia social y política del siglo XX en Uruguay porque contiene no sólo lo producido por la policía sino todo lo incautado en sus procedimientos (folletería, publicaciones, cartas y propaganda de las más diversas organizaciones).

Hay, es cierto, algunas situaciones menos infortunadas en los archivos del Estado, como la del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde es amplio el acceso y eficiente el tratamiento archivístico de las series documentales. Pero los dos ejemplos anteriores bastan, por su entidad, para pintar un panorama general poco alentador en lo que hace al cumplimiento del derecho ciudadano a la información. Sigue faltando una política de Estado que parta del marco normativo vigente, reciba los aportes de los diferentes grupos interesados en el tema y ponga recursos materiales y humanos suficientes para garantizar buenas prácticas de archivo. Por el momento, siguen primando, como fuerzas frecuentemente contradictorias, la desidia y las trabas burocráticas, la cultura del secreto, el miedo y la exageración acerca de las “verdades”, presumiblemente peligrosas, que pueden a llegar a contener esos archivos.

Aportemos sobre esto último un par de ideas que conciernen a todos los archivos, no sólo los más cercanos en el tiempo, pero que se ven en éstos con particular intensidad. Los archivos son instituciones complejas, sujetas a demandas múltiples y no siempre compatibles. Son simultáneamente el resultado de procedimientos técnicos normalizados por especialistas y el producto de procesos sociales contingentes de selección y valoración de lo que diferentes grupos consideran importante preservar para el futuro. Dan testimonio del poder relativo de cada uno de esos actores para imponer su versión del pasado. Por lo tanto, no contienen “la verdad”, sino una forma de la misma: la de las condiciones de producción de cada documento y las de su consignación como materiales de archivo. Son, por encima de todo, espacios ineludibles para la tarea interminable de recrear críticamente las memorias y las historias que cada nueva generación recibe como legado de las anteriores. Para que esa recreación sea posible, es imprescindible y urgente que las autoridades competentes tengan voluntad de abrirlos y mantenerlos abiertos. Sin eso, no hay futuro. Pero también es necesario que los usuarios nos hagamos responsables por el buen uso de los documentos, comprendamos su valor y sus limitaciones, dejemos de buscar “smoking guns”, como se dice en inglés, y aceptemos que para encontrar mejores respuestas hay que tener mejores preguntas. Y que éstas cambian con el tiempo.

domingo, 9 de abril de 2017

¿Tecnología mata Democracia?


Acropolis, Propylaea and Erechtheum
Atenas. Cornell University- Sin restricciones de copyright conocidos
En los últimos tiempos, expertos de distinta clase han comenzado a predecir el fin de nuestras democracias debido al efecto de nuevas tecnologías, en particular la llamada inteligencia artificial y la revolución de los datos (Hilbert, 2017).Como sostuve en este mismo espacio, estos son temas  relevantes sobre los cuáles se discute poco, pero ¿es el principal problema de nuestras democracias y conduce necesariamente a un futuro distópico?

El primer gran supuesto es que tecnologías de minería de datos, que realizan analísis de nuestros perfiles de redes sociales (entre otros datos), tienen la capacidad influenciar nuestro comportamiento. Según Hilbert estas tecnologías tendrían la capacidad de modificar el comportamiento electoral y hemos asistido recientemente en la elección de Estados Unidos a  su bautismo de fuego a gran escala. Sin embargo, los propios consultores de la firma Oxford Analytica, asesores del  Presidente Trump durante la campaña electoral, han admitido que sus métodos no han sido particularmente revolucionarios. (Wood 2016). Si bien es posible para empresas, políticos, investigadores (y quien pueda pagarlo), saber más sobre nosotros en función de nuestros datos (que voluntariamente entregamos a distintas empresas)  es muy difícil asegurar que lo determinante para ganar una elección ha sido un aviso de facebook customizado y  que  ese aviso nos hace votar distinto. Tal vez Trump entendió mucho más lo que pasaba en los pueblos de Wisconsin (Cramer 2016). Tal vez el problema sea que dimos por sentado que las democracias liberales se habían consolidado (Stefan y Mounk, 2016) cuando en realidad no fue así. No se puede culpar a Facebook, Twitter, y en general a las empresas de datos, de socabar procesos democráticos, cuando posiblemente influyan factores como la concentración de la riqueza, la transparencia de las reglas electorales y del sistema político por nombrar algunos factores muy obvios. Además, este supuesto es bastante heroíco acerca de la calidad de los datos que distintos actores poseen sobre nosotros y su capacidad de analizarlos. El riesgo más serio que por el momento presenta la tecnología a las democracias consolidadas, sería una mala implementación del voto electrónico (Luissi y Scrollini, 2016). También existe un riesgo serio en la distribución de noticias falsas vía redes sociales, aunque aún debemos entender más de como exactamente funciona ese fenómeno.

El segundo gran supuesto es que estas tecnologías tienen la potencialidad de violar derechos  a gran escala. En particular, el derecho a la libertad de comunicación y nuestra privacidad. Aquí la evidencia parece respaldar un poco más la preocupación, particularmente luego de las revelaciones de Edward Snowden. Pero siendo un poco más concretos y y tomando el ejemplo de Uruguay, sabemos que el gobierno ha adquirido tecnología de forma secreta para monitorear llamadas y redes sociales, y guardar información sin que sea claro por cuanto tiempo se guarda ni donde. Sabemos que el gobierno ha adquirido tecnología para "predecir" la posible ubicación del delito, pero no sabemos que tipo de algoritmos utiliza, ni que tipo de analísis realiza lo que expone a cientos de personas a discriminación o daños por decisiones de patrullaje tomadas en bases de datos erroneas. Sabemos que el Ministerio del Interior invierte significativas sumas de dinero en centros de cámaras y vigilancia con software que podría predecir delitos en función de los movimientos que registra la cámara, o identificar personas en la vía pública, pero no sabemos demasiado sobre sus usos. Sabemos que existen empresas que en Uruguay y el mundo utilizan tecnología para determinar si nos ofrecerán un crédito o no en función de nuestros estados de facebook y nuestro historial crediticio, más los datos que puedan comprar sobre nosotros, pero tenemos escaso control sobre esto.Y sabemos que algunas de esas decisiones pueden ser automáticas (es decir sin que ningún ser humano participe de ellas). Y en breve muchas decisiones de este estilo podrían ser tomadas por Estados, sin posibilidad de auditar como se han llevado a cabo, lo que ha llevado a varios académicos a pensar las necesidades del debido proceso para el tratamiento de estos datos (Crawford y Schultz 2014) En resúmen en materia de derechos si existen riesgos que requieren de reguladores atentos y de mayor evidencia con la que hoy no contamos, en Uruguay y en el mundo. Pero la visión pesimista sobre el uso de los datos, también deja afuera las posibilidades de control social, creación de conocimiento y mejora de la calidad de vida gracias a ellos. Por ejemplo, las democracias podrían guiarse por debates basados en la evidencia y ser más transparentes en la toma de decisiones y uso de recursos. Es otro futuro posible.

En lo inmediato, la muerte de la democracia a manos de los datos y la tecnología que los usa, parece un tanto exagerada. Existen otros posibles culpables de esta supuesta muerte y son analógicos. El impacto sobre nuestros derechos, parece ser más inminente, y su muerte (virtual) podría ser más acelerada.

Referencias
Cramer K. 2016  The politics of resentment, Chicago University Press
Crawford, K., & Schultz, J. (2014). Big data and due process: Toward a framework to redress predictive privacy harms. BCL Rev., 55, 93.
Hilbert M. 2017 Entrevista BBC Mundo disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39511606
Luissi A y Scrollini F. Votando Online:La experiencia Báltica disponible en http://datysoc.org/2017/votando-online-la-promesa-baltica/
Stefan R y Mounk  Y.(2017) The signs of deconsolidation, Journal of Democracy, Num 27, Vol 1
Wood P. The British data Cruncher who say they helped Donald Trump to win disponible en  https://www.spectator.co.uk/2016/12/the-british-data-crunchers-who-say-they-helped-donald-trump-to-win/

jueves, 6 de abril de 2017

Frente a Frente: El valor del trabajo presencial en organizaciones partidarias

Las nuevas herramientas tecnológicas redujeron las barreras para la comunicación; contactar y conectar personas ya no es una tarea que requiera una inversión significativa. Si a esas herramientas de comunicación le agregamos el acceso a big data, el costo de llegar al público deseado de la manera más óptima también se ha reducido de modo dramático. Con muy pocos recursos es posible montar una campaña comunicacional en Facebook y llegar a decenas de miles de personas que estarían potencialmente interesadas en el mensaje que tenemos para transmitir.

Esta revolución tecnológica incide de modo determinante en la vida política. A esta altura abundan los ejemplos (y los mitos) sobre la incidencia de la tecnología en la forma de hacer campaña política, y en la forma de hacer política en general (por ejemplo, ha cambiado la forma que los gobiernos se relacionan con la ciudadanía). La campaña de Obama en 2008 fue el ícono de esta forma de utilizar la tecnología para hacer política. Los políticos no quieren perder el tren. Y está bien. Además, aprovechar estas herramientas puede suponer una utilización eficiente de los recursos. En nuestro país estas herramientas ya han cambiado la forma de comunicación y de hacer política. Las Redes Frenteamplistas irrumpieron en la vida del Frente Amplio, en Twitter los políticos se enredan en discusiones con otros usuarios y también se difunden maliciosamente noticias o declaraciones falsas.

Más allá de las discusiones sobre el buen o mal uso de las redes, los políticos están cada vez más convencidos que estas nuevas herramientas no sólo reducen costos de comunicación, sino que directamente reemplazan las formas tradicionales de organización política. Piensan que detrás de ellas se encuentra la quimera de las nuevas formas de participación. Eso que hará que muchas más personas participen y que sobre todo los jóvenes lo hagan. Sin embargo, reemplazar o soslayar las formas tradicionales de encuentro, anular las instancias permanentes de trabajo militante en las organizaciones partidarias solo pronuncia los procesos de oligarquización. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores, mecanismos que explican esto? Sintéticamente, porque ante la ausencia de mecanismos institucionalizados de trabajo cotidiano en la organización, los líderes no tienen contrapeso.

Cualquier organización política, y los partidos políticos no son la excepción, necesita activistas para tener cierto grado de vitalidad en los períodos inter-electorales. Como demuestra Hahrie Han (2014) en su investigación, las organizaciones políticas necesitan organizadores y movilizadores. Es decir, para ser exitosas, las organizaciones políticas necesitan activistas que sean capaces de movilizar mucha gente (por ejemplo, a través del trabajo en redes sociales) pero también necesitan de aquellos que están en el trabajo cotidiano para sostener la organización; los que preparan un acto, los que llevan los registros, los que dedican horas a formar nuevos activistas, los que a través del contacto con nuevos simpatizantes logran transformarlos en nuevos activistas. La evidencia indica que la presencia de activistas que operan en campaña es imprescindible, pero también lo es la de aquellos que sostienen la organización en períodos inter-electorales (Scarrow 2014). 

La evidencia más contundente sobre la necesidad del involucramiento de muchos voluntarios para la acción política proviene de la literatura que analiza el rol del tipo de campaña política en la capacidad de aumentar la participación electoral. Green y Gerber (2008) estudian diferentes formas de hacer campaña para estimular la participación electoral. De las distintas alternativas, el tradicional puerta a puerta es lo que más asegura un cambio en la predisposición del votante a salir a votar. Indudablemente, para esto un candidato requiere de un ejército de voluntarios, organizadores.

Si las organizaciones partidarias solo descansan en el contacto virtual, masivo, dirigido por unos pocos, tendrán organizaciones más flexibles, pero también menos resilientes y más dependientes de los líderes de turno. Cuando una organización tiene espacios para el encuentro regular de sus militantes, es más probable que emerjan organizadores, que desarrollen actividades permanentes, que reproduzcan nuevos militantes y que estén en las buenas y en las malas.

Nada de esto parece nuevo. De hecho, Uruguay tiene una ventaja relativa significativa en relación al resto de los países de América Latina. En nuestro país, los partidos siempre tuvieron estos espacios (con altibajos en su funcionamiento). Lo que deben comprender los políticos es que lo que era cierto hace 150 años sigue siéndolo hoy: el encuentro cara a cara de militantes es la forma más segura de generar involucramiento, de sostener la organización en el tiempo. Las nuevas tecnologías no reemplazan esto. Las nuevas tecnologías facilitan la comunicación, reducen costos, pero no sustituyen la importancia del encuentro entre correligionarios. El riesgo de confundir el alcance de estas herramientas es vaciar la organización política, eliminando cuadros militantes y la posibilidad de futuros dirigentes y reduciendo el espacio democrático que todo partido debe cultivar. Pero, el riesgo mayor es que un partido sin organizadores es un partido más sensible al colapso ante el fracaso electoral.

Referencias

Green, Donald P, and Alan S Gerber. 2008. Get Out the Vote: How to Increase Voter Turnout. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Han, Hahrie. 2014. How Organizations Develop Activists: Civic Associations and Leadership in the 21st Century. New York: Oxford University Press.

Scarrow, Susan. 2014. Beyond Party Members: Changing Approaches to Partisan Mobilization. Oxford: Oxford University Press.