Sobre la Libertad Responsable y otros vicios

Imagine que está en una playa junto a varias decenas de personas. Parece una tarde tranquila hasta que alguien pide auxilio. Un bañista se está ahogando y necesita asistencia. ¿Quién es responsable por ayudar a esa persona? Podemos pensar en varios criterios: (a) quienes están más cerca suyo, (b) quienes nadan mejor y tienen más confianza en el agua, (c) quienes vinieron a la playa con la persona que necesita socorro (familiares, amigos, etc.). Imaginemos que en nuestra sociedad no practicamos ideas tales como la “libertad responsable”. Por ejemplo, no pensamos que esa persona que se esta ahogando debe internalizar su responsabilidad y lograr salir adelante por sus propios medios. Asimismo, creemos que quienes están en la playa disfrutando de un lindo día tienen una obligación moral que les exige actuar frente a este pedido concreto de auxilio. Seguramente aceptemos que si soy un buen nadador y puedo potencialmente salvar a esa persona necesitada sin que mi ayuda implique un costo considerable en mi bienestar (por ejemplo, morir también ahogado), tengo una obligación moral en hacerlo (1). La situación adquiere salvedades cuando, por ejemplo, no se nadar y mi ayuda sería meramente en vano. No obstante, eso no quiere decir que no tenga una obligación moral en ayudar a la persona ahogándose. En cambio, la situación implica que mi obligación debería ser ejecutada de otra forma (e.g. colaborando en organizar la ayuda previa y posterior al rescate).


Este simple ejemplo sirve para entender algunas ideas e intuiciones importantes. La primera de ellas es que usualmente utilizamos instituciones para descargar nuestras obligaciones morales. En playas concurridas contamos con guardavidas con entrenamiento, equipamiento y experiencia adecuada para ejecutar esas obligaciones que todos los presentes en esa playa tenemos con la persona necesitada. Los/las socorristas pueden ser entendidas como una institución que coordina y colectiviza nuestras obligaciones morales de asistencia de una forma eficiente (2). Mediante nuestros impuestos u otras contribuciones financiamos esa institución que ejecuta nuestras obligaciones por nosotros. Segundo, eso no quiere decir que una vez institucionalizadas nuestras obligaciones dejen de existir. Nuestras obligaciones siguen vigentes, solo que su cumplimiento lo hemos delegado.


Lo mismo sucede con otras instituciones. Tenemos una clara obligación a no pasar por arriba a peatones que circulan por la calle. Pero no regulamos ni coordinamos nuestras acciones meramente apelando a la “libertad responsable” (algo así como sé libre y haz lo que quieras, pero con responsabilidad). En cambio, para poder circular aceptamos un conjunto de reglas (semáforos, limites de velocidad, restricciones direccionales, etc.) más un aparato coercitivo detrás. Y aun así los resultados no son óptimos, aunque sin esas reglas seguro que serian bastante peor.


El mensaje desde presidencia apelando a la “Libertad Responsable” es paradójicamente irresponsable. Primero, desconoce la importancia que las instituciones formales tienen para coordinar y descargar nuestras obligaciones y derechos. Asume erróneamente que cada uno de nosotros tiene que ser libre de decidir qué quiere hacer en un estado de situación que merece máxima coordinación de esfuerzos. Segundo, asume la falsa dicotomía que coordinar una desmovilización puntual y fuertemente acotada en el tiempo implica una suerte de autoritarismo con violaciones graves a las libertades individuales. Precisamente porque el Estado tiene que velar por el ejercicio pleno de las libertades individuales de su ciudadanía, existe una obligación a coordinar esfuerzos sanitarios para minimizar la incidencia de una enfermedad que esta matando a ciento de personas y afectando a otros tantos miles. Tercero, se parte de la falsa premisa que desmovilizar (e.g. cerrar todas las actividades no esenciales por una o dos semanas) es un costo inaceptable, sin evaluar los costos materiales y humanos provocados por la inacción. Como vemos en estos días, la inacción tiene costos altísimos que no pueden ser dejados fuera de la ecuación.


Uruguay necesita reglas claras para salir de su peor catástrofe sanitaria. Necesita lideres ocupados en buscar soluciones y no en seguir al pie de la letra manuales de cómo polarizar políticamente una sociedad (algo que aplica para todos los partidos sin distinción). Necesitamos terminar con esta era de la “libertad responsable”, “las burbujas” y “las perillas”, y pasar a un Estado que diga presente y explique claramente los pasos a seguir. Mientras todos y todas nos peleamos por decidir quién tiene la razón, aun no sabemos los criterios detrás el cronograma de vacunación (excluyendo personas con comorbilidades y una franja etaria fuertemente afectada, o bien vacunando semanas más tarde al personal del salud), ni las actuales estrategias de testeo, seguimiento y comunicación. Pero algo que si resulta claro es que el Estado no es otra cosa que un conjunto de instituciones (que entre otros cometidos) funciona para coordinar muchas de nuestras obligaciones. Un Estado ausente como el actual, que juega a devolvernos obligaciones, refleja desconocimiento de la causa y del problema que estamos enfrentando.


Referencias


(1) Por clásico argumento en este sentido ver: Singer, Peter. 1972. “Famine, affluence, and morality”. Philosophy and Public Affairs. Apr 1:229-43.
(2) El ejemplo de la playa es tomado de: Goodin, Robert E. "What is so special about our fellow countrymen?." Ethics 98.4 (1988): 663-686. Ver en particular, páginas: 680-686. Por un argumento más detallado en esta dirección ver los siguientes trabajos del propio Goodin: Protecting the Vulnerable: A Re-analysis of our Social Responsibilities. University of Chicago Press, 1983; Utilitarianism as a Public Philosophy. Cambridge University Press; 1995.

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Diarios de campo en tiempos de emergencia sanitaria II: el declive o algunas reflexiones en torno al concepto de crisis

Tomado de este link a Wikipedia 
 

Este escrito busca seguir reflexionando, un año después de las primeras lineas esbozadas aquí,  acerca de la situación crítica en la que se encuentra nuestro país con respecto a la pandemia.

En este caso, voy a basarme en la relación vinculante que existe entre economía y enfermedad, intentaré expresar algunas reflexiones analíticas en torno a esto.

Hace un año, algunos/nas docentes e investigadores de la facultad de Ciencias Económicas publicaron un breve documento que buscaba realizar aportes para reflexionar sobre las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la COVID-19. En ese entonces Uruguay ya había comenzado, como la mayoría de los paises del mundo, a trasegar el camino de la recesión y la crisis económica.

Las decisiones  acerca de las políticas sociales y económicas que ha tomado el gobierno frente a esta pandemia, han hecho que la sociedad uruguaya entrara en declive con una perdida mas que progresiva, acelerada de derechos sociales y de recursos económicos.

En base a un estudio realizado por el Instituto de Economía de la UDELAR, se analizaron los datos de la ultima Encuesta Continua de Hogares realizada por el INE, este estudio nos muestra que hay 100.000 pobres más en Uruguay, lo cual muestra que el gobierno no ha tomado medidas eficientes para contener los efectos de la pandemia en la población más vulnerable.

Aquí es pertinente utilizar el concepto de crisis, en este momento donde las desigualdades estructurales y la pobreza se profundizan y el gobierno no toma decisiones adecuadas de inversión de recursos para contrarrestar los efectos de esta pandemia.

Aquello que diferencia al ser humano del animal, es que el ser humano es capaz de producir sus propios medios de subsistencia, teorizaba Marx, es decir que producimos nuestra propia vida material, en este sentido es que las fuerzas económicas materiales son las que producen la existencia del sujeto. Por ende, si señalamos que hay una relación vinculante, es decir, una relacion causal entre economía y enfermedad, es por que se está priorizando el desarrollo de las fuerzas productivas, a utilizar los recursos del Estado, para contrarrestar los efectos de la crisis establecida.

El concepto de crisis ha sido muy utilizado en la teoria sociologica, lo podemos abordar desde varias perspectivas, dentro de los analisis y elaboraciones, rescato las realizadas por Habermas en su libro Problemas de legitimación del capitalismo tardío, creo que serán de gran ayuda para poder elaborar nuestras relexiones.

El autor busca retomar el concepto de crisis, ya que considera que la teoría de la crisis en Marx presenta algunas ineficiencias en su aplicación a la actualidad del capitalismo tardío en que vivimos, en este sentido y haciendo un ejercicio de arqueología del saber, propone que el término crisis viene del campo de la medicina. En este caso hace alusión a “…un proceso de enfermedad en que se decide si las fuerzas de recuperación del organismo conseguirán la salud.” (1999; 19), entendiendo aquí el fenómeno como algo objetivo. Pero se debe considerar que el concepto de crisis en ciencias sociales, debe ser analizado y configurado en su multidimensionalidad, es decir, se debe tener en cuenta que es cuando los miembros de una sociedad vivencian y experimentan los cambios en la estructura como críticos y sienten amenazada su identidad social, se puede hablar de crisis (1999; 19). Con respecto a esta definición, podemos ver que hay alteraciones profundas en la integración social y por ende en la base de lo que el autor señala como el “consenso de las estructuras normativas”, esto nos lleva a estados de desintegración social, de anomia y de descomposicion de las instituciones sociales.

Es decir, que para comprender una crisis, no podemos quedarnos con el analisis unicamente de las contradicciones estructurales, debemos tener en cuenta que nos encontramos inmersos en una sociedad que se caracteriza por una distribucion asimetrica de las oportunidades de vida, por ende, debemos abordar el fenómeno de forma dialectica y dialogica entre lo micro y lo macro, entre lo estructural y las cotidianeidades, comprenderlo en su completitud.

Debemos ser conscientes que las crisis economicas, devienen en crisis sociales al dejar en evidencia las oposiciones entre las clases sociales que configuran una sociedad o como lo señala el antropólogo Marshall Sahlins se vuelven crise revelatrice dado que dejan al descubierto la oposicion estructural entre estas.  

Hoy en día tenemos datos que confirman el impacto de la pandemia en las cotidianeidades de la población, específicamente en  términos de seguridad social, de condiciones laborales, de ingresos, de acceso al consumo, así como también de la posibilidad de realizar ese trabajo a distancia o no, teniendo en cuenta las tareas de cuidado dentro de cada unidad doméstica.

Debemos considerar que las crisis nunca deben ser leidas unicamente en terminos de indicadores economicos, si no que son manifiestas en dimensiones culturales, las decisiones políticas que ha tomado el gobierno en este sentido, han venido ayudando con un sentido mentado progresivamente al desmantelamiento del sistema educativo publico, lo cual genera una mayor fragmentación y diferenciación entre las clases sociales.

De todo esto, surge preguntarnos cómo las ciencias sociales van a abordar esas narrativas dominantes frente a lo que estamos viviendo, que son las que políticamente legitiman el accionar de un gobierno irresponsable. Cabe destacar que la pandemia, si bien ha causado efectos complejos y adversos en todas partes del mundo, en Uruguay sirvió como un argumento central para consolidar en un muy corto plazo, ajustes que ideológicamente responden al neoliberalismo en lo que alguna vez fueron políticas sociales que buscaron generar derechos e igualdades en la sociedad.

Como las ciencias sociales se van a parar frente a estos quiebres abruptos de la realidad social, dice mucho del compromiso que esta tenga con la misma y con los sujetos que estudia, hay mucha tela por donde cortar, hay reconfiguraciones profundas de las cotidianeidades que debemos abordar para comprender las transformaciones en las vivencias y experiencias de los uruguayos. En poco tiempo hemos vivenciados, transformaciones en el ámbito laboral, mayor precarización, mayor desigualdad, mayores manifestaciones de violencia de género en distintas dimensiones, reconfiguraciones de las dinámicas de los núcleos familiares, reconfiguraciones y resignificaciones de las relaciones interpersonales, secuelas del aislamiento social, aumento de la pobreza y resignificación de su composición, entre otras.

Hay que sumergirse en profundidad para lograr comprender cómo la pandemia cambió la configuración del tejido social y las cotidianidades, las ciencias sociales deberán poder investigar pero más que nada generar herramientas para lograr transformar realidades que son más complejas de lo que podemos percibir. 

Bibliografía consultada:

Habermas, Jurgen: Los problemas del capitalismo tardío. Colección Teorema. Año 1999.

Sahlins, Marshall: Economía de la Edad de Piedra. Traducción de Akal, año 1987.

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Si la montaña no va a mahoma: una herramienta mas para la caja de los reformadores de la educación

Estudios para el Uruguay pre-pandémico mostraban que la heterogeneidad en la calidad de la educación pública brindada a hogares de distintos estratos socioeconómicos tendían a amplificar las desigualdades: niños y jóvenes de bajos recursos concurren a centros públicos en peores condiciones y de peor calidad que aquellos de mas recursos, que concurren a centros mejores. En términos llanos, que escuelas de Punta Carretas funcionan mejor que las de la periferia. Esto es multicausal. Diferencias en las zonas implican diferente apoyo a las escuelas (via “Comisión Fomento”); hay también diferencias en pares y modelos de rol visibles en el mundo adulto, etc.

Hay ríos de tinta escritos sobre qué hacer y cómo revertir esta situación, y hay y han habido políticas y medidas orientadas a eso. Este paquete incluye tratamiento administrativo diferencial de centros (ej los de “contexto critico”), programas de horario extendido, con refuerzo de horas docente en otro régimen; cambios en el sistema de elección de horas docentes (secundaria), introducción y/o cambios en los sistemas de incentivos a docentes que tomen horas en centros “de contexto crítico”, entre varios otros.

En esta nota traigo a colación una medida que no parece haber sido considerada o implementada, y que podría tener utilidad dados bajos costos de reforma institucional, y moderados costos económicos. Se trata de una política de traslado de estudiantes (busing en la literatura en ingles). La idea central es simple: seleccionar estudiantes de un barrio determinado y llevarlos y traerlos a otro centro educativo (de mejor calidad en comparación con el que concurrirían sin la política). Estos estudiantes acceden a mejores docentes, mejores pares, mejores centros, etc, sin necesidad de reformar el sistema de elección de horas, aumentar incentivos para radicación de mejores docentes en centros “complicados”, o hacer cambios o reformas mayores.

Las políticas de busing tienen varios problemas y limitantes. Uno de ellos es la distancia o tiempo perdido en el traslado (esto impide que estudiantes a 50km de la escuela Grecia estudien allí). Sin embargo para el caso de Montevideo es factible pensar en una política que traslade estudiantes de un barrio a un centro de otro barrio en tiempos razonables y que impliquen una mejora de calidad significativa. Otro es la estigmatización y/o problema de integración de los beneficiarios de la política. Esto depende, entre otras cosas, de las diferencias entre las características de los trasladados y del centro al que se trasladan, de las diferencias entre ambas zonas, los padres, etc. Este potencial problema también es parcialmente atendido mediante políticas de traslados relativamente cortos; como ejemplo sesgado y maniqueo para ilustrar, se trasladan estudiantes de Nuevo Paris al Prado, no a Punta Carretas.

El problema de estigmatización e integración esta asociado también a la cantidad de beneficiarios; pueden existir problemas si se lleva un numero demasiado reducido de estudiantes del “contexto crítico” al nuevo centro (de forma que no tienen pares “propios” como para sostenerse minimamente) o si se lleva un numero demasiado amplio (de forma que no se integren, beneficien de los nuevos pares, generen problemas en el nuevo centro, etc). El número de beneficiarios es un problema en si mismo: las reformas mas grandes que apuntan a mejorar la calidad de un centro (con recursos, mejores docentes con todas sus horas allí, etc), benefician a todos los estudiantes; las políticas de busing necesariamente ayudan a una fracción de dichos estudiantes. De hecho, si los beneficiarios son los “mejores” estudiantes del centro originario, su traslado hacia otros centros mejores implica un deterioro en la calidad de los pares en el centro originario, para los no beneficiarios. Por tanto la forma en que son elegidos los beneficiarios es crucial.

Claramente, políticas de busing no pueden solucionar problemas de largo plazo y/o estructurales. Sin embargo, son relativamente rapidas, baratas y fáciles de implementar. Existe una literatura muy amplia para diversos países que han experimentado con estas políticas desde hace décadas (con énfasis en Estados Unidos y Reino Unido, pero afortunadamente que cubren experiencias de países mas cercanos a Uruguay) que permite un gran conocimiento de los potenciales problemas de implementación y de los elementos a considerar para un buen diseño e implementación. Si distintos paquetes de medidas no son factibles de ser implementados por falta de recursos, voluntad política, o bloqueos por parte de distintos actores, las políticas de busing son mejores que nada. En el caso de Uruguay, con población muy urbanizada, sin accidentes geográficos importantes y todo lo que ya sabemos, el costo de implementación de estas políticas podría ser bajo en comparación con sus potenciales beneficios, especialmente si se logra hacer foco en estudiantes al borde de la deserción.

 

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Los robots y el futuro del trabajo en Uruguay: una reseña de la Revolución de los Humanos

Hay mucho para aplaudir en el reciente libro escrito por Ignacio Munyo y producido periodísticamente por Federico Castillo. Se trata de una lectura entretenida, con entrevistas disfrutables a un elenco amplio y plural de personas en diversas profesiones y actividades. Las perspectivas de los entrevistados se intercalan con el análisis del autor, que condensa ideas recogidas previamente en varias columnas de opinión y otros trabajos. 

La tesis central del libro puede resumirse en pocas palabras. Una porción muy significativa de las personas en Uruguay se desempeña en ocupaciones que se volverán obsoletas y serán reemplazadas por robots o desarrollos de la inteligencia artificial. Uruguay puede aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que genera este proceso si logra facilitar la transición hacia nuevos puestos laborales donde las personas tengan una ventaja comparativa frente a las máquinas. Para ello se requieren, de acuerdo al autor, reformas en materia de regulación laboral, educación y políticas de transferencias de ingreso. Si bien los temas del libro hacen a la discusión del futuro del trabajo, también se relacionan con el presente de la economía uruguaya, del mercado laboral y de la restructuración post pandemia.

El diagnóstico

El libro despliega sus tesis fundamentales apoyado en unos pocos datos. El autor replica la metodología de Frey y Osborne, de la Universidad de Oxford, para cuantificar la proporción de puestos de trabajo expuestos a un alto riesgo de ser automatizados en Uruguay. El punto de partida de esta metodología es una clasificación realizada por expertos en inteligencia artificial de Estados Unidos sobre la susceptibilidad que tienen 70 ocupaciones de ser reemplazadas por máquinas, indicador que luego es extrapolado al resto de las ocupaciones. Dado el estado actual de la tecnología, las ocupaciones enfrentan un riesgo diferente de ser automatizadas. Dicho riesgo es menor en el caso de aquellas ocupaciones que requieren habilidades que las máquinas todavía nos envidian a los humanos: motricidad fina, capacidad creativa y empatía en ocupaciones intensivas en relacionamiento interpersonal. Munyo ofrece un panorama apocalíptico: un 54% de los puestos de trabajo en Uruguay corren un alto riesgo de robotización. La estimación original para Estados Unidos es de 47%.    

Estas mediciones han sido objeto de intensos debates que no son recogidos en el libro y que resultan relevantes para cuantificar y contextualizar adecuadamente estos procesos. Primero, el cálculo se basa en descripciones promedio de las tareas inherentes a cada ocupación, que las harían más o menos automatizables. Esto implica asumir que ocupaciones enteras, y no tareas específicas dentro de cada ocupación, serían reemplazadas. En un documento de OCDE, otro equipo de investigación muestra que cuando se toma en cuenta la forma en que varían las tareas que desempeñan las personas dentro de una misma ocupación el riesgo de automatización disminuye dramáticamente. Calculan que para el promedio de países de la OCDE solo un 9% de los puestos de trabajo tienen alta susceptibilidad de ser automatizados. Replicar estas estimaciones alternativas de riesgo de automatización para Uruguay requería disponer de información detallada sobre las tareas y condiciones de trabajo de la población ocupada. De todas formas, resulta importante trasmitir la idea de que existe un grado de incertidumbre importante respecto a la magnitud del fenómeno abordado en el libro y que diferentes metodologías arrojan resultados sustancialmente diferentes.   

Segundo, el libro no hace el suficiente esfuerzo por explicar algo simple pero que puede perderse de vista entre los grandes titulares: las mediciones de riesgo de automatización no deben confundirse con la automatización y pérdida efectiva de puestos de trabajo. Que una máquina tenga el potencial de desarrollar tareas humanas es una definición basada en parámetros ingenieriles, pero no quiere decir que esa sustitución vaya a producirse inexorablemente. Como bien explican los padres de la criatura, Frey y Osborne, en respuesta a las críticas a sus cálculos, “no pretendemos estimar cuantos trabajos serán efectivamente automatizados. El alcance y ritmo de la automatización dependen de muchos otros factores que no consideramos.” Su cálculo solo refiere a cuál es la vulnerabilidad potencial de los trabajos existentes a los desarrollos recientes de la inteligencia artificial y la robótica desde una perspectiva puramente tecnológica. Podrían existir razones éticas o culturales que impongan que ciertas tareas continúen siendo desempeñadas por humanos. Aunque esto puede variar en el tiempo y entre sociedades, posiblemente no quisiéramos que un residencial de ancianos o un jardín de infantes sean atendidos por robots, aun cuando la tecnología lo permitiera. Pero también existen razones económicas que podrían inviabilizar dicha sustitución. Aunque el capital se abarate relativamente, como está ocurriendo en muchos casos, la automatización implica también procesos complementarios de reestructura organizacional, de cambios en los sistemas de trabajo y gestión. Estos procesos son costosos y llevan tiempo. 

Luego de alcanzar un record histórico de ocupación, Uruguay viene experimentando desde 2014 una caída del empleo, ahora acelerada fuertemente en virtud de la pandemia. Esta dinámica es mencionada en diversos pasajes del libro, aunque la narrativa no siempre deja claros los factores que, de acuerdo al autor, explicarían la destrucción de puestos de trabajo. Por momentos, el libro parece querer trasmitir la idea de que ante la supuesta falta de flexibilidad laboral los empresarios habrían preferido automatizar empleos. Esto último parece implausible dado el enlentecimiento del crecimiento económico y la caída de la inversión en ese periodo. Pese a ser el tema central del libro, la incidencia y evolución del uso de tecnologías de automatización en Uruguay (sea a nivel agregado, de industrias o de empresas) no se documenta en ningún momento. La discusión también podría enriquecerse haciendo referencia a la creciente evidencia internacional sobre los efectos de episodios de automatización (“automation spikes”) a nivel de sectores o empresas sobre el empleo. ¿Qué sucede en las empresas cuando efectivamente invierten en robots y tecnologías relacionadas? Diferentes estudios para Francia (I, II, III), España, Alemania y Japón muestran que estos episodios de inversión en nuevas tecnologías no necesariamente se asocian a procesos de destrucción del empleo. En muchos casos se observa lo contrario: una expansión del empleo. Es sugestivo que uno de los estudios que muestra efectos negativos sobre el empleo sea para Estados Unidos, país con alta flexibilidad laboral.

¿Qué podemos hacer?

Algunos lectores se sorprenderán por el planteo fuertemente intervencionista que subyace del libro. Para enfrentar los retos que plantea la robotización, el rol del estado es omnipresente: regula el mercado laboral, debe proveer educación de calidad, apoyar la formación de habilidades y capacitación de la fuerza laboral y asegurar pisos sociales mínimos, mediante transferencias de ingresos, para facilitar la reconversión laboral. Si bien el autor no lo plantea de esta forma, el libro termina siendo un reconocimiento de que una economía de mercado librada a sus fuerzas es incapaz de generar las condiciones para aprovechar las fantásticas oportunidades de expansión del bienestar social que plantean los procesos de cambio tecnológico y minimizar los costos sociales que para muchas personas implica la transición.

Sin embargo, la discusión de las políticas necesarias para afrontar el cambio tecnológico tiene un tono general y no se detiene en detalles de implementación. Tampoco el libro abunda demasiado en propuestas concretas. En educación, se habla de la importancia central que tiene mejorar la calidad del personal docente, lo que naturalmente llevaría a pensar en los mecanismos que afectan la selección de personas en la profesión: salarios relativos a otras profesiones, la remuneración de las horas de trabajo fuera del aula y otras condiciones de trabajo y la propia formación docente. Sin embargo, estos temas no son analizados. Dada la temática del libro, llama la atención la ausencia total de referencia al papel que puede tener la UTEC, que hoy ofrece carreras tecnológicas en el Interior para miles de estudiantes. En materia de transferencias de ingreso, Munyo propone un ingreso básico focalizado en personas cuyos empleos están expuestos a un alto riesgo de robotización. Obviamente, surgen muchas dudas sobre los detalles de diseño de esta propuesta que los lectores no encontraran despejadas en el libro. Todos estos temas tienen además un correlato en términos de necesidades de financiamiento que tampoco es abordado. ¿Requiere Uruguay un nuevo pacto tributario para afrontar los desafíos de la productividad y el cambio tecnológico con equidad? Es difícil estar en desacuerdo con el autor en la importancia de la educación y de la protección social en relación al cambio tecnológico. Desafortunadamente, el libro no avanza más allá de formular algunos titulares generales.

La discusión de la regulación laboral ocupa un lugar central en el libro. En este punto, el análisis transita por los lugares comunes del canon liberal tradicional.[1] El país tendría regulaciones y normas laborales anticuadas, incluyendo los consejos de salarios, categorías laborales excesivamente detalladas, regulaciones inflexibles del tiempo de trabajo, etc. Este abordaje sesgado de la regulación laboral enfatiza sus costos y carácter distorsivo y olvida sus beneficios. No existe un análisis de las imperfecciones que afectan al mercado laboral y de cómo la regulación puede en muchos casos mejorar las cosas. Tampoco hay referencias a su rol redistributivo y de resguardo de la dignidad de trabajadores y trabajadoras en su relación asimétrica con los empleadores. Muchos de estos aspectos si son abordados por las personas entrevistadas.  

Los Consejos de Salarios son un blanco de críticas en el libro, aunque sin ofrecerse demasiadas pistas sobre qué aspectos deberían reformarse. Tampoco se plantea su eliminación. En este punto, el lector queda algo desorientado respecto a cuál es la posición del autor. Un breve encuadre histórico también podría haber beneficiado el tratamiento del tema. Existe evidencia de que la estabilidad institucional es un factor clave en el desempeño de los sistemas de negociación colectiva. Precisamente, si hay algo que le ha faltado a Uruguay en esta área es estabilidad. Primero la dictadura y luego los gobiernos democráticos de la década del 90 liberalizaron la fijación salarial. Esto obligó a resetear y empezar de cero cada vez que la negociación colectiva fue reinstalada (1985 y 2005), impidiendo la acumulación de aprendizajes y confianza entre los actores. No es casual que los acuerdos colectivos más innovadores se observen en sectores donde la negociación ha tenido mayor continuidad. Esto no sorprende dado lo que sabemos sobre el rol de la confianza, la certidumbre respecto a las reglas, la reputación y las interacciones sociales repetidas como mecanismos para sustentar la cooperación social.

Desde la creación de los Consejos de Salarios a mediados del siglo XX, el péndulo de las relaciones laborales en el país se ha movido en dos direcciones: la desregulación de la fijación salarial y la negociación por rama de actividad, con características más o menos similares al esquema original y al predominante en Europa del Sur. Se trata de dos equilibrios que producen resultados insatisfactorios. Existen propuestas concretas de ajustes en el funcionamiento de la negociación colectiva que ofrecerían un escape de este péndulo: (1) la implementación de un sistema de negociación secuencial donde primero negocian los sectores expuestos a la competencia internacional y fijan una referencia para la negociación en el resto de los sectores; (2) acuerdos sectoriales que proporcionen un “menú”  o rango acotado de opciones a las empresas en lugar de una prescripción única y protocolos de descuelgue predeterminados, atendiendo heterogeneidades de forma más sistemática (región, tamaño de empresa, etc), como ya lo hacen algunos convenios; (3) implementación de mecanismos de intercambio de información, consulta y cogestión de los trabajadores en las empresas.[2] Nuevamente, en este punto el libro critica sin ofrecer orientaciones claras respecto a posibles modificaciones.  

Todas las políticas que se discuten en el libro giran en torno a cómo debemos prepararnos y adaptarnos al cambio tecnológico o paliar sus efectos colaterales. En este punto surge una interrogante: ¿no deberían las políticas públicas incidir también sobre el perfil mismo que asume el proceso de adopción de tecnologías? ¿Son las elecciones tecnológicas de las empresas siempre socialmente óptimas? Una preocupación importante en los debates sobre las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo es la proliferación de tecnologías que sustituyen trabajo humano sin generar ganancias de productividad importantes ni creación de nuevos empleos. Algunos economistas las llaman tecnologías “ni fu ni fa” (traducción propia!). Ejemplos habituales son los puestos de autoservicio en aeropuertos, supermercados y estaciones de servicio, donde el trabajo que antes realizaban personas contratadas por las empresas ahora lo hacemos los propios consumidores (y gratis!).[3] ¿Cómo deberían estructurarse los incentivos de forma de inducir a las empresas a adoptar las tecnologías que generen mayores ganancias de productividad y bienestar? Por ejemplo, esto tiene implicancias desde el punto de vista de los sistemas tributarios que, al ofrecer un tratamiento impositivo relativamente más favorable al capital en relación al trabajo, podrían distorsionar ciertas elecciones tecnológicas.  

El misterio de Mallmann

Cierro esta reseña por el lugar donde el libro empieza, la entrevista al chef argentino Francis Mallmann. Sin dudas, una de las entrevistas del libro que más disfruté. Su idea de la importancia de resguardar “el misterio” en nuestras relaciones y en nuestra actividad laboral me resultó sugestiva y me dejó pensando.  

Muchos trabajadores no la tienen fácil a la hora de aplicar este consejo de Mallmann. Las empresas adoptan tecnologías y diseñan los puestos de trabajo y las tareas también motivadas por consideraciones estratégicas relativas a cómo resolver los conflictos de incentivos con su personal. ¿No fue el taylorismo una corriente entera de las ciencias de la administración orientada a simplificar al máximo las tareas de los trabajadores? En la línea de montaje no había lugar para los misterios. Reducir las tareas a movimientos monótonos y rutinarios, limitar al máximo la discreción del trabajador, descualificarlo, volverlo fácilmente reemplazable y controlable. ¿No fueron estos lineamientos deliberados de la administración de personal en cierto momento? ¿No son los sistemas de categorías laborales ultra detallados que (con razón) le preocupan al autor una rémora de esta vieja concepción de gestión?    

Esto se vincula a la discusión sobre los factores que explican las diferencias entre países en relación al riesgo de automatización. ¿Por qué personas dentro de una misma ocupación, industria y grupo educativo desempeñan tareas de contenido distinto? Segun el estudio de la OCDE que mencionaba al inicio, el contenido de tareas dentro de cierta ocupación puede variar (ej: incidencia del trabajo en equipo, de las comunicaciones cara a cara) y con él el grado de exposición a la automatización. En este enfoque, el riesgo de automatización no respondería exclusivamente a una suerte de naturaleza intrínseca de las ocupaciones y estaría también afectado por factores vinculados a la organización del trabajo dentro de las empresas. Son pocas las instancias en el libro donde las empresas son explícitamente analizadas en cuanto territorios donde se suceden los procesos de adopción de tecnología y se moldean las habilidades de las personas. La influencia que tengan los trabajadores en estos procesos y decisiones, que exceden largamente la lucha salarial tradicional, determinará en parte el futuro del trabajo que les toque. Habrá que llevar a la práctica lo que plantea en el libro el doctor Pérez del Castillo, exministro de Trabajo y Seguridad Social, “la empresa no es un feudo de capital.”     

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[1] El diagnóstico nuevamente se apoya en pocos datos y análisis de corte exploratorio. El autor se remite casi exclusivamente a destacar la mala posición de Uruguay en el subíndice de flexibilidad laboral del Índice de Competitividad Global, basado en las opiniones de 80 ejecutivos de empresas. En notas previas ya he discutido estos puntos.

[2] Estos tres pilares conforman la arquitectura del modelo al que, mediante adaptaciones incrementales y luego de décadas de estabilidad institucional y maduración de sus sistemas de negociación por rama, evolucionaron Alemania, Holanda y los países nórdicos. Suecia – país donde el salario de apenas un 10% de los trabajadores privados está enteramente determinado a nivel de empresa- introdujo las leyes de Codeterminación a fines de la década del setenta y el patrón de negociación secuencial en 1997. Finlandia introdujo la participación de los trabajadores en los directorios de empresas en 1991.  En Alemania, las cláusulas de descuelgue en los acuerdos colectivos comenzaron a proliferar a partir de la década del noventa.

[3] Obviamente puede haber beneficios para los consumidores en términos de menores precios o mejor calidad del servicio, aunque estos no siempre son evidentes.

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