jueves, 3 de septiembre de 2015

Un aborto político

En 1989 yo tenía 11 años y estaba terminando sexto de primaria. Los docentes, que ganaban una miseria, iniciaron una huelga en octubre que duró casi dos meses y contó con un gran apoyo por parte de las familias. En mi escuela las maestras dieron contracursos en locales prestados; aprendí a calcular volúmenes al lado de una cancha de básquetbol. La medida no dio muchos resultados pero el gobierno salió golpeado de cara a las elecciones.

Años después, en 1997, tomó fuerza la oposición a la “reforma de Rama”. Considerados en retrospectiva, los argumentos eran de lo más curiosos. Escuelas de tiempo completo, alimentación a los alumnos, enseñanza por áreas, todo era neoliberal y mercantilista. Las ocupaciones se multiplicaron; muchos salimos a la calle con los profesores, a sumar nuestra intransigencia a la del discurso sindical y a chocar con el autismo político del reformador. Buena parte de la reforma se frenó.

Los dos conflictos le tocaron a Sanguinetti, que en ningún caso decretó la esencialidad a pesar de ser un represor de clóset. Su debilidad política lo llevó a cuidar la gobernabilidad por encima de todo. Hoy el barrio ha cambiado. El Ejecutivo tiene mayoría propia. El PIT-CNT es “del palo”. El salario de los docentes ha crecido; los sindicatos han perdido prestigio. Agréguese un presidente que confunde autoridad moral con autoridad política, y el suave autoritarismo batllista se envalentona.

Si bien estas condiciones podrían ayudar a entenderlo, el decreto de esencialidad del pasado 24 de agosto fue un despropósito por donde se lo mire. Políticamente torpe e insostenible, si ganó popularidad a nivel general fue al costo de fortalecer a los sindicatos y alienar al Frente Amplio. Sumó ilegitimidad a la ineficacia, al apoyarse en elementos jurídicos endebles, en decretos de la dictadura, y en una selección parcial de criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT[1]. Coqueteó con el populismo de derecha al usar el derecho a la educación como pretexto para (virtualmente) prohibir el derecho de huelga. Aportó a la estigmatización de la educación pública, de los maestros y de los sindicatos, propia del discurso opositor.

Extrema e impaciente, la medida parece ideada por el vecino de a pie o el economista de Chicago, no por autoridades experimentadas. No solo dinamitó cualquier posibilidad (si acaso existía) de adelantar una reforma educativa, sino que arriesgó décadas de acumulación política. Sentó un mal precedente para los futuros gobiernos, que no siempre serán compañeros. Mostró la ignorancia del Ejecutivo sobre la naturaleza de la educación, al confundir el proceso de enseñanza con la presencia física de los maestros en la escuela. No se puede educar por decreto.

A pesar de la reculada casi inmediata, el daño político está hecho. Toda frenada deja huella. Ahora hay que negociar con sindicatos fortalecidos (aunque quizá no tanto), bajo la mirada crítica (si bien pendular) de la militancia y los simpatizantes. La pelota todavía no baja.

Después de todo, el problema del salario docente no es sencillo. Es innegable el incremento presupuestal para la educación durante los gobiernos del Frente Amplio, que se reflejó entre otras cosas en una mejora sustancial del ingreso docente. El gasto llegará este año a 4,8% del PBI, mientras que en 2004 era de 2,5%. Según datos oficiales el salario real de los maestros se ha incrementado un 70% en el mismo período, bastante por encima del promedio[2]. En 2005 un maestro que empezaba con 20 horas ganaba 6.000 pesos nominales; hoy está cerca de 20.000. Considérese también el contexto general de ingresos en Uruguay, históricamente deprimidos a pesar de la última década de vacas-no-tan-flacas. Casi 40% de los asalariados no gana más de 15,000 nominales. Un profesor grado 3 de la Universidad gana 16,700 pesos por 20 horas. Adicionalmente, por si alguien se olvidó, el contexto internacional es recesivo y las finanzas locales, deficitarias.

De todas maneras, 20 mil pesos brutos para la persona que cuida y educa a tus hijos sigue siendo poco. En comparación con otros países de la región (Argentina, Chile y México) Uruguay paga a sus maestros entre 20 y 30% menos. El maestro que quiere alquilar y además comer tiene que trabajar 40 horas semanales, con el desgaste y la pérdida de calidad que implica. Con esta relación costo-beneficio no es extraño que pocos jóvenes quieran ser maestros. Tampoco es raro que baje “el nivel docente”. No es la pérdida de los valores ni la droga; es el sueldo.

Los sindicatos hacen bien en presionar por mejoras salariales. También aciertan al insistir en las carencias de infraestructura de muchos centros. Para eso están. Con la estructura presupuestaria actual parece haber poco margen para incrementos superiores a los que ofrece el gobierno, pero siempre queda alguna opción subversiva (o enfermita), como recortar el gasto en Defensa.

Ahora bien, en educación no todo es plata. Las discusiones presupuestales distraen la atención del hecho de que ni el gobierno ni los sindicatos tienen una propuesta que apunte a sacar a Uruguay de la catástrofe educativa en que se encuentra. El recuento histórico del inicio de este artículo sugiere que los sindicatos son revolucionarios cuando se trata de sus ingresos y reaccionarios cuando tienen que cambiar su forma de trabajo. El gobierno es igual: radical con el gasto e indolente con la calidad educativa.

La derecha festejó la mano dura del gobierno como el “fin de la apatía”, pero en realidad la apatía sigue. No existe todavía una propuesta de transformación educativa, más allá de la inexperta “cláusula de paz” que buscó garantizar un mínimo de días de clase, o de las vagas referencias a vincular ingresos a desempeño. El gobierno carece de ideas claras, y aunque las tuviera no parece probable que los sindicatos, tan autónomos y combativos, lo fueran a acompañar.

Aquí es donde creo que los sindicatos se deben un cambio de paradigma que les permita al mismo tiempo recuperar credibilidad y tomar la iniciativa de una reforma convocante. Es desgastante y estéril la invocación al demonio neoliberal como culpable de todos los males. Es difícil defender la autonomía sin metas, o cuando es mero pretexto para oponerse a cualquier objetivo propuesto por el gobierno. No se entiende, por caso, la resistencia a integrar primaria y secundaria con el pretexto de mantener un nivel de exigencia que solo existe en la nostalgia. El discurso clasista de algunas agrupaciones ya no conecta con la sociedad y corre el riesgo de volverse una justificación berreta y tramposa del inmovilismo. Capaz que hay mejores formas de defender la educación pública que cerrando escuelas.

Cada día unos 10 chicos dejan el liceo. La mayoría piensa, tal vez con razón, que estudiar no les sirve para nada. Desde el 25 de agosto ya son como 100. En el año serán unos 20.000. Los que se quedan apenas aprenden a leer. Es hora de que gobierno y sindicatos se sienten a negociar algo más que salarios.

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[1] La Diaria, 25 de agosto de 2015.
[2] Presidencia de la República, noticia del 07/09/2013.

miércoles, 26 de agosto de 2015

Innovación y desempleo en el largo plazo

Foto cortesía de Matías Brum
(www.flickr.com/photos/elamormuerde)
 
Hace un tiempo tuve una discusión con un amigo. Cuando me encontré con él, yo venía de bajarme de un ómnibus en el que el guarda era un gurí joven que parecía nuevo en su trabajo. Caliente como estoy con lo mal que funciona el transporte público en Montevideo le dije que me parecía muy ineficiente que sigan existiendo los guardas cuando la tecnología disponible permite que cada pasajero pague su viaje sin necesidad de un intermediario. Ante este planteo, mi amigo me responde que el hecho de que el ómnibus disponga de una máquina que puede cobrar el boleto no debería dejar al guarda sin trabajo.

Este tipo de discusiones no se aplican sólo al caso de los guardas. La historia de la humanidad está llena de casos en que nuevos inventos facilitan el trabajo en algunos oficios (reduciendo la necesidad de ayudantes) o directamente vuelven ciertos oficios obsoletos. Sin hacerlo explícito, mi amigo y yo estábamos teniendo una discusión sobre la relación entre el crecimiento económico y el desempleo.

Las innovaciones como motor del crecimiento

La introducción de innovaciones es la clave del crecimiento económico. Desde Solow (1956) se sabe que las economías se enriquecen mucho más por las ganancias de eficiencia que vienen con la introducción de innovaciones a los procesos productivos que por la acumulación de factores productivos.


Nota: Construcción en base a datos de Penn World Table 8.1 recabados por Feenstra et al. (2015). El capital y el PBI están medidos en millones de dólares constantes de 2005 y los trabajadores son cientos.

La gráfica anterior muestra al menos dos cosas interesantes a efectos de este post: 1) el PBI (nivel de producción) del Uruguay es ahora mucho mayor que a mediados de siglo, 2) en parte eso se explica por una mayor acumulación de factores productivos, pero en su mayoría se debe a algo más. O sea, para una cantidad de dinero X invertida en capital y una cantidad Y de trabajadores dada, hoy en Uruguay producimos mucho más que antes. ¿Cómo lo logramos? Como muchos otros países: aumentando la calidad de los factores productivos (mejores máquinas y trabajadores más calificados) y también organizando la producción de una forma más eficiente. La introducción de mejoras tecnológicas tiene mucho que ver con eso.

De forma intuitiva, supongamos que en un país en el que hay 100 trabajadores se producen manzanas y zapatos. Cada producción necesita el trabajo de dos trabajadores para producir una manzana o un zapato en un período de tiempo dado y cada sector usa la mitad del trabajo disponible por lo que la economía produce 25 manzanas y 25 zapatos.



 Supongamos que esta economía encuentra una innovación que permite reducir a la mitad la cantidad de trabajo necesaria para producir un zapato (y pasa a llamarse economía A’). Esto le abre a la sociedad muchas posibilidades. Una es dejar a los trabajadores en los sectores en los que están y producir más zapatos (escenario 1). Otra es dejar fija la cantidad de zapatos producida y, dado que para ello se precisa menos trabajo, pasar trabajadores a producir más manzanas (escenario 2). Obviamente hay muchos escenarios en el medio en el que, respecto a la situación A (antes de la innovación) se producen más manzanas y al mismo tiempo más zapatos. Pasando de A a A’ la economía ha crecido. Dado que la producción total de la economía es mayor y la población es la misma, la riqueza per cápita es mayor.

¿Cómo se relaciona este ejemplo con el caso de los ómnibus? Ante la llegada de la máquina que te cobra el boleto se puede relocalizar a los guardas para que den otros servicios dentro del mismo sector (como en el escenario 1). Si las empresas no tienen posibilidad de invertir en más ómnibus para que los manejen (lo que aumentaría la cantidad del servicio), se podría aumentar la cantidad de gente controlando el pasaje en tiempo de los buses (lo que aumentaría la calidad del servicio). Otra posibilidad es pasar esos trabajadores a otros sectores (como en el escenario 2). Pero lo que parece estarse haciendo es una especie de escenario 0 en el que la innovación simplemente se ignora.


Innovaciones y desempleo

Mi amigo diría que en casos como el del escenario 2, en el que hay trabajadores que tienen que encontrar un trabajo en otro sector, a mi ejemplo le falta la posibilidad de que algunos de esos trabajadores no encuentren un nuevo puesto y queden desocupados. Mi amigo tiene razón, en este tipo de procesos hay siempre que considerar los ajustes de corto plazo en los que la gente no puede quedar desempleada. Pero el ejemplo anterior demuestra lo absurdo que resulta el escenario 0. Si la tecnología lleva un puesto de trabajo a la obsolescencia, no parece adecuado simplemente darle la espalda.

¿Hay un efecto de largo plazo? Como sugiere el gráfico anterior el crecimiento de la riqueza del Uruguay fue impulsado por mejoras de los procesos productivos a lo largo de los años. Pero el hecho de que las innovaciones se sucedan en el tiempo no genera necesariamente un creciente desempleo. Ciertamente para el caso de Uruguay resulta difícil argumentar algo así. El desempleo en Uruguay hoy es más bajo que el de la década del 60 y los períodos en los que la tasa de desempleo alcanzó sus picos más altos están relacionados con períodos de crisis estructurales que no guardan relación con la introducción de innovaciones.[1] Por decirlo de otra manera, y parafraseando a Jorge Drexler: las innovaciones las hacen la gente y son lo que la gente hace con ellas. Ignorarlas no parece ser la mejor de las ideas.


Referencias

Solow, Robert (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), pp. 65-94.

Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), “The Next Generation of the Penn World Table” forthcoming American Economic Review. Los datos se pueden descargar acá: http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-8.1

[1] Ver la serie de desempleo histórica del INE (1964-2014) disponible acá: http://www.ine.gub.uy/actividad/empydesemp2008.asp?Indicador=ech

jueves, 20 de agosto de 2015

¿Se debe declarar la educación pública como un servicio esencial?


Los paros totales y parciales en el sector educativo son frecuentes no solo en Uruguay sino en el resto del mundo. Los reclamos detrás de esos paros son variados: ajustes salariales, mejora en las condiciones de trabajo en general, desacuerdo con la política educativa, entre otros. En algunos casos, el uso frecuente del instrumento de paro ha llevado a las autoridades educativas y a otros sectores de la sociedad a reclamar la necesidad de declarar la educación como un servicio esencial. Eso es, como un servicio que no debe ser interrumpido. La implicación práctica inmediata de esa medida es que los trabajadores encargados de proveer ese servicio tendrán restricciones o incluso prohibiciones en su derecho a huelga. Aquí sostengo que si bien no hay buenos argumentos para defender prohibiciones totales en el derecho a huelga de los educadores, si los hay para plantear la necesidad de buscar esquemas de restricciones parciales que garanticen que la provisión de servicios educativos primarios no sean interrumpidos a ciertos niveles. Esto sucede porque la interrupción prolongada de este servicio puede -con una probabilidad no menor- afectar las oportunidades de buena parte de la población tanto a corto como a largo plazo. Este argumento contradice la postura oficial de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y la de la legislación vigente en numerosos países.

I

Los servicios esenciales son aquellos cuya provisión debe ser garantizada por el Estado. La fundamentación para esto se basa principalmente en dos posiciones: (1) el daño probable e inmediato que la interrupción de servicios esenciales produce en la población y (2) la violación de derechos que el paro de estos servicios puede generar. Por ejemplo, los servicios de policía, bomberos y de emergencia médica están comúnmente catalogados como servicios esenciales. Algunos países y gobiernos subnacionales van más allá y definen la educación como un servicio esencial. Ese es el caso de Portugal, Alemania y algunas provincias y estados de Canadá y Estados Unidos respectivamente. 

Los mismos dos argumentos que comúnmente se utilizan para justificar otros servicios esenciales también se aplican al caso de la educación. Primero, algunos creen que la interrupción del servicio educativo tiene efectos negativos tanto sobre el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar en general como sobre la vida de quienes están a su cargo (padres, familiares, etc). Esto último sucede dado que el sector educativo también oficia como proveedor de servicios de cuidado, algo que posibilita que los custodios de los estudiantes tengan el tiempo para realizar otras actividades. Una segunda justificación se basa en el argumento de que las huelgas docentes violan el derecho a aprender de niños y niñas. A la hora de poner sobre la balanza el derecho a huelga de los educadores y el de los niños y niñas a aprender, algunos creen que se debería favorecer este último (Horsten, Debra y Corlene Le Grange. 2012; Calitz y Conradie 2013). 

Existe al menos una razón importante para rechazar estos argumentos a la hora de justificar una prohibición total del derecho de huelga docente. Esta es que los paros docentes son instrumentos que – utilizados bajo ciertas condiciones- pueden afectar positivamente a los estudiantes. En otras palabras, los resultados obtenidos mediante una huelga docente pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo si se mejora las condiciones de su educación). Por lo tanto, los dos argumentos anteriores pierden su fuerza para el caso de prohibiciones totales al derecho a huelga. El problema es que esta razón no alcanza para justificar un derecho a huelga docente sin restricciones.


II

La OIT ha sistemáticamente excluido al sector educativo como un servicio esencial. El argumento principal ha sido que las huelgas educativas no tienen el potencial de generar daños significativos en la población. Más aún, en el caso de que esos daños puedan producirse, es esperable que no sucedan en el corto plazo. Por tanto, el factor de la inmediatez no jugaría papel alguno. Sin embargo, actualmente existe evidencia que muestra los efectos negativos que puede tener los paros docentes tanto en el corto como en el largo plazo. Estudios recientes (Belot y Webbink 2010, Johnson 2010, Baker 2013) reafirman la sospecha presentada en los trabajos pioneros en la materia (Caldwell y Maskalski 1981; Caldwell y Jefferys 1983) de que los paros docentes tienen un efecto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos. Ese hecho no es sorprendente, tomando en cuenta la evidencia existente sobre los efectos negativos del ausentismo docente en los resultados educativos de los estudiantes.

Por ejemplo, en su evaluación de los efectos de largo plazo de las huelgas docentes en Bélgica, Belot y Webbink (2010) encuentran que el paro de mayo a noviembre de 1990 en la comunidad francófona afectó negativamente el desarrollo de los escolares involucrados, dando lugar a mayores tasas de repetición. De forma similar, Johnson (2011) y Baker (2013) muestran que las huelgas de docentes de primaria (en promedio de 10 días) en la provincia de Ontario, Canadá, tuvieron un efecto significativamente negativo en los puntajes tanto en lectura como en matemáticas obtenidos por los estudiantes que experimentaron las huelgas. En particular, el estudio de Johnson (2011) sugiere que el impacto negativo de una huelga de 10 días es significativamente mayor para los estudiantes que provienen de hogares con menor nivel educativo.

Uno podría pensar, sin embargo, que una huelga determinada puede tener efectos negativos sobre la generación de estudiantes que se ve directamente involucrada (la que deja de tener clases) mientras se podría dar un efecto positivo para los estudiantes post-huelga. Por ejemplo, la mejora en las condiciones de trabajo de los docentes obtenidas luego de las negociaciones podrían repercutir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido el efecto global que una huelga concreta puede producir en una generación de estudiantes concreta no nos da un panorama completo del asunto. El problema es que este instrumento se utiliza con demasiada frecuencia, afectando así a varias generaciones de estudiantes.

Por tanto, existen razones para pensar que los paros docentes efectivamente pueden generar efectos negativos en los estudiantes. Este hecho nos obliga a pensar más detenidamente las libertades y obligaciones que los proveedores de ese servicio (los educadores) deben contar. Si bien una restricción total de la libertad es contraproducente para educadores y alumnos, también parece serlo un derecho absoluto tal como propone la OIT.


Referencias

Baker, Michael. 2013. ``Industrial actions in schools: strikes and student achievement'', Canadian Journal of Economics, 46 (3): 1014-1036



Belot, Michèle y Dinand Webbink. 2010. “Do Teacher Strikes Harm Educational Attainment of Students?”, Labour 24 (4): 391-406



Calitz, Karim y Diana Conradie. 2013. "Should teachers have the right to strike? The expedience of declaring the education sector an essential service", Stellenbosch Law Review, 24 (1): 124-145.



Caldwell, William y Loretta Jeffreys. 1983. ‘The effect of teacher strikes on student

achievement: new evidence.’ Government Union Review 4, 40–58



Horsten, Debra y Corlene Le Grange. 2012. ``The limitation of the educator's right to strike by the child's right to basic education'', Southern African Public Law, 27 (2): 509-538.



International Labour Organization. 2006. Freedom of Association: Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, fifth (revised) ed. Geneva: International Labour Office.



Johnson, David. 2011. “Do work stoppages and work-to-rule campaigns change elementary school

assessment results?”, Canadian Public Policy 37, 479–94

jueves, 13 de agosto de 2015

Sobre Luditas, lobbys y consumidores: las compras por internet.

Hace tiempo se viene implementando un conjunto de medidas que buscan restringir las compras on-line de los uruguayos, en parte respondiendo, a mi entender, a demandas de un sector empresarial específico, vinculado al comercio. En este marco, me parece que algunos aspectos del fenómeno de compras por internet no han sido comentados o contemplados; aspectos que son ilustrativos de carencias cuando se trata de pensar algunos problemas. En concreto, el caso de las compras on-line parece ser un ejemplo de situaciones en las que las potenciales ganancias en términos de bienestar de los consumidores son mayores que las pérdidas en puestos de trabajo o los beneficios de los empresarios vinculados, pero cómo estos grupos son relativamente pequeños y tienen mayor capacidad de acción y voz en el debate social, logran bloquear los cambios.

¿Cuáles son los argumentos para flexibilizar o restringir las compras on-line? Primero, pensemos en la disponibilidad de bienes y servicios: si quiero comprar una boquilla de trompeta Selmer, porque me dedico a la música y necesito que mis instrumentos suenen bien, o el Classroom in a Book de Adobe, porque me dedico al diseño gráfico, probablemente sólo pueda hacerlo on-line. Parte de las compras on-line, entonces, no sustituyen ventas que se realizarían de forma presencial en territorio nacional, sino que representan acceso a bienes y servicios que directamente no están disponibles en el país. O sea, estos son casos de una mejora inequívoca en el bienestar del consumidor.

Segundo, pensemos en los precios. Un motivo para comprar on-line bienes disponibles en Uruguay es su menor precio. Poder acceder a los mismos bienes a menor precio claramente incrementa el bienestar del consumidor. De hecho, una de las formas en que los economistas miden este bienestar (llamado “excedente del consumidor”) es calculando la diferencia entre el precio que uno está dispuesto a pagar por un producto y el que finalmente paga.1 Se argumenta que este diferencial de precios es injusto dado que las compras on-line no pagan impuestos (o pagan menos), por lo que resulta competencia desleal. Complejicemos un poco. Las compras en persona tienen un conjunto de ventajas sobre las on-line: testeo de productos (probarse la ropa, la cámara de fotos, etc.), garantías de más fácil acceso, servicios post-venta (reparaciones, soporte técnico, etc.). Los objetos comprados on-line, además, pueden dañarse en el camino, ser difíciles de devolver o reparar, etc. El diferencial de precios tiene que compensar todo esto para que la compra on-line valga la pena. En lo personal, prefiero ir a una tienda y comprar un jean y saber a quién reclamar por un desperfecto antes que hacerlo on-line para ahorrar, digamos, 10% del precio, y correr el riesgo de que llegue en un mes y me quede chico.

Sin embargo, una fracción del diferencial de precio puede deberse simplemente al mayor margen de ganancia del vendedor en plaza. Investigaciones periodísticas recientes demostraron los altísimos márgenes sobre varios productos (casi 1000% sobre pasta de dientes, por ejemplo), y hay quien argumenta que “Uruguay es caro” producto de la falta de competencia en los mercados, lo reducido del mercado interno, la existencia de oligopolios, todo lo cual lleva a importantes márgenes de ganancia. Si este es el caso, entonces las compras on-line incrementan el bienestar de los consumidores y a la vez disciplinan a los vendedores en la plaza local. La competencia con el exterior también podría inducir a las empresas locales a mejorar el servicio a los clientes (que tengan su web, que vendan on-line, que den precios por teléfono, por ejemplo).

Tercero, pensemos en los puestos de trabajo. Se plantea que las compras on-line desplazan compras en persona, lo que afecta la rentabilidad de los comerciantes y amenaza puestos de trabajo. Esto es relativizable, en varios frentes. Primero, comprando on-line, los consumidores muchas veces ahorran dinero, y es de esperar que ese dinero no desaparezca, sino que se gaste en otros bienes y servicios dentro del territorio nacional (lo que genera beneficios y empleo en otros sectores). Segundo, la demanda on-line puede contribuir a desarrollar un mercado local para los bienes aún no disponibles: a base de extender su uso quizás comiencen a venderse boquillas Selmer; después de todo, la gran demanda on-line fue uno de los elementos que llevó a la cadena Forever 21 a instalarse en Uruguay, y creó puestos de trabajo. Tercero, y más importante, las compras on-line también implican dinamización de actividad en varios sectores, entre ellos el logístico (aduanas, couriers, despachantes, webs como Gripper o Urubux) y el financiero, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

Por último, vale la pena notar que los comentarios anteriores son relevantes solamente si habláramos de un fenómeno de magnitudes importantes en términos, por ejemplo, de volúmenes de venta. Según esta nota periodística las compras on-line ascendieron a 40 millones de dólares entre abril 2013 y el mismo mes de 2014. Esto es algo así como 0.0007% del PBI en dólares de 2013. En términos per cápita, son unos once dólares por persona. Suena como si un conjunto reducido de comerciantes con altos márgenes estuviera agitando el cuco de la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza a la rentabilidad por montos más bien reducidos. En todo caso, las compras on-line parecerían ser un problema menor en comparación con el contrabando, los viajes a Buenos Aires en busca de bienes más baratos o inexistentes en plaza, los encargos a amigos y familiares que viajan a Europa o Estados Unidos, etc.2

En base a estas consideraciones previas, en mi opinión el tema de las compras on-line es un caso particular de un fenómeno quizás un poco más general cuando se discuten problemas económicos: el foco excesivo en los puestos de trabajo en detrimento del bienestar del consumidor (en definitiva, la población en su conjunto). Esto puede resultar de un problema bastante clásico de economía política: frente a un cambio X, muchas veces los perdedores son un grupo compacto, identificable, organizado, con capacidad de lobby, en tanto los potenciales ganadores son un grupo más grande, disperso, no organizado. Por supuesto que es válido e importante preocuparse por los puestos de trabajo, pero en algún momento tenemos que empezar a reconocer seriamente que, en algunos casos, en algunas situaciones, existen tensiones (“trade-offs” diría un economista) entre puestos de trabajo y mejoras en el bienestar. De lo contrario, una forma rápida de incrementar el empleo sería, por ejemplo, pedir partidas de nacimiento en todos los trámites y reducir la vigencia de las cédulas de identidad a un año.

Como otros casos de lo anterior, piénsese por ejemplo en lo ocurrido con el corredor Garzón: tras toda la reforma, un informe del BID señala que no hubo beneficios para los consumidores (los pasajeros), como resultado de la presión de empresarios y trabajadores. Asimismo, en mi lejano recuerdo de la discusión sobre el TLC con Estados Unidos, la discusión pública también se centró en industrias en jaque y pérdidas de puestos de trabajo, o el acceso a mercados nuevos y la dinamización de nuevos sectores de actividad. No así, en los potenciales beneficios para los consumidores. Algo similar parece estar sucediendo con el TISA, o con el TLC Mercosur – Unión Europea. Quizás los acuerdos sean malos, más perjudiciales que beneficiosos, y de hecho no quiero discutir sus pros y contras aquí, sino señalar, como punto central, que en cualquier discusión tenemos que recordar que “los consumidores” son también trabajadores, desocupados, empresarios, cuentapropistas, estudiantes, jubilados, amas de casa, etcétera. El bienestar de los consumidores también vale, y no podemos utilizar los puestos de trabajo como vara única para evaluar las cosas, porque es verlas por la mitad.

El problema de economía política que señalé implica que, en varios casos, los potenciales perdedores terminan bloqueando cambios potencialmente muy beneficiosos (como en el caso del corredor Garzón). El Estado es un actor privilegiado que podría ayudar a coordinar a los ganadores y asegurarse de que los perdedores sean razonablemente compensados. Simplificando trámites y asegurando una solución para funcionarios redundantes; mejorando el sistema de transporte y colaborando en la reconversión de los trabajadores, etc. Sin embargo, algunas veces pareciera que la primera reacción en la discusión pública fuera la de proteger los puestos de trabajo a toda costa, incluso a costa del bienestar del consumidor (es decir, de la población).

Paradójicamente, si bien los partidos tradicionales son los que ideológicamente están más cerca de realzar las virtudes del mercado, el gobierno del Frente Amplio contribuye con legislación clave en el área (por ejemplo, con la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de julio de 2007), que efectiviza la lucha contra prácticas anticompetitivas y permite, por ejemplo, desbaratar un cartel de vendedores de pomarola y reducir su precio sensiblemente. Aun así, queda camino por recorrer, por ejemplo actualizando la legislación sobre fusiones y adquisiciones de forma de evitar mayor concentración en los mercados.

Volviendo a las compras on-line, si bien es un tema complejo sobre el que falta información, creo que algunas de las acotaciones de este post no han figurado en la discusión pública y aportan elementos para pensar sobre el tema. Si bien escalar de ese ejemplo a temas más complejos puede ser aventurado, creo vale la pena insistir con esta idea de que los consumidores, al final de cuentas, somos todos.


Foto por Matías Brum. Agradezco a Michel Godin, Sebastian Fleitas y Carolina Campo Lupo por valiosos comentarios y sugerencias.

Así, estoy dispuesto a pagar $180 por una pasta de dientes, pero claramente soy más feliz si la pago $150, y mucho más feliz si la pago $50.
Hay, además, un tema distributivo. Restricciones a las compras on-line en base a pedir tarjetas de crédito internacionales o similar probablemente no afecten a las capas más ricas de la sociedad y reduzcan el acceso de sectores de menores niveles de ingreso. 

jueves, 6 de agosto de 2015

La "nueva democracia" y la impunidad

Tomado de: Colectivo Rebelarte.
www.rebelarte.info bajo Creative Commons.
En el marco de los treinta años del retorno de la democracia que se celebran este año en nuestro país, se han realizado varios eventos que han generado espacios interdisciplinarios de reflexión y debate. Uno de los últimos eventos realizados el pasado jueves 23 de julio, fue el café tertulia "30 años de relatos, disputas y silencios: sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay. Un enfoque interdisciplinario" organizado por la Universidad de la República en el Espacio Interdisciplinario, el cual contó con un panel con protagonistas como Álvaro Rico, José López Mazz, Emilio Crenzel, Virginia Martínez, Juan Faroppa y como moderadora a Soledad Platero.

En relación a los debates relacionados con este evento, voy a dejar planteadas algunas reflexiones en torno al tema, que nos deberían poner a pensar como sociedad acerca de dónde estamos parados en materia de Derechos Humanos.

A diferencia de Argentina, en donde el qué recordar, el tratamiento de ese pasado reciente y las formas en que se volcó al espacio público han sido diferentes a las configuradas en nuestro país, esto en el país vecino se generó así producto de un debate más articulado entre militantes de los Derechos humanos, los sobrevivientes del terrorismo de estado, los políticos, los académicos y la sociedad en su conjunto.

Cabe destacar que en Argentina se ha llegado a producir una suerte de institucionalización o consagración de la categoría "memoria del terrorismo de Estado", como lo ha sabido estudiar la antropóloga Ana Guglielmucci en su libro "La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina." del año 2013.

Esto no ha sucedido de esta forma en Uruguay, aquí estamos aún con altibajos, desentrañando ese pasado, dado que la vuelta a la democracia en Uruguay significó la instauración de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, la cual aún vigente, pretende que los crímenes de la dictadura no puedan ser debidamente juzgados, amparando así a los militares y policías responsables, inclusive luego de los dos referendos fallidos para su derogación (1989 y en 2009), lo cual nos obliga como sociedad a interrogarnos si los Derechos Humanos deben ser plebiscitados. Si se debe decidir a través de un plebiscito, acerca de si los familiares de las víctimas y a su vez todos como sociedad tenemos derecho a saber o no, qué sucedió con quienes fueron desaparecidos por el estado, dónde están, quienes cometieron las torturas, por que no están presos, entre otros aspectos que atañen al tema. Si bien esta ley en el año 2010 fue declarada inconstitucional, presentando el Frente Amplio un proyecto de ley interpretativo de la constitución, el cual anulaba los artículos 1º, 3º y 4º, se aprobó en primera instancia por la cámara de diputados, mientras que en el año 2013 la suprema corte de justicia, declara inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, determinando así que las causas judiciales abiertas en las que no hay militares procesados deberán archivarse porque se entiende que los delitos prescribieron y que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Esto llevó a que en febrero de 2013, la suprema corte de justicia removiera del ámbito de lo penal al ámbito de lo civil a la jueza Mariana Mota quien realizó una de las más importantes condenas, al ex dictador Juan María Bordaberry, quien fue condenado a una pena de 30 años de cárcel en el año 2010, convirtiéndose en un caso emblemático en la búsqueda de las víctimas de verdad y justicia, así como de garantías de no repetición de estos crímenes.

Es un largo camino el que debieron y debemos transitar los países del Cono Sur (Brasil, Chile, Argentina y Uruguay) luego de tener en nuestro haber casi una década marcada por brutales dictaduras, para alcanzar la verdad y la justicia que merecen estas sociedades, las cuales hasta el día de hoy continúan sufriendo la herencia y consecuencias de estos regímenes en diferentes espacios y dimensiones.

Se debe resaltar que en Uruguay no hemos tenido avances como si lo han habido en Argentina, acerca de las alianzas que se mantenían con los civiles y el involucramiento de estos en el régimen, ni con las diferentes empresas multinacionales que sirvieron para financiar los golpes de estado en la región, dado que las dictaduras fueron regímenes cívico-militares, por lo tanto la justicia y la verdad deben ser buscados tanto en civiles como en militares.

Debemos tener en cuenta que dentro de los avances que si se han realizado en nuestro país, se debe destacar la labor de los equipos de historiadores precedidos por el historiador y hoy decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico; así como también los avances logrados por el equipo de antropología forense que fuera precedido por José López Mazz hasta el año 2014, quienes se encargaron de avanzar en la búsqueda de los restos de los desaparecidos en predios oficiales, trabajos que han servido desde la interdisciplinariedad para reconstruir la historia.

El proceso que ha experimentado Uruguay con la búsqueda de verdad y justicia, ha sido obstaculizado y la impunidad ha sido avalada por la suprema corte de justicia, por ex mandatarios de derecha e izquierda, por el ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y por jueces que han permitido que el ex militar José "Nino" Gavazzo, condenado por delitos de lesa humanidad, tenga una salida transitoria de la cárcel. Ha sido complejo y no ha tenido una debida transmisión pública tampoco.

En la actualidad, Uruguay sigue transitando por un período de fuerte impunidad, lo cual implica una legitimidad de los delitos cometidos durante la dictadura en plena democracia. Si bien los primeros avances en este terreno se realizaron durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, falta aún mucho camino por recorrer y se espera que Tabaré profundice en torno a la verdad, la justicia y el Nunca Más.

Podemos señalar que, con respecto a este compromiso que indiscutiblemente debe tener el gobierno con la sociedad toda, ha reanudado las excavaciones en los batallones y se ha planteado una nueva etapa de profundización de este compromiso, con la creación y la puesta en funcionamiento de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente. Dentro de los avances más importantes que hemos tenido, destaco que el treinta de julio pasado la Suprema Corte de justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del general (r) Pedro Barneix, el cual consideraba que el homicidio de Aldo Perrini, se considerara prescripto. Por lo que Barneix deberá volver a declarar. Este hecho deja entreabierta la puerta de la esperanza en torno a la búsqueda de la verdad y la justicia y me deja pensando qué tipo de país construimos, cuál es la nueva democracia instaurada?, cuando al pasado lo arrastramos sin importar las herencias y las consecuencias que recibimos de este.