Las palabras y las cosas. Repensando la experiencia dictatorial.

Este año se cumplen 40 años del golpe de estado en Uruguay. Dichas instancias son ocasiones interesantes para reflexionar de una manera más analítica acerca de cuáles han sido las contribuciones de las ciencias sociales para entender la dramática experiencia dictatorial así como de evaluar las maneras en que estas interpretaciones académicas dialogaron con la memoria social del período.

Un asunto me ha inquietado en los últimos años. Se trata del enorme desbalance existente entre la reflexión teórica conceptual acerca de la última experiencia autoritaria en Uruguay y la abundante producción histórica, testimonial y periodística sobre dicha temática que se ha desarrollado en las últimas décadas. Dicho de otra manera. A pesar de la abundante producción escrita sobre el pasado reciente en las últimas décadas, seguimos utilizando las mismas categorías conceptuales para pensar la dictadura que aquellas usadas por los contemporáneos a las mismas en los setentas y principios de los ochentas. Esto no necesariamente sería un problema. Pero ocurre que las visiones que se desarrollaron en ese período fueron construcciones político académicas que estaban fuertemente limitadas en su percepción de la experiencia dictatorial por la situación de represión, la ausencia de información, y por las urgencias que reclamaba el análisis académico fuertemente involucrado en el compromiso político de buscar salidas a la dictadura. Todo esto llevó a que algunos aspectos de los regímenes dictatoriales fueran opacados y no considerados en estas primeras aproximaciones conceptuales que han marcado fuertemente el debate público y los marcos académicos para pensar la experiencia autoritaria.

Las categorías que han primado son tres nociones que aunque no nacieron en Uruguay fueron muy influyentes para pensar la dictadura: a) la de Régimen militar, propuesta por el norteamericano Alfred Stepan para expresar la novedad que implicó la dictadura Brasilera en relación a los arreglos institucionales de los regímenes autoritarios previos en América Latina; b) la de Estado Burocrático Autoritario, propuesta por Guillermo O´Donell, inicialmente para el caso argentino y luego ampliada al resto del cono sur; y c) la de Terrorismo de Estado, propuesta por Eduardo Luis Duhalde también para Argentina y luego divulgada a la región.

Sin embargo, recientes investigaciones históricas han dado cuenta de múltiples dimensiones que no estaban incorporadas por dichos enfoques.  Uno de los aspectos que estos enfoques dejaron al margen fue lo que ocurrió con la cultura y la sociedad que estuvo cercana al regimen. La cultura oficial impulsó múltiples dispositivos celebratorios de un nacionalismo que convocó a sectores populares asi como de las elites, ya sea para la revalorización de ciertas tradiciones culturales asociadas mayormente al medio rural, como para eventos que implicaban una relectura explícita de la historia nacional que ubicaba a la dictadura como el momento de la segunda independencia. Gran parte del imaginario nacionalista (la bandera, el héroe nacional) fue resignificado estableciendo una continuidad entre la lucha de la independencia y la construcción del estado nacional en el siglo XIX, y la lucha contra la "subversión" extranjerizante y la creación de un "nuevo Uruguay" durante la dictadura. Estos eventos conjugaron sociabilidad, entretenimiento y movilización política integrando una dimensión fundacional que quedó claramente explicitada en la idea de construir un "nuevo Uruguay". La dictadura intentó impulsar un nuevo modelo de ciudadano bajo referentes culturales diferentes a los que anteriormente había desarrollado la democracia.

Estas dimensiones no resultaron incluidas por ninguno de los tres conceptos mencionados al comienzo. Mientras O´Donnell insistió en algunos de sus trabajos en el carácter desmovilizador y despolitizador de las experiencias autoritarias, Stepan enfatizó la dimensión institucional del poder de la Fuerzas Armadas, y Duhalde puso a la sociedad civil en el lado opuesto al Estado Terrorista.

En 1979, el presidente Aparicio Mendez en "la semana de Lavalleja" -un evento cultural que integraba folclore, desfiles, actos patrióticos, fogones, actividades deportivas, realizado en el Departamento de Lavalleja- expresaba su "agradecimiento por el esfuerzo que han hecho para estar todos presentes y la nota reconfortante que significa ver una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre sintiéndose dueño de su destino, como lo soñamos y como lo queremos." Esa parte del pueblo uruguayo existió pero las categorías para pensar la dictadura no dejaron espacios para pensarlo.

Al final de este artículo no tengo una nueva categoría para ofrecer. Pero creo necesario señalar estas limitaciones. Tal vez el conceptualizar estos asuntos nos permita desarrollar una mejor comprensión del proceso de entrada, permanencia y salida del Uruguay autoritario. El largo "camino democrático al autoritarismo", en el que una serie de actores políticos con fuerte representación electoral y legitimación popular desarrollaron prácticas autoritarias desde el estado, evidencia conexiones entre sectores de la sociedad civil y aquel estado que ambientó a la dictadura. Algo similar se puede decir de la transición democrática, donde aquellos actores que insistieron en olvidar las violaciones a los derechos humanos también obtuvieron importantes apoyos electorales en las primeras décadas de la transición.

En ese sentido es que se puede pensar al período que va desde los tardíos sesentas hasta los comienzos de nuestro siglo como una larga guerra de posiciones entre sectores conservadores que defendían la necesidad de recurrir a prácticas autoritarias o medidas de excepción para sostener el orden y una diversidad de sectores de izquierda que proponían diferentes modalidades de cambio social. Dicha guerra de posiciones afectó a la casi totalidad de los ámbitos de la sociedad civil (la cultura, los sindicatos, la educación, la universidad, los partidos políticos). En este proceso las fuerzas políticas que luego apoyaron la dictadura reunieron alrededor del 40% del electorado en 1971, mantuvieron una cifra similar, 41,98%, cuando fueron derrotadas en el plebiscito de 1980 que habilitó el camino de la transición, y fueron parte de las mayorías que en dos consultas populares avalaron la amnistía a los militares, 57% en 1989 y 52% en el 2009. Seguramente indagar en los caminos culturales, políticos y sociales a través de los cuales dichos sectores conservadores en democracia y dictadura construyeron y mantuvieron dichas fidelidades permitiría entender cómo más allá de castigar los cuerpos, la dictadura también buscó transformar las almas. 

Imagen: reproducción de un trabajo de Luis "Pori" Ferrer, en exposición en el Museo de la Memoria. http://museodelamemoria.org.uy/actividad.php?cod=16 

Yo participo: no voto.

Como casi todos sabemos, el próximo domingo 23 se realiza una consulta cívica para habilitar el recurso de referéndum contra la Ley 18.987, de “Interrupción voluntaria del embarazo”.

El tema de fondo ha estado en la agenda parlamentaria desde la recuperación de la democracia y hasta la legislatura pasada no se habían obtenido las mayorías parlamentarias para aprobar una forma de regulación del aborto legal, que busca que se realice en condiciones sanitarias seguras. Esto también es largamente conocido, como es conocido el veto del ex presidente Vázquez a los artículos referidos a este tema dentro de la “Ley de salud reproductiva” (Nº 18.426) aprobada por la legislatura pasada y la posterior aprobación en este período de la Ley 18.987.

A pesar de ser un tema que ha estado tan largo tiempo en la agenda parlamentaria, en buena parte de estos 28 años el debate público ha sido escaso y pobre en contenidos. Los proyectos de Ley tratados en el parlamento tuvieron, hasta la legislatura pasada, muy poca difusión y el debate en torno a ellos fue básicamente cuestión de expertos y activistas. En los años recientes han sido más los argumentos maniqueos y descalificatorios que los constructivos, racionalmente debatibles y pasibles de crítica. Sin embargo muchos de estos últimos han aparecido recientemente. Ejemplos de ellos es la nota de Cristian Pérez en este mismo blog, donde ofrece un argumento a favor de la despenalización del aborto, basado en las consecuencias de tal cambio legal. También la nota más reciente de Aníbal Corti, que discute detallada y organizadamente los argumentos filosóficos relativos al estatuto moral del feto. Estos son sólo ejemplos cercanos, hay más. Sin embargo, a pesar de haberlas buscado con ahínco se me ha hecho muy difícil encontrar buenas argumentaciones –entendidas por tales las que se remiten a las acciones y sus consecuencias o al debate racional en torno a fundamentos morales– en contra de la regulación legal de la interrupción del embarazo humano. Digo que no son buenos, porque muchos de los que he encontrado defienden de manera implícita o explícita la imposición de una ética privada¹ –sea religiosa o con pretensión de cientificidad- en una la legislación pública. Hace pocos días Jorge Barreiro² re-editó en su blog una nota que creo que va directo a rebatir ese punto, la ley vigente está lejos de ser la que yo quisiera, pero en ella se reconoce la libertad individual, amparando la libertad y los principios morales de quienes bajo ningún concepto decidirían abortar.

Por eso, creo que se trata, como destaca también Barreiro, de un asunto eminentemente político, no moral. Podemos y creo que sería muy bueno enriquecer el debate con argumentos tanto políticos como filosóficos para revisar y enriquecer nuestros fundamentos morales, a lo que nos ayudan notas como la de Corti, pero la legalización del aborto sigue siendo un problema político.

Mi posición política, a diferencia del ex presidente Tabaré Vázquez, es que no deseo imponer mi moral ni mis principios éticos a los otros, prefiero una sociedad donde convivan personas con diferentes fundamentos morales, sin imposición y con libertad.

Por eso no voto el próximo domingo, porque creo que la decisión de concurrir o no a votar debe basarse en la posición respecto a la Ley que se cuestiona. He leído y escuchado argumentos contrarios a esto. Algunos argumentos burdamente falaces como el que recientemente se ha difundido en un spot publicitario⁴, llaman a votar por un “derecho a decidir”, que en todos estos años parecería no haber existido y un mágico proceso deliberativo que se iniciaría ahora. Sobre la torpeza de ese argumento se ha escrito bastante y de diversas tiendas.³

Por otro lado, Garcé por ejemplo, entiende que no cree que deba ser en base a nuestra opinión sobre la ley que tomemos la decisión de votar o no⁵. Tampoco ofrece un criterio por el cual decidir cómo participar este domingo. Mieres, por su parte, entiende que ir a votar este domingo es una opción obvia para quienes buscan derogar la ley. Pero agrega además que entiende que este es un tema para el cual la consulta directa a la ciudadanía es particularmente importante por sus implicancias morales individuales, por lo cual llama a votar a quienes discrepan con la ley.⁶

No creo que ese sea un buen argumento para fundamentar los mecanismos de democracia directa, justamente porque los principios éticos individuales a partir de los cuáles se construye una moral deben ser respetados más allá de lo que opine la mayoría. No pretendo en ningún caso que aquellos contrarios a la regulación del aborto legal revean su postura moral, sólo que toleremos las diferentes posturas.

Pero en cualquier caso, el argumento de Mieres es menos burdo pero similar al del mencionado spot. El derecho a decidir lo tenemos desde hace 28 años. La consulta ciudadana ya comenzó con la recolección de firmas y culmina este domingo; y, es obvio, la forma de participar en apoyo a la actual legislación es no votar.

¹   https://www.facebook.com/movidosxlavida?sk=wall&filter=2

² http://jorgebarreiro.wordpress.com/2013/06/14/politica-moral-y-aborto/

³ http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/6/interrupcion-voluntaria-del-pensamiento/

   http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_63616_1.html

⁴ http://www.youtube.com/watch?v=7uaMERP3C7g&feature=player_embedded

⁵ http://www.elobservador.com.uy/noticia/253392/aborto-deberiamos-ir-a-votar-el-domingo-proximo-/

⁶ http://blogs.montevideo.com.uy/bloghome_25317_1_1.html

Los orientales según los orientales

Pocos días atrás el Presidente José Mujica retornó de su visita oficial a China. La explícita intención del viaje fue profundizar las relaciones de Uruguay con ese país.[1] Desde el gobierno se ha insistido muchas veces en la necesidad de estrechar lazos con el gigante asiático; las empresas uruguayas cada vez más miran a China, y los empresarios de ese país se animan de a poco a invertir en Uruguay. [2]

Esta suerte de encantamiento de gobiernos y empresarios, ¿es compartida por la opinión pública? La información disponible sugiere que sí lo es, aunque tibiamente. El Barómetro de las Américas 2012 incluyó una batería de preguntas sobre China que se analiza a continuación.[3]

 

El gobierno Chino despierta más confianza entre los uruguayos que el de los Estados Unidos: 47 puntos versus 35 en una escala de 0 a 100 en la que 0 representa “nada confiable” y 100 “muy confiable”. Si bien cabe notar que el promedio de confianza en China es menor al punto medio de la escala, situado en los 50 puntos, de todos modos es el país cuyo gobierno más confianza recibe.[4]

En la visión de los uruguayos,  China tiene bastante influencia en América Latina. Es el segundo país más mencionado (19%) luego de Estados Unidos (47%).  Casi seis de cada diez consultados, además, creen que la influencia de China en América Latina es “positiva” (56%)  o “muy positiva” (2%).

Ya pensando en el impacto de China sobre Uruguay exclusivamente, tres cuartas partes de los consultados creen que China tiene “mucha” (33%) o “algo” (42%) de influencia sobre nuestro país.  Solo el 6% considera que China no tiene nada de influencia.  Respecto del impacto de esta influencia priman las opiniones favorables, aunque no son unánimes. Para la mayoría de los consultados la influencia de China en Uruguay es “positiva” (52%) o “muy  positiva” (3%). No obstante, casi un quinto de los encuestados considera que esa influencia es “negativa” (17%) o “muy negativa” (2%).[5]

No caben dudas de que los uruguayos perciben la influencia de China sobre nuestro país, aunque no hay consenso en torno al beneficio de ese impacto para el Uruguay. Solo 7% de los encuestados está “muy de acuerdo” con la idea de que “los negocios chinos contribuyen al desarrollo económico de Uruguay”, y un 40% está “de acuerdo.” El 25% no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo.” Hay un 22% “en desacuerdo” y 6% “muy en desacuerdo.”

Con independencia de la valoración que los ciudadanos hagan acerca del impacto de China sobre Uruguay, hay un generalizado reconocimiento al hecho de que las relaciones entre ambos países ya se han estrechado en el último tiempo. El 77% de los consultados manifestó que en su opinión el vínculo entre Uruguay y China se ha hecho más cercano en los últimos cinco años.[6] Y el 36% de los encuestados cree que China será el país con mayor influencia en América Latina en los próximos 10 años. Es el país más mencionado, seguido por Estados Unidos (24%) y Brasil (22%).

Estos datos sugieren que China dejó de ser el país lejano con el que no teníamos nada en común. Hoy los uruguayos reconocen su poderío e impacto en la región y en el país, y en promedio depositan más confianza en su gobierno que en los de otras naciones extra regionales. Si bien es posible que el entusiasmo ciudadano respecto a China no tenga la magnitud del que se percibe en el gobierno y en algunos sectores empresariales, tampoco hay resistencia en la opinión pública a la profundización de las relaciones con China; por el contrario, el clima es favorable para que ello suceda.

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[1] http://www.elpais.com.uy/informacion/mujica-queremos-aliado-de-china.html

[2] http://www.pwc.com.uy/es_UY/uy/eventos/assets/uruguay-china-china-uruguay.pdf

[3] Los datos están disponibles en www.lapopsurveys.org.

[4] El resto de los gobiernos por los que consultó  la encuesta –Estados Unidos, Irán, Israel y Rusia- se encuentran claramente por debajo del Chino en este indicador.

[5] El 26% restante considera que la influencia no es ni negativa ni positiva.

[6] El Barómetro de las Américas consultó sobre la evolución de la relación de Uruguay con varios países. Para ningún otro se registran valores tan altos de creencia en que se han estrechado las relaciones en el último tiempo como con  China.

Democracia económica: ¿por que habría de quererte?

En este mismo blog, he presentado y problematizado la evidencia disponible, tanto a  nivel nacional como internacional, sobre el desempeño de las cooperativas de trabajadores, esto es los aspectos de eficiencia y viabilidad económica. Sin embargo, los estudios sobre el desempeño de grupos aislados de cooperativas de trabajadores en economías capitalistas ofrecen limitada utilidad a la hora de inferir como funcionaria un sistema de democracia económica, esto es una economía de mercado preponderamente poblada por este tipo de organizaciones. 

Por diversos motivos, las instituciones o reformas implementadas a pequeña escala no necesariamente tienen los mismos efectos cuando se implementan a gran escala. Es muy difícil predecir si viviríamos mejor, en términos de bienestar material medio, en un sistema de democracia económica. Ante tal indeterminación, toda reforma social a gran escala debería estar fundada en razones no-instrumentales. La reforma debería ser percibida como intrínsecamente justa para tener apoyo social y para que las personas estén dispuestas a asumir los inevitables costos de transición y experimentación.[1]

El menú de justificaciones normativas de la democracia económica es variado.[2] Voy a discutir las tres que considero mas importantes. Todas tienen méritos y puntos vulnerables que comento apenas brevemente. 

Un argumento que suele esgrimirse es que una economía basada en cooperativas de trabajadores  generaría una distribución del ingreso y/o del patrimonio mas igualitaria. Este argumento suele apoyarse en la evidencia sobre las políticas de remuneración de las cooperativas de trabajo que en reducido numero operan en las economías actuales. Se sabe que cuando son los trabajadores quienes controlan la gestión de una empresa, la estructura de remuneraciones tiende a ser mas comprimida. Los trabajadores de bajos salarios relativos tienden a ganar algo mas y los trabajadores de altos salarios relativos, principalmente el personal gerencial, tienden a ganar algo menos que en una empresa convencional.

Hay al menos dos preguntas que ponen en aprietos a esta forma especifica de defender la democracia económica. ¿Es la democracia económica el mejor instrumento para promover una mayor igualdad? ¿Un sistema económico donde las cooperativas fueran la forma organizativa predominante generaría mas igualdad que una economía de mercado capitalista? Respecto a la primera pregunta, no parece evidente que la democracia económica sea mejor que otros instrumentos disponibles para lograr una mayor igualdad (impuestos progresivos, transferencias, negociación colectiva, educación). No parece razonable esperar que una coalición social amplia decida embarcarse en un costoso e incierto proceso de mudanza organizacional a gran escala en pos de un objetivo que puede lograrse a través de otros instrumentos que ya tienen eficacia probada. Respecto a la segunda pregunta, creo que la respuesta mas prudente es "no se sabe". Si bien es razonable esperar que la desigualdad dentro de las empresas disminuya, el grado de redistribución podría ser menor al que uno observa en cooperativas aisladas en el marco de una economía capitalista, que en parte podría obedecer a que trabajadores con una fuerte aversión a la desigualdad tienden a formar cooperativas mas frecuentemente. Se desconoce si tal patrón de auto-selección existe en la realidad pero lo que es seguro es que, en caso de existir, no operaria en un sistema donde las cooperativas estuvieran generalizadas. Adicionalmente, en una economía de este tipo no hay razones para esperar una reducción de las desigualdades salariales que se dan entre empresas, que seguirán determinadas por las diferentes dotaciones de capital, capacidades organizacionales especificas, factores de localización y productividad. En definitiva, sin pretender descartar totalmente la defensa igualitarista de la democracia económica, creo que no es la justificación mas potente.     

Otro tipo de justificación es que un sistema de democracia económica ofrecería mayores oportunidades de autorrealización y de ejercicio de la autonomía en los lugares de trabajo. El argumento básico es que en la empresa capitalista las decisiones relativas a la organización del trabajo se orientan por el principio de maximización de las ganancias y que las preferencias de los trabajadores no son tenidas en cuenta. Las economías socialistas centralmente planificadas no ofrecieron mayores posibilidades de autorrealización que el capitalismo, mas bien lo contrario. La organización del trabajo fue tan o mas jerarquizada que en las economías capitalistas. Muchos trabajadores valoran aquellos diseños organizacionales que promueven la autonomía, el trabajo creativo y la participación en las decisiones, al tiempo que reducen la supervisión vertical y/o la incidencia de trabajos rutinarios y monótonos. Un sistema de democracia económica permitiría satisfacer en mejor medida este tipo de preferencias.

Un punto potencialmente vulnerable es que este tipo de argumento puede ser considerado perfeccionista. Así como existen trabajadores que valoran la autorrealización en el trabajo, existen otros que prefieren llevar una vida tranquila, sin las responsabilidades y exigencias de participar en la gestión de una empresa, que prefieren cobrar un salario mayor para consumir mas o desarrollar otros planes privados que consideran valiosos. ¿Por que el Estado debería intervenir para favorecer un tipo de organización económica destinada a satisfacer un tipo particular de preferencias? [3] Quienes ven en la democracia económica una vía para la autorrealización en el trabajo no deberían evadir responder esta pregunta.    

Finalmente, existen quienes justifican la democracia económica estableciendo una analogía con la democracia política. El principio de fondo es el de autogobierno. La democracia económica seria un medio para darle a las personas mayor control sobre decisiones en la esfera laboral que afectan de manera importante sus vidas. En la empresa capitalista estas decisiones son resorte exclusivo de los propietarios. Quienes sostienen esta posición en general demuestran que la relación entre el propietario y los trabajadores en una empresa es una relación de poder que, a los efectos de evitar abusos, debería estar sujeta a control democrático.[4] El argumento pretende ser análogo al que justifica los derechos democráticos de los ciudadanos frente al poder estatal. Quienes critican esta analogía entienden que la libre movilidad en el mercado laboral proporciona a los trabajadores la posibilidad de "votar con los pies" y terminar con relaciones de empleo insatisfactorias. Quienes la sostienen se apoyan en la idea de que los costos monetarios y no monetarios de abandonar una empresa para los trabajadores son sustanciales, especialmente porque las economías reales siempre operan con cierto nivel de desempleo.   

Creo que una parte importante de quienes en Uruguay apoyan y promueven las políticas en materia de autogestión tienen vagamente en mente un modelo de largo plazo que se aproxima al que aquí he llamado democracia económica e intuiciones sobre su deseabilidad que se relacionan con alguna de las tres justificaciones mencionadas. Entender las condiciones de viabilidad económica de las empresas autogestionadas es muy importante. Pero tanto o más importante es desarrollar un programa de fundamentación norrmativa donde se expliciten coherentemente las razones que deberían llevarnos a apoyar una presencia mas difundida de este tipo de empresas.      

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* La ilustración es una reproducción de "Los amantes", del pintor belga Magritte

[1] Jon Elster presenta este argumento en "The possibility of rational politics", 1987.

[2] Gregory Dow ofrece una completa discusión normativa en "Governing the firm. Workers' control in theory and practice", 2003.

[3] Richard Arneson desarrolla una critica de este tipo en "Meaningful work and market socialism", 1987.

[4] Sam Bowles y Herbert Gintis exponen un argumento de este tipo en "Is the demand for workplace democracy redundant in a liberal economy?", 1996