Razones y personas: repensando Uruguay: Los derechos humanos de los pobres ¿excepción o continuidad histórica?

Los derechos humanos de los pobres ¿excepción o continuidad histórica?

En la ultima década una serie de estudios dentro de varios campos académicos como el de la justicia transicional, el de los estudios de los derechos humanos, y el de los estudios sobre procesos de memoria colectiva han insistido en la importancia que tienen los procesos de reconocimiento y reparación simbólica y material de las violaciones a los derechos humanos cometidas por Estados o actores beligerantes para evitar la repetición de dichas experiencias. El llamado a las políticas de verdad, reparación y en algunos casos justicia para resolver diversas formas de conflictos políticos y étnicos asociados a guerras civiles o autoritarismos estatales, aunque tiene en el cono sur una de sus marcas de origen, ha tenido una circulación global en la última década. Esto ha tenido un fuerte impacto sobre el derecho internacional, el activismo transnacional de los ONGs y el pensamiento político de los sectores de centro e izquierda.

Más allá de los aspectos que aún quedan por resolver en materia de derechos humanos, fundamentalmente en relación a la justicia, es cierto que lo que en términos generales podríamos llamar las luchas por la memoria han contribuido al desarrollo de una mejor convivencia democrática en el caso uruguayo. Lo que se repite constantemente por parte de los movimientos de derechos humanos acerca de los efectos que el debate público sobre el pasado reciente tiene sobre la democracia actual parece confirmarse en muchos aspectos de la vida política uruguaya. Las elites políticas uruguayas parecen haber aprendido de las experiencias recientes de autoritarismo e integrado de una manera firme los principios democráticos relativos a la actividad política. Su aceptación de la elección de dos gobiernos del Frente Amplio, uno presidido por un antiguo líder tupamaro, subraya ese cambio. Desde el retorno democrático no se han registrado episodios de proscripciones de partidos o prohibiciones de medios, tampoco se han registrado casos de persecución sistemática por parte del Estado a militantes de organizaciones políticas o sociales. En cuanto a la relación del Estado con las protestas callejeras en general la actitud ha sido de respeto y los enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes han sido escasos.

Podemos decir que existe un consenso mínimo de Nunca Mas Dictadura y Terrorismo de estado dentro de la sociedad y de la clase política. Este sentido común mínimo de Nunca Más puede incluir a activistas como los presos políticos del pasado, pero no incluye a los presos comunes de hoy. Dicho aprendizaje acerca de ciertos derechos humanos básicos no ha logrado trascender los aspectos vinculados a la experiencia política de la dictadura. La situación actual de los presos comunes ofrece ciertos paralelismos con la de los presos políticos de la dictadura, aunque las características que los definen son distintas: políticas en el pasado, socio-económicas en la actualidad. Ahora ya no como resultado de la dictadura sino de la crisis económica-social del 2002 Uruguay tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de América del sur. En el 2011 había 9067 de los cuales un 60% es reincidente. Al igual que los presos de la dictadura la población es mayoritariamente joven.[1]

Estos paralelismos resultan evidentes para un observador extranjero. En marzo del 2010 el comisionado de las Naciones Unidas sobre cárceles, Manfred Nowak, decía que el sistema penitenciario uruguayo presentaba “violaciones a los derechos humanos a gran escala”. Señalaba al Penal de Libertad como un “símbolo infame” de la dictadura que "20 años después, con un gobierno democrático", presenta "condiciones infrahumanas en flagrante violación de las normas internacionales". Allí Nowak encontró internos que “se hacinan como animales enjaulados (...) solo pueden salir de las celdas un máximo de cuatro horas a la semana (...) tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete (...) y para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico." Llego a encontrar “11 personas en un espacio diseñado para tres".[2] Una de las más preocupantes consecuencias del hacinamiento es el alto nivel de violencia entre los reclusos que llevó a 18 asesinatos dentro de las cárceles en el 2009 y a la muerte de 12 personas en la cárcel de Rocha en el 2010.

Para el público uruguayo estas conexiones no resultan tan evidentes. Seguramente este divorcio se debe a múltiples aspectos que han sido reseñados por diversos investigadores que estudian las maneras en que los temas de seguridad pública son tratados por políticos y medios de comunicación. Sin embargo creo que en conjunto con las lógicas políticas y la de los medios que tienden a reducir la visibilidad de estos asuntos existen otros elementos estrictamente académicos que han contribuido a opacar la reflexión sobre la relación que el estado uruguayo desarrolló históricamente con los sectores populares con relaciones problemáticas con la legalidad estatal.

Estos sectores no han tenido visibilidad en la historiografía en particular y en las ciencias sociales uruguayas en general. En términos generales podemos decir que la historia que se ha escrito sobre el siglo XX ha sido mayoritariamente política. Si bien existen estudios del mundo sindical que establecen interesantes conexiones entre la institución sindicato y el mundo popular esta literatura se detiene en la primera mitad del siglo, y está fuertemente enmarcada en el papel de los sindicatos en los procesos políticos nacionales. La mayoría de los trabajos que estudian la segunda mitad se concentran en las dinámicas del conflicto político entre el estado democrático y/o dictatorial y los partidos y o movimientos sociales que cuestionaron su rol. La reflexión sobre la dictadura también es fuertemente político céntrica. Incluso cuando se habla de la violación de los derechos humanos se refiere estrictamente a la persecución a los opositores políticos. No conozco ningún trabajo que haya estudiado los presos comunes en dictadura. Es de suponer que dicho contexto habilitó prácticas ilegitimas pero poco o nada se ha dicho del asunto.

En el campo de las ciencias sociales desde el pionero trabajo de Juan Pablo Terra ha existido en las últimas décadas una preocupación importante por cuantificar la pobreza, establecer las consecuencias que dichas situaciones pueden tener sobre sectores especialmente vulnerables y diseñar políticas públicas para reducir dichos niveles. Sin embargo existió una menor preocupación por historiar los espacios de encuentro del estado con estos sectores pobres que tuvieron una relación problemática con la legalidad. Son escasos los trabajos que han historiado la situación de las cárceles, la relación de la policía con dichos sectores, las instituciones relacionadas con la minoridad, los espacios urbanos de estos sectores, etc.

Las fuertes metáforas acerca la hiperintegración o la amortiguación social desarrolladas por cientistas sociales clásicos como Germán Rama y Carlos Real de Azua creo que, sin proponérselo, contribuyeron a opacar aun más la relación de estos sectores con el estado uruguayo. De alguna manera contribuyeron a crear un sentido común académico que tendía a reducir la presencia de aquellos fenómenos mas conflictivos en lo social. Sin embargo cuando ambos enfoques se refieren a la reducción del conflicto y al papel de la mediación estatal lo hacen en relación a la sociedad organizada a través de partidos y sindicatos. En este sentido ambos trabajos parecen sugerir que estos sectores no constituirían parte de la hiperintegracion o la amortiguación. Los que quedan al margen de los conflictos institucionalizados sufrirán una situación particular debido a la actitud fuertemente intolerante que los uruguayos practican hacia aquellos que no son parte de la sociedad organizada. En este sentido se puede decir que a contrapelo de las interpretaciones dominantes que ambos trabajos pueden habilitar líneas interesantes para pensar estos asuntos.

Por lo que he registrado la reflexión sobre la relación del estado con estos sectores no solo ha sido escasa en la academia uruguaya sino también en la discusión pública. Esta reflexión ha sido oscilante y ha estado marcada por momentos particulares donde ciertas circunstancias la ambientaron. A comienzos de los sesentas sectores asociados a la "nueva izquierda" de aquel momento pusieron una especial atención en los espacios sociales vinculados a la pobreza rural y urbana donde los derechos no eran respetados. A la salida de la dictadura nuevamente esos asuntos volvieron a plantearse. Luego de la crisis del 2002 estos asuntos comenzaron a cobrar una creciente atención. Sin embargo tenemos muy poco insumos para pensar estos asuntos en una perspectiva histórica.

Más allá de las supuestas "emergencias carcelarias" la gran pregunta a contestar es cuanto de los hechos que denunció Nowak en el 2010 son el resultado de una excepción o una larga tradición que muestra otra cara del estado uruguayo. Reconstruir dicha memoria tal vez sea un camino para plantear otras facetas del problema de los derechos humanos en el Uruguay actual.

Nota: Aldo Marchesi