¿Deuda paga deuda?
Reflexiones sobre el mercado de crédito y la situación de endeudamiento de las personas en Uruguay
Por Elisa Failache
¿Cuántas personas tienen algún
vínculo con el mercado de crédito? ¿Este número se ha ido incrementando en el
tiempo? ¿Para qué usan las personas los créditos? ¿En qué condiciones las
personas se endeudan? El acceso al mercado de crédito puede ser una oportunidad
de mejoras en la situación socioeconómica de las personas, así como un motor
del desarrollo económico de los países. Sin embargo, también puede esconder
problemas sociales, así como generar efectos negativos en distintas dimensiones
de la vida de las personas.[1]
La información disponible respecto al endeudamiento de las personas en nuestro país ha dejado en evidencia la relevancia de esta temática para los y las uruguayas. Según un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) a mayo de 2023, 1.905.155 personas físicas tenían algún vínculo con el mercado de créditos observándose además una tendencia creciente durante los últimos 10 años (Arnabal et al, 2023).[2] Si bien este dato no representa ningún problema a priori, el informe muestra además que el 37% de esas personas se encuentran en la categoría de deudores con dificultad, y cerca de 650.00 tienen al menos una calificación de deudor irrecuperable. Estos números indican que un tercio de quienes acceden al crédito, y cerca de un cuarto de la población uruguaya mayor de 18 años, tienen algún problema de endeudamiento.
Los datos anteriores se agravan aún más si consideramos que los números presentados dejan por fuera del análisis las deudas con entidades que no están obligadas a declarar información en la central de riesgo (por ejemplo, varias empresas administradoras de créditos y cooperativa, o casas comerciales que otorgan créditos para compra de productos) así como a todo el sector de endeudamiento informal. Respecto a esto último, un trabajo realizado por el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) alerta sobre el incremento de las denuncias periodísticas y policiales por actividades denominadas “gota a gota” o “préstamos diarios”, enmarcadas en nuevas prácticas financieras no reguladas por el Estado, con fuertes implicancias en términos de sobre costo para las personas que las usan así como con mecanismos y formas de cobro presenciales vinculadas con entramados de violencia (AEBU-IPRU, 2024).
En este marco, comprender las causas y consecuencias del endeudamiento de las personas, así como la posibilidad del desarrollo de políticas públicas en el tema se torna relevante. Respecto a lo primero, según el informe del BCU mencionado previamente, los datos de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos en su última edición (2017), muestra que el primer motivo de endeudamiento es el de cubrir gastos corrientes con valores cercanos al 30%, seguido de cubrir gastos mensuales, y en tercer lugar de cubrir sobregiro o cancelación de deuda. Asimismo, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras llevada adelante por CAF y BCU en 2022 muestra que el 34% de quienes responden la encuesta no podrían hacer frente a sus gastos mensuales por al menos un mes en caso de perder su fuente principal de ingresos, o que el 36% declara estar totalmente de acuerdo con que “apenas me alcanza mi ingreso y el de mi hogar para sobrevivir”. Estos datos dejan en evidencia un problema social vinculado a la falta estructural de ingresos de buena parte de la población cuya solución no puede estar vinculada al endeudamiento, que podría incluso generar un agravamiento del problema.
Asimismo, la literatura académica plantea como característica relevante y distintiva de los mercados financieros de crédito a los hogares la combinación de una serie de factores que favorece relaciones desiguales de poder entre las empresas y los consumidores. Por ejemplo, en estos mercados interactúan empresas sofisticadas, que centralizan una gran capacidad de análisis e información, y que invierten grandes sumas de dinero en publicidad o agentes de venta, haciendo que los individuos tengan más dificultades en comprender las señales de precios y calidad correctas (ver por ejemplo Straumann, 2020, Hastings et al., 2017, Hastings et al., 2013, Bertrand et al., 2010 o Agarwal y Ambrose, 2007). Vinculado a estos problemas, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras muestra que en Uruguay el porcentaje de personas adultas encuestadas que calcula correctamente una tasa de interés simple es solo 22%, mientras que 33% la calcula mal y el resto declara no saber o no querer contestar. Asimismo, en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, el 53% de las personas que responden la encuesta y no pagan en fecha el saldo total de la tarjeta de crédito declaran no saber cuánto es la tasa que se les cobran.[3]
Además, la presencia de sesgos y discriminación en el acceso a préstamos o problemas de acceso a la información derivan en condiciones de crédito muy desfavorables y con tasas muy elevadas para algunas poblaciones (Becher, 2023; Gardner, 2022; Fuster, 2022; Bartlett, 2022; Dobbie, 2021; Durkin y Elliehausen, 2014; Ghent, 2014). Respecto a esto, el trabajo de Bertoletti, Borraz y Sanroman para Uruguay muestra que si bien las personas vulnerables tienen un riesgo mayor de no pago comparado con personas no vulnerables, parte de ese riesgo se asocia a características de la deuda, es decir a que las personas en situación de vulnerabilidad acceden a créditos con tasas de interés más altas, y esto contribuye a que luego no puedan pagar (Bertoletti, Borraz y Sanroman, 2024). Si bien en Uruguay la Ley de Usura legislada en 2007 puso un tope a las tasas que cobran las entidades financieras por sus créditos, a febrero de 2024 estos topes para la mayoría de los tipos de créditos al consumo superaban el 100%.[4] El pago de tasas de interés altas merece una discusión normativa, pero además debe agregarse la amenaza pendiente cuando las tasas de interés contratadas son tan elevadas que superan la capacidad de generación de excedentes que permitan saldar los capitales a pagar.
Todo lo anterior hace evidente la necesidad de pensar soluciones integrales a esta problemática desde la política pública en distintos niveles.[5] Por un lado, la necesidad de atender a los problemas estructurales de ingresos de buena parte de la población, que encuentran en el endeudamiento una solución parcial y momentánea pero que los expone posteriormente, en el mejor de los casos, a situaciones de incapacidad de financiamiento, cuando no a situaciones de violencia más complejas. Por otro lado, diseñar estrategias que atiendan los problemas particulares del mercado presentados previamente: incremento de la regulación de la publicidad y el aumento de la transparencia en la información brindada por las empresas; la promoción de la difusión pública de comparaciones de productos financieros entre empresas; la penalización de prácticas abusivas para el cobro de los créditos; el fortalecimiento de las capacidades de las personas mediante la educación en la temática. Por último, el contexto actual combina situaciones de endeudamiento problemáticas con ganancias históricas por parte de los bancos, explicadas en parte por el incremento de los márgenes financieros. [6] En este sentido, pensar políticas que piensen cómo garantizar préstamos en condiciones accesibles, tanto en términos de garantías, plazos y tasas, es igualmente indispensable.
[1] Por ejemplo, puede estar relacionado con el estrés económico, teniendo relación con empeoramientos de la salud mental; o puede limitar el acceso a determinados servicios como la vivienda en la medida que puede limitar la posibilidad de acceso a garantías de alquiler.
[2] Los datos son obtenidos de la Central de Riesgos Crediticios, y reflejan el total de personas con cédula de identidad uruguaya que presentan deudas con montos positivos en alguno de los siguientes conceptos: créditos vigentes brutos, colocaciones vencidas brutas, créditos en gestión brutos, créditos morosos brutos, créditos vencidos brutos, créditos castigados reestructurados y créditos castigados por atraso menores o iguales a 15 años. Esto incluye por ejemplo a personas que usan sus tarjetas de crédito y pagan el monto total en fecha, y que por tanto mantienen deudas positivas por períodos muy cortos de tiempo.
[3] La encuesta fue realizada en el marco del proyecto
“Interés por intereses” financiado por la CSIC, integrado por UDELAR, IPRU y
AEBU.
[4]
Información proporcionada por AEBU en base a las publicaciones periódicas del
BCU.
[5]
En el último tiempo y tomando
en consideración la cantidad de personas en situación de impago, los
principales actores de la industria financiera coordinaron la realización de
una propuesta de reestructuración de deuda para parte de las personas en dicha
situación. La propuesta incluye, por un lado, la cancelación de deudas cuyo
saldo de capital sea inferior a $5.000 y por otro, para deudas entre $5.000 y
$100.000 se realiza una financiación del saldo a tasa 0% en el plazo y cuotas
fijadas de común acuerdo entre las partes. Si bien la iniciativa ofrece una
posibilidad ventajosa de salida de una situación de impago para parte de la
población objetivo, es una medida excepcional y puntual, y por tanto no
analizada en esta entrada de blog.
[6] En
el siguiente link
se puede acceder al análisis respecto a las ganancias en el sistema financiero
elaborado por AEBU.
Nota: Agradezco la lectura, comentarios y sugerencias de César Failache, Soledad Giudice, Martina Querejeta, Marcelo Ventos y Joan Vilà.
Referencias:
- Agarwal, S., & Ambrose, B. (2007). Does it Pay to Read Your Junk Mail? Evidence of the Effect of Advertising on Financial Decisions. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper.
- Arnabal, R., Taroco, S., Dassatti, C., Landaberry, V., & Ponce, J. (2023). Endeudamiento de las personas físicas en Uruguay. Documento de trabajo del Banco Central del Uruguay 007-2023
- Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) e Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU) (2024): Endeudamiento excesivo de los hogares uruguayos. Informe de la sociedad civil. Uruguay: Comité de Derechos Humanos Grupo de Trabajo. Examen Periódico Universal - Cuarto ciclo 46a Sesión, ONU.
- Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace (2022). Consumer-lending discrimination in the fintech era. Journal of Financial Economics 143 (1), 30–56.
- Becher, S. I., Y. Feldman, and O. Lobel (2023). Poor Consumer(s) Law: The Case of High-Cost Credit and Payday Loans, pp. 384–414. Cambridge Law Handbooks. Cambridge University Press.
- Bertoletti, L., Borraz, F. and Sanroman, G. (2024), Consumer Debt and Poverty: the Default Risk Gap, No 1439, GLO Discussion Paper Series, Global Labor Organization (GLO).
- Bertrand, M., Karlan, D., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zinman, J. (2010). What's advertising content worth? Evidence from a consumer credit marketing field experiment. The quarterly journal of economics, 125(1), 263-306.
- Dobbie, W., A. Liberman, D. Paravisini, and V. Pathania (2021). Measuring Bias in Consumer Lending. The Review of Economic Studies 88 (6), 2799–2832.
- Durkin, T. A. and G. Elliehausen (2014). Consumer Lending. Oxford University Press.
- Fuster, A., P. Goldsmith-Pinkham, T. Ramadorai, and A. Walther (2022). Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets. The Journal of Finance 77 (1),5–47.
- Gardner, J. (2022). The Future of High-Cost Credit. Rethinking Payday Lending. Bloomsbury Publishing.
- Ghent, A. C., R. Hernández-Murillo, and M. T. Owyang (2014). Differences in subprime loan pricing across races and neighborhoods. Regional Science and Urban Economics 48 (C),199–215.
- Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annu. Rev. Econ., 5(1), 347-373.
- Hastings, J., Hortaçsu, A., & Syverson, C. (2017). Sales force and competition in financial product markets: the case of Mexico's social security privatization. Econometrica, 85(6), 1723-1761.
- Straumann, S. (2020). Obfuscation through Complexity: Evidence from the Market for Retail Financial Products. Available at SSRN 3670344.
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