Desde
que entré a la escuela pública hasta que salí, recuerdo haber participado de
múltiples jornadas anti-tabaco. Las maestras se tomaban al menos un día de
clase para explicar lo dañino que resulta el cigarrillo para nuestra salud.
Recuerdo haber desfilado con pancartas junto a otros compañeros y compañeras de
clase, diciéndole “No, al humo de tabaco”. Un hecho curioso es que apenas
entramos a la adolescencia, muchos de esos niños y niñas que antes portaban
aquellos carteles, empezaron a fumar. Las múltiples jornadas de concientización
y educación sobre los problemas que genera fumar, nunca fueron tan eficientes y
eficaces para luchar contra ese problema como lo es la Ley 18.2561 antitabaco
vigente desde el 1 de marzo de 2006. ¿Qué hizo el Estado uruguayo mediante esa ley? Reguló
el comportamiento de sus ciudadanos.
En
Uruguay hay una creencia bien extendida de que casi todos los problemas que nos
afectan sólo se pueden arreglar con una mejor “educación”. Se cree que el tránsito
es caótico porque la gente no ha sido bien educada para manejar de una mejor
forma. Se sugiere una y otra vez que los beneficiarios de las políticas sociales
no necesitan ayudas monetarias del Estado sino ser reeducados para ganarse la
vida por ellos mismos. Se dice hasta el cansancio que los problemas de
seguridad y violencia en general, sólo podrán ser solucionados mediante una
reforma educativa. Y en esa dirección hay innumerables ejemplos.
Estas
ideas, sin embargo, son problemáticas en muchos sentidos. Primero, porque el
sistema educativo ya tiene sus propios problemas para resolver. Segundo, porque
no se tiene claro quiénes son los agentes (instituciones, organizaciones) que
deben educarnos para ser mejores ciudadanos. ¿Acaso la ley antitabaco no tiene
un efecto educativo muy efectivo y deseado sobre todos nosotros? Decir que los
problemas se arreglan con más y mejor educación es una formula tan correcta
como vacía, si no se explica cuál es el mecanismo que nos llevará a corregir
nuestro comportamiento de la forma buscada. Finalmente, al situar la educación
como la cura de todos nuestros males, se tienden a desprestigiar otros
instrumentos que el Estado puede utilizar para regular nuestro comportamiento
en formas que nos benefician a todos. Esa última frase usualmente dispara luces
rojas en varios lectores. Porque también se cree, de forma extendida, que en
una sociedad liberal democrática el Estado no debe regular nada. Si queremos
fumar, fumamos. Si queremos manejar de una manera arriesgada lo hacemos. Si no
queremos vacunarnos no nos vacunamos, y si queremos pagar los impuestos los
pagamos, y si no, problema del Estado.
Afortunadamente,
esas ideas no son difíciles de rebatir. Por ejemplo, las economías de mercado
de hoy en día están plagadas de regulaciones. Estados con economías liberales
regulan algunos comportamientos de los agentes económicos para garantizar
cierta eficiencia, estabilidad y a veces justicia en el sistema. Aceptar la
premisa de que la mejor ley de transito es una que nos hace libre de manejar
como queramos pero que acaba donde empieza la libertad de otros conductores, es
una receta para el caos generalizado. Y lo mismo podemos decir de varias otras
situaciones en donde el Estado regula nuestro comportamiento con el fin de
alcanzar ciertos objetivos públicamente conocidos y legitimados. El problema es
que rara vez se discute sobre cómo el Estado debe regular las acciones de
individuos, organizaciones e instituciones.[i] Desafortunadamente,
en Uruguay los debates sobre regulación son usualmente descartados o bien por
ser considerados iliberales, o bien por creer falsamente que la educación (la
cual es también un instrumento regulativo) es la solución a todos nuestros
males.
La
“Estrategia por la vida y la convivencia” impulsada por el gobierno pretende
actuar sobre la motivación y agencia de los ciudadanos. Es decir, intenta
influir sobre las motivaciones que los ciudadanos tenemos para actuar de una
forma u otra, y sobre nuestra capacidad para tomar decisiones autónomas. En
especial, se reconoce de forma correcta que la situación de la violencia y la
seguridad que vive el país es multicausal y que como tal no puede ser
solucionada con un antídoto mágico (léase, más represión, más políticas
sociales, mas educación, etc).
En
ese sentido, el documento elaborado por el gobierno apunta a trabajar sobre
quince medidas para mejorar la convivencia en la sociedad uruguaya. Esas
medidas van desde la implementación de mecanismos de justicia restaurativa con las víctimas de delitos, agravamiento de penas,
modificaciones al código de la Niñez y la Adolescencia, regulación del manejo de informaciones
referidas a seguridad y violencia, hasta la legalización regulada y controlada
de la marihuana. Naturalmente, ese amplio abanico de medidas ha generado un
debate dispar; siendo la propuesta de la legalización de la marihuana y de la regulación
de los contenidos de los informativos las medidas más debatidas.
Pero más allá de los problemas puntuales que existen
en alguna medida en particular, hay un punto que suele ser dejado de lado en el
debate, y es el de la capacidad del Estado uruguayo como agente regulador. Y
eso es algo que trasciende la pregunta de cómo el Estado va implementar esas
medidas. Otras preguntas igualmente importantes son, por ejemplo: ¿Cuáles son
los esquemas apropiados de rendición de cuenta para cada una de estas medidas?,
¿Cómo se piensa ejecutar estas medidas de forma tal en que los procedimientos
sean accesibles, transparentes y abiertos para la ciudadanía en su conjunto?,
¿Qué criterios van a ser establecidos de antemano para determinar si las
acciones regulatorias son eficientes?
Los
Estados regulan en Uruguay, China, Noruega o en la República de Mauricio. La
diferencia está en que algunos Estados regulan de una mejor forma que otros.
Como programa regulativo, la “Estrategia por la vida y la convivencia” esta aun
demasiado inmaduro. Necesita demasiadas precisiones para ser tomado en serio
como una medida integral para mejorar la convivencia en Uruguay.
[i] Hay muchas definiciones de regulación disponibles. Una
de ellas es propuesta por Julia Black (2001): “Regulación es el uso intencional
de la autoridad para afectar el comportamiento de diferentes agentes de acuerdo
a principios previamente establecidos, incluyendo la extracción de información y
medidas para modificar el comportamiento de los agentes” (La traducción es mía
y no es literal). Ver: Black, Julia. 2001. “Decentring
Regulation: The Role of Regulation and Self- Regulation in a Post-Regulatory
World." Current Legal Problems 54:103-147. Por una
introduccion a los debates de regulación ver: Baldwin,
Robert, Martin Cave and Martin Lodge. 2012. Understanding Regulation:
Theory, Strategy, and Practice. Oxford University Press.
