LOS FUTUROS DE LA DEMOCRACIA
Por Gabriela González Vaillant y Andrea Carriquiry
Dice el relato que cuando en 1897 corrió el rumor de la muerte de Mark Twain él respondió con una nota en el New York Journal: “Las noticias de mi muerte son exageradas”. Algo así podría decirse sobre las democracias en momentos en que predominan visiones agónicas sobre la salud de las democracias occidentales contemporáneas (Levitsky y Ziblatt 2018, 2023; Luna, 2024; Lesgart, 2023). La noción de erosión o crisis democrática ha sido objeto de debate no solo académico, sino que también da cuenta de un sentir de la que periodistas se hicieron eco con conceptos como “fatiga de las democracias” (Alcántara) o “democracias deprimidas” (Oppenheimer). Su correlato social tuvo expresión en 2019 con una oleada de protestas de alcance global, que se vio profundizada por el golpe de la pandemia por COVD-19 en 2020, y con procesos de autocratización y reversibilidad democrática posteriores, entendida como la erosión, retroceso (backsliding) o captura del Estado por fuerzas iliberales (Riedl et al, 2025), en varias latitudes del planeta, incluyendo el Cono sur.
Esta tónica pesimista sobre el estado de las democracias occidentales contemporáneas, contrasta con el relato muchas veces apologético sobre el estado de nuestra democracia uruguaya, que si nos guiamos por algunos exponentes parecería gozar de inigualable salud. El año pasado conmemoramos 40 años de 1985, fecha que marca formalmente el retorno de la democracia al país, y en el que, a partir del cambio de mando presidencial, se fueron sucediendo una serie de eventos organizados por partidos políticos, actos institucionales, seminarios académicos que conmemoraron el período de democracia ininterrumpida. Varios actores hicieron apología de la excepcionalidad uruguaya en un contexto regional e internacional contrastante. Por ejemplo, en un acto de conmemoración celebrado en la Casa del Partido Colorado, que reunió al actual presidente, Yamandú Orsi, junto a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, el secretario general del partido colorado abrió el evento destacando la calidad democrática, la institucionalidad y el fuerte sistema de partidos: “nuestra democracia es la envidia de países más grandes y poderosos que el Uruguay”, expresó Ojeda, reeditando de alguna forma el viejo sueño batllista de “un pequeño país modelo”. Sin embargo, en ese mismo evento también aparecieron tensiones, fisuras y desencuentros en las interpretaciones tanto sobre el proceso de redemocratización como sobre el presente.
Según la última edición del Democracy Index (2024), Uruguay sería el único país de América del Sur con “democracia plena” y el último informe del Latinobarómetro indica que Uruguay podría ser considerado el único país en América Latina con una democracia realmente consolidada (2024, 8). En dicho informe Uruguay ocupa destacados lugares en gran parte de los indicadores que dan cuenta de actitudes democráticas. Por ejemplo, mientras en 2024 un 52% de los latinoamericanos apoya la democracia, en Uruguay el nivel de apoyo sube a un 70%. Uruguay también tiene un muy alto nivel de apoyo a lo que se denomina la democracia churchilliana, es decir, sostener que, pese a sus dificultades, es la mejor forma de gobierno (83%) y es el país que mejor evalúa el estado de su democracia actual. A esto se suma que es el país con más bajo nivel de preferencia por el autoritarismo (sólo 10% indica que en algunas condiciones éste puede ser preferible frente a la democracia). Sin embargo, hay indicios que deberían llevarnos a tener más cautela. El nivel de apoyo a la democracia cayó un 10% en Uruguay desde que el Latinobarómetro toma estas mediciones -hace 30 años. Casi un 30% de los uruguayos sostuvo que la democracia puede funcionar sin partidos políticos y, en sintonía con el resto de la región, se evidencia un descreimiento de varias instituciones clave para el funcionamiento democrático. Según los datos sistematizados por este estudio, los uruguayos confían más en las Fuerzas Armadas y en la policía que en los partidos políticos, los sindicatos y el parlamento. También confían más en la televisión que en los sindicatos. Es verdad que comparativamente nuestros guarismos están muy por encima de otros países del continente, pero si nos miramos con respecto a nosotros mismos tendríamos que evitar asumir posturas autocomplacientes que puedan resultar contraproducentes.
Es por ese doble carácter -de amenaza y promesa- que con un grupo de colegas (1) estamos llevando a cabo un proyecto financiado por CSIC titulado Los futuros de la democracia, para impulsar una serie de debates, a partir de cinco conversatorios y una Jornada internacional, sobre una serie de tópicos que no concitan consensos simples, y que hacen necesaria tanto la contribución del conocimiento experto como la formación de opinión y voluntad colectivas, incluyendo la relación de la democracia con desinformación y prensa independiente, inteligencia artificial y redes sociales, discursos de odio y la denominada sociedad “incivil”, discursos anticiencia y universidad latinoamericana. Hemos contado con la participación de destacados referentes en cada temática y precisamente hoy 27 de agosto tendrá lugar en el Archivo Sociedades en Movimiento, el tercer conversatorio de la serie, centrado en el rol de los movimientos sociales en las democracias actuales. Aquí quisiéramos reflexionar brevemente sobre esta relación.
El vínculo entre movimientos sociales y democracia no es unívoco y ha suscitado diversos debates. Hay quienes han afirmado que los movimientos sociales cumplen un papel de dinamizar y ampliar la democracia, retomando la idea de "ciudadanía desde abajo" (de la socióloga brasileña Evelina Dagnino, entre otros), en línea con los clásicos trabajos de Tilly y Tarrow, o más recientemente con Donatella Della Porta (2023) y su libro "Cómo los movimientos sociales pueden salvar la democracia". Otros han manifestado cautela o condicionalidad en el vínculo, sobre todo durante momentos de crisis, de gobernabilidad democrática temprana, o de auge de gobiernos populistas: Kenneth Roberts, por ejemplo, muestra cómo la movilización puede incorporar políticamente a sectores históricamente excluidos, pero también cómo esa misma dinámica, en ciertos contextos, alimenta liderazgos o gobiernos que terminan tensionando las instituciones de las democracias liberales. Otros autores, como Rosanvallon (2006), ven a la movilización no como una anomalía sino como una pieza constitutiva de la (contra)democracia, que complementa los canales institucionales de participación. Los mecanismos a través de los cuales los movimientos sociales favorecen la democracia pueden ser varios y oscilar entre ayudar a ampliar la agenda pública, desarrollar formas de control o accountability no electorales, apoyar la formación de sujetos políticos o la expresión de sectores excluidos, abrir espacios para la innovación institucional, generar legitimación de políticas de gobierno, o freno ante retrocesos de derechos conquistados. ¿Pero son siempre positivos los movimientos sociales para la democracia? ¿Se puede hablar de movimientos no democráticos? ¿Deberían las democracias liberales imponer algún límite a la protesta? ¿Cómo se podría identificar y fundamentar dicha calificación de movimientos y dicho límite (2).
Una primera tesitura podría postular que los movimientos sociales son siempre buenos para la democracia porque permiten expresar demandas diversas y ofrecer formas de expresión a una pluralidad de perspectivas que, ante la falta de canales formales e institucionales para procesar sus reclamos, encuentran en la calle una forma de colocar asuntos en la esfera pública e incluso, muchas veces, ejercer presión para generar transformaciones y obtener ganancias concretas. Esto, en su postura de máxima, implicaría realizar una defensa acérrima del derecho de movilización y protesta de todos los grupos, todos los reclamos y bajo cualquier forma que se canalice. Los riesgos evidentes son que algunos movimientos pueden llevar a desbordes en las formas en que se desarrollan sus reclamos, exhibiendo formas de movilización que impliquen atentar contra la integridad de otros o incluso que pongan en jaque la institucionalidad misma. Pensemos como ejemplo en el asalto al Capitolio o los bolsonaristas tomando la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Ahí es que muchos hacen una salvedad: todo estaría permitido, siempre que se mantenga dentro de los límites establecidos por la ley. Sin embargo, las líneas demarcatorias tajantes pueden ser problemáticas, ya que la protesta y la beligerancia tensionan constantemente esos límites: por ejemplo, la ocupación atenta contra el derecho de otros a trabajar, como esgrimía el gobierno de Lacalle Pou al levantarlas; las movilizaciones tensionan el derecho a la libre circulación; las pintadas afectan la propiedad privada, y así un largo etcétera…
Una segunda postura podría sostener que no todos los movimientos son buenos para la democracia, y establecer una línea demarcatoria que deje afuera movimientos en función de sus tácticas (movimientos no pacíficos, por ejemplo) y de sus demandas (movimientos con agendas activamente excluyentes). Los movimientos sociales, sean de izquierda o de derecha, muchas veces impulsan agendas críticas respecto a la democracia. Por eso, definir "movimientos sociales permitidos" en función de su adhesión a principios democráticos resulta un terreno espinoso. La esfera pública no debe ser concebida como un territorio armónico carente de tensión, sino que es un terreno de disputa y desacuerdo donde se ponen en juego poderes diferentes para definir e imponer posturas y agendas, al punto tal que autores como Cohen y Arato, Kopecky, Chambers, Mudde, entre otros, han trabajado la noción de sociedad "incivil", organizaciones o actores de la sociedad civil que persiguen fines antidemocráticos o excluyentes (ver Carriquiry, 2024b). Desde la teoría de la democracia deliberativa, un criterio posible para identificar las acciones de la denominada sociedad incivil es el grado en que contribuyen a dañar la esfera pública como tal. Algunas acciones no son preocupantes por ser más o menos conservadoras, sino porque atacan dicha esfera, que es el espacio común donde se pueden debatir todas las opiniones. Para utilizar una metáfora deportiva: un criterio así condena a un jugador no porque esté en el equipo contrario, sino porque ese jugador quiere llevarse la pelota a su casa, y esa acción va en contra del espíritu del juego. En el resto de los casos -que son la inmensa mayoría-, a la larga puede ser más fructífero debatir esas posturas en la esfera pública, pues eso podría llevar a un cambio o a una atenuación de ciertas preferencias de algunos integrantes. Es decir que el criterio mencionado permite abordar el problema de cómo lidiar con estas acciones “inciviles”: si deberíamos involucrarnos y debatir con ellas, ignorarlas o condenarlas -es decir, la cuestión implícita en la consigna “al fascismo no se lo debate, se lo combate”.
Un ejemplo podría darse cuando, en la esfera pública, un grupo plantea demandas o modos de movilización que excluyen activamente a otros; por ejemplo, cuando en una marcha realizada en el espacio público físico se agrede o se hostiga a alguien que está presente y con quien dicho grupo no comulga (un ejemplo concreto: ante la presencia de una mujer trans en una marcha feminista abierta, cantar la consigna: "en esta marcha hay muchos penes / el feminismo es de mujeres"). Aquí también hay riesgos, ya que los movimientos muchas veces implican confrontación, rivalidad o adversarios. Esto deja preguntas planteadas, por ejemplo, si acciones que intentan excluir a otras personas del espacio público deberían ser limitadas, y en ese caso, cómo se fundamentan esos límites y cómo se podría señalarlos. Es difícil establecer una línea de demarcación universal, ya que se trata de un terreno altamente contextual, y el conflicto es inherente a la movilización y habitual cuando se tratan temáticas o posturas que dividen a los grupos y generan fervor (hay varios ejemplos de movilizaciones que generan contra movilizaciones, generando demandas que se construyen en oposición directa a otros grupos). Este problema se entronca en la vieja paradoja filosófica de la tolerancia (¿debemos tolerar al intolerante?) que no pretendemos resolver aquí aunque es claro que los costos de exclusión o limitación al derecho de expresión sólo pueden ser fundamentados en casos muy particulares que atentan contra la propia definición de la esfera pública y su principio de apertura irrestricta. Lo mismo podría sostenerse respecto a la esfera pública digital (ver Carriquiry, 2024a).
Finalmente, se podría postular que los movimientos sociales no son buenos para la democracia, o sólo son necesarios en algunos momentos puntuales. Los partidos políticos suelen ver con simpatía a los movimientos sociales durante procesos de caída de regímenes dictatoriales o autoritarios, ya que tienen un rol de impulsar la democracia y reavivar el tejido social. Sin embargo, esos mismos partidos pueden luego rápidamente ver con temor los excesos o las amenazas -sobre todo en momentos de debilidad como las transiciones a la democracia, y también durante momentos de crisis (ver por ejemplo Álvarez y González Vaillant, 2026). Por derecha se esgrimen argumentos de amenaza a la institucionalidad y el orden público; por izquierda, sobre todo cuando ésta está en el gobierno, se puede acusar a los movimientos sociales de “hacerle el juego a la derecha” al dejar en evidencia las falencias o deficiencias de los progresismos en el poder, como lo han mostrado Bidegain, Freigedo y Puntigliano (2021) al analizar los movimientos ambientalistas durante el progresismo. Este dilema se vuelve particularmente visible en partidos con una doble condición de partido y movimiento, como el Frente Amplio uruguayo, donde algunos sectores conservan una fuerte identidad de base, con esa doble pertenencia generando tensiones constantes y difíciles de conciliar entre la lógica de gestión de gobierno y la lógica reivindicativa propia de los movimientos. También se esgrime esta postura crítica frente a los llamados movimientos antiestablishment, como los estallidos sociales o los movimientos antipolítica, que cuestionan no ya a un gobierno en particular sino a la clase política y al sistema de representación en su conjunto. En este caso, el riesgo evidente es que la limitación a la participación derive en formas de autoritarismo, tanto de derecha como de izquierda.
En su texto clásico, Bobbio (1986) invitaba a reflexionar sobre el futuro de la democracia. Hoy, los futuros posibles para la democracia son varios, incluída la posibilidad de que las noticias de su muerte no sean exageradas, aunque también podemos (y debemos) imaginar otros futuros probables de democracias más fortalecidas. La vitalidad de una democracia no se mide por su capacidad de sobrevivir intacta a las tensiones, sino por su capacidad de seguir siendo disputada. Una democracia que ya no genera movimientos que la interpelen, que la incomoden o que le exijan más de lo que está dispuesta a dar, no es necesariamente una democracia sana sino una democracia inerte.
Notas
1-Proyecto “Los futuros de la democracia”, financiado por CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR) en su Convocatoria 2025 Ciudadanía y Conocimiento. Responsables: Andrea Carriquiry y Gabriela González Vaillant. Integrantes del equipo: Gimena Albarenga (FCS, Oficinas Centrales), Magdalena Caccia (FHCE), María Natalia Rodríguez (FIC), Verónica Perez Bentancur (FCS).
2- Una posible respuesta a este punto en Carriquiry 2024b.
Bibliografía
Álvarez, S., & González Vaillant, G. (2026). Tensiones de la democratización: Movilización, institucionalización y el movimiento obrero-estudiantil de cara a la Concertación en Uruguay. Archivos De Historia Del Movimiento Obrero Y La Izquierda, (28), 39-59.
Bidegain, G., Freigedo, M., & Puntigliano Casulo, D. P. (2021). Nuevas conflictividades y vínculos entre movimientos sociales, partidos políticos y gobierno en el Uruguay progresista (2005-2020). Sociologias, 23(58), 388-417.
Bobbio, N., & Santillán, J. F. F. (1986). El futuro de la democracia (Vol. 177). México: Fondo de cultura económica.
Carriquiry, Andrea (2024a). “Deliberación en entornos digitales y tolerancia: repensar la esfera pública digital, con Habermas y más allá de Habermas”. Daimon: Revista Internacional de Filosofía, 93, 37-54.
Carriquiry, Andrea (2024b). “Uncivil Society: To Debate or Not to Debate? A Criterion and Two Types of Politics”. Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, 25(4), 281–293.
Dagnino, Evelina (Coordinadora). Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil. Universidad Estatal de Campinas. F.C.E. México 2002
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die (Vol. 320). New York: Crown.
Lesgart, C. (2023). Tiempos nebulosos: Crisis de la democracia, clima autoritario e indeterminación conceptual. Estudios – Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba, 49, 15–27.
Luna, J. P. (2024). ¿Democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado. Ariel.
Porta, Donatella della. Cómo los movimientos sociales pueden salvar la democracia / Donatella della Porta. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Prometeo 30/10, 2023.
Riedl, R., McCoy, J., Roberts, K., & Somer, M. (2025). Pathways of democratic backsliding, resistance, and (partial) recoveries. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 712, 8–31
Roberts KM. Populism and Polarization in Comparative Perspective: Constitutive, Spatial and Institutional Dimensions. Government and Opposition. 2022;57(4):680-702.
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