La inversión mas inteligente del pais
El nuevo presupuesto prioriza la
infancia, pero el éxito dependerá de conectar esta agenda con las reformas
estructurales que Uruguay necesita
La pobreza infantil continúa siendo una de las heridas más profundas del Uruguay contemporáneo. A pesar de los avances registrados en la última década, que permitieron reducir significativamente los niveles de indigencia y pobreza extrema, la proporción de niños y adolescentes que crecen en hogares pobres sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con el resto de la población. Esta realidad no solo constituye una injusticia social flagrante, sino que compromete seriamente las perspectivas de desarrollo del país a largo plazo.
El nuevo Proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 incluye un conjunto de medidas orientadas a mitigar este problema estructural. Las cifras muestran incrementos sustantivos en partidas destinadas a la infancia y adolescencia, con aumentos que en algunos casos superan el 100% hacia el final del quinquenio. Pero la pregunta fundamental trasciende los números: ¿qué tan robustas son estas políticas? ¿Alcanzan para transformar la realidad de la infancia en Uruguay, o nos encontramos ante una nueva edición del histórico desajuste entre recursos invertidos y resultados obtenidos?
Transferencias monetarias: continuidad con refuerzos progresivos
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) mantiene como columna vertebral de su estrategia la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que ahora incorpora la canasta menstrual como un reconocimiento explícito de las necesidades específicas de género en la adolescencia. Junto a esto, el Bono Crianza, dirigido específicamente a hogares con ingresos inferiores a 1,25 Canastas Básicas Alimentarias que tienen niños en primera infancia, experimenta un crecimiento notable. En particular, el Bono Crianza pasa de $318 millones (2026-2027) a $425 millones (2028-2029), un incremento de 33,6%.
Esta expansión de las transferencias monetarias condicionadas apunta a dos objetivos centrales: aliviar la pobreza extrema en el corto plazo y mejorar el acceso a alimentación y bienes básicos para los sectores más vulnerables. Sin embargo, la evaluación de esta política no puede limitarse a los montos absolutos. El verdadero desafío radica en determinar si este incremento del 33,6% será suficiente para compensar tanto la inflación esperada como la necesidad de expandir la cobertura hacia hogares con niños en situación de vulnerabilidad que actualmente quedan fuera del sistema.
La experiencia internacional sugiere que las transferencias monetarias pueden ser efectivas para reducir la pobreza de ingresos, pero su impacto en la pobreza multidimensional depende crucialmente de su articulación con otras políticas sectoriales. En este sentido, la apuesta del MIDES parece estar en la dirección correcta, pero requerirá un seguimiento riguroso para evaluar si los montos y la cobertura son los adecuados.
Infancia y adolescencia: expansión exponencial de programas en INAU
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presenta quizás los incrementos más dramáticos de todo el presupuesto en materia de infancia. Mientras los Centros CAIF reciben una reasignación presupuestal para sostener su funcionamiento actual, es en los programas complementarios donde se observa una verdadera transformación cuantitativa. En particular, los Clubes de Niños pasan de 17.500 UR (2026) a 44.500 UR (2029), un incremento de 154,3%; los Centros Juveniles pasan de 43.500 UR a 148.000 UR, un incremento de 240,2%; y el Apoyo al egreso pasa de 99.000 UR a 228.000 UR, un incremento de 130,3%.
Estos programas buscan ampliar sustantivamente la cobertura territorial y poblacional, acompañando las trayectorias educativas y sociales de niños y adolescentes en contextos críticos. La apuesta presupuestal es inequívoca: los recursos prácticamente se duplican y en algunos casos se triplican hacia 2029. Esta expansión refleja un reconocimiento explícito de que las políticas de transferencias monetarias, por sí solas, son insuficientes para abordar la complejidad de la pobreza infantil y adolescente.
Sin embargo, esta expansión cuantitativa genera interrogantes sobre la capacidad institucional del INAU para absorber estos recursos de manera eficiente. La historia reciente muestra que los aumentos presupuestales sin fortalecimiento simultáneo de las capacidades de gestión pueden derivar en problemas de ejecución y calidad de servicios.
Educación: becas y apoyo escolar con aumentos históricos
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) incorpora aumentos que pueden caracterizarse como históricos en dos instrumentos considerados clave para combatir la deserción y promover la permanencia educativa. En particular las Becas de educación media (incluye Becas Butiá) pasan de de $221 millones (2026) a $826,5 millones (2029), un incremento de 274,0%; y los Bono de apoyo escolar (Primaria) pasan de $449 millones (2026) a $800 millones (2028-2029), un incremento de 78,2%; ademas, se da una Nueva partida de alimentación en educación media, por $590 millones anuales
Estos recursos refuerzan el apoyo a la permanencia educativa, una dimensión absolutamente clave para cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza. La evidencia internacional es contundente: cada año adicional de educación no solo aumenta los ingresos futuros de los individuos, sino que genera externalidades positivas para toda la sociedad.
Sin embargo, persiste la pregunta fundamental sobre si el diseño y la focalización de estas becas permitirán llegar efectivamente a quienes más lo necesitan. La experiencia uruguaya con políticas educativas muestra que los aumentos presupuestales no se traducen automáticamente en mejores resultados si no van acompañados de cambios en los mecanismos de identificación, selección y acompañamiento de beneficiarios.
Vivienda y salud: apoyos focalizados con enfoque integral
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT) duplica en cuatro años la partida destinada a atender la precariedad habitacional con foco específico en hogares con niños y adolescentes. En particular, en Precariedad habitacional hay un aumento de $150 millones (2026) a $300 millones (2029), del 100%, y en ASSE se da una partida nueva de Visita domiciliaria a recién nacidos, de $50 millones anuales.
Esta duplicación reconoce que la vivienda digna es una condición necesaria para el desarrollo integral de la infancia y que las políticas de transferencias monetarias pierden efectividad si no se abordan simultáneamente las condiciones habitacionales.
Por su parte, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) incorpora una partida específica para garantizar la visita domiciliaria universal a recién nacidos durante su primer mes de vida, con $50 millones anuales distribuidos entre personal especializado e insumos necesarios. Esta medida, aparentemente modesta en términos presupuestales, puede tener un impacto significativo en la detección temprana de problemas de salud y en el fortalecimiento del vínculo entre las familias y el sistema sanitario.
¿Más recursos = menos pobreza infantil? La ecuación pendiente
Sin embargo, la gran incógnita que atraviesa todo el análisis es si estos recursos se traducirán efectivamente en mejoras tangibles en la vida de niños y adolescentes. La experiencia uruguaya de las últimas décadas muestra que el país puede gastar mucho con resultados limitados si no se establecen mecanismos adecuados de articulación interinstitucional, monitoreo riguroso y evaluación de impacto sistemática.
La dispersión de programas entre diferentes organismos (MIDES, INAU, ANEP, MVOT, ASSE) y la tradicional falta de estándares comunes de calidad pueden diluir significativamente la potencia de los aumentos presupuestales. Cada institución tiende a desarrollar su propia lógica de funcionamiento, sus propios sistemas de información y sus propios criterios de evaluación, lo que dificulta tanto la coordinación como la medición de resultados agregados.
La restricción fiscal como desafío y oportunidad
Es fundamental reconocer que el diseño del Presupuesto 2025-2029 se desarrolla en un contexto de restricción fiscal significativa que condiciona todas las decisiones de política pública. Las finanzas públicas uruguayas enfrentan presiones estructurales crecientes, particularmente derivadas del aumento del gasto en seguridad social y salud asociado al envejecimiento poblacional, lo que limita severamente los márgenes de maniobra para nuevas expansiones del gasto.
Esta restricción fiscal no es coyuntural sino estructural. El país se encuentra en una trampa demográfica que combina baja natalidad, envejecimiento acelerado y emigración de población joven, lo que genera una presión creciente sobre los sistemas de protección social al mismo tiempo que reduce la base contributiva. En este contexto, cada peso del presupuesto público adquiere un valor estratégico que exige optimización.
Sin embargo, la orientación prioritaria hacia la infancia y la adolescencia que se observa en este presupuesto resulta especialmente prometedora desde una perspectiva de eficiencia inter-temporal. La evidencia económica es contundente: las inversiones en primera infancia y adolescencia generan los retornos más altos de todas las políticas sociales, con beneficios que se extienden durante décadas y que incluyen no solo mayores ingresos individuales sino también menores costos sociales futuros en salud, seguridad y protección social.
La restricción fiscal también crea incentivos para explorar modelos de provisión más eficientes, incluyendo alianzas público-privadas, tercerización de servicios especializados y aprovechamiento de las tecnologías digitales para reducir costos de gestión y mejorar la focalización. En este sentido, la restricción no debe ser vista únicamente como un límite, sino también como una oportunidad para repensar la gobernanza del sistema de protección de la infancia y asegurar que las inversiones tengan el máximo efecto posible.
Un desafío integral de política pública
El presupuesto 2025-2029 marca indudablemente un rumbo prometedor en términos de priorización de la agenda de infancia. Los incrementos presupuestales son sustantivos y están distribuidos de manera relativamente equilibrada entre diferentes dimensiones del bienestar infantil. Sin embargo, para que esta apuesta presupuestal se traduzca en una reducción sostenible de la pobreza infantil, se requieren al menos tres condiciones adicionales que van más allá de los recursos:
Primer lugar: Es imprescindible mejorar sustantivamente la articulación entre programas de distintos organismos. La fragmentación institucional ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para la efectividad de las políticas sociales en Uruguay.
Segundo lugar: Se necesita un sistema robusto de evaluación de resultados que vaya más allá de la medición de gastos ejecutados o beneficiarios alcanzados. Es fundamental evaluar qué impacto real tienen estas políticas sobre los ingresos familiares, los resultados educativos, la salud infantil y el bienestar general de niños y adolescentes.
Tercer lugar: Es crucial asegurar la sostenibilidad y progresividad de estas políticas. Los aumentos presupuestales no pueden depender de coyunturas políticas favorables o de la voluntad de gobiernos específicos.
Elija su propia reforma
La agenda de reducción de la pobreza infantil está inextricablemente ligada con las agendas de reformas micro y macroeconómicas de distinto tipo que el país tiene pendientes. No es posible abordar seriamente la pobreza infantil sin considerar las reformas estructurales que pueden potenciar o limitar el impacto de las políticas sociales específicas.
En el nivel microeconómico, reformas como la modernización del sistema tributario (incluyendo la revisión de exoneraciones fiscales regresivas), la flexibilización regulatoria para facilitar la creación de empleos formales, el fortalecimiento de las políticas de competencia para reducir precios de bienes básicos, y la reforma del sistema financiero para mejorar el acceso al crédito productivo, pueden generar condiciones más favorables para que las familias superen la pobreza de manera autónoma.
En el nivel macroeconómico, reformas como la modernización del sistema de seguridad social (incluyendo una mejor integración entre pilares contributivos y no contributivos), la reforma del Estado para mejorar la eficiencia del gasto público, la diversificación de la matriz productiva para generar empleos de mejor calidad, y el fortalecimiento de la infraestructura logística para reducir costos de producción y consumo, pueden crear un entorno más propicio para el crecimiento económico sostenible que beneficie especialmente a los sectores más vulnerables.
En este sentido, las políticas de reducción de pobreza infantil no deben concebirse como un gasto social que compite con las inversiones productivas, sino como una inversión estratégica que potencia el crecimiento futuro. La agenda de reducción de la pobreza infantil es, en sí misma, una agenda que promueve el crecimiento y el desarrollo del país a largo plazo, dados sus efectos multiplicadores en el sistema educativo, la productividad laboral, la innovación social y la cohesión social en general.
Los niños y adolescentes que hoy crecen en condiciones de pobreza serán los trabajadores, emprendedores, profesionales y ciudadanos del Uruguay de las próximas décadas. Invertir en su desarrollo integral no es solo un imperativo ético, sino también la decisión económica más inteligente que puede tomar una sociedad que aspira a la prosperidad sostenible. En definitiva, la reducción de la pobreza infantil no es un costo que la sociedad debe asumir, sino una inversión que la sociedad no puede permitirse no hacer.
