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| Foto: Beatrice Murch. 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) |
Numerosas personas necesitan un trasplante de riñón. Muchas
de ellas trabajan o estudian. Algunas incluso realizan ambas actividades. Pensemos
por unos minutos en la siguiente propuesta: crear un mercado legal para que
aquellos ciudadanos que no estudian ni trabajan (“ni-ni”) puedan sumar una base
monetaria importante mediante la donación de uno de sus riñones a pacientes de
todo el mundo. El mecanismo es bien simple: ciudadanos uruguayos que no
estudien ni trabajen pueden participar de la operación Done su riñón a una persona productiva a cambio de una importante
suma de dinero. Dado el debate actual sobre los “ni-ni” en Uruguay, no
sorprendería que una propuesta así cuente con el apoyo de buena parte de la
población. Después de todo, se estaría "mejorando" a varios niveles la
oportunidad de personas necesitadas.
Asumiendo sin argumento que la
venta de órganos puede ser moralmente justificable, esta iniciativa tiene, sin embargo, al menos dos
implicaciones cuestionables. Primero, hay un problema de selectividad. Es de
esperar que sean aquellos “ni-ni” con menos recursos y en situación de mayor
vulnerabilidad quienes “voluntariamente” acepten participar en un
emprendimiento de esta naturaleza. Escribo “voluntariamente” entre comillas
porque es razonable estipular que a mayor grado de vulnerabilidad, mayor será
el grado de disposición a aceptar una oferta así. Aún cuando sea una iniciativa
voluntaria, la falta de opciones reales o bien el alto costo de rechazar una
oferta como esta erosiona el componente “voluntario” de la propuesta. En este
escenario, los “ni-ni” con más recursos tendrán más oportunidades reales de
mantener sus dos riñones que aquellos “ni-ni” más vulnerables.
En segundo lugar, es probable que se genere presión social
sobre aquellos “ni-ni” que aún en situación de vulnerabilidad opten por no
donar uno de sus riñones. La situación es diferente para los “ni-ni” que
cuentan con más recursos. Éstos últimos pueden escapar más fácilmente de esa
presión. Por un lado, y sin mucho sustento, usualmente se cree que los “ni-ni”
no vulnerables reciben beneficios nulos del Estado o el resto de la sociedad. La
creencia es que aunque no trabajen ni estudien, no nos piden nada. Por otro
lado, y en la misma lógica, se argumenta que los no vulnerables están amparados
por una red de contención que no tiene la obligación de rendirle cuentas al
resto de la sociedad. Con mi trabajo o suerte le otorgo a mis hijos una
situación de no vulnerabilidad. Si ellos deciden ser “ni-ni” seguramente van a
ser menos presionados que aquellos “ni-ni” que no son resguardados por nadie. Después
de todo, no es casual que la imagen estereotipada del “ni-ni” sea la de un
joven o una joven pobre viviendo en una situación de alta vulnerabilidad. Eso
es, jóvenes que son una carga para la sociedad.
No se puede negar que hay una intención noble detrás de
esta modalidad de donación de riñones: ayudar a pacientes enfermos generando al
mismo tiempo recursos para jóvenes que no estudian ni trabajan. A pesar de
esto, no es difícil ver por qué las dos implicaciones antes mencionadas son problemáticas.
Cuesta imaginar que en una sociedad justa, la salida para los jóvenes “ni-ni” consista
en vender un riñón en el mercado de órganos internacional. Asimismo, es difícil
creer que en una sociedad justa se presione a esos mismos jóvenes a participar
de este tipo de actividades. Por el contrario, es más sensato pensar que programas
de esta naturaleza fracasen (o sean innecesarios) en una sociedad que provea igualdad
de oportunidades para todos sus
habitantes. Iniciativas de este tenor deberían fracasar en una sociedad cuyo
sistema educativo formal logra contener a la mayoría de sus jóvenes, sus
niveles de integración social son altos y su mercado laboral es dinámico e
inclusivo.
Esta semana, Guido Manini Ríos, comandante en jefe del
Ejército, explicó la iniciativa de ejecutar un plan desde el Ejercito para incluir
jóvenes uruguayos que no trabajan ni estudian. De acuerdo a Manini Ríos, su
iniciativa permite “llevar a los jóvenes a las unidades
militares, brindarles educación cívica, cierta disciplina, normas de higiene y
enseñanza de oficios, para darles la posibilidad de poder transitar por la vida
con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tienen”. [1]
La iniciativa tiene muchos puntos similares
al caso de la donación de riñones discutida arriba. No sólo se busca ayudar a
una población mayoritariamente desfavorecida y carente de oportunidades, sino
que además se pretende aumentar la integración social y bajar los niveles de
inseguridad. En otras palabras, se cree que una mejor integración de los
“ni-ni” redundará en una mejora para la sociedad en su conjunto. Al mismo
tiempo, la solución propuesta proviene de una institución relativamente ajena
al problema de los “ni-ni”.[2]
No
obstante, detrás de una intención noble como esta, también existen
implicaciones que merecen ser seriamente discutidas. No es muy aventurado
pensar que los dos problemas señalados arriba se repetirían en este caso:
probablemente sólo los “ni-ni” más desfavorecidos aceptarían participar en un
programa de ese tipo. Y muy posiblemente sólo los más desfavorecidos recibirán
la presión social por no participar en esa iniciativa. Cualquier joven en
situación de vulnerabilidad que no trabaje o estudie será visto como alguien
que irresponsablemente no deja ser ayudado por la apuesta del ejercito. La
única forma de evitar esa forma de selectividad y presión radica en diseñar un
plan que sea universalmente obligatorio para todos aquellos que no trabajan ni
estudian. Eso es, un programa que sin distinguir entre ricos y pobres obligue a
todos los jóvenes uruguayos fuera del sistema educativo formal y del mercado
laboral a recibir educación “cívica” y “militar”. Pero cuesta imaginar que
queramos recorrer este camino.
Una respuesta más razonable, sin embargo,
se encuentra en rescatar el sistema educativo formal de su debacle total. Sabemos
de sobra que nuestra educación secundaria fracasa rotundamente en incluir y
retener dentro del sistema educativo a los jóvenes más vulnerables. Allí hay
una falla clara que atender. Más retención debería generar menos “ni-ni” en los
dos sentidos del término: más estudiantes, más trabajadores calificados para el
mercado laboral. Otra respuesta radica en crear programas redistributivos
universales para jóvenes y adultos que tengan componentes contributivos e
inclusivos, tales como un ingreso participativo.[3] Eso es, un ingreso que sea
universalmente disponible (más allá de la condición socio-económica) pero que
requiera la participación de sus beneficiarios en ciertas actividades. Esas
alternativas son más prometedoras e inclusivas que la presentada por el
comandante en jefe del ejército. Buenas intenciones no siempre van de la mano
de acciones justas.
·
Agradezco los comentarios de David Altman, María
José Álvarez, Guillermo Álves, Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt. Todo lo
escrito aquí es de mi entera responsabilidad.
[1]
Ver la entrevista en Radio el Espectador:
http://www.espectador.com/sociedad/334553/ejercito-propone-que-los-ni-ni-se-incorporen-a-las-fuerzas-militares
[2]
Si algo se puede argumentar sobre el ejercito en
este caso, es que históricamente ha integrado en sus filas a personas con altos
niveles de vulnerabilidad. Sin embargo,
hay una diferencia sustancial entre tener un plan de reclutamiento abierto a
todos los ciudadanos uruguayos y en desarrollar un plan alternativo de
reclutamiento focalizado en jóvenes uruguayos que no trabajan ni estudian. Esto
último no con la finalidad de entrenar soldados sino con el objetivo de
brindarles “educación cívica, prepararlos en valores, darles
cierta disciplina, normas de higiene, primeros auxilios y enseñarles oficios”
Ver: http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/ma-ni-ni/
[3] Mi defensa de la propuesta de Ingreso Participativo
se puede encontrar en: Pérez-Muñoz, Cristian. 2015. “A Defense of Participation
Income”, Journal of Public Policy,
(En Prensa)
