Desmantelar el aparato represivo. Diálogos por memoria, verdad, justicia y antipunitivismo.
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| Foto Marta González, CC BY-NC-SA 2.0 |
Autoras:
Juana Urruzola Astiazarán / Antropóloga y docente en FHCE y FIC Udelar.
Florencia Anzalone Cabrera / Socióloga / FCS Udelar
Desde hace algunos años nos encontramos investigando y formándonos colectivamente sobre antipunitivismos y justicias alternativas. Fruto de los aprendizajes en las luchas feministas y por memoria, verdad y justicia, nos encontramos con el problema del punitivismo desde distintas interrogantes y con la clara necesidad de encontrar herramientas alternativas al castigo para afrontar y reparar el daño en nuestras comunidades.
El campo del antipunitivismo es un espacio complejo, en dónde conviven desde las críticas al sistema penal y carcelario hasta las maneras que tenemos de abordar nuestros conflictos cotidianos y más íntimos. Es un espacio por momentos difícil de definir, en dónde instituciones, relaciones sociales y emociones se articulan de forma compleja. Lo que articula este campo de problemas es la convicción de que la lógica del castigo como respuesta a todos los problemas y a lo que consideramos inaceptable es, por lo menos, insuficiente y que, en general, produce más problemas y daños de los que repara. La convicción, también, de que reimaginar y construir justicia más allá de la cárcel y el castigo no es utópico: es necesario y urgente si nuestro objetivo es la reparación, desarmar la impunidad y las causas que producen las distintas violencias.
Durante estos años, hemos desarrollado múltiples conversatorios, cursos, jornadas, debates entre distintxs militantes, compañerxs, investigadores, disciplinas, lenguajes, dinámicas con el objetivo de ampliar la discusión, las interrogantes y la imaginación colectiva. En este proceso, en varias conversaciones -ante la incertidumbre que los imaginarios sobre el punitivismo y el abolicionismo penal y carcelario suscitan-, aparecía en general dos preguntas centrales: ¿qué hacemos con los feminicidas y violadores? y ¿qué hacemos con los torturadores y genocidas?.
No hace falta aclarar que estas personas no son las que llenan las cárceles en nuestro país, pero estos cuestionamientos nos invitan a preguntarnos ¿cómo el rechazo y la lucha contra este tipo de violencias tan atroces se traduce en una resignación de la existencia de la cárcel? o ¿cómo aceptar la necesidad de castigos para dichos casos (u otros) tiene que significar legitimar centros de tortura y encierro? o ¿es necesario que la preocupación por estos casos extremos anule o limite la indignación que deberíamos expresar por tener una de las tasas más altas de prisionalización del continente en un país tan pequeño como Uruguay?
Por otro lado, hace algunos meses en una actividad que organizamos en el marco del mes de la memoria en Uruguay, aparecía la idea y pregunta de ¿es la lucha antipunitiva y del abolicionismo carcelario contradictoria a la lucha y búsqueda de justicia por parte de lxs familiares de detenidxs desaparecidxs y víctimas del terrorismo de estado? Es a partir de estas preguntas y nudos que surge este trabajo. De nuestra parte, comprendemos la lucha antipunitiva como hija y aliada de las luchas antirrepresivas, contra el terrorismo de estado, y de la lucha por memoria, verdad y justicia. Consideramos que es necesario explorar e hilar el tejido entre estos campos, con sus encuentros y desencuentros. Trazar las continuidades entre las consignas antirrepresivas de la década de los 60, las resistencias en la dictadura, las estrategias de lucha por justicia ante las sistemáticas violaciones de los derechos humanos hasta nuestro presente, en una búsqueda por hilvanar esas reivindicaciones populares y por explorar el pasado desde nuevas interrogantes.
Contra la impunidad de ayer y hoy
Los debates sobre punitivismo se asientan, en general, sobre varias dicotomías centrales en el marco de pensamiento de las sociedades occidentales. La forma binaria de elementos opuestos y excluyentes se expresa en las duplas víctima y victimario, culpable e inocente, impunidad vs punitivismo. La palabra impunidad, del latín impunitas, significa en su origen libertad absoluta, exceso o falta de castigo. Mientras que el punitivismo también encuentra su origen en el castigo pero como tendencia y forma de respuesta. En este marco etimológico hablar de impunidad justamente refiere a la falta de castigo, así como punitivismo habla de la presencia constante de este.
Sin embargo, socialmente y en el marco de las luchas de nuestra región, cuando decimos impunidad queremos decir mucho más que ausencia de castigo. La denuncia de la impunidad no solo habla de la cárcel como lugar de encierro para los torturadores, sino que expresa todo un gradiente de acciones que recuperan la memoria de lo ocurrido frente a la imposición del olvido y que exige conocer la verdad de lo sucedido: qué paso con las víctimas pero también con toda la sociedad en su conjunto, nombrar e identificar los lugares en dónde esto ocurrió, acceder a los archivos e información de los hechos, juzgar a los responsables directos así como las responsabilidades institucionales, exponiendo al estado y su terrorismo. Es decir, una lucha contra la impunidad que aboga por un reconocimiento social y colectivo de lo que pasó para que nunca más ocurra.
Nos dice Elena Larrauri (2011) que en nuestras sociedades la criminalización de un problema es el indicador de su gravedad social, dado que el derecho penal se ha convertido en el símbolo de la jerarquía de los problemas sociales. Por lo tanto, la importancia de un problema social queda definida por su nivel de castigo: si un problema es importante, el castigo debería ser grande. El problema es que, valorar la gravedad de un problema en este sentido, muchas veces recorta otras formas de responsabilización que son más complejas y requieren más esfuerzo social e institucional, pero que pueden implicar reparaciones mucho más profundas, colectivas y comprometidas. Aquí aparece el principal problema de la dicotomía impunidad/punitivismo: si no hacer nada es impunidad, hacer algo es castigo y con eso se cierra el asunto. La cárcel y el castigo operan en el imaginario como un punto final, que clausura las miradas y sentidos de justicia a nivel institucional y muchas veces social.
Este nudo nos permite entender algunos aspectos de las respuestas estatales a muchos problemas, pero en el caso del pasado reciente y la dictadura civico militar podemos observar como los diferentes gobiernos han apenas encarcelado (y con múltiples privilegios) a algunos militares responsables, sin abordar la propia estructura militar que sostuvo y sostiene el terrorismo de estado. El estado apuesta por la simplificación y reducción de la complejidad y vigencia del problema, ofreciendo lo que le es funcional ofrecer a partir de su propio funcionamiento y estructura. Como señala Moira Perez (2020), se conjuga una convergencia de intereses: el estado hace propia una parte de la agenda de los movimientos sociales y responde con las herramientas que le interesa replicar, que no son las de transformación colectiva sino las del castigo. Esto implica una reducción radical del amplio abanico de sentidos de justicia que los movimientos y luchas sociales proponen.
bomba y explosivos, hay que desarmar los aparatos represivos
Otro de los elementos que instalan con fuerza las luchas de resistencia a la dictadura y por memoria, verdad y justicia, es el fundamento y compromiso contra el autoritarismo como sistema que sostuvo ese régimen y que sostiene hasta el presente múltiples y nuevas violaciones de los derechos humanos. La crítica al autoritarismo es, al igual que las demandas por justicia, un área de reivindicaciones amplias, que supo alojar las críticas a las prácticas e instituciones autoritarias, las políticas represivas, el encarcelamiento político, la persecución y criminalización de las protestas, las razzias, la criminalización de la juventud y de la pobreza, los abusos de poder en general.
Los antipunitivismos se nutren de esta historia para exponer la continuidad represiva que atraviesa las décadas hasta la actualidad, fortaleciéndose en presupuesto y alcance. El estado uruguayo aumenta el gasto en represión y sus aparatos judiciales han construido principalmente mecanismos represivos incluso para responsabilizarse de sus propias acciones (en los pocos casos que lo hacen). Este círculo en el que la legitimidad de los aparatos represivos se reafirma en su uso, deja de lado las acciones concretas que podrían en una primera instancia debilitar esta estructura autoritaria de producción de daño. Ante la trampa de que si no hay castigo no hay nada, solo se aumenta el presupuesto represivo mientras otras áreas vinculadas directamente con el bienestar social y popular quedan reducidas continuamente. No problematizar el presupuesto que se gasta en represión y legitimar los privilegios de las instituciones militares, cuando estas mienten, no dicen la verdad, ni dan la información sobre sus acciones durante la dictadura, nos muestra cómo se plantea el problema y su marco de acciones institucionales.
Tal como ha sido analizado por Álvaro Rico (2008) y otrxs investigadores, la restauración democrática en nuestro país no supuso una mirada crítica hacia la institucionalidad del pasado reciente, “sino que, por el contrario, se retornó al relato de la excepcionalidad. Esta narración permite preservar un campo criminal latente a la vez que los miedos siguen siendo utilizados como instrumentos de disciplinamiento social” (Montealegre, Sapriza y Folle, 2016)
En este sentido, encontramos que los predios donde -a pesar de todo- se encontraron y se siguen encontrando enterramientos de detenidos-desaparecidos por las fuerzas armadas, continúan bajo la custodia y jurisdicción de la misma institución que perpetuó y perpetúa estos delitos. Así mismo, encontramos una continuidad en los centros carcelarios creados y utilizados en dictadura como lugares de reclusión en la actualidad sin políticas de memoria que problematicen lo ocurrido en dichos lugares y las prácticas que aún se mantienen En este sentido, la relación entre el encarcelamiento prolongado y masivo con las torturas sistemáticas que caracterizó a la dictadura uruguaya (Rico, 2008; Larrobla, Figueredo y Sagaseta, 2023), y nuestro contexto actual con una de las tasas de prisionalización más alta de Latinoamérica, debería rompernos los ojos.
¿Quienes continúan siendo castigadxs? En nuestro país hay cerca de 17 mil personas presas, principalmente varones jóvenes pobres y racializados, y con un aumento en los últimos años en el número de mujeres presas también de clases bajas, vinculado al aumento de penas para microtráfico de drogas. En ambas situaciones quienes llenan las cárceles son el escalón más bajo de complejas relaciones de poder. Aunque ya no es principalmente por su organización política, el encarcelamiento sigue teniendo profundos motivos políticos. Basta con leer los informes del Comisionado Penitenciario, dimensionar los datos cuanti y cualitativos que implica la cárcel y sus consecuencias en tantas familias y en la sociedad en general, o simplemente acercarse al Comcar o el Penal de Libertad para comprender las cárceles, parafraseando al colectivo antipunitivo argentino Yo No Fui, como centros de tortura legalizados en nuestro presente.
La relación entre aquello que los Estados pueden ofrecer y la imaginación política es siempre contradictoria: lo primero no debería limitar lo segundo, mientras que la imaginación política puede abrir horizontes que exceden ampliamente lo estatal. En este sentido la vieja consigna del desmantelamiento del aparato represivo, y las consignas de otros territorios de desfinanciamiento de la policía y financiamiento de la comunidad se vuelven lugares necesarios para revisar los puntos de partida y las posibilidades de ensayar prácticas de justicia antipunitiva.
nunca más
Cómo se reparan las violencias irreparables, cómo se repara el terrorismo de estado, es una pregunta siempre abierta cuyas respuestas nos implican a todxs como sociedad y van tomando distintas formas a lo largo del tiempo. Durante estas décadas, la labor incansable de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y tantas otras organizaciones ha logrado interpelar a la mayor parte de la sociedad, siendo el 20 de mayo una de las movilizaciones centrales y masivas de nuestro país, tal como se reafirmó ayer en la trigésima primera marcha del silencio
Este contexto, que podemos sintetizar en la ampliación de la consigna todxs somos familiares, ha logrado dimensionar las distintas capas del terrorismo de estado y sus consecuencias en toda la sociedad uruguaya. Lxs detenidxs desaparecidxs y asesinadxs que nos faltan a todxs, las consecuencias de la tortura, de la prisión política masiva y prolongada, del exilio y del insilio en las personas implicadas, pero también en sus familias, hijos/as y nietos/as, compañerxs, vecinxs, durante la dictadura pero también sus efectos en la actualidad. Este proceso ha explicitado también la impunidad de ayer y de hoy y la falta de políticas de memoria que problematicen la continuidad de las políticas represivas, la impunidad y privilegios de las fuerzas armadas, así como la revictimización y violencias institucionales en los procesos de juicios por crímenes de lesa humanidad.
Ante la frustración de lo que el estado puede y hace, creemos que es necesario recuperar las múltiples prácticas de justicia que las personas y colectivos han sostenido durante todos estos años. Aquellas prácticas que construyen memoria, que producen justicia y que exponen la verdad. Desde la práctica del escrache, que busca agujerear la impunidad colectivizando información, construyendo condena y rechazo en los barrios, así como narraciones colectivas sobre las violencias perpetradas. Los sitios de memoria que reconocen lo vivo del pasado, lo que los lugares todavía dicen de lo que pasó y lo injusto de sus apropiaciones. Los memoriales, reconocimientos y acompañamiento a las madres y familiares, a los ex presos y presas políticas, en sus denuncias y largos laberintos del aparato judicial. Todas las prácticas y experiencias barriales, sindicales, estudiantiles, artísticas que han logrado investigar, denunciar, recordar sus historias, sus trozos de memoria, permitiendo que la trama comunitaria pueda reparar, al menos una parte de tanto daño y dolor.
De esta forma, entendemos que durante estas décadas se ha desplegado una pedagogía y acumulado de prácticas y saberes sobre la justicia en un sentido sumamente amplio, que se conjuga, además del juicio y castigo, en la memoria, en el derecho a la verdad y derecho a la reparación, que implica saber qué paso con las víctimas concretas pero también en la sociedad en su conjunto, en saber quiénes son los responsables directos en sus distintos niveles pero especialmente el estado y el ejercicio de su terrorismo, en construir escucha y reparación social, en dotar de sentido y fuerza el nunca más. Es entonces la justicia, o las justicias, una práctica colectiva, situada, política y cotidiana, que en su concreción se construye a sí misma, haciendo comunidad y no repetición en cada paso.
Este acumulado de experiencias y saberes se conecta con la lucha antipunitiva y del abolicionismo carcelario, justamente, en la búsqueda de reparación, en el compromiso colectivo y social de la no repetición, en saber que la cárcel y la represión dañana más (mucho más) que lo que dicen reparar, en la lucha contra todos los autoritarismos y opresiones, contra los genocidios pasados y presentes, por el nunca más terrorismo de estado en Uruguay ni en ningún pueblo, por la necesidad de construir otras formas de justicia y otros mundos más justos.
El campo del antipunitivismo es un espacio complejo, en dónde conviven desde las críticas al sistema penal y carcelario hasta las maneras que tenemos de abordar nuestros conflictos cotidianos y más íntimos. Es un espacio por momentos difícil de definir, en dónde instituciones, relaciones sociales y emociones se articulan de forma compleja. Lo que articula este campo de problemas es la convicción de que la lógica del castigo como respuesta a todos los problemas y a lo que consideramos inaceptable es, por lo menos, insuficiente y que, en general, produce más problemas y daños de los que repara. La convicción, también, de que reimaginar y construir justicia más allá de la cárcel y el castigo no es utópico: es necesario y urgente si nuestro objetivo es la reparación, desarmar la impunidad y las causas que producen las distintas violencias.
Durante estos años, hemos desarrollado múltiples conversatorios, cursos, jornadas, debates entre distintxs militantes, compañerxs, investigadores, disciplinas, lenguajes, dinámicas con el objetivo de ampliar la discusión, las interrogantes y la imaginación colectiva. En este proceso, en varias conversaciones -ante la incertidumbre que los imaginarios sobre el punitivismo y el abolicionismo penal y carcelario suscitan-, aparecía en general dos preguntas centrales: ¿qué hacemos con los feminicidas y violadores? y ¿qué hacemos con los torturadores y genocidas?.
No hace falta aclarar que estas personas no son las que llenan las cárceles en nuestro país, pero estos cuestionamientos nos invitan a preguntarnos ¿cómo el rechazo y la lucha contra este tipo de violencias tan atroces se traduce en una resignación de la existencia de la cárcel? o ¿cómo aceptar la necesidad de castigos para dichos casos (u otros) tiene que significar legitimar centros de tortura y encierro? o ¿es necesario que la preocupación por estos casos extremos anule o limite la indignación que deberíamos expresar por tener una de las tasas más altas de prisionalización del continente en un país tan pequeño como Uruguay?
Por otro lado, hace algunos meses en una actividad que organizamos en el marco del mes de la memoria en Uruguay, aparecía la idea y pregunta de ¿es la lucha antipunitiva y del abolicionismo carcelario contradictoria a la lucha y búsqueda de justicia por parte de lxs familiares de detenidxs desaparecidxs y víctimas del terrorismo de estado? Es a partir de estas preguntas y nudos que surge este trabajo. De nuestra parte, comprendemos la lucha antipunitiva como hija y aliada de las luchas antirrepresivas, contra el terrorismo de estado, y de la lucha por memoria, verdad y justicia. Consideramos que es necesario explorar e hilar el tejido entre estos campos, con sus encuentros y desencuentros. Trazar las continuidades entre las consignas antirrepresivas de la década de los 60, las resistencias en la dictadura, las estrategias de lucha por justicia ante las sistemáticas violaciones de los derechos humanos hasta nuestro presente, en una búsqueda por hilvanar esas reivindicaciones populares y por explorar el pasado desde nuevas interrogantes.
Contra la impunidad de ayer y hoy
Los debates sobre punitivismo se asientan, en general, sobre varias dicotomías centrales en el marco de pensamiento de las sociedades occidentales. La forma binaria de elementos opuestos y excluyentes se expresa en las duplas víctima y victimario, culpable e inocente, impunidad vs punitivismo. La palabra impunidad, del latín impunitas, significa en su origen libertad absoluta, exceso o falta de castigo. Mientras que el punitivismo también encuentra su origen en el castigo pero como tendencia y forma de respuesta. En este marco etimológico hablar de impunidad justamente refiere a la falta de castigo, así como punitivismo habla de la presencia constante de este.
Sin embargo, socialmente y en el marco de las luchas de nuestra región, cuando decimos impunidad queremos decir mucho más que ausencia de castigo. La denuncia de la impunidad no solo habla de la cárcel como lugar de encierro para los torturadores, sino que expresa todo un gradiente de acciones que recuperan la memoria de lo ocurrido frente a la imposición del olvido y que exige conocer la verdad de lo sucedido: qué paso con las víctimas pero también con toda la sociedad en su conjunto, nombrar e identificar los lugares en dónde esto ocurrió, acceder a los archivos e información de los hechos, juzgar a los responsables directos así como las responsabilidades institucionales, exponiendo al estado y su terrorismo. Es decir, una lucha contra la impunidad que aboga por un reconocimiento social y colectivo de lo que pasó para que nunca más ocurra.
Nos dice Elena Larrauri (2011) que en nuestras sociedades la criminalización de un problema es el indicador de su gravedad social, dado que el derecho penal se ha convertido en el símbolo de la jerarquía de los problemas sociales. Por lo tanto, la importancia de un problema social queda definida por su nivel de castigo: si un problema es importante, el castigo debería ser grande. El problema es que, valorar la gravedad de un problema en este sentido, muchas veces recorta otras formas de responsabilización que son más complejas y requieren más esfuerzo social e institucional, pero que pueden implicar reparaciones mucho más profundas, colectivas y comprometidas. Aquí aparece el principal problema de la dicotomía impunidad/punitivismo: si no hacer nada es impunidad, hacer algo es castigo y con eso se cierra el asunto. La cárcel y el castigo operan en el imaginario como un punto final, que clausura las miradas y sentidos de justicia a nivel institucional y muchas veces social.
Este nudo nos permite entender algunos aspectos de las respuestas estatales a muchos problemas, pero en el caso del pasado reciente y la dictadura civico militar podemos observar como los diferentes gobiernos han apenas encarcelado (y con múltiples privilegios) a algunos militares responsables, sin abordar la propia estructura militar que sostuvo y sostiene el terrorismo de estado. El estado apuesta por la simplificación y reducción de la complejidad y vigencia del problema, ofreciendo lo que le es funcional ofrecer a partir de su propio funcionamiento y estructura. Como señala Moira Perez (2020), se conjuga una convergencia de intereses: el estado hace propia una parte de la agenda de los movimientos sociales y responde con las herramientas que le interesa replicar, que no son las de transformación colectiva sino las del castigo. Esto implica una reducción radical del amplio abanico de sentidos de justicia que los movimientos y luchas sociales proponen.
bomba y explosivos, hay que desarmar los aparatos represivos
Otro de los elementos que instalan con fuerza las luchas de resistencia a la dictadura y por memoria, verdad y justicia, es el fundamento y compromiso contra el autoritarismo como sistema que sostuvo ese régimen y que sostiene hasta el presente múltiples y nuevas violaciones de los derechos humanos. La crítica al autoritarismo es, al igual que las demandas por justicia, un área de reivindicaciones amplias, que supo alojar las críticas a las prácticas e instituciones autoritarias, las políticas represivas, el encarcelamiento político, la persecución y criminalización de las protestas, las razzias, la criminalización de la juventud y de la pobreza, los abusos de poder en general.
Los antipunitivismos se nutren de esta historia para exponer la continuidad represiva que atraviesa las décadas hasta la actualidad, fortaleciéndose en presupuesto y alcance. El estado uruguayo aumenta el gasto en represión y sus aparatos judiciales han construido principalmente mecanismos represivos incluso para responsabilizarse de sus propias acciones (en los pocos casos que lo hacen). Este círculo en el que la legitimidad de los aparatos represivos se reafirma en su uso, deja de lado las acciones concretas que podrían en una primera instancia debilitar esta estructura autoritaria de producción de daño. Ante la trampa de que si no hay castigo no hay nada, solo se aumenta el presupuesto represivo mientras otras áreas vinculadas directamente con el bienestar social y popular quedan reducidas continuamente. No problematizar el presupuesto que se gasta en represión y legitimar los privilegios de las instituciones militares, cuando estas mienten, no dicen la verdad, ni dan la información sobre sus acciones durante la dictadura, nos muestra cómo se plantea el problema y su marco de acciones institucionales.
Tal como ha sido analizado por Álvaro Rico (2008) y otrxs investigadores, la restauración democrática en nuestro país no supuso una mirada crítica hacia la institucionalidad del pasado reciente, “sino que, por el contrario, se retornó al relato de la excepcionalidad. Esta narración permite preservar un campo criminal latente a la vez que los miedos siguen siendo utilizados como instrumentos de disciplinamiento social” (Montealegre, Sapriza y Folle, 2016)
En este sentido, encontramos que los predios donde -a pesar de todo- se encontraron y se siguen encontrando enterramientos de detenidos-desaparecidos por las fuerzas armadas, continúan bajo la custodia y jurisdicción de la misma institución que perpetuó y perpetúa estos delitos. Así mismo, encontramos una continuidad en los centros carcelarios creados y utilizados en dictadura como lugares de reclusión en la actualidad sin políticas de memoria que problematicen lo ocurrido en dichos lugares y las prácticas que aún se mantienen En este sentido, la relación entre el encarcelamiento prolongado y masivo con las torturas sistemáticas que caracterizó a la dictadura uruguaya (Rico, 2008; Larrobla, Figueredo y Sagaseta, 2023), y nuestro contexto actual con una de las tasas de prisionalización más alta de Latinoamérica, debería rompernos los ojos.
¿Quienes continúan siendo castigadxs? En nuestro país hay cerca de 17 mil personas presas, principalmente varones jóvenes pobres y racializados, y con un aumento en los últimos años en el número de mujeres presas también de clases bajas, vinculado al aumento de penas para microtráfico de drogas. En ambas situaciones quienes llenan las cárceles son el escalón más bajo de complejas relaciones de poder. Aunque ya no es principalmente por su organización política, el encarcelamiento sigue teniendo profundos motivos políticos. Basta con leer los informes del Comisionado Penitenciario, dimensionar los datos cuanti y cualitativos que implica la cárcel y sus consecuencias en tantas familias y en la sociedad en general, o simplemente acercarse al Comcar o el Penal de Libertad para comprender las cárceles, parafraseando al colectivo antipunitivo argentino Yo No Fui, como centros de tortura legalizados en nuestro presente.
La relación entre aquello que los Estados pueden ofrecer y la imaginación política es siempre contradictoria: lo primero no debería limitar lo segundo, mientras que la imaginación política puede abrir horizontes que exceden ampliamente lo estatal. En este sentido la vieja consigna del desmantelamiento del aparato represivo, y las consignas de otros territorios de desfinanciamiento de la policía y financiamiento de la comunidad se vuelven lugares necesarios para revisar los puntos de partida y las posibilidades de ensayar prácticas de justicia antipunitiva.
nunca más
Cómo se reparan las violencias irreparables, cómo se repara el terrorismo de estado, es una pregunta siempre abierta cuyas respuestas nos implican a todxs como sociedad y van tomando distintas formas a lo largo del tiempo. Durante estas décadas, la labor incansable de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y tantas otras organizaciones ha logrado interpelar a la mayor parte de la sociedad, siendo el 20 de mayo una de las movilizaciones centrales y masivas de nuestro país, tal como se reafirmó ayer en la trigésima primera marcha del silencio
Este contexto, que podemos sintetizar en la ampliación de la consigna todxs somos familiares, ha logrado dimensionar las distintas capas del terrorismo de estado y sus consecuencias en toda la sociedad uruguaya. Lxs detenidxs desaparecidxs y asesinadxs que nos faltan a todxs, las consecuencias de la tortura, de la prisión política masiva y prolongada, del exilio y del insilio en las personas implicadas, pero también en sus familias, hijos/as y nietos/as, compañerxs, vecinxs, durante la dictadura pero también sus efectos en la actualidad. Este proceso ha explicitado también la impunidad de ayer y de hoy y la falta de políticas de memoria que problematicen la continuidad de las políticas represivas, la impunidad y privilegios de las fuerzas armadas, así como la revictimización y violencias institucionales en los procesos de juicios por crímenes de lesa humanidad.
Ante la frustración de lo que el estado puede y hace, creemos que es necesario recuperar las múltiples prácticas de justicia que las personas y colectivos han sostenido durante todos estos años. Aquellas prácticas que construyen memoria, que producen justicia y que exponen la verdad. Desde la práctica del escrache, que busca agujerear la impunidad colectivizando información, construyendo condena y rechazo en los barrios, así como narraciones colectivas sobre las violencias perpetradas. Los sitios de memoria que reconocen lo vivo del pasado, lo que los lugares todavía dicen de lo que pasó y lo injusto de sus apropiaciones. Los memoriales, reconocimientos y acompañamiento a las madres y familiares, a los ex presos y presas políticas, en sus denuncias y largos laberintos del aparato judicial. Todas las prácticas y experiencias barriales, sindicales, estudiantiles, artísticas que han logrado investigar, denunciar, recordar sus historias, sus trozos de memoria, permitiendo que la trama comunitaria pueda reparar, al menos una parte de tanto daño y dolor.
De esta forma, entendemos que durante estas décadas se ha desplegado una pedagogía y acumulado de prácticas y saberes sobre la justicia en un sentido sumamente amplio, que se conjuga, además del juicio y castigo, en la memoria, en el derecho a la verdad y derecho a la reparación, que implica saber qué paso con las víctimas concretas pero también en la sociedad en su conjunto, en saber quiénes son los responsables directos en sus distintos niveles pero especialmente el estado y el ejercicio de su terrorismo, en construir escucha y reparación social, en dotar de sentido y fuerza el nunca más. Es entonces la justicia, o las justicias, una práctica colectiva, situada, política y cotidiana, que en su concreción se construye a sí misma, haciendo comunidad y no repetición en cada paso.
Este acumulado de experiencias y saberes se conecta con la lucha antipunitiva y del abolicionismo carcelario, justamente, en la búsqueda de reparación, en el compromiso colectivo y social de la no repetición, en saber que la cárcel y la represión dañana más (mucho más) que lo que dicen reparar, en la lucha contra todos los autoritarismos y opresiones, contra los genocidios pasados y presentes, por el nunca más terrorismo de estado en Uruguay ni en ningún pueblo, por la necesidad de construir otras formas de justicia y otros mundos más justos.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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