La pobreza del mercado de trabajo
Los datos de 2025 muestran una tasa de pobreza general de 16,5% y una pobreza infantil de 27,5%, lo que equivale a casi 600 mil personas y mas de 130 mil menores de 18 años. En promedio, las personas pobres trabajan unas 30 horas semanales, mientras que las no pobres trabajan cerca de 38. La simulación es directa: para cada persona pobre ocupada, estimo su ingreso laboral por hora y luego imputo el ingreso laboral que obtendría si trabajara 40 horas semanales. La pregunta es simple: ¿qué ocurriría si pudieran trabajar más horas? El resultado es que la pobreza cae a 8,8%. La pobreza infantil lo hace hasta 15,3%.
¿Qué implica esto? Que una parte importante de la pobreza no se explica solo por bajos salarios, sino también por la insuficiencia de horas trabajadas. Se trata de hogares con empleo, pero no el suficiente; de personas que alternan entre informalidad, subempleo e inactividad forzada. En términos más técnicos, el problema no es solo de calidad del empleo, sino también de cantidad. Esto es relevante porque muchas políticas públicas se han concentrado en mejorar salarios o transferencias, cuando aquí aparece un margen adicional: la intensidad de la inserción laboral.
Esto no significa, por supuesto, que “la solución es que los pobres trabajen más”. Ese argumento no solo es normativamente cuestionable, sino empíricamente incorrecto: la restricción no está en la voluntad, sino en las oportunidades. La pregunta relevante es por qué no pueden trabajar 40 horas y qué políticas se desprenden de ese diagnóstico. Y ahí es donde el análisis se vuelve más interesante.
En primer lugar, si muchas personas pobres trabajan pocas horas, no es porque no quieran más trabajo, sino porque no lo consiguen. El 34,9% de los pobres ocupados está buscando otro empleo, y entre quienes no buscan, un 13% declara querer trabajar más horas en su empleo actual. El 95% señala que no trabaja más horas porque no encuentra más trabajo. Esto apunta a un problema clásico de insuficiencia de demanda laboral, especialmente en segmentos de baja calificación.
Pero este diagnóstico admite matices. La insuficiencia de demanda no es homogénea: suele concentrarse en ciertos sectores (servicios de baja productividad, comercio minorista, tareas no calificadas) y en ciertas modalidades contractuales (empleos a tiempo parcial, changas, autoempleo precario). Esto sugiere que las políticas de estímulo al empleo deberían ser más quirúrgicas que universales. Subsidios a la contratación, por ejemplo, pueden tener efectos distintos según a quién se dirijan: si se concentran en trabajadores con mayores barreras de inserción (jóvenes, mujeres con hijos, trabajadores con baja educación), es más probable que generen empleo adicional y no simplemente sustitución.
Asimismo, las reducciones de cargas sociales o incentivos fiscales pueden facilitar la creación de empleo formal, pero su diseño importa: si son permanentes, pueden ser fiscalmente costosos; si son temporales, pueden generar rotación estratégica de trabajadores. Los programas de empleo público, por su parte, tienen la ventaja de ser contracíclicos y focalizables, pero requieren buena gestión para evitar baja productividad o estigmatización. En todos los casos, el desafío es generar empleo adicional real, no solo redistribuir el existente.
En segundo lugar, la informalidad no solo reduce los ingresos por hora, sino que también fragmenta las trayectorias laborales. Jornadas incompletas, alta rotación y períodos sin empleo son parte de esta dinámica. En Uruguay, el 58,3% de los trabajadores pobres es informal. Esto no es trivial: la informalidad implica una relación laboral más débil, donde el trabajador tiene menos capacidad de negociar horas, estabilidad o condiciones.
Facilitar la formalización no solo mejora salarios, sino también la previsibilidad de la relación laboral. Pero nuevamente, el “cómo” es clave. Las políticas puramente punitivas (más inspección, más sanciones) pueden ser necesarias, pero no suficientes, especialmente en sectores donde la informalidad responde a baja productividad estructural. En estos casos, esquemas de formalización gradual —por ejemplo, regímenes simplificados, reducción inicial de aportes, o subsidios condicionados a la formalización— pueden ser más efectivos. También hay espacio para innovaciones institucionales que reconozcan formas intermedias de empleo, evitando que la dicotomía formal-informal deje a muchos trabajadores en una zona gris sin protección.
En tercer lugar, existen restricciones de cuidado. En muchos hogares pobres, especialmente con niños pequeños, hay adultos —mayoritariamente mujeres— que no pueden ampliar su oferta laboral. Entre las personas pobres que no trabajan, un 16,4% declara no haber buscado empleo por responsabilidades domésticas y de cuidado. Esto introduce una dimensión de género que no es secundaria: la pobreza y la subutilización laboral están fuertemente feminizadas.
Aquí, las políticas de cuidado tienen un doble dividendo. Por un lado, mejoran el bienestar infantil y la igualdad de oportunidades; por otro, liberan tiempo para que los adultos puedan trabajar más horas o insertarse en el mercado laboral. La expansión de servicios como guarderías, centros CAIF o la jornada escolar extendida no solo impacta en el presente, sino también en el largo plazo, al mejorar el capital humano de la próxima generación. Además, estas políticas suelen generar empleo en sí mismas, muchas veces en sectores intensivos en trabajo, lo que refuerza su efecto multiplicador.
En cuarto lugar, debe notarse el desajuste entre habilidades y demanda, así como las restricciones territoriales. No todos los trabajos están donde están las personas, ni todas las personas tienen las competencias que el mercado requiere. Esto genera subempleo incluso en presencia de vacantes. En economías pequeñas y relativamente concentradas como la uruguaya, estas fricciones pueden ser particularmente relevantes.
Las políticas de capacitación orientadas a la demanda son una respuesta natural, pero requieren información fina sobre qué sectores están creciendo y qué habilidades se necesitan. No se trata de ofrecer cursos genéricos, sino de articular formación con empresas y sectores productivos concretos. A su vez, las políticas de movilidad —mejor transporte, subsidios a la relocalización, información sobre vacantes— pueden reducir las barreras espaciales. Sin estos componentes, el riesgo es que la capacitación no se traduzca en más empleo o más horas trabajadas.
En quinto lugar, el diseño de las transferencias importa. Algunos esquemas generan desincentivos marginales a aumentar las horas trabajadas, especialmente cuando los beneficios se pierden de forma abrupta al superar ciertos umbrales de ingreso. Este fenómeno, conocido como “trampa de pobreza”, puede hacer que aceptar más horas de trabajo no sea rentable en términos netos.
La solución no pasa por eliminar las transferencias, sino por rediseñarlas. Esquemas de retiro gradual, donde los beneficios se reducen progresivamente a medida que aumentan los ingresos, permiten que siempre haya un incentivo a trabajar más. Esto no solo mejora la eficiencia del sistema, sino también su legitimidad, al evitar situaciones en las que el esfuerzo adicional no se traduce en mejoras reales en el ingreso disponible.
Por último, aparece un factor clave: las calificaciones. Una parte de las dificultades para acceder a más horas de trabajo se vincula con déficits de formación y capital humano. Esto refuerza la importancia de políticas de calificación y recalificación laboral orientadas a los trabajadores de menores ingresos, aprovechando capacidades institucionales como las del INEFOP y alineando la formación con la demanda efectiva del mercado.
Sin embargo, aquí emerge un punto crítico que muchas veces se subestima. Si, por ejemplo, se implementan programas masivos de capacitación en una ocupación específica —como operadores de retroexcavadoras—, el aumento de la oferta de trabajadores calificados puede presionar a la baja los salarios en ese segmento o generar subempleo. Este es el clásico problema de equilibrio general: lo que funciona a pequeña escala puede no funcionar cuando todos hacen lo mismo.
En las simulaciones, típicamente se asume que los salarios no cambian, pero en la realidad sí lo hacen. Ahora bien, esto no implica que las políticas de capacitación sean inútiles. Por el contrario, pueden tener efectos indirectos positivos: una mayor disponibilidad de mano de obra calificada puede abaratar costos, aumentar la inversión y expandir la actividad, generando nuevos empleos. El punto es que estos efectos no son automáticos ni inmediatos.
Por eso, las políticas de recalificación deben pensarse en conjunto con la demanda. No alcanza con formar trabajadores: es necesario identificar sectores con potencial de crecimiento (infraestructura, cuidados, economía verde, servicios globales) y acompañar la capacitación con políticas que impulsen la actividad, como inversión pública, incentivos sectoriales o facilitación de exportaciones. La coordinación entre oferta y demanda de trabajo es clave.
Decir que “si las personas pobres trabajaran 40 horas la pobreza se reduce a la mitad” no es responsabilizarlas por su situación, sino evidenciar una falla en el funcionamiento del mercado laboral y en el diseño de políticas públicas. La pobreza no es solo un problema de bajos ingresos, sino también de insuficiente integración al mercado de trabajo en términos de horas. Y eso abre una agenda concreta: más empleo, más estable, mejor distribuido y más compatible con la vida cotidiana. Ahora bien, Uruguay ya tiene muchas de las piezas sobre la mesa: programas de capacitación, subsidios al empleo, políticas de formalización, un sistema de cuidados. El problema no es la ausencia de instrumentos, sino su fragmentación y su escala. No están pensados como parte de una estrategia coherente orientada a un objetivo concreto: aumentar las horas efectivas de trabajo de los hogares pobres. Mientras las políticas sigan operando en compartimentos estancos —formación por un lado, empleo por otro, cuidados por otro—, el impacto será necesariamente acotado. Si la evidencia muestra que la pobreza se juega, en buena medida, en la cantidad de trabajo, entonces la política pública tiene que empezar a organizarse en torno a esa restricción central. Porque, al final del día, no se trata de inventar mucho más, sino de alinear mejor lo que ya existe.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada. Imagen generada por ChatGPT.
