Plebiscitos y referéndums: se avispó la derecha



Desde el retorno de la democracia, los plebiscitos y referéndums fueron utilizados por el Frente Amplio como una forma efectiva de oposición, alianzas sociales y acumulación de fuerzas ante los gobiernos de derecha. No obstante, desde hace poco el Uruguay está viviendo un fenómeno político inaudito: la apropiación de los mecanismos de democracia directa (MDD) “desde abajo”[1] por parte de la derecha. La exitosa junta de firmas liderada por Bordaberry para promover un plebiscito sobre la rebaja de la edad de imputabilidad penal (que se hará junto a las próximas elecciones) así como la reciente entrega por el diputado blanco Abdala de casi 68.000 firmas para impulsar un referéndum contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (por la llamada “vía corta”) marcan una novedad en la vida política del país. A su vez, nos ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el uso por la derecha de estas herramientas asociadas generalmente a la izquierda, así como de su uso más general en el marco de la democracia uruguaya.

El FA y los MDD

El uso frecuente de MDD y particularmente la capacidad de generar cambios constitucionales o legislativos “desde abajo”  son algunas de las características de la democracia uruguaya que la destacan a nivel internacional (Altman, 2011). Desde el retorno de la democracia en 1985 se han impulsado referéndums y plebiscitos sobre temas tan diversos como la Ley de Caducidad, el monto de las jubilaciones, la privatización de empresas públicas, la propiedad y distribución del agua o la eventual asociación de ANCAP. Como estos ejemplos dan cuenta, los temas tratados han sido diversos. La coalición de izquierda hizo de esta práctica una estrategia fructífera de acumulación de fuerzas y oposición a los gobiernos blancos y colorados (Moreira, 2004). En términos de políticas públicas, el efecto del referéndum de 1992 contra la Ley de Empresas Públicas es un ejemplo de la importancia de esta estrategia. A nivel electoral, basta recordar cómo el triunfo del referéndum de ANCAP se valoró como una victoria anticipada que presagiaba el triunfo del Frente Amplio en las elecciones del año siguiente.

Por otra parte, un punto importante es el rol “disparador” que las organizaciones sociales o sindicatos tuvieron en estas iniciativas. Muchas veces el Frente Amplio brindó un apoyo tímido en las etapas preliminares de recolección de firmas, afirmando progresivamente su involucramiento en este tipo de campañas (Monestier, 2010). El liderazgo de organizaciones de Derechos Humanos en las iniciativas contra la Ley de Caducidad, de SUTEL en el referéndum de la Ley de Empresas Públicas o de FFOSE y las organizaciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en el plebiscito del agua, son algunos ejemplos de esta dinámica de alianza entre organizaciones sociales y políticas. En estos casos, las organizaciones sociales fueron quienes comenzaron las iniciativas, pero el apoyo posterior del Frente Amplio fue una condición fundamental para su éxito (solo aquellas iniciativas respaldadas por la fuerza política lograron su cometido).

Diferencias entre el uso de la izquierda y de la derecha: ¿agenda ciudadana o político-partidaria?

El triunfo del Frente Amplio en las elecciones del 2004 parecía augurar un cese en el uso de MDD en Uruguay, al menos como estrategia de oposición (recordar las declaraciones de Bergara en Washington antes de que el FA asumiera el gobierno). Los dos plebiscitos de 2009 fueron respaldados (sin gran decisión) por el Frente Amplio. El voto para uruguayos en el extranjero fue propuesto desde el Parlamento y el plebiscito sobre la ley de Caducidad fue liderado ampliamente por organizaciones sociales. En ninguno de los dos casos se trató de MDD de oposición. A pesar de estar en el gobierno, el uso de estas instituciones seguía más vinculado al FA que a los partidos tradicionales.

El nuevo panorama, en que los partidos de derecha comenzaron a apropiarse de los MDD como herramienta de oposición, se inauguró con la iniciativa liderada por Bordaberry de promover un plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal. Apoyado por su partido y algunos sectores del Partido Nacional, el líder de Vamos Uruguay eligió la confrontación directa con el gobierno en un tema que le causa problemas a la izquierda. La campaña fue un éxito, y en 2012 se entregaron y validaron las firmas necesarias para convocar el plebiscito, que se hará junto a las próximas elecciones nacionales. Mientras que a comienzos de su mandato Mujica buscó con los acuerdos interpartidarios restar algunos temas del debate público, con el plebiscito, Bordaberry aseguró poner de lleno en la próxima campaña electoral uno de estos temas: la seguridad pública (o “inseguridad” según de dónde se la mire).

Más recientemente, y como consecuencia de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado blanco Pablo Abdala comenzó la recolección de firmas para disparar la “vía corta” de un referéndum derogatorio de la ley. Hace poco más de una semana, se presentaron las firmas necesarias para llamar a una pre-consulta voluntaria (la Corte Electoral deberá validar estas firmas para que suceda). En el caso en que en la eventual pre-consulta se logre el apoyo del 25% del cuerpo electoral, se convocará más adelante un referéndum sobre la mentada ley.

Estos dos casos reconfiguran la dinámica política uruguaya reciente. Del mismo modo que el Frente Amplio en años anteriores, los partidos de derecha ahora aprovechan estas herramientas institucionales disponibles para marcar y ejercer su rol opositor. Los plebiscitos y referéndums “desde abajo” no son ya monopolio del FA.

No obstante, existe una importante diferencia que cabe reseñar. Mientras que en el caso del Frente Amplio las consultas “desde abajo” se promovieron en alianza con organizaciones sociales de peso en el país (el PIT-CNT, diversos sindicatos, la FEUU, organizaciones de derechos humanos, ONAJPU, etc.), en los dos casos recién señalados el liderazgo es plenamente político partidario. Tanto el plebiscito promovido por Bordaberry como el referéndum promovido por Abdala se asocian a sus estructuras partidarias, que convocan directamente a la ciudadanía sin organizaciones sociales de peso a su lado. Esta es otra novedad importante.

Por ahora, falta un buen trecho para determinar si la convocatoria al referéndum es exitosa, así como para conocer el resultado del plebiscito ya convocado. De todos modos, será interesante analizar cómo se desarrollan las campañas a favor y en contra, prestando especial atención a las alianzas que se tejan entre los partidos políticos y las diversas organizaciones sociales del país.

Para cerrar

Finalmente, los temas que se busca someter directamente al electorado invitan a reflexionar sobre las fronteras deseables entre el sistema representativo y los MDD. Muchos se escandalizan con la posibilidad de someter a escrutinio público los derechos de los niños/as y adolescentes, así como algunos de los recientemente conquistados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las dos iniciativas presentadas por la derecha amplían sin dudas la esfera de los temas que se pretende resolver por decisión popular directa en el país, ya que buscan resolver por votación directa temas que impactan sobre derechos individuales. Sin dudas, muchos argumentarán que los MDD no ofrecen el mejor contexto para debatir este tipo de problemas. Esta postura seguirá los argumentos clásicos de quienes desconfían de los MDD: por ejemplo, que generan polarización en las posiciones, que son instrumentalizados por los partidos políticos o que no aseguran la deliberación pública. Por su parte, quienes defienden el uso de MDD para estos temas señalarán que la democracia representativa tampoco asegura una deliberación racional ni un espacio de debate sin intereses político-partidarios, y que en temas de gran complejidad lo mejor es que la ciudadanía resuelva directamente. El punto a destacar es que mientras que tradicionalmente la derecha esgrimió el primer tipo de argumentos y la izquierda los segundos, hoy en día las posiciones parecen haberse invertido. Sin dudas, ser gobierno u oposición cambia la apreciación que se hace de los MDD.

Una mirada de mediano plazo da cuenta que independientemente de las posturas de los partidos en cada caso, el Uruguay ha mostrado que no tiene mayores tabúes respecto a qué temas resolver por medio de MDD. En este sentido, las campañas de la derecha son coherentes con uno de los principios que parece haber guiado la vida política del país desde el retorno a la democracia, un principio originalmente promovido por la izquierda: aquellos temas que pueden ser decididos por los representantes en el Parlamento también pueden ser decididos directamente por la ciudadanía a través de instituciones de democracia directa. Hoy en día, con roles invertidos a ambos lados del mostrador, resta ver cómo se resuelve este nuevo escenario político.


Bibliografía (algunas referencias politológicas sobre el uso de los MDD en Uruguay y el mundo)

Altman, David (2011). Direct Democracy Worlwide. Cambridge University Press.

Moreira, Constanza (2004). “Resistencia Política y Ciudadanía: Plebiscitos y Referéndum en el Uruguay de los ‘90”. América Latina Hoy, Nº 36, pp.17-45. Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/pdf/308/30803602.pdf

Monestier, Felipe (2010). Movimientos Sociales, Partidos Políticos y Democracia Directa ‘desde abajo’ en Uruguay (1985-2004)”. CLACSO. Disponible en línea en : http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/becas/20120417045129/monestier.pdf





[1] Un mecanismo de democracia directa se considera “desde abajo” cuando se gatilla por la ciudadanía (en Uruguay, al presentar cierto porcentaje de firmas del cuerpo electoral).

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