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En el diario vivir estamos bombardeados por información, que
hacen al poema de Mario Benedetti eternamente vigente. Nos aturden con noticias
de: guerras, acciones (escalofriantes) de grupos terroristas, secuestros, asesinatos
y mutilaciones por ajuste de cuentas, femicidios, abusos, muerte y persecución
de migrantes por mar y tierra, tráfico y explotación de personas, muertes de
niños y niñas por hambre y enfermedades que tienen cura, incluso vacuna.
Además, nos llegan casos de corrupción por parte de empresarios
multimillonarios y políticos de ambos hemisferios (extrañamente inimputables,
en su mayoría) y del asedio de bandas (o ¿ejércitos?) criminales contra
organismos públicos y la ciudadanía de a pie.
Sin embargo, son escasas las instancias con que uno cuenta
para armar el puzle de tanta información desagregada. ¿A qué nos estamos
enfrentando? ¿Es una nueva normalidad o estamos retrocediendo, a pasos
agigantados, hacia un mundo que asumíamos superado? En el documental La fábula del Escorpión y la rana. Pablo Lorca hace un paralelismo
entre la situación social, económica y política de la década del 30, como
preámbulo de la segunda guerra mundial, y la actualidad. Considerando como
punto de partida la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, y sus efectos
económicos a nivel global, culmina con la envestidura presidencial reciente de
líderes populistas, nacionalistas con discursos xenófobos y racistas en
distintos puntos del planeta.
En esta nota, pretendo armar un puzle respecto a la situación
de América Latina, identificando los retrocesos y avances del último tiempo en
aspectos claves, para brindar algunas luces y sombras acerca de hacia dónde/
qué estamos transitando. Vale destacar que el contexto global se encuentra
marcado por, entre otros factores: la emergencia medioambiental (récord de temperaturas, inundaciones
-incluso en Dubai-, sequías, desforestación del Amazonas, entre otros); la
recesión económica que tras la pandemia por COVID-19, la invasión en Ucrania y
los conflictos de Medio Oriente, aún no se recupera; y la polarización ideológica, política y social.
A fin de amenizar la lectura, dividí el texto en dos
ediciones. En esta primera parte, me concentro en dos aspectos. Primero, en las
raíces de la problemática latinoamericana: la desigualdad persistente. Segundo,
hago referencia a las crisis económica y educativa que se han profundizado a
raíz de la pandemia por COVID-19. En la segunda edición (que se publicará el
próximo domingo 5 de Mayo), analizo el aumento de la violencia y el
poder del narcotráfico en la región, junto a las nuevas olas migratorias, la
crisis humanitaria y las restricciones legales basadas en el principio de
“migración ordenada”. Cierro la nota con una serie de reflexiones y recursos
para que puedas acudir, informarte y formarte, según el tema de tu interés.
Te anticipo que, si esperás una respuesta definitiva respecto
hacia dónde vamos como región, no la encontrarás. Mi objetivo es que saques tus
propias conclusiones o, mejor aún, lo comentes y discutas con alguien más, y
continúen armando el puzle que, por falta de tiempo y espacio, en esta nota -incluso
en dos ediciones- no será exhaustivo. Confieso que, si esta reflexión no te despierta
nada, habré fracasado.
1.
América Latina: la región más desigual del mundo
Al considerar la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los más pobres, América Latina es la región más desigual del mundo (UNDP, 2021). De hecho, de los 30 países más desiguales del mundo, 17 pertenecen a la región (World Bank, 2022). Los latinoamericanos más ricos (decil más alto) concentran el 77% de la riqueza de los hogares y el 55% del ingreso nacional (Chancel et al., 2021). Además, los más ricos (105 multimillonarios) cuentan con un patrimonio promedio de USD 4.300M, mientras la riqueza promedio del resto de la población latinoamericana es de USD18.000 (ECLAC 2022 en base a Forbes[1]). La desigualdad económica afecta las oportunidades de los individuos para acceder a servicios de calidad (educación, salud, transporte y vivienda, entre otros), lo que contribuye a trayectorias de vida diferenciales (distintos logros educativos y trayectorias laborales). De modo que, desde una perspectiva multidimensional, la desigualdad incluye distintos niveles de acceso y ejercicio de derechos sociales, culturales y económicos, que afectan el bienestar y autonomía de las personas desde edades tempranas (CEPAL, 2017).
Como consecuencia de la desigualdad persistente, nuestro destino está en buena medida definido por nuestro origen y características (género, grupo étnico-racial, área de residencia -rural o urbana- y nivel socioeconómico del hogar). Las posibilidades de movilidad social entre una generación y otra son prácticamente inexistentes. Las características del hogar de origen (nivel educativo de los padres, ocupación de los padres y raza), definen en buena medida qué tan lejos llegarán las nuevas generaciones. Según un estudio reciente, para salir de la pobreza en Chile se demorarían 6 generaciones, en Brasil se demorarían 9 generaciones y en Colombia 11 generaciones (algo así como 300 años) (OECD, 2018). Por otro lado, debido a la expansión educativa de las últimas décadas, América Latina presenta resultados optimistas en cuanto al aumento de años de educación entre padres e hijos, aunque la alta correlación entre los logros de ambas generaciones, evidencia la baja movilidad educativa en la región porque la cantidad de años adicionales no son suficientes para superar las oportunidades laborales de sus progenitores (CAF, 2022). Es así que las nuevas generaciones heredan las oportunidades laborales, marcadas por: el capital social familiar (red de contactos que propician recomendaciones y contrataciones), el grupo étnico o racial de origen (personas afro-descendientes e indígenas sufren discriminación en el mercado laboral), el área de residencia (personas de áreas rurales cuentan con menos oportunidades en el mercado laboral), y el acceso a recursos materiales en el hogar para sobrellevar crisis laborales (jóvenes de hogares de mayores ingresos se encuentran en mejores condiciones para enfrentar las vicisitudes del mercado) (CAF, 2022).
La desigualdad persistente sumada a la escasa movilidad
educativa y de ingresos entre generaciones, no solo afecta el desarrollo
económico de la región sino también el grado de cohesión social, en tanto las
clases sociales viven en rutas paralelas, con escasas interacciones (distintos
establecimientos educativos, centros de salud, servicios de transporte y
espacios públicos, entre otros) (Kaztman, 2000, 2001; Maldonado Valera et al., 2021). Esto conlleva a demandas y
necesidades diferentes que pueden
afectar la estabilidad político-institucional (CAF, 2022).
2.
Crisis económica y educativa: Antes, durante y después de la pandemia
La pandemia del COVID-19 llegó a América Latina en un momento de debilidad económica y financiera (CEPAL, 2020), generando la mayor crisis del mercado laboral desde 1950 (CEPAL, 2021). Peor aún, fue la región que más se vio afectada en términos sociales y sanitarios. Aunque la población de América Latina representa menos del 10% de la población mundial, el 30% de las muertes por COVID-19 en el mundo se concentraron en la región, especialmente en: Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú (Bárcena, 2021; Menz Queirolo, 2021). Por otro lado, fue la región que sufrió la peor pérdida económica (6,8% del PIB regional y 7,7% del PIB per cápita), registrándose las mayores caídas del PIB en Argentina (10,5%) y Perú (12,9%) (CEPAL, 2021; Menz Queirolo, 2021; OIT, 2021).
En términos laborales, la región perdió más de 49 millones de empleos en
2020, y registró la peor caída de horas de trabajo (16,2% respecto a 2019,
cuando en el promedio mundial fue de 8,8%), cuatro veces mayor que la
registrada en la crisis económica de 2008 (Maurizio, 2021; OIT, 2021). Además, por el aumento del desempleo, la caída del
empleo y la participación laboral (se redujeron 9% y 4,9%), y el aumento del
período de búsqueda laboral, América Latina sufrió la peor caída de ingresos
laborales (OIT, 2021). También se redujo
la participación laboral femenina, profundizando las brechas de ingresos,
vulnerando aún más la situación económica de grupos que ya se encontraban en
desventaja (mujeres, jóvenes, personas con bajo nivel educativo, entre otros) (CEPAL, 2021;
Weller et al., 2020). Esta caída resulta especialmente grave en una región
en que la mayoría de las personas se emplean en sectores de baja productividad
(60% en servicios) y trabajan en la informalidad, sin cobertura de salud, sin
cotización a la seguridad social ni beneficios mínimos (seguro de desempleo,
seguro de accidente laboral o licencia maternal) (CEPAL, 2019). El acceso restringido a empleos decentes (con
ingresos por encima del nivel de subsistencia, acceso a protección social,
jornadas laborales reguladas y oportunidades de ascenso), impacta negativamente en las trayectorias
laborales e ingresos en el mediano y largo plazo, así como en el bienestar
durante la tercera edad, producto del aporte esporádico o nulo al sistema
previsional (Abramo et al., 2021; OIT, 2019). Peor aún, el mercado laboral agudiza la desigualdad,
ofreciendo menores oportunidades de inserción laboral y calidad de empleos
según condición étnica-racial, área de residencia, ciclo de vida (peores
empleos para los más jóvenes) y género (Cecchini et al., 2021).
¿En qué medida la
transformación tecnológica contribuirá a mejorar estas condiciones? Si bien
diversos estudios internacionales alertan sobre la pérdida de empleos a causa
de la automatización, el panorama no es claro en América Latina (Martínez
et al., 2020; OIT, 2021; Weller et al., 2019). Varios factores inciden en el atraso hacia la
automatización, entre ellos: las características estructurales del mercado
laboral latinoamericano (baja diversificación del sector productivo,
prevalencia del sector informal y pequeñas empresas), la falta de inversiones
en tecnología avanzada, la ausencia de un marco regulatorio que proteja a los
nuevos empleos (teletrabajo, trabajo para plataformas digitales, entre otros), y
la falta de mano de obra calificada (OECD 2021c; OIT 2021b). Más aún, la inversión en la automatización no necesariamente
resulta atractiva ni redituable en países en desarrollo con mano de obra de
bajo costo y un bajo nivel de desarrollo tecnológico (Alonso
Soto, 2020; OECD, 2021). Si se asume que la automatización es ineludible,
este retraso podría ser aprovechado como una ventana de oportunidad para
promover que la fuerza laboral adquiera las herramientas y conocimientos
necesarios para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, y se
implementen las regulaciones adecuadas para garantizar empleos de calidad a
futuro.
Por otro lado, así como la pandemia por COVID-19 afectó el
mercado laboral también afectó la educación. Antes de la pandemia, la
región ya estaba enfrentando una crisis
educativa marcada por la desaceleración, el retraimiento y estancamiento en
cuanto a matriculación y completitud de niveles (UNESCO et al., 2022). Si bien América Latina está cerca
de universalizar la educación pre-primaria y, excepto en Guatemala y Honduras,
ha universalizado el acceso y completitud de educación Primaria (en todos los
quintiles de ingreso y para ambos
sexos), los desafíos se concentran en la educación secundaria (UNESCO, 2021c). La mayoría de los países han
logrado una matrícula casi universal en el primer ciclo de educación secundaria
(mayor al 90%). Sin embargo, en 2019, tan solo 2 de cada tres jóvenes (20 a 24
años) habían completado la educación secundaria (12 años de educación), con
marcadas diferencias por nivel socio-económico (88,7% en los hogares de mayores
ingresos Vs. 47,1% en los hogares de menores ingresos) y área de residencia (67,2%
en zona urbana Vs. 48,4% en zona rural). Uruguay, junto a El Salvador y
Honduras, se encuentra entre los países en que menos jóvenes completan
Secundaria (43,2%), mientras Perú y Chile lideran en la región (88,3% y 87,7%
respectivamente) (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 2023b). Quienes se desvinculan
tempranamente, suelen ser niños, niñas y adolescentes que residen en hogares de
bajo nivel socio-económico, migrantes, pertenecientes a pueblos originarios,
afro-descendientes, y quienes habitan en áreas rurales. Los bajos, y
desiguales, logros educativos de los jóvenes y adolescentes, explican en parte
la baja matrícula en educación terciaria (54%) y completitud de este nivel
(30%).
La crisis educativa en América Latina no se restringe a
los logros educativos. También afecta
los aprendizajes. Según los resultados de la última prueba estandarizada de
LLECE-UNESCO (ERCE, 2019)[2],
cuatro de cada diez estudiantes de 3ero de Primaria no alcanzan el nivel mínimo
en Matemáticas ni en Lectura (no pueden identificar relaciones literales en un
texto ni realizar inferencias en base a la información), y seis de cada diez
estudiantes no alcanzan niveles mínimos en Lectura, Matemáticas ni Ciencias en
6to grado (UNESCO, 2021b). A lo largo de la trayectoria
escolar, esta situación empeora. Según datos de la prueba PISA (2018) elaborada
por la OCDE, menos de un tercio de los estudiantes de 15 años (sin importar el
grado que estén cursando) alcanza el nivel mínimo de competencias en Matemáticas, con marcadas diferencias por
nivel socio-cultural del hogar (OECD, 2019).
Durante la pandemia, América Latina cerró los
establecimientos educativos por 72 semanas (33 semanas de cierre completo y 37
semanas de cierre parcial) mientras el resto del mundo, en promedio, cerró los
establecimientos durante 41 semanas (UNICEF, 2021). Este “apagón educativo”, en
un contexto de alta segmentación socio-económica, profundizó aún más la crisis
educativa en la región (Huepe et al., 2022), y relegó a niños, niñas y adolescentes a las
(des)ventajas de sus hogares de origen (UNICEF, 2021), aumentando su exposición a
contextos de violencia (CEPAL & UNICEF, 2020) y al trabajo infantil (ILO-UNICEF, 2020), así como impactando negativamente
en sus aprendizajes y progresión escolar (UNESCO, 2018; UNICEF, 2020a, 2021;
World Bank, 2021). La pandemia atrasó el ingreso a educación
inicial (reduciendo la asistencia de niños de 3, 4 y 5 años) y redujo la
asistencia de estudiantes de Secundaria de áreas rurales (UNESCO, 2024). Aunque los efectos se verán en el
mediano plazo, el Banco Mundial estima
escenarios preocupantes: i) aumento del riesgo de abandono escolar entre
niños y niñas de 6 a 14 años; ii) pérdida de aprendizajes de entre 1 y 1,8 años
de escolaridad, iii) incremento de la
pobreza de aprendizajes, lo que implicaría que
casi 8 de cada diez niños y niñas de la región no podrían leer un texto
simple a los 10 años, y iv)una reducción del 7% de los ingresos que un
estudiante promedio obtendría a lo largo de su vida laboral (Banco Mundial, 2022; World Bank et al., 2022). De modo que, la crisis ha
acrecentado brechas históricas, reduciendo las oportunidades de escolarización
de la población más vulnerable – quienes viven en zonas rurales, niñas,
refugiados y personas en situación de discapacidad.
Pero la crisis educativa no se restringe a la niñez y adolescencia. Se observa una creciente brecha entre las competencias y habilidades requeridas por el mercado laboral, respecto a las que ofrece la fuerza laboral (CEPAL & OEI, 2020). En América Latina, poco más de la mitad de la fuerza laboral cuenta con el nivel educativo requerido para el empleo. A modo de ejemplo, en Honduras, Nicaragua y Guatemala, la mayoría de la fuerza laboral alcanzó un menor nivel educativo al requerido para el empleo que están ejerciendo, cifra que se reduce en Uruguay y El Salvador a prácticamente la mitad (48,4% y 44,8% respectivamente) (Gontero & Novella, 2021). Un estudio reciente para México, Perú, Ecuador y Chile, en base a datos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIAAC, por sus siglas en inglés) [3], concluye que los trabajadores cuentan con mayor educación que la requerida para su empleo, en: Agricultura y Pesca, Operarios, Artesanos y ocupaciones básicas. Al considerar si los trabajadores cuentan con más competencias que las requeridas para el empleo, 39% de los trabajadores de México y 36% de los trabajadores de Chile se encuentran sobre-calificados respecto a 18% en Ecuador y Perú (Castro et al., 2023).
A modo de cierre, la pandemia por COVID-19, en el contexto de fragilidad económica en que se encontraba América Latina, ha exacerbado la desigualdad y ha revertido los avances de la región. Se estima un retroceso de una década en el desarrollo humano, un retroceso de 20 años en la tasa de pobreza y de 27 años en la tasa de indigencia (32,1% y 13,8% respectivamente) (CEPAL, 2022b). La baja inversión, la lenta recuperación laboral, la alta inflación y el menor margen fiscal para políticas sociales afecta las posibilidades de crecimiento de la región (CEPAL, 2021; OIT, 2021; CEPAL, 2022a). De hecho, mientras el Banco Mundial estima un aumento del PIB del 1,6% para 2024 y de 2,7% para 2025 (Maloney et al., 2024), la CEPAL estima un crecimiento del 1,4% para América del Sur y un crecimiento del 2,7% en Centroamérica y México, debido, en parte, al contexto económico y comercial global y las altas tasas de interés de los países más desarrollados (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023a).
La desigualdad persistente y la frágil economía contribuyen
en buena medida a órdenes alternativos (aumento de la violencia y del poder de
bandas criminales que se imponen frente a la debilidad /ausencia del Estado) y
a la migración, tanto forzosa como voluntaria. Analizaré ambos aspectos en la
segunda parte de esta nota.
Continúa leyendo el
Domingo 5 de Mayo
Referencias
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[1] Cálculos basados en: https://www.forbes.com/billionaires-2022/yCreditSuisse
[2]
El ERCE 2019 es la cuarta versión del Estudio Regional Comparativo y
Explicativo, elaborado e implementado por el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación (UNESCO) en colaboración con los
Ministerios de Educación de la región. La prueba mide los aprendizajes de
estudiantes de 3ro y 6to de Primaria en Matemáticas y Escritura. En 6to año se
evaluaron también los aprendizajes en Ciencias y las habilidades
socio-emocionales. En esta edición, participaron 16 países: Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se alcanzó
una muestra de 160.000 niños y niñas, que representan a más de 18 millones de
estudiantes (UNESCO, 2021a,
2021b).
[3] PIAAC es un
estudio comparativo, con representatividad nacional, desarrollado por la OCDE. Indaga
las características educativas y socio-laborales de la población en edad de
trabajar (16 a 65 años), y las vincula con el uso diario de competencias en: lectura,
matemáticas y resolución adaptativa de problemas (Ver más información
en video).
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