Despabilate amor, que el horror amanece (Parte II) Denisse Gelber
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A
fin de amenizar la lectura, dividí el texto en dos ediciones. En la primera
edición (publicada el jueves 2 de Mayo), me concentré en la desigualdad
persistente, junto a la crisis económica y educativa que se han profundizado a
raíz de la pandemia por COVID-19. En esta segunda edición, analizo el aumento
de la violencia y el poder del narcotráfico en la región, junto a las nuevas
olas migratorias, la crisis humanitaria y las restricciones legales basadas en
el principio de “migración ordenada”. Cierro la nota con una serie de
reflexiones y recursos para que puedas acudir, informarte y formarte, según el
tema de tu interés.
Te anticipo que, si esperás una respuesta definitiva respecto hacia dónde vamos como región, no la encontrarás. Mi objetivo es que saques tus propias conclusiones o, mejor aún, lo comentes y discutas con alguien más, y continúen armando el puzle que, por falta de tiempo y espacio, en esta nota -incluso en sus ediciones- no será exhaustivo. Confieso que, si esta reflexión no te despierta nada, habré fracasado.
3.
América Latina: la región más violenta del mundo
América
Latina es la región más violenta del mundo (Trucco & Ullmann, 2015). Aunque en América Latina vive menos
del 10% de la población mundial, un tercio de los homicidios ocurren en la
región. La tasa de homicidios es 5 veces mayor que la de América del Norte y
diez veces más alta que la de Asia (Jaramillo, 2024). En los últimos 20 años, ha aumentado la
mortalidad por armas de fuego, en especial en América Central y el Caribe en
que aumentó 4% cada año (Machado
Parente & Valdés, 2023). La tasa de homicidios en América
Latina, en promedio, es de 20 por cada 100,000 habitantes (en 2023, 11.492
fueron asesinadas).Según datos de 2023, los países con mayores tasas de
homicidios son: Ecuador (44,5), Honduras (31,1), Venezuela (26,8), Colombia
(25,7), México (23,3) y Brasil (21,5) (Manjarrés
& Newton, 2024). Tan solo en El Salvador se redujo la
cantidad de homicidios en el último año, producto de la política carcelaria del
presidente Bukele, cuyo actuar ha sido reiteradamente denunciado por distintas
organizaciones que defienden los derechos humanos (Dammert
et al., 2024). Según el Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en Uruguay hubo un
homicidio cada 23 horas, el año pasado, registrándose más de la mitad en
Montevideo (210 de los 382 asesinatos).
La
violencia en América Latina se encuentra asociada a la expansión de bandas
criminales vinculadas al narcotráfico. A modo de ejemplo, la mega-banda Tren
de Aragua (originaria de Venezuela), no solo trafica drogas, sino que se
impone mediante asesinatos, extorsiones torturas, explotación sexual de mujeres
migrantes, secuestros y trata de personas. En los últimos años, se ha expandido
hacia Chile, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia, generando células como Los
Gallegos que operan en Arica (norte de Chile). Los secuestros en Chile se
duplicaron (26 en 2021 y 45 en 2023). Debido al aumento de la presencia del
crimen organizado, el Congreso chileno aprobó una ley específica contra el
crimen organizado, se generó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios
(dentro del Ministerio del Interior), se reforzaron las penas contra el
narcotráfico y patrimonio ilícito (Laborde, 2024).
Las altas
tasas de criminalidad y poder de las bandas criminales no solo afectan el
desarrollo económico sino también, y fundamentalmente, la estabilidad política.
A inicios de 2024, a tan solo dos meses de la asunción del presidente Noboa,
Ecuador se enfrentó a una crisis de seguridad. A la fuga del narcotraficante
Adolfo Mecías “Fito”, líder de Los Choneros, se sumó una jornada de
violencia (9 de Enero), en que bandas criminales secuestraron policías,
estallaron explosivos en distintas partes del país y además coparon el canal de
televisión TC de Guayaquil en vivo. A raíz de estos eventos, Noboa decretó
estado de excepción y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, anunció el
conflicto armado contra 22 bandas, ahora consideradas, terroristas (BBC News
Mundo, 2024). Otro ejemplo
claro es Haití, que está sufriendo la peor crisis política de los últimos 20
años (Muggah,
2023). En
Haití, existen alrededor de 200 bandas criminales, que cuentan con un arsenal
más potente que la policía nacional (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito). Hoy día, las bandas criminales controlan el 90% de Puerto
Príncipe (capital de Haití), utilizando como prácticas diarias el asedio
(disparos aleatorios con francotiradores a la población, secuestros -379 entre
Enero y Febrero de 2024- y saqueos masivos), ataques (liberación de presos), y
control de áreas claves para la economía (carreteras que unen puertos y
fronteras terrestres) Recientemente se han unido las dos principales bandas de
Puerto Príncipe (Familia G9 y Aliados; G-Pép), para atacar al aeropuerto, al
Teatro Nacional, recintos públicos (escuelas, hospitales) y de seguridad
(cuarteles de policía, puertos y oficinas de aduana) Debido a esta situación,
la mitad de la población requiere ayuda alimentaria y hay 362.000 personas
desplazadas (Naciones
Unidas, 2024).
El aumento
de la violencia ha contribuido a respuestas militarizadas por parte de
distintos gobiernos, incluyendo toques de queda, presencia militar en las
calles, y mayor represión policial, como se ha registrado en distintas
manifestaciones (caso de Argentina, por ejemplo) (Euronews,
2024). Pero la
población general no estaría rechazando estas respuestas. De acuerdo a los
datos más recientes del Latinobarómetro[1] , en promedio, en
América Latina se confía más en las Fuerzas Armadas (54% de confianza) que en
la policía (38%), Suprema Corte de Justicia (34%), presidente (34%) y legisladores
(30%). Esto resulta preocupante,
considerando que el apoyo a las democracias se ha reducido desde 2014. Entre
2004 y 2014, dos de cada tres personas en América Latina consideraban que la
democracia era la mejor forma de gobierno. A partir de 2016, esto se redujo a tres de cada cinco (Lupu
et al., 2023). La reducción al apoyo a las democracias se ha
visto empantanada por el aumento de acusaciones, sentencias y encarcelamiento
por corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos por parte de legisladores,
presidentes y expresidentes de la región.
4. Olas
migratorias Sur-Sur
El
nivel de violencia promueve una migración forzada a fin de escapar a la muerte,
explotación, abusos, pobreza y falta de oportunidades (Rabasa Jofre, 2021). Mientras en Colombia huyen del
conflicto armado, en Venezuela huyen de la pobreza y persecución política
(desde 2017), y en Haití del crimen organizado. La migración forzada trae
aparejada consecuencias negativas no solo para quienes migran (peligros del
trayecto de la migración irregular y obstáculos que enfrentan al llegar al país
de destino para poder enviar remesas) sino también para quienes se quedan en el
país de origen (en cuanto a su salud mental, desempeño y abandono educativo),
afectando sus expectativas de futuro (Davis, 2016).
Entre la década del 90 y el 2020, la cantidad de migrantes en América Latina y el Caribe se ha duplicado (de 7 a 15 millones) y el 80% proviene de América del Sur (Cruces et al., 2023; OIM, 2022). Parte de este incremento, se debe al aumento de la migración de Haití a América del Sur, y a que la migración venezolana (6.8 millones) representa la segunda población de desplazados transfronterizos del mundo, luego de la crisis de Siria (R4V, 2022)[2]. Aunque cuentan con altos niveles de calificación, la población migrante suele emplearse en trabajos de baja calificación (trabajo doméstico, turismo, servicios y comercio), obteniendo salarios bajos y condiciones laborales precarias (sin protección de la seguridad social) (Harris et al., 2023).
Durante la pandemia por COVID-19, el cierre de fronteras retrasó las tramitaciones de regularización migratoria, así como redujo la aprobación de asilo político (Gelber et al., 2021). La falta de documentación ha limitado sus posibilidades de acceder a prestaciones económicas y sociales para poder paliar la crisis, acceder a un contrato laboral, e incluso sus posibilidades de acceder a vacunación y cobertura de salud (CEPAL, 2020b). Hasta el día de hoy, las principales dificultades que enfrentan las personas migrantes refieren a la regularización y permisos de trabajo, la convalidación de títulos universitarios y terciarios, la burocratización y demoras de los distintos trámites, así como la falta de conocimiento respecto a sus derechos y posibilidades (Kaplan et al., 2023).
El racismo y la xenofobia se han exacerbado durante y posterior a la pandemia (Cruces et al., 2023), lo que conlleva no solo a actos xenófobos (como la quema de carpas de migrantes, posterior a una marcha contra migrantes en el Norte de Chile en 2021) sino también a discriminación para arrendar propiedades, trabajar y circular libremente por la calle (Ver Testimonios en podcast Caminando hacia el Sur). En México, un reporte reciente de Naciones Unidas, denunció el perfilamiento racial de migrantes afro-descendientes e indígenas por parte de miembros de la Guardia Nacional, deportaciones ilegales y detención de personas que solicitaron asilo (Atropellos contra migrantes).
En América Latina, al igual que en el hemisferio Norte,
las leyes migratorias se han restringido bajo el paradigma de “migración
ordenada”, lo que ha impuesto mayores requisitos para regularizar la situación
e incluso para solicitar asilo, vulnerando aún más a quienes migran por pasajes
irregulares, y a quienes nacen en tránsito.
5. Reflexiones
finales: ¿Hacia dónde vamos?
En
un contexto de desigualdad persistente, en que:
·
las
características del hogar de origen prácticamente definen nuestro destino;
·
estar
inserto en el mercado laboral (incluso formal) no garantiza evitar la pobreza
(frente a la alta inflación y la reducción del salario real);
·
los
réditos de la educación secundaria se han reducido (es necesario completar al
menos un año de educación terciaria para evitar caer en la pobreza);
·
la educación continúa sin ser atractiva para
adolescentes y jóvenes, y abandonan tempranamente;
·
las
olas migratorias Sur-Sur han reavivado discursos (y prácticas) racistas y
xenófobas;
·
los
niveles de violencia y delincuencia han aumentado;
·
el
poder armamentístico del narcotráfico ha aumentado, incluso superando la
capacidad de armas de las fuerzas policiales en algunos países;
·
el
poder económico del narcotráfico ha superado (o está en vías de superar) el
caudal de gobiernos locales y apoyos estatales hacia poblaciones vulnerables en
distintos países;
·
el
apoyo a las democracias se ha reducido;
·
la
institución en que más confía la población es en las Fuerzas Armadas (en el
promedio regional, con diferencias entre países)
·
el
descreimiento en la elite política….
…
¿Hacia dónde /qué estamos transitando? ¿Es una nueva normalidad o estamos
retrocediendo, a pasos agigantados, hacia un mundo que asumíamos superado?
Tal
como te advertí, no encontrarás una respuesta definitiva en esta nota. Te
propongo que, por tu cuenta o colectivamente, continúes completando este puzle
(por ejemplo, indagando acerca de la independencia de los medios de
comunicación; la polarización ideológica en la sociedad, prensa y política
partidaria; el surgimiento de líderes populistas). A lo
largo de la nota, me referí a promedios y a la situación regional desde una
mirada panorámica. Pero América Latina encierra distintas realidades
subregionales y nacionales, que pueden generar alertas o alivio (al menos
temporal). Te sugiero que revises qué
ocurre en tu país.
Si
no fracasé, esta nota te despertó algo. Te pido entonces que no seas
indiferente. Como
punto de inicio, debajo listo una serie de recursos para evitar discursos de
odio, y promover la inclusión de personas migrantes (laboral y educativa).
Recursos contra el discurso del odio y violencia:
· Prevenir
discursos y violencia extrema:
Accede a
información
· Educación
para la ciudadanía y la paz: Accede a
información
· Prevenir
racismo y discriminación:
Accede a
información
Recursos para Ministerios, establecimientos educativos y ciudadanía
en general:
·
Estrategia
Regional de UNESCO sobre movilidad humana para América Latina y el Caribe,
2022-2025: Accede al documento
·
Integración
de refugiados y migrantes en la educación y formación en Europa: En este sitio web se listan
programas y alternativas de formación y educación para migrantes y refugiados,
que pueden inspirar políticas en América Latina: https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/improving-quality/inclusive-education/migrants-and-refugees
·
Las
Recomendaciones de Montreal sobre la contratación: Una hoja de ruta para
fomentar una mejor regulación:
Este documento plantea ideas y prácticas para proteger a trabajadores
extranjeros Accede al Documento
·
Guías
docentes para trabajar en contextos de migración: Accede
a manuales prácticos
· Campaña contra la violencia y maltrato infantil (UNICEF):Accede a la campaña
· ¿Cómo abordar el antisemitismo en establecimientos educativos? Accede al documento
Referencias
BBC News Mundo. (2024, primavera). Un
grupo armado interrumpe una transmisión en vivo de un canal de TV en Ecuador en
una jornada de violencia en todo el país que lleva a anunciar el estado de
«conflicto interno». BBC News Mundo.
https://www.bbc.com/mundo/articles/c13y2k1z73go
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Muñoz, F. (2023). Un mundo mejor para la población migrante en América
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Parental migration, remittances and left-behind children’s education in Western
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Trucco, D.,
& Ullmann, H. (2015). Juventud: Realidades y retos para un desarrollo
con igualdad (Vol. 137). CEPAL.
[1] El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que releva
actitudes, valores y comportamientos sobre aspectos claves de la democracia,
sociedad y economía. Se realiza en 18 países de América Latina, y alcanza una
muestra de alrededor de 20.000 personas (representando a más de 600 millones).
[2]
Vale destacar que estas
estimaciones se realizaron previo a la crisis migratoria ocasionada por la
guerra en Ucrania.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
