Por Inés Fynn y Lihuen Nocetto
Uruguay se encamina a un nuevo referéndum en el primer semestre de 2022. En esta oportunidad, el recurso impulsado por la oposición y buena parte del movimiento social busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Diversos análisis han catalogado a este referéndum como una elección de medio término donde el electorado juzgará la gestión global del gobierno. Bajo ese razonamiento puede inferirse que este camino lleva a una lógica de todo o nada.
Si bien coincidimos con que el referéndum es de carácter plebiscitario [i], el escenario actual dista de uno de suma cero. Los juegos de suma cero implican que las ganancias de uno se traducen en pérdidas para el otro. Por el contario, en esta columna queremos mostrar que el proceso político desatado por la LUC ha generado ganancias políticas para todos los actores involucrados. Más aún, sea cual sea el resultado del referéndum, el producto político final puede dejar a los actores más fortalecidos.
La LUC como táctica y estrategia.
Para llegar al poder, Lacalle Pou debió conformar una coalición supra mayoritaria integrada por todos los partidos políticos relevantes opositores al FA. La táctica elegida para impulsar el programa de gobierno consistió en aprobar una ley de trámite urgente en los primeros meses del gobierno. El uso de este recurso institucional trajo consigo una serie de ganancias prácticamente inmediatas para el oficialismo.
En primer lugar, logró cohesionar rápidamente a una coalición política diversa, aprovechando la luna de miel del gobierno. Además, el uso de la LUC permitió cumplir tempranamente una promesa de campaña y otorgó una señal contundente al electorado que “buscaba un cambio”. Finalmente, la amplitud temática de la LUC y sus tiempos restringidos le dieron poco tiempo al FA –en pleno proceso de recambio de liderazgos y fuerzas internas– para orquestar la oposición.
A su vez, la LUC como solución táctica también acarreó algunos costos. Por un lado, requirió transacciones entre los partidos miembro en cuanto al contenido de algunos artículos [ii]. Por otro lado, los actores políticos saben que cada ley puede ser pasible de un recurso de referéndum. Por tanto, compactar el programa de gobierno en una única ley allanaría el camino para que la oposición echara mano del recurso de democracia directa.
En este sentido, el uso de la LUC puede leerse como una jugada arriesgada. El gobierno apostó a poner todos los huevos en la misma canasta para atar a la coalición e impulsar reformas rápidamente a costas de provocar un referéndum. El riesgo es alto si se considera el lograr gobernar los 5 años con las políticas preferidas como el único objetivo estratégico. Sin embargo, si consideramos una estrategia de más largo plazo enfocada en la reconfiguración del sistema político uruguayo, la lectura cambia.
La LUC es el buque insignia de un gobierno que llegó al poder coaligando actores que compartían principalmente una aversión hacia el FA y sus políticas, antes que una agenda común propia. La LUC logró crear una agenda mínima común para la coalición de gobierno. De este modo, la campaña de recolección de adhesiones para impulsar el referéndum definió un punto focal sobre el que la coalición pudo comenzar a definir una identidad política propia. A diferencia del antagonismo electoral previo al 2019 (FA y anti-FA), la coalición de gobierno propone un programa político concreto que no se define como “todo lo que no es FA”.
Desde esta lectura, sea cual sea el resultado del referéndum, el sistema político uruguayo pondría un tope al avance de la fragmentación partidaria [iii] y asentaría la dinámica bipartidista [iv]. El carácter programático de la defensa de la LUC tiene el potencial de forjar solidaridades orgánicas y organizativas entre cinco partidos políticos que tienen estructuras diferenciadas. En suma, la LUC podría ser el hilo que comience a tejer la nueva colcha de retazos que cobija a buena parte de la ciudadanía de Uruguay. Sin embargo, serán los políticos de la coalición y sus organizaciones partidarias quienes decidan aprovechar esta ventana de oportunidad o no.
¿Qué gana el FA?
El FA ingresó al nuevo ciclo opositor procesando la derrota electoral del 2019, la autocrítica y un recambio de liderazgos que lo condujeron prácticamente desde su fundación. Además, los quince años de gobierno habían desgastado parcialmente la relación con sus bases sociales tradicionales [v]. En este contexto, la LUC también abrió una ventana de oportunidad para que el FA revitalice sus conexiones con en el movimiento sindical y social.
El proceso de oposición a la LUC fue iniciado por el movimiento sindical y otras organizaciones sociales. Tras un proceso de negociaciones entre el FA y los distintos sindicatos y colectivo sociales, la Coordinadora Pro-Referéndum delimitó los 135 artículos que se impulsaba derogar. A partir de allí, las estructuras organizativas del movimiento social y las partidarias del FA se entrelazaron, una vez más, en un objetivo político común [vii]. En definitiva, la estructura organizacional del FA vuelve a operar en plena alianza con sus bases tradicionales.
Mientras tanto, la polarización política entorno a la LUC, atizada por actores de ambos lados, añade un sentido épico tan eficiente a la hora de forjar identidades políticas. Dicha polarización, combinada con la capacidad de los partidos de canalizarla, fortalece a los partidos políticos y su enraizamiento en la sociedad [vi]. El calor del debate en un ambiente polarizado hace parecer que se trata de un juego donde todo lo que gana uno, lo pierde el otro. Sin embargo, la ganancia colectiva del sistema político ya está generada: 1) el bipartidismo se asienta sobre bases programáticas, 2) el electorado se encuentra con una oferta política con identidades claras, 3) ambos bloques políticos refuerzan y, en algunos casos, crean conexiones con sus bases sociales. En síntesis, la polarización pasa, y el sistema de partidos queda.
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[i] Entendemos por naturaleza plebiscitaria cuando el electorado debe pronunciarse dicotómicamente sobre un gobierno.
[ii] Por ejemplo, lo referido al rol económico del Estado, particularmente defendido por el nacionalismo de Cabildo Abierto.
[iii] Surgimiento de Cabildo Abierto y otros partidos menores. Ver: Nocetto, L., Piñeiro, R., & Rosenblatt, F. (2020). Uruguay 2019: Fin del ciclo progresista y reestructura del sistema de partidos. Revista De Ciencia Política, 40(2), 511-538. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000117
[iv] Buquet, D. y Piñeiro Rodríguez, R. (2014). La Consolidación de un Nuevo Sistema de Partidos en Uruguay. Revista Debates, 8(1). https://doi.org/10.22456/1982-5269.44774
[v] De todos modos, el FA no rompió orgánicamente con sus bases como muestran Pérez, Piñeiro y Rosenblatt (2020) en el libro “How Party Activism Survives: Uruguay’s Frente Amplio” publicado por Cambridge University Press.
[vi] Rosenblatt, F. (2018). “Party Vibrancy and Democracy in Latin America”. Oxford University Press.
[vii] Esto es fácilmente observable en la previsible elección de Fernado Pereira que deja de presidir el PIT-CNT para comandar al FA. También es notorio en el rápido fortalecimiento de las tendencias ligadas al FA en las internas de los diferentes sindicatos.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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