Nos encontramos en un momento histórico que requiere grandeza del sistema político para enfrentar los grandes desafíos que presenta el país, algunos de los cuales requieren soluciones urgentes y profundas. La campaña electoral que está comenzando debería aprovecharse en dos sentidos: discutir seria y detalladamente acerca de dichos desafíos, y promover acuerdos inter-partidarios (e inter-sectoriales) que garanticen la implementación de las reformas necesarias para enfrentar los desafíos, al menos los más urgentes.
La campaña electoral ya está plenamente instalada en la agenda pública y es momento de pensar en cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país de cara a los próximos diez años.
El próximo presidente deberá liderar las reformas necesarias para resolverlos, y sería muy deseable que la campaña se centre en discutir esos asuntos en profundidad. Los precandidatos deberían ser claros respecto de cuáles son, a su juicio, estos desafíos, cuál es su visión general al respecto, cuáles son sus objetivos y cómo planean conseguirlos. Exigir a los precandidatos claridad y concreción sobre los temas centrales del país generaría, al menos, dos efectos positivos.
En primer lugar, permitiría a los votantes evaluar más adecuadamente la idoneidad de cada precandidato para el cargo que pretende ocupar. Ser idóneo no significa, en este caso, ser experto en todas las áreas relacionadas a los asuntos fundamentales. La idoneidad está relacionada a la capacidad de formarse una visión y una opinión sólida en base a la interacción con su potencial equipo de gobierno, que le permita liderar exitosamente las reformas necesarias. Esto requiere de un equipo que sí cuente con expertos en todas las áreas relevantes.
En segundo lugar, dado que seguramente existirán coincidencias entre precandidatos de distintos partidos y sectores, la claridad, la concreción y la profundidad en la discusión, contribuiría a generar los acuerdos inter-partidarios (e inter-sectoriales) necesarios para avanzar en las reformas fundamentales. Sin estos acuerdos, la probabilidad de éxito de las reformas se verá menguada. Es altamente probable que en el próximo período de gobierno ningún partido cuente con mayoría parlamentaria, lo que exigirá acuerdos. Además, es posible que alguna de las reformas cuente con el rechazo y la presión contraria de colectivos sociales importantes, lo que exigirá cierta unidad del sistema político para poder avanzar. Asimismo, la implementación y el seguimiento de las reformas requerirán acciones continuas, cuyo período de aplicación trascenderá al del próximo gobierno. Para que las reformas tengan la continuidad necesaria, sería entonces importante que existan acuerdos en las grandes líneas de acción.
Repasemos brevemente algunos de los desafíos más relevantes que deberá enfrentar el próximo gobierno. Los más urgentes parecen ser educación, inclusión social y seguridad pública. Las medidas en estas áreas no admiten demoras, por lo que es necesario contar con diagnósticos claros y planes de acción sólidos. Estos son temas en los que la existencia de acuerdos mínimos, previo a las elecciones, puede determinar el éxito de las políticas. Es necesario que los precandidatos y los partidos sean capaces de transmitir a la ciudadanía que, gane quien gane las elecciones, las reformas mínimas necesarias se llevarán adelante, y quienes no accedan al gobierno trabajarán en las direcciones acoradas para lograr los grandes objetivos. La situación actual en estas tres áreas requiere grandeza política de parte de los gobernantes, los intereses partidarios y sectoriales no deben poner en riesgo el éxito de las reformas. Fallar en cualquiera de estas tres áreas puede tener consecuencias profundas y duraderas sobre la calidad de vida en nuestro país.
La reforma del estado y de la gestión de las empresas públicas, son dos temas de menor urgencia que los anteriores, pero de gran importancia para alcanzar mayores niveles de bienestar. La confección de presupuestos en base a objetivos y resultados medibles, el incremento de la transparencia respecto de todos los ingresos y gastos del estado, y la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos de todos los rangos, son algunas medidas que contribuirían a mejorar la eficiencia de la gestión pública.
Respecto de la gestión de las empresas, el proyecto de ley recientemente elaborado por el poder ejecutivo para mejorar su gestión parece ir en la dirección correcta. Exige llamados públicos para la contratación de gerentes, reduce el número de integrantes de los directorios, e impone un plazo mínimo de 3 años entre el abondo de un cargo y la asunción en una firma privada del mismo rubro. Un elemento importante que debería incluirse en el proyecto es el blindaje de la gestión de corto plazo respecto del poder ejecutivo. La experiencia internacional muestra que eliminar la posibilidad de gestionar las empresas públicas con fines político-electorales es esencial para mejorar su eficiencia y conseguir que cumplan con sus objetivos de mediano y largo plazo (ver “The Public Wealth of Nations”, Dag Detter y Steffan Fölster, 2015).
La dinamización del mercado de trabajo es también un problema importante que deberá enfrentar el próximo gobierno. Los desafíos derivados de la automatización de, al menos, las tareas repetitivas ya los estamos observando en la actualidad en Uruguay (ver detalles en este informe del Banco Mundial). Las políticas de empleo deben reconocer esta realidad, promoviendo la adquisición de nuevas habilidades, tanto para los desempleados como para quienes estando empleados realizan tareas en riesgo de automatización. Los precandidatos deberían tener una visión clara sobre este problema y un plan de acción relativamente concreto, aplicable a corto plazo.
El diseño y el financiamiento de las políticas sociales y el sistema de cuidados también serán asuntos centrales durante el próximo gobierno ¿Qué políticas sociales planea mantener, modificar, eliminar o implementar? ¿Cómo piensa financiarlas? ¿Planea algún cambio sustantivo en el sistema de impuestos y trasferencias para favorecer la equidad? Estas son preguntas centrales para las que los precandidatos también debería ser capaces de exponer y justificar una visión clara.
Por último, es momento de adoptar un diseño institucional que permita al país implementar políticas fiscales anti-cíclicas de forma ordenada. La adopción de una regla fiscal moderna, que limite la capacidad de gastar en los períodos de auge, sin imponer rigideces excesivas que terminen por cuestionar la relevancia de la regla, es un asunto que merece atención en esta campaña. El aumento de déficit fiscal en etapas bajas del ciclo económico es natural y deseable, pero debe compensarse en etapas altas para evitar incrementos excesivos del nivel de endeudamiento. El objetivo de la regla fiscal es justamente asegurar los ahorros necesarios en las fases expansivas para que los des-ahorros de las bajas no impliquen un problema de sostenibilidad.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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