Tecnócratas y poder: ¿cómo estudiar el rol de los economistas? (parte 1)

"¿De qué mal morirá?" (Goya)

“Lo peor de todo, lo que nos lastima en el alma, es lo que han establecido desde ese pedestal del Olimpo, de un presunto saber hacer que subestima a la gente que vive, lucha, trabaja y se jubila, que sabe que cobra 30.000 pesos de jubilación y 750 por la AFAP. La gente es la que sabe y no el saber-hacer tecnocrático”

Así remataba Marcelo Abdala[1], presidente del PIT-CNT, su furibundo alegato contra la osada irrupción de un destacado grupo de economistas frenteamplistas[2] en el debate sobre el plebiscito de la seguridad social. La ocasión de tal alegato: el acto de lanzamiento de la campaña por el “SI”, que bien podría haberse convocado bajo el slogan “Atenas para los atenienses”.

Ante una discusión programática empobrecida por la necesidad irrefutable que tienen los partidos de focalizar sus recursos comunicacionales en un selecto y minoritario sector de indecisos, no debe sorprender que el plebiscito se haya erigido en un asunto central para la confrontación de ideas. La situación atestigua el clima de época: elecciones insulsas de representantes no menos insulsos contrastan con plebiscitos políticamente muy trascendentes y por tanto polémicos. Por un lado, tenemos a la única organización política de centroizquierda de América Latina que cumple con las características propias de un partido orgánico de masas, con amplia base militante y lazos históricos con el movimiento sindical[3], concentrada en lo que debe hacer todo partido con vocación de poder: ganar las elecciones. Para no espantar al supuestamente despolitizado votante medio, la fórmula presidencial frenteamplista debe evitar a toda costa quedar entrampada en un incómodo debate entre sus economistas y la central sindical. Y en esto, sigue al pie de la letra las recomendaciones de esos otros expertos que la asesoran, que por cierto no son economistas, sino especialistas en medir el estado de la opinión pública y segmentar la comunicación política con arreglo a las necesidades del momento. Del otro lado, tenemos a buena parte del movimiento sindical y sus organizaciones aliadas irrumpiendo en el escenario electoral para forzar una discusión pública sobre una propuesta de reforma constitucional cuyos impactos distributivos no resultan para nada despreciables.

La democracia, desde Platón, nunca ha sido sinónimo de república. Si la república se asocia al buen gobierno, la democracia, siempre vulnerable a los excesos y pasiones de los iguales, puede conducir a su contrario. La democracia, nos recuerda Rancière[4] cuando reflexiona sobre las críticas de Platón, es “la limitación primera del poder de las formas de autoridad que rigen el cuerpo social.” Y la autoridad de los expertos es sin duda una de estas formas. “El poder de los sabios sobre los ignorantes reina de una forma justa y legítima en las escuelas, y se puede instituir a su imagen; un poder que se llamará tecnocracia o epistemocracia”, nos dice Rancière. Pero el poder democrático “es simplemente el poder propio a los que no tienen más título para gobernar que para ser gobernados”. Se trata entonces de un poder fundamentalmente político, el de aquellos “que no tienen razón natural para gobernar sobre los que no tienen razón natural para ser gobernados.” En democracia, “el poder de los mejores no puede en definitiva legitimarse más que por el poder de los iguales”, o sea, toda esa gente que, al decir de Abdala, “vive, lucha, trabaja y se jubila”.

El argumento de Abdala es entonces tan viejo como la democracia misma, aunque va bastante más allá. Es que el presidente del PIT-CNT también reivindica el valor de la experiencia de las clases trabajadoras como fuente legítima de saber, en contraste con la fría mirada “desde arriba”, propia del saber experto. Al hacer énfasis en la categoría de experiencia, la postura de Abdala se asemeja mucho a lo que las teóricas feministas denominan “epistemología del punto de vista” (standpoint epistemology): un concepto complejo sobre el cual han corrido ríos de tinta, pero que, resumido grotescamente, sugiere que nuestro conocimiento de la realidad es siempre situado y dependiente de la identidad del sujeto cognoscente, y que por lo tanto la experiencia de subordinación de ciertos sujetos en determinadas relaciones de poder otorga un privilegio epistémico por sobre los sujetos dominantes.[5]

Por supuesto que el análisis de las tensiones entre experticia y política trasciende la cuestión mucho más específica sobre la que trata esta columna, referida a la influencia de los economistas en los asuntos públicos. De hecho, es una práctica común de los políticos uruguayos intervenir públicamente para delimitar la frontera entre los asuntos que, siguiendo a Abbott[6], pertenecen al “campo de jurisdicción” de la política como profesión (o sea, de aquellos que profesan un saber-hacer específicamente político), y esos otros asuntos de jurisdicción propiamente “técnica”, esto es, no política. Así, por ejemplo, en el momento más difícil de la pandemia, cuando las tensiones entre el GACH y el gobierno ya no podían ocultarse, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi señalaba[7] que la pregunta que los políticos debían hacerse no era si restringir la movilidad tiene o no efecto sobre los contagios (o sea, una pregunta científica sobre lo verdadero y lo falso), sino cómo restringirla. Según su parecer, el gobierno había tomado ya todos “los medios disponibles para restringir la movilidad”. Para Goñi, la evaluación de los medios debía considerar su legitimidad (un criterio estrictamente político): “Los medios posibles, no los teóricos. Los prácticos, los reales, los que la sociedad estaba dispuesta de alguna manera a admitir y aceptar pacíficamente”. Y en ese sentido, alertaba que “hay gente que parece estar pidiendo una tecnocracia, que gobiernen los científicos. (…) Eso es romper con la democracia”.

Quizás menos común, pero no por ello menos interesante, sea que los políticos intervengan públicamente para demarcar ya no los límites entre política y técnica, sino la jurisdicción de determinados conocimientos expertos en diferentes ámbitos de política pública. Un ejemplo ilustrativo de esto último son las recientes declaraciones de Yamandú Orsi durante una entrevista en el programa En la Mira en relación a la “transformación educativa”. Según Orsi, “la mejor experiencia es la del salón de clase y la calle”[8], en clara alusión a que el estilo gerencialista de los tecnócratas del Codicen compromete la sustentabilidad de los cambios (supuestamente) en curso al desconocer la experticia de las Asambleas Técnico-Docentes.

Tenga o no razón (otra vez, la cuestión de fondo es solo una excusa), Orsi señala un asunto por demás relevante, a saber, que la educación es un área donde las “disputas jurisdiccionales” entre distintos saberes expertos se manifiestan, sin medias tintas, de un modo eminentemente político. Tales disputas, con sus efectos innegables sobre la arena política, solo se han recrudecido en las últimas décadas. Organizada históricamente en un campo relativamente autárquico, débilmente profesionalizado, y virtualmente monopolizado por el saber propiamente pedagógico de los docentes, la educación se ha visto crecientemente presionada por demandas provenientes de diversos sectores sociales y económicos. La participación cada vez más notable de otros tipos de especialistas en la gobernanza “técnica” de la educación es, quizás, consecuencia directa de este proceso de “heteronomización” del campo educativo[9]. A esto han contribuido, entre otras profesiones, los psicólogos cognitivos, los psico-metristas, los sociólogos, los lingüistas y, por supuesto, también los economistas. De hecho, la centralidad del conocimiento económico en la formulación de políticas educativas es palpable tanto si atendemos a la institucionalización en numerosos países de mecanismos de rendición de cuentas de altas consecuencias basadas en mediciones de aprendizaje, como a la notoria influencia normativa ejercida por las evaluaciones estandarizadas internacionales al estilo PISA.[10]

La educación, en todo caso, es solo uno de los tantos ejemplos del así llamado “imperialismo económico”. La superioridad de los economistas[11] resulta particularmente visible cuando se trata de áreas en principio no económicas (la salud, el medio ambiente, las políticas sociales, etc.), antaño dominadas por otros saberes expertos. Pero incluso en áreas de política pública que hoy nadie dudaría en catalogar de “económicas”, la jurisdicción monopólica de los economistas es un fenómeno relativamente reciente.

En términos generales, podría afirmarse que el irresistible ascenso de los economistas[12] comienza con el auge de la planificación económica en las democracias capitalistas de la posguerra. El crecimiento electoral de los partidos de orientación socialdemócrata en Europa, y el impulso dado por el Partido Demócrata a las políticas del New Deal en Estados Unidos, jugaron un rol central en la consolidación la demanda de conocimiento económico. De hecho, fue el despliegue de las políticas de pleno empleo, la expansión de los servicios públicos, y la gestión keynesiana de la macroeconomía lo que terminó de transformar a la economía en una ciencia de Estado, contribuyendo también a su institucionalización en tanto disciplina académica. Según la socióloga Stephanie Mudge[13] , se trata de una época dorada dominada por un tipo particular de economista: el “teorizador económico”. Estrechamente vinculado a la academia y al mismo tiempo afiliado a un partido progresista, práctica profesional de este tipo de experto se inspiraba en una “ética keynesiana”; una ética cuya máxima consistía en traducir las demandas populares de desmercantilización y protección social en análisis y estrategias de gestión económica técnicamente solventes. Según Mudge, las “luchas interpretativas” sobre las causas y soluciones de los desequilibrios inflacionarios de los 1970s y 1980s terminaron socavando el consenso político keynesiano, provocando la reorganización de gran parte de la profesión económica en torno a redes corporativas y el mundo de las finanzas internacionales. De ello resulta un nuevo tipo de experto: el “economista transnacional orientado a las finanzas”, un especialista que ya no habla en nombre de los trabajadores ni de ningún otro grupo subalterno, excepto de los mercados abstractos y –supuestamente– apolíticos. Si bien esta transición no implica la desaparición del economista total del economista progresista y comprometido que tiene una pata en la academia y otra en el partido (los signatarios de la carta por el NO son evidencia de ello), éste debe convivir en un mundo hostil dominado por los expertos de nuevo tipo, y en el contexto de un ejercicio de la profesión que ha adquirido autonomía del campo político y académico nacional.

Estos alegatos no constituyen meramente una demanda por el reconocimiento de cierto privilegio epistémico sobre cuestiones que atañen directamente a la experiencia de los trabajadores como sujeto subalterno. Su epistemología del punto de vista connota también cierta autoridad moral. Es que, a la súplica de los economistas frenteamplistas sobre la necesidad de evaluar objetivamente la plausibilidad de los fines en función de los medios disponibles, antepone una Razón humanista que de ningún puede someterse a formas de racionalidad instrumental. Casi un teórico de la escuela de Frankfurt, Abdala “El Ateniense” exige a los compañeros detentores del “saber-hacer” económico la adopción de una ética profesional (similar a la ética keynesiana planteada por Mudge) que busque interpelar[14] a los ciudadanos de la polis ya no desde el pedestal del Olimpo, sino desde el conocimiento siempre situado de los iguales, especialmente el de los más desfavorecidos dentro de los iguales.

Se podrá acotar que, precisamente, el problema es que esos desfavorecidos que reclaman reconocimiento epistémico tampoco son los verdaderamente desfavorecidos: la inmensidad de niños pobres que todavía no votan, sus madres que apenas tienen tiempo para firmar por un plebiscito, o los precarios que nadie organiza y que jamás podrán jubilarse; o sea, todos esos desheredados que la flojera de voluntad, la mala fortuna, o el capitalismo salvaje ha condenado a habitar los anchos márgenes de la polis. En este sentido, al invocar la necesidad de priorizar de otro modo un espacio fiscal cada vez más reducido, la voz ecuánime y mesurada de los “dioses del Olimpo” frenteamplista ciertamente busca restaurar el principio republicano del buen gobierno, intercediendo por aquellos otros iguales que ni siquiera tienen la capacidad de levantar sus demandas y pecar por ello de economicismo (como lo define Lenin[15]).

Queda, sin embargo, la pregunta de si la defensa desinteresada que hoy enarbolan “Los Olímpicos” en nombre de los más débiles de entre los débiles de esta polis siempre envejecida, siempre penillana, no conlleva un dejo demasiado pesimista de realismo capitalista. En el fondo, se trata de un reconocimiento soterrado de que si hay algo que se ha vuelto decididamente indisputable es la necesidad imperiosa de evitar conjurar la ira del gran Dios Mercado. De su complacencia dependerán les niñes del hoy.

[5] Véase, por ejemplo, Hartsock, N. C. (2017), “The feminist standpoint: Developing the ground for a specifically feminist historical materialism” In Karl Marx (pp. 565-592), Routledge; Collins, P. H. (2022) Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment, Routledge. Donna Haraway. (1991) “Situated Knowledges,” In Simians, Cyborgs, and Women, New York: Routledge, 183–201; Sandra Harding (1993), “Rethinking Standpoint Epistemology: ‘What is Strong Objectivity?,’” in Alcoff and Potter 1993, 49–82.

[9] Para una conceptualización general de las relaciones entre campo educacional y saber experto, véase por ejemplo los trabajos de Mehta, J. (2013) “The penetration of technocratic logic into the educational field: Rationalizing schooling from the progressives to the present”, Teachers College Record, 115(5), 1-36; y Mangez, E., & Hilgers, M. (2012) “The field of knowledge and the policy field in education: PISA and the production of knowledge for policy”, European educational research journal, 11(2), 189-205.

[10] Sobre la influencia de los economistas en la educación véase Jabbar, Huriya, and Francine Menashy. (2022) "Economic imperialism in education research: A conceptual review" Educational Researcher 51 (4):279-288; Griffen, Zachary (2020) "The ‘production’ of education: the turn from equity to efficiency in US federal education policy" Journal of Education Policy:1-19; Gorur, Radhika (2016) "Seeing like PISA: A cautionary tale about the performativity of international assessments" European Educational Research Journal 15 (5):598-616.

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