Por Paola Azar
.jpg) |
| "A la deriva” de Salvador Abril y Blasco, Wikimedia Commons |
"Algo nos está saliendo mal…” Durante 2020 y luego 2021, por primera
vez desde que se calcula, el Índice de Desarrollo Humano experimentó retrocesos
en la mayoría de los países: en el 87% de los casos en 2020 y en 51% en 2021
(PNUD, 2022)[1]. Por
supuesto, el dato refleja- ante todo- el impacto del COVID 19 y la despareja
recuperación post pandemia. Sin embargo, el Informe del PNUD indica que el
deterioro que ahora expresa el índice antecede, largamente, a la crisis
sanitaria[2].
El documento apunta, ante todo, al marco de
incertidumbre en que transcurren hoy nuestras vidas. Los efectos de la presión
sobre los sistemas naturales están llegando a escalas sin precedentes y
generando fenómenos hasta ahora desconocidos (basta con abrir cualquier canilla
de Montevideo y su zona metropolitana para constatarlo). A diferencia de los
cambios tecnológicos del pasado que maduraban durante generaciones, la tecnología
digital avanza a una velocidad que no logramos controlar, con impactos en todas
las dimensiones de nuestra vida cotidiana. Entre ellos, su uso ha tendido a
reducir la interacción directa entre personas y a difundir información de
calidad y errónea, pero sin dar tiempo ni herramientas para saber reconocerlas.
Este torbellino contribuye a la exasperación social, que repercute en la salud
mental. Como sintetiza el propio Informe, para una persona: “…pasar del
punto A al B en la vida es un proceso confuso, inseguro y difícil, más aún
cuando las desigualdades persistentes, la polarización y la demagogia
dificultan el avance y el consenso sobre cuál es siquiera el punto B”
(PNUD, 2022: 5).
En estas arenas movedizas ha calado con renovado
impulso el discurso sobre la austeridad. En todo el mundo (y acá nomás) actores
políticos, principalmente conservadores- aunque no sólo- claman por reducir la
maquinaria estatal. En la imagen que transmiten discursos muy en boga (algunos
peculiarmente estridentes, como los del economista- y ahora
presidenciable- Javier Milei en Argentina o, más entre-casa, del movimiento “Un
solo Uruguay”), el Estado desangra a la sociedad con sus impuestos. El sector
privado es el único que genera valor y las políticas públicas sólo deben crear
las condiciones para que florezca la iniciativa privada. Esta última, protagonizada
por los/as “malla oro”, es la que produce riqueza y cuanto más se aparte el
Estado de su camino, mayor es la prosperidad que se promete para la economía. En
línea con este pensamiento, los gobiernos buscan minimizar costos (que no es
igual que aumentar la eficiencia), apostar por proyectos que redunden en
rápidos beneficios (tan rápidos como para que se recuerden en la siguiente
encuesta de opinión o el próximo período electoral) y a desmontar capacidades y
recursos que forman parte de las estructuras públicas (Mazzucato, 2019).
Ni los datos del Informe PNUD ni las premisas de acción
política referidas resultan extrañas a la situación actual en Uruguay. Durante los
últimos años, cualquiera sea el área de competencia estatal a la que miremos,
el gobierno ha promovido recortes y rediseños de acuerdo a la prédica de la
austeridad y la centralidad de la iniciativa individual (que bien podría
sintetizarse en “Ud., con su libertad y sus recursos, vea cómo se las arregla”)[3]. Un
ejemplo reciente es la ley de reforma del sistema previsional. En la discusión,
el envejecimiento–reflejo de las mejoras en las condiciones de vida- apareció
como amenaza a las cuentas públicas. La creación y fortalecimiento de
redes de protección y cuidados, que acompañen las demandas de la mayor
esperanza de vida, no fueron parte de la conversación. Tampoco entró en el
análisis el funcionamiento integral del sistema de seguridad social. En tiempos
de inseguridades e inestabilidades, del sistema clave para brindar protección y
respaldo durante el ciclo de vida, sólo importó su efecto en el resultado
fiscal.
“Y sin embargo, se mueve… “. La visión anterior desconoce el rol central del Estado en el crecimiento
económico y el bienestar, que Mazzucato (2019) sintetiza en la idea de “valor
público”. Sólo el Estado asegura al sector privado un sistema productivo que le
permita realizar sus emprendimientos y a la ciudadanía mecanismos para
compartir los resultados del proceso de creación de riqueza. El valor público que
genera la inversión del Estado en protección social, salud, educación, cuidados
cumple una función de seguro en un mundo de incertidumbres, pero también es
esencial para crear economías capitalistas dinámicas.
En un análisis sobre la relación entre gasto
público social y PBI per cápita para 70 países a lo largo de los últimos 100
años, Lindert (2021) concluye que no se ha logrado mostrar que transferir
mayores recursos al gasto social tenga una correlación negativa con la riqueza
de las sociedades. En cambio, el siguiente gráfico muestra la asociación
negativa entre desigualdad (medida a través del índice de Gini) y productividad
(estimada como el PBI por ocupado, en dólares constantes)[4].
Los puntos en verde señalan la posición de los países de América Latina sobre
el extremo inferior derecho: en la comparación con otras economías presentan altos
niveles de desigualdad (Gini alrededor de 45%) y a la vez, bajos de
productividad. Por el contrario, los mayores niveles de productividad parecen
asociados a economías más igualitarias.
Correlación entre productividad e índice de Gini
.jpg)
Fuente: CEPAL (2018)
Mover el
foco de la preocupación desde el tamaño del Estado hacia el valor que puede
crear – y al tipo de sociedad que moldea, deja al descubierto enormes fallas de la política pública en los países en desarrollo. Comparando América Latina con
países ricos, la figura muestra un nivel de concentración del ingreso similar, antes
del gasto público y la recaudación de impuestos (barra azul). Tras el gasto en
seguridad social, el mundo desarrollado reduce el valor del índice de 0.49 a
0.37, aunque queda intacto en la región (barra anaranjada). Las transferencias de ingresos sumadas a la tributación directa empujan el
indicador un escalón más abajo en los países ricos (barra verde). Finalmente, luego
del gasto en educación y salud, el índice de Gini (barra gris) pasa de 0.28 a
0.23 en los países desarrollados, pero sólo baja de 0.49 a 0.44 en América
Latina (Izquierdo et al., 2018).
Gráfico 2. Diferencias en la desigualdad de ingresos, pre y post política fiscal
.jpg)
Fuente: Izquierdo et al. (2018)
Dentro de la región, Uruguay ha estado entre los
países que históricamente más ha apostado a la redistribución. Sin embargo, debido
a la combinación de políticas sintetizadas en el gráfico anterior, países
europeos con niveles similares de gasto público social logran reducir la
desigualdad hasta 4 veces más que en el caso uruguayo (Izquierdo et al., 2018).
Volver a empezar. La experiencia parece contradecir los
beneficios que augura el discurso anti-estatal. La inversión pública que genera
igualdad de medios, oportunidades y capacidades es, a la vez, relevante para
alentar la innovación, la inversión y la productividad (CEPAL, 2018). Sin
embargo, los desafíos son complejos. Atados a la desigualdad y la falta de
dinamismo económico, se suman otras preocupaciones: ¿cómo lograr que la tecnología incremente el empleo en
vez de destruirlo? ¿cómo promover el respeto al entorno y a la vez dar cauce a
las actividades productivas? ¿qué sistemas desarrollar para vigilar y prever
nuevas pandemias? ¿y para amortiguar los efectos del cambio climático? ¿cómo alentar
una convivencia sana y segura en que la salud mental sea prioritaria? ¿cómo identificar
y abatir situaciones de abuso y violencia dentro y fuera de los hogares? ¿cómo
cubrir las necesidades de cuidado, los tiempos en familia y la co-responsabilidad sin generar pérdidas de
salario ni costos excesivos para las empresas? La lista podría continuar…
Defender el valor público no consiste, meramente,
en abandonar la creencia en el Estado “facilitador” de la iniciativa privada,
ni en recuperar políticas que funcionaron en el pasado o sólo en aumentar los
montos invertidos. Los nuevos diseños necesitan visión y
ambición para renovar, adaptar y crear nuevas soluciones. Aunque en Uruguay el debate público no gire en torno a
este asunto (o lo haga muy parcialmente), aquí también las incertidumbres,
malestares y referencias difusas continúan multiplicándose (y la ruta entre A y B tampoco es clara, como plantea el Informe PNUD). Y, pese a que la
idea de “valor público” pueda ser compartida por parte de la sociedad, no
parecen existir consensos sobre qué se propone ante los nuevos desafíos y
cómo puede disputarse la imagen hoy dominante sobre el rol del Estado.
Referencias
CEPAL (2022), Panorama
Social de América Latina y el Caribe, 2022. Comisión Económica para América
Latina, Santiago.
CEPAL (2018), La
ineficiencia de la desigualdad. Síntesis. Comisión Económica para América
Latina, Santiago.
Izquierdo, A., Pessino, C. y Vuletin, G.-Eds. (2018),
Better spending, better lives. How Latin
America and the Caribbean can do more with less, Cap. IV, Inter-American Development Bank.
Mazzucato, M. (2019), El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. Taurus, Barcelona.
Lindert. P.
(2021), Making social spending work,
Cambridge University Press.
PNUD (2022), Tiempos
inciertos, vidas inestables: configurar nuestro futuro en un mundo en
transformación. Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.
[1] El índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resume los logros en desarrollo humano reflejados en vidas largas y saludables, acceso al conocimiento y vida decente. Se computa a partir de indicadores de esperanza de vida, años de escolaridad esperados para los niños y años promedio de escolaridad de las personas de 25 años y más y PBI per cápita.
[2] El índice para Uruguay pasó de 0.821 a 0.809 en 2021 (que es el descenso más grande desde que se calcula).
[3] Sólo considerando los gastos
presupuestales, el total de la inversión en protección social, educación y
salud en Uruguay se redujo 2,5% entre 2020 y 2021 (CEPAL, 2022). El dato no
contempla los múltiples cambios en sistemas regulatorios, controles y
mecanismos de prevención que experimentó buena parte de las áreas de actividad
estatal (desde la compra de medicamentos hasta el agua potable).
[4] El Índice de Gini varía entre 0 y
1. La concentración del ingreso crece a medida que nos acercamos a 1 y la
igualdad mejora en valores cercanos a 0.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
