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| Montevideo, European Space Agency (2019), Flickr |
Quienes hayan seguido el trabajo de Río Abierto -un proyecto de monitoreo de la cuenca del Santa Lucía desarrollado por el medio local la Diaria- pueden ver la larga lista de problemas qué tiene el periodismo y la ciudadanía para acceder a la información: demoras o ausencia en respuestas, falta de claridad en las mismas, un complejo y poco claro grupo de actores a cargo del tema, ausencias de respuestas o lisa y llanamente planteos que lindan la falta de respeto, son algunas de las situaciones a las que se enfrentan quienes han buscado información sobre estos temas. Desde el gobierno de turno, a nivel nacional o municipal, resistirse a dar a la información puede ser la respuesta más natural y muchas veces visceral. ¿Para qué dar la información si la gente no la entenderá? ¿Para qué dar la información si la usarán para criticarnos? Detrás de estas preguntas se esconden visiones acerca de lo que es el poder, la política y el rol que le cabe a la ciudadanía. La confianza en las instituciones, siempre celebrada por el espíritu republicano uruguayo, sufre cuando existen tácticas dilatorias en la entrega de la información. Y más allá de lo poético, hay evidencia empírica de esto.
Desde una perspectiva práctica, junto con Rafael Piñeiro, Paula Muñoz, Cecilia Rossel, Fernando Rosenblatt y Emilanio Tealde, nos preguntamos de qué manera el acceso a la información pública afecta la confianza en las instituciones. En este artículo exploramos. usando un diseño experimental, que acontece cuando la ciudadanía utiliza esta herramienta y obtiene respuestas de la autoridades. A grandes rasgos, la metodología implicó que a un grupo aleatorio de personas se le administrara lo que en la jerga de las ciencias sociales experimentales se conoce como tratamiento (ej. un incentivo para hacer un pedido de acceso a la información pública) y medir la percepción que estas personas tenían de las instituciones antes y después de realizar estos pedidos. Los resultados obtenidos muestran algunas particularidades sobre el uso de esta ley en 3 países con marcos institucionales diferentes: Chile, Uruguay y Perú.Si se responde de manera eficaz y eficiente a un pedido, la gente tiende a confiar más en la institución pública que responde. Sin embargo, esto no se traduce en mayor confianza en el sector público en general, o en las instituciones en general. Dicho de otra forma es la interacción exitosa entre la persona que realiza la información y la organización que responde, lo que termina por generar más confianza en esa organización en particular.
Nuestro estudio no pudo, por razones éticas, incluir qué pasa con la percepción de las personas cuando no se responde un pedido de acceso. Al incluir este tipo de situaciones en el diseño experimental, pediríamos a las organizaciones públicas violar la ley. Por las mismas razones, tampoco pudo incluir situaciones en las cuales entidades públicas ofrezcan franca resistencia a la entrega de información a través de medios electrónicos, como recientemente hiciera el Ministerio de Ambiente con el portal de pedidos de acceso quesabes.uy. Ni tampoco pudo incluir qué pasa cuando la ciudadanía recurre a los órganos garantes que hacen cumplir las normas de transparencia en estos países. Mi hipótesis, a título personal, es que ninguna de estas situaciones refuerza la confianza ciudadana en las organizaciones involucradas. Esto no quiere decir que toda la información deba ser pública, pero sí quiere decir que tal vez el amplio repertorio de "chicanas" y otras tácticas dilatorias, podrían alterarse para favorecer un marco mínimo de confianza con la ciudadanía. En materia de apertura de datos de Uruguay, mucha información se ha ido poniendo en formatos abiertos y reutilizables, un buen ejercicio de la llamada "transparencia activa", aunque visiblemente insuficiente en esta área, en el contexto en el cual estamos operando.
El caso del agua es complejo por la cantidad de actores involucrados, la franca resistencia de muchas de ellas a brindar información y naturalmente el uso de la misma en el juego político de la democracia. Hace tiempo en mis estudios de doctorado reflexionaba sobre qué pedidos que tuviera complejidad técnica y alta sensibilidad política, tenían menos chance de obtener respuesta. Este es uno de esos casos. Ahora que el problema está sobre la mesa, y que la Presidencia de Uruguay ha decidido informar regularmente sobre la calidad del agua, tal vez sea bueno plantearse qué se requiere para generar confianza en la ciudadanía, y también en los distintos actores políticos. Esto no es fácil en un contexto de polarización, noticias falsas entre otros ingredientes novedosos de la política local. Transparencia es la base, pero buena comunicación, habilitación de espacios genuinos de participación, capacidad técnica y diálogo posiblemente sean otros ingredientes necesarios para tratar un problema de largo plazo. La transparencia "está salada" porque fuerza a diálogos incómodos, pero en el largo plazo podría pagar, para seguir sosteniendo unas de las pocas democracias plenas de la región.
Referencias
Rafael Piñeiro Rodríguez, Paula Muñoz, Fernando Rosenblatt, Cecilia Rossel, Fabrizio Scrollini, Emiliano Tealde, How the exercise of the right to information (RTI) affects trust in political institutions,
Government Information Quarterly, 2023,01838, https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101838.
Tuduri Ana, La ley de acceso a la información: La experiencia de Rio Abierto, La Diaria https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/9/la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica-a-partir-de-la-experiencia-de-rio-abierto/ [consultado el 21 de junio de 2023]
UAIP, Resolución 55-2023 disponible en https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/normativa/resolucion-n-55023-sobre-silencio-positivo-entrega-informacion [consultado 21 de junio de 2023]
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