El pasado 11
de febrero el semanario Búsqueda publicó una extensa entrevista al Sr. Ministro
del Interior, Eduardo Bonomi [i].
A partir de su lectura, quiero discutir tres asuntos que me parecen problemáticos:
1) la forma en que las autoridades del Ministerio del Interior entienden el
problema de la violencia y criminalidad en el Uruguay, 2) su visión sobre su
propio rol en términos de seguridad y 3) el papel de la evidencia en la toma
de decisiones.
¿Cómo
entiende la delincuencia el Ministerio del Interior?
Sobre el fenómeno de la criminalidad, hay algunas referencias que son
polémicas: por un lado, se dice que se está librando una “guerra” contra la
delincuencia, aunque luego se aclara que es más un “combate”. También se
caracteriza al problema como una “epidemia” que está siendo controlada, a pesar
de ciertos “estallidos”. Finalmente, se traza una clara división entre personas
que todavía tienen chances de ser integradas y otras que son “irrecuperables”. Son
imágenes con fuertes connotaciones, y no parecen haber sido elegidas al azar.
Una “guerra” o un “combate” implican al menos dos bandos. Las guerras implican un enemigo externo, aunque los combates no. Sin embargo, la idea de que el problema podría ser externo es reforzada por la caracterización de la delincuencia como una “epidemia”, es decir, como resultado de un agente patógeno que, según el ministro, estaría bajo control. Este tipo de retórica está diseñada para generar una representación de la sociedad que divide y excluye a cierto grupo de personas. Esta clase de discurso no es nuevo, pero es ciertamente problemático desde un punto de vista normativo. Sin embargo, es en los fundamentos para clasificar a cierto grupo social como “irrecuperable”, y en el tratamiento que está pensado para el mismo, donde se aprecia algo novedoso en la forma de entender a la delincuencia, y también es el punto en que el discurso se torna inaceptable. Según Bonomi, cuando una persona comete actos de extrema violencia (ilustrado con el ejemplo dramático de una persona que mata a un niño de un tiro frente a su familia), ya no hay reintegración posible. Para el ministro, “hay gente que necesita que la policía la detenga y la ponga en un instituto de rehabilitación”. No hay ningún elemento en la entrevista que sugiera que los institutos de rehabilitación son lugares de reintegración social. Tampoco se menciona que se podría hacer con los delincuentes que son llevados a estos lugares. Sólo se dice que ese es el tratamiento pensado para ellos. Esta concepción de las prisiones está más cerca del paradigma de la incapacitación que al de la rehabilitación. Y esta visión de las cosas es inaceptable, por tres motivos: primero, no es tarea del ministro juzgar (o prejuzgar) la capacidad de rehabilitación de los delincuentes. Segundo, expresa una visión de la cárcel como una institución pasiva, mera receptora de todo lo humanamente indeseable. Finalmente, implica una concepción del castigo desproporcionada con el delito. Parece haber un umbral determinado el nivel de crueldad implicado en el delito, que una vez sobrepasado, los agravantes se tornan irrelevantes.
El rol del
Ministerio del Interior respecto a la seguridad pública
Uno puede
estar más o menos de acuerdo con la idea de que las políticas sociales y
educativas son “complementos” de la política contra el crimen. También se
podría conceder que es cierto que en Uruguay, el incremento de la respuesta
policial no generó un aumento de la delincuencia, a pesar de que no se ofrece
ninguna evidencia al respecto. Lo que resulta francamente desacertado es la
descalificación tajante de todo el resto de los actores que potencialmente
podrían trabajar con el Ministerio del Interior. Parte de la izquierda es
caracterizada no solamente como “ingenua” por proponer la integración de
políticas sociales a las políticas de seguridad. Peor, aún, están tan equivocados,
que según Bonomi “no es izquierda pensar
así”. Por otra parte, a la oposición - que también es tildada de ingenua - “no se le cae una idea”. En toda la
entrevista no hay un reconocimiento de los errores cometidos en el pasado. Al
contrario, el problema es que no se contaba con los recursos que ahora están
disponibles. Lo perjudicial de este discurso es que inhabilita al resto de los
actores del sistema como interlocutores válidos en la construcción de políticas
de seguridad, y por ende, las autoridades del Ministerio del Interior son las
únicas capaces de entender y actuar como corresponde.
El papel de
la evidencia en la toma de decisiones
Para
terminar, a lo largo de la entrevista es posible detectar varios problemas
respecto al uso de la evidencia en la toma decisiones. De alguna forma, se
pretende que la opinión pública “tome por buena” la palabra del Ministerio en
asuntos que involucran información. Ya nombramos el caso de la falta de
evidencia sobre si la presencia policial genera más violencia. Sería interesante
también conocer por qué se compara a la violencia como una “epidemia” que está
“controlada”, más allá de los “estallidos”. Estas son afirmaciones que deberían
ser sustentadas con evidencia. La ausencia de evidencia es entonces uno de los
problemas, pero también lo es el tratamiento que se da a la evidencia
presentada. Según Bonomi, “llegamos a la
conclusión de que el mayor aumento [de la delincuencia] se dio entre 1994 y
2004, cuando aumentó 113% los delitos contra la propiedad. En el período de
gobierno del Frente Amplio aumentó 14%”. El problema en este caso es que
los números están construidos de una forma que inducen al error en su
interpretación: son incrementos porcentuales con años - base diferentes. En el
primer caso se comparan los datos de 1994 y 2004, y en la segundo, de 2005 a
2015. Las tasas de delitos contra la propiedad eran muy bajas en 1994 y para
2004 las cifras se habían más que duplicado, crisis de 2002 mediante. En la
segunda comparación, se utiliza 2005, que ya tenía números altos, y se lo
compara con 2015, que tiene números un poco más altos. La comparación es
tendenciosa, y de hecho, si se contrastara el aumento entre 1994 – 1999 contra
2005 -2010 para estos delitos, los gobiernos frenteamplistas no saldrían bien
parados.
Comentarios
finales
Ser ministro del interior no es tarea fácil. Hay una tendencia en ciertos sectores de la opinión pública a responsabilizar al ministro por cada delito que sucede en el país, lo cual es absurdo. En esta nota me he concentrado en las cosas que sí son de responsabilidad ministerial y que, afortunadamente, pueden transformarse. En parte, porque los problemas de seguridad presentes en Uruguay se vuelven más difíciles de tratar con la actual posición del Ministerio del Interior. Es en este sentido, que creo que el ministro ha creado un “laberinto” propio, que es totalmente innecesario. En este escenario donde el ministerio no parece encontrar en el sistema político ningún interlocutor válido, quizás sea un buen momento para recurrir a la academia. Pero no para buscar legitimación de lo que ya se viene haciendo, sino para revisar y contrastar la forma de entender el problema de la delincuencia y sus posibles soluciones. Es a través del intercambio de ideas, y no mediante la auto – exclusión política, que el Ministerio del Interior podría comenzar a desandar en parte, el camino de su propio laberinto.
[i] La entrevista se encuentra disponible en: http://www.busqueda.com.uy/nota/la-epidemia-de-delincuencia-esta-controlada-aunque-quedan-estallidos-en-algunas-zonas-que-la (Última consulta: 17/02/2016).
Foto: "Casas con espinas" por Matías Brum, bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0
Foto: "Casas con espinas" por Matías Brum, bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0
