Autor invitado: Fernando Esponda
Juan
lleva las cuentas de su casa de manera impecable. Mes a mes completa
una planilla con sus gastos, que intenta que sean menores o iguales
que sus ingresos. Cuando lo logra, subraya el resultado con un
resaltador verde; cuando gasta más de lo que ganó, subraya con
rojo. El proceso de registro, heredado de su padre -un viejo
almacenero-, es una costumbre que él continúa de forma rigurosa.
Luego
de muchos años Juan logra una vieja aspiración. Con un préstamo
del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y sus escasos ahorros logra
por fin comprar su casa, que hasta el momento alquilaba. Comprarla,
además de darle un horizonte finito de pagos que terminará en 15
años, le permitirá hacerle algunas reformas que siempre quiso
realizar. Sin embargo, la noche del último día del mes, cuando se
apresta como siempre a hacer un resumen de los gastos e ingresos, se
encuentra con una importante disyuntiva. En términos de gastos e
ingresos comunes este mes ha sido bueno, con un saldo positivo. Sin
embargo, si incluye en la planilla el costo de la casa que ha podido
comprar, el mes se convierte en el peor de su historia, con una
pérdida enorme. El número en rojo lo interpela, ¿habrá sido una
buena decisión comprar la casa? La disyuntiva de Juan tiene dos
soluciones: o anota todo el gasto de la compra de la casa ese mes, o
utiliza otro criterio, que distribuya de alguna manera ese gasto a lo
largo del tiempo.
La
primera solución es la que se utiliza en la contabilidad pública:
el gobierno central y las empresas públicas registran las
inversiones en su totalidad en el año en que se realizan. La segunda
opción es la que se adopta en el sector privado: las empresas
registran las inversiones amortizándolas a lo largo del tiempo. Este
pequeño detalle contable genera una de las discusiones más
importantes de política fiscal en Uruguay: la referida a la relación
entre déficit fiscal e inversión pública.
Juan
acude a los apuntes de su padre, que fijaba en un cuaderno de tapas
negras los criterios a utilizar. Encuentra que, al principio de su
vida, el viejo buscaba que cada mes los gastos comunes fueran iguales
a los ingresos, y que los gastos de largo aliento -la compra de la
heladera del almacén, la inversión en la camioneta- se empataran
con el pedido de un préstamo, siempre y cuando la cuota de ese
préstamo pudiera ser pagada en el futuro. Sin embargo, en un momento
el viejo cambió el criterio y pasó a registrar todo el gasto en el
mes en que se realizaba.
La
práctica contable mundial en la primera mitad del siglo XX seguía
un criterio conocido como “la regla de oro”, que estipulaba que
los gastos corrientes debían financiarse con ingresos corrientes, y
los gastos de capital, con deuda pública. Este criterio se sustituyó
luego; en América Latina se hizo fundamentalmente bajo el influjo
del Manual
de contabilidad pública
del Fondo Monetario Internacional (1986), y se pasó a registrar toda
la inversión pública en el año en que se ejecuta. Dicho manual fue
modificado en 2001 -se reemplazó el criterio de caja por el criterio
de lo devengado-, pero ese cambio no ha sido incorporado aún
totalmente en Uruguay, aunque sí en otros países de la región.
Juan,
consternado por el rojo en su planilla -¡qué diría el viejo si se
levantara de la tumba, qué vergüenza!-, consulta entre sus
conocidos, quienes le aconsejan diferentes opciones. María le
plantea que, en la medida en que la cuota del BHU es igual que el
anterior alquiler, estuvo bien la decisión de comprar su casa,
porque el gasto en el futuro va a ser igual que el de antes, con la
diferencia de que va a tener una casa propia. López, el vecino, le
propone otra solución: él le ofrece comprarle la casa y
alquilársela mes a mes, para que no tenga problemas con el rojo en
su planilla. Cardozo, un conocido contador, le sugiere la creación
de una sociedad anónima a medias con él y unos criterios que le
permitirían sobrellevar el problema de los números rojos. El hijo
de Cardozo, también contador, le dice que es mejor inclinarse por un
fideicomiso financiero, que tiene virtudes financiero-contables muy
sofisticadas que le permiten distribuir el riesgo de los bienes que
lo integran...
El
gobierno se enfrenta a la razonable necesidad de reducir el déficit
fiscal. Esta necesidad está atada, inexorablemente, a la definición
contable que plantea que la inversión pública forma parte del
déficit en el momento que se ejecuta. El problema es que este
criterio -que es discutible, que no se ha utilizado siempre y que no
se utiliza necesariamente en todos los países- no es inocuo.
Implica, por la vía de los hechos, uno o varios problemas: la no
realización de inversiones imprescindibles (y que de no hacerse de
forma oportuna implican más gastos en el futuro), la pérdida
parcial o total de la propiedad estatal de activos fundamentales para
el país, así como una menor capacidad de control de los gastos, al
realizarse éstos de formas legales alternativas y/o mediante
procesos que simplemente terminan siendo más costosos. La inversión
privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per
se,
pero puede ser un camino muy peligroso si tiene como única
justificación eludir una definición contable. El problema central
radica en que decisiones que deberían adoptarse en el terreno de la
planificación estratégica, de la discusión del rol del Estado en
la economía, del papel de las empresas públicas, parecen terminar
cerrándose, puerilmente, en el terreno de la contabilidad. Es la
penosa victoria de la (mala) contabilidad sobre la política.
Juan,
mareado por los consejos y su planilla, da vueltas en la cama. No
entiende bien qué está sucediendo, pero lo que sabe es que la
planilla no debería tener un número rojo tan grande. La regla que
utilizaba su padre es sagrada, no puede modificarla. Piensa en ir al
otro día al BHU a reconsiderar el préstamo y cancelar el contrato
de compra-venta de la casa. Así, por fin, se duerme tranquilo,
pensando en el flúo verde con el que podrá marcar la planilla
mañana.
Referencias:
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Basseto y Sargent (2006) - Politics and Efficiency of Separating Capital and Ordinary Government Budgets -
Blanchard y Giavazzi (2004) - Improving the sgp through a proper accounting of public investment -
Brandon (2007) ‘Is “accrual based accounting” more valuable than “cash based accounting” for the public sector?’ -
Carranza, Daudey y Melguizo (2011) Public infrastructure investment and fiscal sustainability in latinamerica: incompatible goals? -
Easterly, Irwin y Servén (2008) - Walking up the Down Escalator: Public Investment and Fiscal Stability -
Fedelino y Hemming (2005) - A fiscal policy framework to safeguard public investment-
FMI (1986) – Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas -
FMI (2001) -Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas
Hemming y Ter-Minassian (2004) - Mejorar las condiciones para la inversión pública -
Iecon (2009) - ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo xx -
Martner y Tromben (2005) - Opciones para enfrentar el sesgo anti-inversión pública -
Poterba (1992) - Capital Budgets, borrowing rules, and state capital spending -
