¿Se viene el estallido a la brasilera? Los gobiernos del Frente Amplio y los movimientos sociales


Los recientes conflictos de la educación y la salud dan cuenta de importantes tensiones que se han generado entre algunos sectores sindicales y el gobierno frenteamplista. Un ejemplo sumamente gráfico de esta situación fue la “advertencia” que en junio pasado el dirigente de COFE Joselo López hiciera al gobierno sobre la posibilidad de que en Uruguay se replicara el estallido social que vivía Brasil por aquel momento. Como respuesta, el Ministro de Trabajo Eduardo Brenta catalogó al líder sindical de “desestabilizador”. Estos conflictos nos invitan a reflexionar sobre las relaciones entre actores sociales y el Frente Amplio (FA) a ocho años de haber asumido el poder.

Evidentemente, y esto ha sido señalado por la literatura (Maguire, 1995), las relaciones entre partidos políticos y movimientos sociales aliados son más sencillas cuando el partido político se encuentra en la oposición que cuando gobierna. En este sentido, el FA ha sido históricamente el socio político de los movimientos sociales uruguayos. Desde el retorno de la democracia hasta el triunfo electoral de 2004 esta alianza tuvo un horizonte claro: la oposición a los sucesivos gobiernos de derecha y la acumulación de fuerzas en vistas de un eventual gobierno “popular”. Los sucesivos plebiscitos y referéndums sirvieron como herramienta efectiva de freno a la voluntad gubernamental y fueron instancias privilegiadas de articulación entre actores políticos y sociales. Es claro que los límites entre política institucional y no institucional son “borrosos y permeables” (Goldstone, 2001: 3), y aquellos años de oposición y alianza estratégica entre el Frente Amplio y distintos actores sociales son un buen ejemplo de esto.

Con el acceso de la izquierda al poder se generaron desafíos evidentes. Por parte de las organizaciones: ¿cómo posicionarse frente el gobierno “compañero”? Desde el lado del FA: ¿qué reclamos priorizar? Veamos rápidamente algunos elementos al respecto. En términos de los reclamos específicos, es posible afirmar que en estos años de gobierno el FA ha cumplido con algunas demandas históricas de las organizaciones. Ejemplos de ello son la instalación de los Consejos de Salarios y la implementación de otras leyes laborales, el mayor presupuesto a la educación, la reestructuración de la deuda de FUCVAM y mayores préstamos al cooperativismo, los avances importantes en materia de DDHH, el aumento importante de las jubilaciones, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la ley de discriminación positiva en cargos del Estado, etc.

No obstante, desde el mundo social existen importantes voces que critican al gobierno la falta de cambios estructurales. Desde este punto de vista, el gobierno popular no estaría cumpliendo su compromiso de llevar adelante una agenda de reformas profundas a la estructura socio-económica del país. Por ejemplo, en su memoria de  la 29ª Asamblea Ordinaria de enero de 2013, FUCVAM declaró que: “(…) lo único que ha diferenciado a los gobiernos progresistas, en lo económico, es mayor inversión en el asistencialismo como consecuencia de disponer de mayores recursos” (FUCVAM, 2013: 36). Evidentemente, este tipo de análisis relativizan seriamente los logros enumerados en el párrafo anterior y marcan discrepancias de peso entre las expectativas sociales y las realizaciones políticas. La experiencia internacional de gobiernos de izquierda brinda evidencia sobre la moderación que muchos partidos de izquierda viven al llegar al poder. Sin ir más lejos, la Concertación en Chile y el PT en Brasil son casos paradigmáticos.

Frente a este tipo de escenarios, es de esperar que los movimientos sociales busquen tensionar al gobierno, procurando evitar su moderación. A su vez, el hecho de tener en el gobierno a un partido político aliado tensiona internamente a las organizaciones entre sectores más propensos a confrontar para acelerar cambios y otros más moderados que piden paciencia con el gobierno. FUCVAM nos brinda un interesante ejemplo de estas tensiones, esta vez en el documento resultante de su 62aAsamblea Extraordinaria de abril de 2013. En la misma, refiriéndose a su vínculo con el poder político, se señala “Puede ser discutible el accionar de Federación frente al gobierno, pero difícilmente se pueda sostener que hemos perdido independencia política o que somos furgón de cola. Esto no debe ser confundido con el hecho que articulamos por programa, esto es, coincidimos y trabajamos juntos, discrepamos, negociamos y/o nos movilizamos.” (FUCVAM, 2013a: 5)  

En términos generales no parece haber por el momento conflictos demasiado graves entre el FA y las organizaciones sociales. No obstante, los recientes conflictos de la salud y de la educación que ha tenido que enfrentar el gobierno de Mujica revelan la existencia de grupos que sí buscan tensionar al gobierno con el fin de acelerar algunas reformas. De todos modos, los equilibrios actuales en el PIT-CNT siguen permitiendo una relación estratégica cordial de la central sindical con el FA, principal aliado del gobierno en el mundo social.

Si pensamos en otros movimientos sociales (DDHH, estudiantes, jubilados y pensionistas, afro, feminista, diversidad), además de atender algunas de sus demandas, el FA ha logrado articular con los mismos, integrándolos más o menos directamente a instancias de discusión en el aparato estatal. En una serie de entrevistas que realicé hace unos meses a distintos líderes de organizaciones sociales, la mayor cercanía y acceso a las figuras gubernamentales fue señalada reiteradamente un cambio positivo cualitativo respecto al escenario previo a 2005. Las organizaciones sociales disponen de canales privilegiados para posicionar sus demandas en los gobiernos de izquierda y son reconocidas como interlocutores de importancia (al menos en una medida muy superior a lo que sucedía en gobiernos anteriores). No obstante, esta misma realidad puede ser abordada desde un punto de vista crítico. Por ejemplo, el sociólogo Alfredo Falero señala que el contexto inaugurado en 2005 podía tener tres posibles resultados para los movimientos sociales: resignación, cooptación o rebelión lenta[1]. El balance de Falero respecto a la situación actual es que la movilización social ha entrado en una etapa de resignación y cooptación, con expresiones marginales de rebelión lenta. En base a este diagnóstico, cabe preguntarse si el acceso al aparato estatal y la atención por parte del sistema político de algunas demandas tradicionales del movimiento social deben ser interpretadas necesariamente como cooptación o pueden también ser entendidas como un proceso exitoso de influencia sobre el poder político.

De todos modos, e independientemente de cómo se interpreten estas relaciones, es posible afirmar que al día de hoy el Frente Amplio sigue manteniendo relaciones privilegiadas con las organizaciones sociales más importantes del país. En este panorama,  un estallido social “a la brasilera” como el planteado por Joselo López (en declaraciones insistentemente reproducidas por la prensa) parece imposible; al menos como consecuencia de la acción de las organizaciones sociales tradicionales.



Finalmente, un caso que reviste especial interés por ser cualitativamente distinto a los movimientos sociales clásicos uruguayos es el del movimiento contra la mega minería que ha cobrado particular fuerza en los últimos años. Es posible señalar dos características principales que lo distinguen del resto. En primer lugar, es un movimiento descentralizado, que articula organizaciones heterogéneas presentes en la mayoría de los departamentos del país. Estas organizaciones articulan en Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, donde los referentes sociales clásicos no cumplen un rol de liderazgo. En segundo lugar, las organizaciones de la Asamblea no tienen mayores vínculos con el FA. La distancia entre el movimiento y el gobierno se ha hecho patente en la voluntad explícita del mismo por mostrarse apartidario y confrontar abiertamente con el modelo de desarrollo frenteamplista así como en la incapacidad/falta de voluntad del FA para articular con el mismo. La ausencia de lealtades recíprocas condiciona el relacionamiento entre poder político y movilización social, lo que hace de este movimiento un caso atípico en el contexto actual que merece la pena ser analizado en mayor profundidad.

En conclusión, en los últimos tiempos parece haber surgido una mayor conflictividad entre algunos actores sociales y el gobierno frenteamplista. No obstante, por el momento no hay signos de una ruptura entre los movimientos sociales y el partido que históricamente ha sido más cercano a los mismos. El año electoral que se avecina será sin dudas aprovechado por el FA y las organizaciones sociales para hacer un balance sobre estas relaciones y proyectarlas hacia el futuro. Habrá que estar atentos, las alianzas político-sociales condicionan las agendas políticas gubernamentales así como las perspectivas de los movimientos, por lo que en la definición de las mismas mucho se juega el país ante un eventual tercer gobierno frenteamplista.

Bibliografía

Falero, Alfredo. “Movimientos Sociales y la Recreación del Campo Popular en Uruguay: Desafios Urgentes”. Documento disponible en línea: http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/articulo_rel_mov_sociales_y_campo_politico_alfredo_falero.pdf [sitio web consultado el 15/09/2013].

Goldstone, Jack A. ed. 2003. States, Parties and Social Movements. New York: Cambridge University Press.

Maguire, Diarmuid. 1995. “Opposition Movements and Opposition Parties: Equal Partners or Dependent Relations in the Struggle for Power and Reform?” In The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements, edited by J. Craig Jenkins and Bert Klandermans, 199-228, MN: University of Minnesota Press.

Documentos consultados

FUCVAM (2013a). “La FUCVAM que construimos pensando en la que queremos; entre la continuidad y la ruptura”, 62a Asamblea Nacional Extraordinaria.
FUCVAM (2013b). “Memoria 2010-2012”, 29a Asamblea Nacional Ordinaria.












Una muy peleadora reflexión electoral sobre las propuestas en educación, o de cómo somos el perro que se persigue la cola

Autor: Pablo Menese Camargo Advertencia Soy sociólogo. Perdón. Advertencia adicional En febrero, me propusieron escribir para Razones...