En Uruguay, existe desde hace tiempo una
extensa evidencia que muestra que el tiempo de trabajo no remunerado (es decir,
aquel dedicado mayoritariamente a tareas domésticas y al cuidado de otros) se
distribuye en forma muy desigual entre hombres y mujeres. Estas últimas son
quienes cargan con mayor frecuencia con estas tareas, sumando muchas veces
horas de trabajo no remunerado a las trabajadas en forma remunerada. Los datos
provenientes de encuestas de uso del tiempo son concluyentes respecto a la
todavía fuerte asociación entre ser mujer y cuidar a los niños pequeños o a los
adultos mayores, así como a realizar la limpieza del hogar, cocinar o trasladar
a los niños a los centros educativos. Y los estudios también indican que esta
asociación es mucho más marcada entre las mujeres de menores ingresos, aquellas
donde la opción de contratar a alguien para que cuide a los niños o de pagar un
jardín infantil no es viable[i]. Es en base a esta evidencia que el debate
sobre la construcción de un sistema
de cuidados enfatiza, por ejemplo, la necesidad de expandir la oferta de
servicios de cuidado infantil, priorizando a los sectores más vulnerables.
Pero más allá de este diagnóstico inicial,
existen otras dimensiones asociadas a la valoración diferencial que la sociedad
hace del tiempo de las personas: de hombres y de mujeres, y de personas más y
menos pobres, y que son igualmente relevantes para pensar políticas públicas. En esta nota quisiera hacer una breve
referencia a algunas de estas dimensiones.
Una investigación reciente
[ii] estudia
un conjunto de actividades o trámites
que todas las familias con hijos pequeños deben obligatoriamente realizar -como
los controles de embarazo y los controles pediátricos del niño sano- y analiza
la magnitud y las condiciones de las inversiones de tiempo que distintas
familias hacen para llevarlos a cabo.
El estudio confirma, en primer lugar, que
muchos de los trámites o gestiones asociadas al cuidado de los niños son
realizadas por las madres o por mujeres y que son ellas, por tanto, quienes
asumen los costos de tiempo que estas gestiones requieren. La investigación
reafirma, en segundo lugar, lo que algunos expertos en movilidad han dicho[iii]: la
realización de estas actividades lleva aparejada una movilidad en la ciudad, y
el tiempo de la movilidad se distribuye en forma muy diferente entre hombres y
mujeres y entre sectores de más y menos ingresos. En particular, los pobres
demoran mucho más que los sectores de más ingresos en trasladarse de su hogar
al trabajo o hacia otros puntos de la ciudad donde deben realizar, por ejemplo,
el control del niño sano, o el control de embarazo. En general recorren
distancias más largas y lo hacen por medios más lentos (transporte público), lo
que equivale a decir que el cumplimiento de estas actividades obligatorias
genera costos diferenciales de tiempo que tienden a perjudicar a los hogares
más pobres.
Y el estudio también releva fenómenos
hasta ahora poco documentados sobre el tiempo que las políticas públicas asumen
que las personas tienen y deben dedicar a ciertas tareas. Esto se pone en
evidencia cuando se considera el tiempo de realización del trámite o de la
actividad, incluyendo en él el tiempo de espera. La investigación indica
que las mujeres de los hogares más
pobres no solo demoran mucho más que las de más ingresos en la realización del
control del niño sano o de embarazo -entre que llegan y se van de la
policlínica o centro de salud-, sino que presentan tiempos de espera que están
absolutamente alejados de lo que normalmente se prevé como razonable para este
tipo de controles. Más aún, muchas veces la incertidumbre sobre el momento en
que el niño o la mujer va a ser atendido es tan grande que las personas asumen
que van a dedicar más de 5 o 6 horas a esperar a que los atiendan –y eso muchas
veces ocurre!-. No hace falta recordar que estas esperas se hacen muchas veces
con embarazos avanzados o con la compañía de niños pequeños.
Esto, por cierto, no es una realidad
exclusiva de los servicios públicos. De hecho, el estudio refleja experiencias
de servicios públicos de salud que hacen un uso muy eficiente del tiempo de sus
pacientes. Y también pone de relieve las largas esperas que muchas veces
enfrentan los pacientes de las mutualistas. Lo que es claro, más allá de los
subsistemas, es que las esperas largas y la incertidumbre sobre cuando se
prestará el servicio operan, en los sectores más pobres, como una barrera para
el acceso a las oportunidades –sea porque las mujeres optan o no tienen margen
alguno para transitar por las eternas esperas, sea porque asumen que deben
hacerlo y eso se suma a los factores que les impiden acceder a otras oportunidades,
entre ellas las laborales -.
En contraste, el subsistema privado
destaca por los ahorros de tiempo y las facilidades de planificación que
permite a sus usuarios. Como resultado, entre las mujeres de estos estratos es
mucho menos frecuente que la incertidumbre sobre el tiempo que insumirá el
trámite se traduzca en una jornada laboral perdida. Pero si éste no fuera el
caso, eso tampoco sería demasiado problemático, porque son estas las mujeres
que suelen tener mayores niveles de flexibilidad en sus trabajos; esto es, las
que cuentan con márgenes para ausentarse durante parte de la jornada o la
jornada entera sin que eso perjudique su condición laboral.
En definitiva, en la distribución del
tiempo de movilidad en la ciudad y del tiempo de espera en ciertos servicios
clave –cuyo uso es exigido a todos por igual- existe un patrón regresivo, donde
los sectores menos favorecidos resultan más perjudicados. Vale un apunte más: el
mismo tiempo de espera es calificado como aceptable o incluso bajo por las mujeres
de menores ingresos, mientras que sus pares de mayor nivel socioeconómico lo
consideran excesivo. Sin embargo, parece claro que el hecho de que algunas
personas perciban como aceptables ciertos costos temporales y personales
excesivos no los convierte en tales. Tampoco parece válido que las políticas
asuman que las mujeres de menores recursos tienen mucho tiempo disponible y,
por ello, conviertan ese tiempo en una de las variables de ajuste del sistema
de protección social.
[i] Véase, por ejemplo:
Aguirre,
Rosario. y Batthyány, Karina. (2005) El cuidado infantil en Montevideo.
Análisis de resultados de la encuesta sobre uso del tiempo: desigualdades
sociales y de género. Montevideo, Universidad de la República. UNICEF.
Batthyány, Karina. (2004) Cuidado infantil y trabajo. ¿Un desafío
exclusivamente femenino?. Montevideo: OIT-Trazos de la
formación, 20.
Batthyány, Karina, Cabrera, Mariana. y Scuro, Lucía. (2007) “Perspectiva
de género”. Informe Temático,
Encuesta Nacional de Hogares Ampliada. Montevideo: INE.
[ii]
Hernández, Diego y Rossel,
Cecilia (2013) Tiempo urbano, acceso y
desarrollo humano. Cuadernos de Desarrollo Humano Nº 1. Montevideo: PNUD.
[iii] Véase, por ejemplo:
Hernández, Diego (2012a). “Activos y estructuras de
oportunidades de movilidad. Una propuesta analítica para el estudio de la
accesibilidad por transporte público, el bienestar y la equidad”. Revista
EURE, 38 (115), 117‑135 y
Hernandez, Diego (2012b).
Políticas de tiempo y movilidad: rasgos básicos, equidad social y de género.
Montevideo: pnud Uruguay e
Intendencia de Montevideo.
