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| Foto: Andrés Dean (Barrio Casavalle, Montevideo, feb. 2013) |
En este sentido los gobiernos del
Frente Amplio han obtenido algunos logros destacables aunque, en algunos
aspectos, limitados.
En un contexto caracterizado por
un crecimiento ininterrumpido e inédito del PBI uruguayo en los últimos 10 años,
se ha logrado reducir sustancialmente la incidencia de la pobreza y la
indigencia en nuestro país. Desde un punto de partida en 2004, con una
incidencia de la pobreza y de la indigencia de un 40% y un 4.7%
respectivamente, se ha alcanzado en 2012 que dichos porcentajes llegasen a 12.4%
y 0.5%. Durante los primero años del gobierno del FA la distribución del
ingreso, medida a través del Índice de Gini, siguió aumentando. Recién a partir
del año 2008 dicho índice comenzó a bajar, año a partir del cual se ha
mantenido la tendencia descendente.
Los avances logrados, en la
distribución del ingreso, se apoyaron en el despliegue de un conjunto de
medidas. La Reforma
Tributaria, la
Reforma de la
Salud y el Plan de Emergencia y su continuidad en le implementación
de las Asignaciones Familiares no contributivas, constituyeron instrumentos
centrales para explicar los mencionados avances. Sin embargo, estas medidas
tienen un efecto muy limitado en el tiempo, ya que permiten reducir la
desigualdad de ingresos en el período que se implementan. Pero el mantenimiento
de dichas políticas no permite seguir reduciendo la desigualdad de ingresos. En
este sentido, si bien es más difícil de evaluar, es probable que haya sido
mayor el efecto de la reinstalación de los Consejos de Salarios. En el caso de
estos últimos, sí es factible que tengan un efecto dinámico al cambiar el poder
de negociación de los asalariados desde el momento de su reinstalación.
Ahora bien, ¿por qué considero
que estos avances son bastante limitados? La respuesta está en que la enorme
mayoría de los ingresos que perciben las personas surgen como retribución por
los activos que dichas personas poseen. Dentro de dichos activos se destacan la
tierra, las diferentes formas de capital y los niveles educativos de las
personas. Las políticas mencionadas ayudaron a modificar las relaciones de
poder entre las partes que negocian como se distribuyen los ingresos generados
entre quienes poseen diferentes activos (Consejos de Salarios), pero sin
modificar la distribución de dichos activos. O bien, redistribuyeron
directamente dichos ingresos a través de la política tributaria y el gasto
público.
Para lograr una reducción
sustantiva y perdurable en la desigualdad, Uruguay debería avanzar y mucho en mejorar
la distribución de dichos activos.
La concentración de la tierra en Uruguay
muestra niveles moderadamente elevados si se la compara con América Latina, que
es, a su vez, la región con la pero distribución de la tierra del mundo. Ahora
bien, si se lo compara con los países desarrollados, los niveles de
concentración de la propiedad de la tierra, resultan simplemente escandalosos.
A esto hay que agregar que, según los datos del último censo agropecuario,
dichos niveles de concentración habrían aumentado en los últimos años. La
tortuosa implementación del ICIR y su reformulación a través del Impuesto al
Patrimonio, no producirán por si solos una mejora importante en este tema. Aun
resta conocer el impacto de la mayor participación en el mercado de tierras con
fines redistributivos que ha tenido el Instituto Nacional de Colonización (INC)
en los últimos años. Para cualquier gobierno de izquierda que pretenda avanzar
sustantivamente en términos de igualdad, la reforma agraria debería reingresar
en la agenda política.
La distribución de las distintas
formas de capital es otro aspecto en el cuál un gobierno de izquierda debería
proponerse avanzar. Sin embargo, hasta ahora las medidas implementadas por los
gobiernos del FA han sido pocas. Las dos más destacables serían la ampliación
de las opciones de financiamiento para la adquisición de vivienda y, más
recientemente, la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES). Este último
se financia con hasta un 30% de las utilidades del BROU, y tiene como uno de
sus principales objetivos la promoción y financiamiento de las Cooperativas de
Trabajadores o empresas autogestionadas. En la medida que una mayor presencia
de Cooperativas de Trabajadores favorecería una mejor distribución del capital
productivo, la ampliación del espacio que ocupan las cooperativas en la
economía podría colaborar en este último aspecto. Estas dos medidas tal vez
sean los dos avances más relevantes en materia de redistribución de la riqueza.
El diseño de esquemas que permitan socializar el capital productivo de forma
eficiente y ordenada en el contexto de una economía de mercado es un aspecto en
el que debería avanzarse más.
Por último, y posiblemente lo más
preocupante, sea la distribución de los niveles educativos de la población. La
misma ha permanecido prácticamente estancada en los últimos años, mientras
otros países latinoamericanos consiguen importantes avances en la materia. Los
niveles educativos de las personas constituyen uno de los principales activos
que poseen y su desigual distribución explica gran parte de la inequidad en la
distribución de los salarios. Un objetivo central de la política pública
debería ser aumentar los niveles educativos de la población y reducir la
desigualdad de los mismos.
Las importantes reducciones en la
desigualdad que han tenido varios países de la región, se han apoyado
crucialmente en el aumento de los niveles educativos de la población. Y los
malos desempeños que ha tenido Uruguay, en particular en cuanto al alto nivel
de abandono de los estudios secundarios por parte de los jóvenes, cuestionan
seriamente que se pueda avanzar en este tema. En 2009 el porcentaje de jóvenes
de 20 años que habían terminado secundaria era de 33%, uno de los peores
resultados a nivel latinoamericano.
Paradójicamente, este parece ser
uno de los problemas sobre los que más se ha discutido y sobre el cual el
gobierno parece estar más lejos de poder avanzar.
Lograr mejoras sustantivas y
perdurables hacia una sociedad más igualitaria requeriría avanzar crucialmente
en las tres áreas mencionadas. Sin lograr mejorar la distribución de los
activos que permiten obtener ingresos, los avances obtenidos en materia de
distribución del ingreso podrían verse rápidamente revertidos ante un cambio en
el contexto político o macroeconómico.
