América Latina es, junto con África, la región del mundo con legislación más restrictiva sobre aborto voluntario. La mayoría de los países mantiene normas que adoptaron en el siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX que prohíben el aborto o solo lo permite bajo circunstancias muy específicas. Esta nota, da cuenta de esta situación a la vez que enfatiza en las desigualdades de género/clase que se producen contextos restrictivos sobre aborto voluntario. En la última década, un cambio tecnológico (la aparición del misoprostol como droga con efectos abortivos) cambió la realidad del aborto clandestino en la región. En particular, la disponibilidad de esta droga permitió que diferentes grupos de la sociedad civil se organizaran para ayudar a mujeres pobres con embarazos no deseados. Pese al importante rol que cumplen estos grupos su alcance es limitado para cubrir la demanda existente.
El marco legal sobre aborto voluntario en América Latina
La tabla 1 muestra el alcance de la legislación sobre aborto voluntario en los países de América Latina. Solo dos países (Cuba and Uruguay) tienen modelos liberales que permiten a las mujeres interrumpir embarazos no deseados sin expresión de causales dentro de las primeras semanas de gestación. Legislación similar existe en la Ciudad de México (2007) y el estado mexicano de Oaxaca (2019), sin embargo, estas leyes tienen alcance sub-nacional; en el resto de los estados mexicanos existe legislación restrictiva. En otros casos, decisiones de las Cortes de Justicia permitieron clarificar las circunstancias en las que el aborto es legal con el objetivo de evitar interpretaciones “hiper-restrictivas” a las normas vigentes: Colombia (2007), Argentina (fallo "F.A.L. ruling" 2012) y Brasil (2012). No obstante, en estos países la legislación sobre aborto inducido no ha sido modificada por los poderes legislativos. En este sentido, en América Latina, la legislación sobre aborto voluntario es una institución estable.
Tabla 1
Alcances de la legislación sobre aborto en América Latina (2020)
| Countries |
Permitido a demanda de las mujeres (dentro de las primeras semanas de embarazo). | Cuba, Uruguay |
Permitido en circunstancias específicas (peligro de vida o salud de la mujer, violación, malformaciones fetales incompatibles con la vida o alguna de ellas). | Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, México*, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile |
Prohibido en cualquier circunstancia | El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana |
*El aborto es permitido por la voluntad de la mujer solo la Ciudad de México (2007) y en Oaxaca (2019), en el resto de los estados mexicanos el aborto está permitido solo en algunas causales y estas dependen de la legislación estatal.
Fuente: elaboración propia en base a Center for Reproductive Rights, The World’s Abortion Laws 2020 (http://www.worldabortionlaws.com/map/); Grupo de Información en Reproducción Humana Elegida- GIRE (http://informe2015.gire.org.mx/#/ampliacion-causales-aborto), y “Abortion Worldwide: Seventeen Years of Reform”, Center for Reproductive Rights, Brifing Paper 2011.
La despenalización del aborto ha sido una de las principales demandas de los movimientos feministas latinoamericanos en la tercera ola de la democratización. Para las organizaciones feministas el aborto legal está en el centro de las reivindicaciones por igualdad de género. Los movimientos feministas argumentan que estas leyes, al permitir a las mujeres optar verdaderamente por la maternidad acercan sus posiciones a las de los hombres, quienes siempre tienen más libertad para decidir qué tan involucrados quieren estar en actividades de crianza y cuidados de hijos e hijas (Dodson 2006).
En la región, la legislación sobre aborto inducido ha sido difícil de modificar. Las organizaciones feministas han enfrentado significativamente más obstáculos para promover este tipo de reforma que otras reivindicaciones de la llamada “agenda de género”, como por ejemplo las leyes sobre violencia hacia las mujeres. En este sentido, se ha afirmado que la legislación sobre aborto en América Latina ha sido incluso, “resistente” a los gobiernos de nueva izquierda que extendieron derechos a una variedad de grupos populares y discriminados desde comienzos de los ‘2000 (Blofield y Ewig 2017; Friedman 2017). No obstante, también es cierto, que los únicos casos de apertura de legislación nacional restrictiva ocurrieron bajo gobiernos de izquierda (el más importante Uruguay en 2012, pero también la reforma acotada chilena conocida “aborto en tres causales” en 2017).
Desigualdades de género/clase en el aborto clandestino
La legislación restrictiva no inhibe el aborto voluntario en América Latina. Según estimaciones, entre 2010-2014, el 32% de los embarazos ocurridos en los países de América Latina y el Caribe terminaba en aborto. Se estimaba que existían 6.5 millones de abortos voluntarios, lo que representaba, en promedio, alrededor de 40 abortos por cada 1000 mujeres de entre 15 a 44 años, cifra estable desde 1990 (Sedgh et al. 2016). Dado que la legislación vigente es restrictiva, casi la totalidad de las interrupciones se hacen en la clandestinidad y de forma insegura, en especial para las mujeres pobres, las indígenas y las que viven en zonas alejadas de las ciudades. De esta forma, la ilegalidad del aborto no solo es una las manifestaciones más relevantes de desigualdad de género, sino una de las expresiones de la desigualdad de clase: las mujeres pobres tienen más probabilidades de morir a causa de un aborto realizado en malas condiciones, de quedar con secuelas físicas, y también corren más riesgos de ser criminalizadas tras practicarse un aborto ilegal.
Aunque en la última década la difusión del uso de medicamentos con efectos abortivos contribuyó a disminuir la mortalidad materna por abortos inseguros, esta sigue siendo una de las principales causas de muerte materna en la región, incluso en países con bajas tasas de mortalidad materna general como Argentina y Chile. En cambio, en contextos donde el aborto es legal, la mortalidad materna por abortos casi no existe (Guttmacher Institute 2016; Prada y Ball 2016; Sedgh et al. 2016).
En América Latina los riesgos que enfrentan las mujeres por interrumpir embarazos en contextos de ilegalidad no solo son significativamente mayores en comparación a contextos donde el aborto es legal, sino que estos riesgos se distribuyen desigualmente y se concentran en las mujeres pobres, pues las mujeres de mayores recursos pueden pagar por seguridad. En México, por ejemplo, una investigación médica señaló que las probabilidades de tener un aborto inseguro eran nueve veces mayores en las mujeres pobres, con menos de cinco años de educación y origen indígena, respecto a las mujeres de mayor nivel socioeconómico, más educadas y blancas (Sousa, Lozano, y Gakidou 2010).
Además, las mujeres pobres están más expuestas a procesos de criminalización. Estudios de caso muestran que, si bien en América Latina el delito de aborto casi no se persigue en relación a la cantidad de abortos ilegales que se realizan, los pocos casos de mujeres procesadas y encarceladas por abortar corresponden a mujeres pobres e indígenas. Estas mujeres son denunciadas por el personal de la salud cuando llegan a las guardias médicas por complicaciones pos-aborto, y dado que cuentan con menos recursos e información para defenderse están más expuestas a la persecución policial y judicial. En particular, en los países de Centroamérica existen registros de múltiples casos de mujeres con largas penas por homicidio luego de provocarse abortos (Amnistía Internacional 2009; 2014; Casas y Vivaldi 2014; Centro de Derechos Reproductivos 2013; CLACAI 2018; Gebruers y Gherardi 2015).
En los últimos años la realidad del aborto en América Latina cambió a raíz de la aparición del misoprostol, una droga originalmente indicada para el tratamiento de afecciones gástricas. Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el misoprostol en la lista de medicamentos esenciales en los países donde el aborto es legal y recomendó su uso como método seguro para interrumpir embarazos durante el primer trimestre (OMS 2014; Zamberlin, Romero, y Ramos 2012). No solo es un método más barato, sino que la droga elimina la dependencia de las mujeres de las viejas clínicas clandestinas ya que el misoprostol puede ser auto-administrado siguiendo una serie de instrucciones sencillas (dosis y formas de administración) que varían según las semanas de embarazo.
Pese a estos cambios, el acceso al aborto seguro en contextos restrictivos sigue siendo limitado para las mujeres pobres. Por un lado, existen asimetrías de información. Para la auto-administración del misoprostol es necesario conocer las dosis adecuadas, así como las formas en que debe aplicarse el medicamento. Esta información no necesariamente es provista –ni conocida– por los vendedores que comercializan el medicamento de forma clandestina y tampoco figura en los prospectos, pues el empaquetado de las marcas comerciales disponible en el mercado, está diseñado para tratar enfermedades gástricas, y no para interrumpir embarazos (Zamberlin, Romero, y Ramos 2012). Aunque esta información está disponible, por ejemplo, en publicaciones de la OMS accesibles electrónicamente, no necesariamente todas las mujeres pueden acceder a ella y menos aún comprenderla debido al leguaje técnico que estos documentos manejan. Por otro lado, aún cuando la aparición del misoprostol redujo los costos del aborto clandestino, los precios que manejan los vendedores pueden ser abusivos y estar fuera del alcance de las mujeres más pobres (CLACAI/CEDES/FLASOG 2013; CLACAI 2017a).
Comunidades proveedoras de abortos seguros
Ante la ausencia de políticas públicas ante el aborto inseguro en América Latina las estrategias para proteger a las mujeres de los riesgos que enfrentan en los mercados clandestinos provienen de la sociedad civil donde funcionan “comunidades proveedoras de abortos seguros”: grupos de diferente naturaleza que despliegan acciones territoriales en forma organizada, valiéndose de las zonas grises de la legislación, para ayudar a mujeres con embarazos no deseados en contextos restrictivos. Sus principales destinatarias son las mujeres pobres. La composición de estos grupos es diversa al igual que sus estrategias, sin embargo, hay dos elementos que las distinguen: en primer lugar, están integradas por personas sensibilizadas con las mujeres que abortan en condiciones de riesgo, y en segundo lugar, reducen las brechas de información y negociación que existen en estos mercados.
Investigaciones basadas en trabajo de campo en Argentina, Chile y Uruguay muestran que en América Latina existen (o existieron) desde la década de 2000 al menos tres tipos de comunidades proveedoras de abortos seguros: los “médicos consejeros”, las “feministas comunitarias” y los “médicos feministas” (Pérez Bentancur 2019).
El primer grupo de médicos consejeros surgió en Uruguay, en el Hospital Pereira Rossell, el principal hospital publico del país especializado en atención materno-infantil. En medio de la crisis económica de 2002 y ante el aumento del número de casos de muertes de mujeres por abortos clandestinos, un grupo de ginecólogos y otros profesionales de la salud crearon un espacio que inicialmente llamaron “consulta en salud sexual y reproductiva” y más adelante “Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Inseguro” (IS). Amparados en la confidencialidad médico-paciente, en la consulta se buscaba desestimular la práctica del aborto, pero si las mujeres mantenían su voluntad de interrumpir su embarazo, se indicaban una serie de cuidados que debían seguirse para reducir los riesgos de un aborto clandestino. Antes de que apareciera el misoprostol en el mercado clandestino se aconsejaba no acudir a métodos “caseros” como introducirse tallos de perejil en la vagina, una práctica habitual en algunos sectores populares, y si se acudía a una clínica se recomendaban dosis de antibióticos para la fases anterior y posterior al aborto. Más adelante, cuando apareció el misoprostol, los integrantes IS asesoraban sobre las dosis y la forma en que debía usarse el medicamento para lograr un aborto completo. Para esto, difundían entre sus pacientes –cara a cara en el consultorio- las recomendaciones de la OMS sobre el uso del misoprostol con fines abortivos (Pérez Bentancur 2019).
Estos médicos no realizaban abortos, no decían donde estaban las clínicas clandestinas, no entregaban píldoras abortivas, ni informaban sobre donde comprarlas. Su trabajo era el de una consejería, es decir, facilitaban información técnica sobre las condiciones que hacían más seguro un aborto en un contexto de clandestinidad, y aseguraban a las mujeres que no serían denunciadas si abortaban y volvían a la consulta a controlarse. Aunque poco a poco lograron institucionalizarse (pues el Estado los reconoció a través de un decreto) su práctica estaba circunscripta a Montevideo y en particular al Hospital Pereira Rossell. La experiencia de IS fue replicada años más tarde en algunos otros centros de salud de la región (Labandera, Gorgoroso, y Briozzo 2016).
El segundo tipo de comunidad proveedora de abortos seguros son las “feministas comunitarias”. Bajo este nombre se engloban tanto a las feministas nucleadas en las “líneas telefónicas” como a las organizadas en grupos de “socorristas”. Históricamente, las feministas de todo el mundo se han organizado para ayudar a mujeres con embarazos no deseados. No obstante, en los últimos años, las socorristas y las líneas telefónicas se multiplicaron en la mayoría de los países de América Latina. Su objetivo es ayudar a mujeres a interrumpir embarazos no deseados, utilizando misoprostol y sin asistencia médica. Estos grupos se diferencian de las organizaciones de “feministas profesionales” que hacen lobby por el aborto legal ante los poderes legislativos, y muchas veces son críticas de estas organizaciones.
Aunque las feministas agrupadas en líneas telefónicas y en organizaciones de socorristas difieren, todas incluyen por lo menos las siguientes cuatro puntos en sus estrategias de intervención: 1) difunden los usos seguros del misoprostol con fines abortivos entre mujeres con embarazos no deseados que se contactan con ellas, 2) asesoran sobre qué decir en las guardias médicas si tuviesen que acudir a ellas luego de producido el aborto con medicamentos, y 3) facilitan el acceso al medicamento mediante diferentes estrategias, y 4) pretenden contribuir a lo que denominan la “despenalización social” del aborto.
La principal contribución de las líneas telefónicas es la producción de “manuales” y folletos que explican cómo abortar con pastillas en contextos con legislación restrictiva. En ellos, se didactiza información médica sobre el uso del misoprostol con fines abortivos producida por la OMS o la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), y se incluyen otros datos y sugerencias con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad de abortos realizados en contextos restrictivos (por ejemplo, qué decir en una guardia médica en caso de tener que acudir).
En las líneas telefónicas no se realiza acompañamiento presencial, toda la asistencia se realiza por teléfono. Lo contrario ocurre en los grupos de socorristas. Estos grupos usan el teléfono para el contacto inicial, pero la información sobre cómo abortar con misoprostol se transfiere en encuentros presenciales. Para esto, muchos grupos de socorristas utilizan los documentos producidos por las líneas telefónicas como base de la información que difunden. Además, los grupos de socorristas brindan a las mujeres algunos datos adicionales a los que dan las líneas telefónicas. Así por ejemplo, mientras una estrategia común en las líneas telefónicas suelen ser informar sobre las marcas comerciales de misoprostol disponibles en el mercado, las características de su empaquetado y los recaudos que se deben tener al compararlo clandestinamente, los grupos que están en los territorios “pasan el dato” de vendedores confiables. Para esto, “investigan” a los vendedores y suelen saber donde es posible comprar misoprostol no adulterado (Pérez Bentancur 2019).
Finalmente, los “médicos feministas” corresponden a redes de médicos que trabajan en el primer nivel de atención de algunos hospitales públicos de Argentina y que buscan garantizar el acceso a los abortos no punibles que establece el Art. 86 del Código Penal. Estos médicos realizan una interpretación amplia de las causales de no punibilidad del aborto contenidas en el Código Penal, en especial de la causal salud, intentando justificar casos de interrupciones de embarazos no deseados como casos de interrupciones legales de embarazo que se fundamentan en motivos psico-sociales. Uno de los principales componentes de su acción colectiva es solicitar a las autoridades de la salud que el misoprostol este disponible para ILE en los centros de salud del primer nivel de atención. Sin misoprostol no pueden garatizar interrupciones legales pues son médicos generalistas, por lo general no capacitados en técnicas abortivas quirúrgicas, además de que trabajan en el primer nivel de atención donde estos procedimientos no están disponibles. Dado que trabajan en hospitales públicos, atienden mayormente a mujeres pobres.
No solo defienden la despenalización del aborto por razones de salud pública, sino que hablan de “desclandestinizar las prácticas y despatriarcalizar el sistema de salud”. En este sentido, son médicos feministas. Además, muchos de ellos tienen vínculos estrechos con grupos de socorristas que funcionan en un doble sentido: por un lado, las socorristas derivan mujeres a las guardias de estos médicos cuando entienden que las mujeres que llegan a ellas entran en “una causal muy clara” de interrución legal de embarazo o, las derivan ante complicaciones con el uso del misoprostol. Por otro lado, algunos de estos médicos derivan mujeres a las socorristas y les indican que vuelvan a controlarse cuando el aborto se produjo. Esto ocurre cuando operan en contextos muy conservadores o no logran justificar un caso dentro de una interrupción legal en el marco de las excepciones que permite el Código Penal (Pérez Bentancur 2019).
Pese a las contribuciones de estos grupos para satisfacer la demanda de interrpciones voluntarias de embarazo en contextos restrictivos, su alcance es reducido. Por lo general, se concentran en los centros urbanos más modernos, por lo que es difícil que mujeres de regiones alejadas puedan contactarse con ellos. La existencia de estos grupos es publicitada por distintas vías. Muchas mujeres llegan a ellos por el “boca a boca”, y en particular en el caso de las líneas telefónicas y las socorristas, a partir de las redes sociales o páginas de internet. No obstante, la llegada a estos grupos puede ser difícil para las mujeres que tienen acceso limitado a las nuevas tecnologías. De todas formas, en el marco de contextos restrictivos, estos grupos constituyen las únicas formas de disminuír los riesgos de abortos ilegales en los segmentos más vulnerables de mujeres.
Referencias
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———. 2014. «Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador». Madrid: Amnistía Internacional.
Blofield, Merike, y Christina Ewig. 2017. «The Left Turn and Abortion Politics in Latin America». Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 24 (4): 481-510.
Casas, Lidia, y Lieta Vivaldi. 2014. «Abortion in Chile: The Practice under a Restrictive Regime». Reproductive Health Matters 22 (44): 70-81.
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CLACAI. 2017a. «Mifepristona y misoprostol en seis países de América Latina: procesos de registro y disponibilidad». Lima: CLACAI.
———. 2018. «Muerte o cárcel. Persecución y sanción por aborto.» Lima: CLACAI.
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Dodson, Debra L. 2006. The Impact of Women in Congress. Nueva York: OUP Oxford.
Friedman, Elisabeth Jay. 2017. «Seeking Rights from the Left: Gender and Sexuality in Latin America». En Women’s Movements in the Global Era. The Power of Local Feminism, editado por Amrita Basu, Segunda edición, 265-98. Boulder, Colorado: Westview Press.
Gebruers, Cecilia, y Natalia Gherardi. 2015. «El aborto legal en Argentina: la justicia después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L.» 2. Serie Documentos REDAAS. Buenos Aires: Red de Accesp al Aborto Seguro Argentina (REDAAS).
Guttmacher Institute. 2016. «Aborto en América Latina y el Caribe». Hoja informativa. Nueva York: Guttmacher Institute.
Labandera, Ana, Monica Gorgoroso, y Leonel Briozzo. 2016. «Implementation of the risk and harm reduction strategy against unsafe abortion in Uruguay: From a university hospital to the entire country». International Journal of Gynecology & Obstetrics, Reducing Maternal Mortality by Preventing Unsafe Abortion: The Uruguayan Experience, 134 (agosto): 7-11.
OMS. 2014. «Manual de práctica clínica para un aborto seguro». Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
Pérez Bentancur, Verónica. 2019. «La política del aborto legal en América Latina». Tesis del Programa de Doctorado en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.
Prada, Elena, y Haley Ball. 2016. «Aborto inducido en Chile». En resumen. Nueva York: Guttmacher Institute.
Sedgh, Gilda, Jonathan Bearak, Susheela Singh, Akinrinola Bankole, Anna Popinchalk, Bela Ganatra, Clémentine Rossier, et al. 2016. «Abortion Incidence between 1990 and 2014: Global, Regional, and Subregional Levels and Trends». The Lancet 388 (10041): 258-67.
Sousa, Angelica, Rafael Lozano, y Emmanuela Gakidou. 2010. «Exploring the Determinants of Unsafe Abortion: Improving the Evidence Base in Mexico». Health Policy and Planning 25 (4): 300-310.
Zamberlin, Nina, Mariana Romero, y Silvina Ramos. 2012. «Latin American women’s experiences with medical abortion in settings where abortion is legally restricted». Reproductive Health 9 (1): 34.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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