Voces y espectros

Nota de Rafael Paternain

No recuerdo desde cuándo escucho estas cosas, pero seguro desde hace mucho. El ímpetu no ha mermado, los destinatarios se repiten y los argumentos parecen calcados. Se sostiene que muchas de las concepciones sobre el delito y la seguridad, que predominan en el ámbito académico y en ciertos sectores políticos de izquierda, están asentadas en la ingenuidad, el dogmatismo, la desactualización, la falta de realismo, el teoricismo estéril –casi siempre de raíz marxista- y la irrelevancia política. Lo he escuchado, aquí y en otros lados, de boca de intelectuales reaccionarios, políticos de derechas, periodistas de distintos pelos, politólogos recién llegados, y también de ministros de izquierda y de funcionarios que, con tal de sacarse el estigma de encima, se ponen el chaleco antibalas y van a patear hormigueros en barrios pobres a la hora de los informativos de televisión. Finalmente, a todos los une el mismo enemigo y la necesidad de mostrarse realistas.

            En un artículo reciente, Nicolás Trajtenberg suelta el mismo abono en el camino.[1]Aunque con algunos ingredientes que lo singularizan. Como se trata de un académico, sus lugares comunes hablan del deprimente vacío intelectual de la vida universitaria –pública, por supuesto- y los suspiros se adivinan a kilómetros cuando se evoca el estimulante ambiente de una ciencia de verdad que se practica en un puñado de países que valen la pena. Este recurso de distinción es tan viejo como las élites intelectuales y culturales de cualquier sociedad periférica. A los elegidos, su mundo de origen siempre les queda pequeño. 

            En el Uruguay, no existe una criminología con contornos definidos. A lo sumo, puede haber distintas criminologías alojadas en una pluralidad de disciplinas. En nuestro país, la criminología se fue abriendo paso desde el derecho y desde las perspectivas psiquiátricas, y más tarde pasó a tener diálogo con las ciencias sociales. Algunos creen que, para el estudio de la violencia, la criminalidad y la inseguridad, es más necesaria una sociología política que una criminología como se ha institucionalizado en muchas partes. Pero este debate ni siquiera ha empezado por estos lados, y nadie habrá de resistir la posibilidad de una agenda de investigación de marcado cuño interdisciplinario. 

            Lo que seguro no existe en Uruguay es una criminología critica tal como la define Trajtenberg. Dudo que haya existido alguna vez, más allá de la influencia de pensadores italianos, venezolanos y argentinos de las décadas del setenta y ochenta. No toda la criminología critica tiene una base marxista, y en nuestro país ha existido -y existe- un pensamiento crítico sobre el derecho penal de marcadas raíces liberales. Quien busque hoy en día un referente concreto de la criminología critica en Uruguay tal como lo dibuja Trajtenberg, no lo encontrará. Nadie piensa el punitivismo como Trajtenberg dice que se piensa, nadie asegura que el delito es una mera construcción social para negar la existencia real del mismo, nadie culpa al capitalismo con ese nivel de superficialidad, ni a nadie le he escuchado negar y combatir la producción de datos para sostener investigaciones. Por otro lado, cuando se dice que los criminólogos críticos son inconsistentes, pues confrontan con dureza a la punitividad pero guardan silencio con el aumento de penas a empleadores, femicidas y violadores de derechos humanos, traslada un problema que en todo caso está alojado en un espacio político más amplio. Lo que ha ocurrido es más bien lo contrario: muchos académicos han sabido mantener una postura coherente, más allá de las implicancias de los casos. Si Trajtenberg describe sus objetos de estudio con el mismo rigor que logra entender lo que hacen y piensan otros, el problema sería todavía más grave.

            La reflexión y la investigación sobre la violencia, la criminalidad y la inseguridad se han abierto camino en Uruguay en las últimas dos décadas. Han abundado estudios sobre las raíces de la inseguridad, desde perspectivas más comunicacionales hasta enfoques de sociología urbana. El mundo de la penalidad juvenil ha sido mirado desde infinidad de lugares. Hay trabajos sobre trayectorias biográficas de personas implicadas en delitos. Se han hecho esfuerzos para construir indicadores dentro del propio Estado –con más frustraciones que beneficios-, se han llevado a cabo encuestas nacionales de victimización –pocas y sin periodicidad, es cierto- y muchos académicos colaboran como asesores honorarios para el seguimiento de información a nivel del proceso penal. 

Hay muchos trabajos sobre institucionalidad, la policía ha tenido sus primeras exploraciones, las políticas públicas de seguridad de los últimos años han sido estudiadas desde sus bases discursivas, y varios fondos concursables han abierto posibilidades de evaluaciones. Se han realizado encuestas sobre violencia policial, y la violencia institucional se ha puesto sobre la mesa. La violencia de género ha recibido más atención desde el derecho y la psicología que desde las propias ciencias sociales. Las cárceles en el país han alimentado una larga serie de estudios e intervenciones, y son muchos los universitarios involucrados en tareas de extensión o cumpliendo funciones docentes para privados de libertad. Por su parte, la victimología hace mucho tiempo que produce pensamiento en el país, y aunque muy ligada a la perspectiva penal, recientemente se ha plegado a la comprensión de las victimas del delito. Por fin, un estudio etnográfico reciente sobre las políticas sociales en Uruguay, ha iluminado con más profundidad las dinámicas sociales en las cuales se gesta una parte de la criminalidad que toda la producción criminológica más convencional y sofisticada. 

            Este campo de estudio está lejos de ser homogéneo, y más lejos todavía de adherir a una sola línea teórica y metodológica. Sería muy necesaria una evaluación critica sobre lo producido que ayude a la conformación de una agenda de investigación sobre nuevas prioridades y urgencias. Hay asuntos centrales, como la explicación del crecimiento del delito en contextos de mejora socioeconómica y la expansión inédita de las tecnologías del control, que han tenido muchas aproximaciones reflexivas de gran valor, pero que todavía exigen exploraciones más concluyentes. Variado, desparejo, disperso, más cualitativo que cuantitativo, diverso en referencias teóricas: así es el campo académico sobre la violencia, la criminalidad y la inseguridad en el Uruguay de nuestros días. Las voces de esa criminología malhumorada, dogmática e ignorante sólo se escuchan en las cumbres nevadas que reproducen el propio eco.

            ¿Cómo incide todo esto en la conformación de una política pública? ¿Qué impacto tiene el conocimiento social a la hora de pensar estrategias e intervenciones? Las relaciones entre las políticas públicas de seguridad y la producción académica son de altísima complejidad y marcadas por los conflictos profundos. Los decisores de políticas suelen confiar más en los rendimientos de las instituciones que gestionan, que en líneas argumentales alternativas, basadas en evidencia o no. Los académicos, por su parte, muchas veces se relacionan con la política desde una lógica puramente instrumental para obtener datos y habilitaciones para sus propios proyectos de investigación. Pensar que la irrelevancia política de lo académico obedece a la existencia de una criminología impotente y atrasada, es desconocer las bases discursivas, materiales e institucionales que anudan las políticas de seguridad. Además, cabe una pregunta elemental: si uno es portador de una ciencia verdadera, actualizada, evaluativa y útil, ¿por qué es tan irrelevante políticamente al igual que esos horribles “criminólogos antipunitivistas”?

            La necesidad de una agenda política alternativa en materia de seguridad es un desafío indiscutible. En el Uruguay, muchos académicos han contribuido con sus argumentos a las causas sociales que han impedido que dos propuestas de reforma constitucional prosperasen. Lo mismo ocurre ahora, cuando hay que expedirse sobre los contenidos de la ley de urgente consideración. En todo caso, los verdaderos problemas están en un lugar bien diferente al que cree Trajtenberg. Hay un discurso predominante y operativo  -mitad populismo punitivo, mitad teorías del control- que se ha consolidado en los últimos años, y buena parte del mismo ha sido suministrado por la circulación de académicos de distintos lugares. En paralelo, hay una lógica propia del “realismo de derecha” que ha atrapado la imaginación política en la última década de los gobiernos del Frente Amplio. Por si fuera poco, los puentes entre lo social, lo político y lo académico en estos asuntos están severamente dañados. 

            La lista de problemas podrían ampliarse. Si en este contexto, alguien quiere dialogar con espectros está en todo su derecho. Definir a la criminología uruguaya como ignorante y obtusa es un ardid tan básico como ridículo. Si el gesto irreverente tuviera como destinatarias a las fuerzas que hegemonizan el campo de la seguridad, hasta podría granjear respeto. 

El nudo central aquí son las consecuencias políticas de lo que se dice, pues al fin y al cabo lo que Trajtenberg ha escrito –con un poco de generosidad- es un articulo político. En pleno proceso de tramitación de una ley de urgente consideración de carácter regresivo, salir a pegar palos de ciegos a los que la critican podrá ser entendido –con el mayor espíritu de indulgencia- como un mecanismo muy primitivo de autoglorificación. Negar las voces realmente existentes en la producción de conocimiento social, es una forma de pretender el monopolio del campo académico. Si alguno muerde este anzuelo, estará cometiendo un error imperdonable. Pero en el ámbito público más abierto, este tipo de opiniones son valoradas y promovidas, no por sus implicancias académicas –que a nadie importan-, sino por el mero placer de invocar a los mismos espectros que sirven de excusa para consolidar el dominio de lo realmente existente. 

El abordaje de las violencias, los delitos y la inseguridad desata discrepancias teóricas y epistemológicas. Tal vez sea el momento de explicitar de nuevo todos y cada uno de esos desacuerdos. Servirá al menos para mostrar un panorama más complejo del que emerge de la mera invisibilización. Servirá también para ensayar nuevas síntesis que fortalezcan a unas ciencias sociales debilitadas desde adentro y desde afuera. En estos tiempos reaccionarios, el debate público precisa como el agua de unas ciencias sociales críticas orientadas por las urgencias del presente.

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[1]Nicolás Trajtenberg, “Ley de Urgente Consideración y Seguridad: ¿una mala solución para peores criminólogos?”, en Razones y Personas: Repensando Uruguay, 21 de mayo de 2020 (http://www.razonesypersonas.com/).

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