Que la desigualdad económica se traduce en desigualdad
política es un hecho mayoritariamente admitido[1].
La participación electoral es solo una manera en la cual se puede manifestar
esta desigualdad, pero una muy importante. La literatura sobre los
determinantes del voto suele encontrar que el ingreso y el nivel educativo
están altamente correlacionados con la participación electoral (Brady,
Verba, y Schlozman 1995; Goodin y Dryzek 1980; Gaventa 1982). Estos
autores argumentan que, para votar, uno necesita tiempo, dinero y cierta
formación cívica. Dado que estos
recursos se distribuyen de manera desigual en la sociedad, cabe esperar que la
desigualdad se manifieste en el voto. Goodin y Dryzek (1982) agregan que los
más ricos tienen más recursos para manifestar sus demandas, y por lo pronto más
probabilidad de que sean escuchadas. En cambio, los más pobres se abstienen de votar
porque han perdido la esperanza de que su voto signifique algo.
Si bien la evidencia más contundente proviene de
Estados Unidos (caso extremo de desigualdad en participación electoral), existe
prueba suficiente de que el fenómeno también se produce en Europa y América
Latina (Carreras y Castañeda-Angarita 2014; Gallego 2007;
Haime 2017).
No obstante, el grado en el cual los recursos impactan el voto no es uniforme.
Diversas variables contextuales pueden moderar esta relación. Por ejemplo,
algunos trabajos demuestran que los niveles de desigualdad agravan el efecto de
los ingresos: en sociedades más desiguales, la diferencia en la participación
entre ricos y pobres es aún más amplia. Otras variables refieren a reglas o
sistemas electorales, como el voto obligatorio.
Para analizar este fenómeno dentro de América Latina, uso
las encuestas de LAPOP de cada país desde 2006 a 2018. En cada año-país armé un
índice de nivel socioeconómico en base a bienes del hogar. Luego agrupé el
índice por quintiles para comparar los niveles de participación electoral. El
siguiente gráfico muestra los resultados:
Figura
1. Participación electoral según quintiles socioeconómicos
Fuente:
Elaboración propia en base a LAPOP (2006- 2018)[2]
Como se puede observar, existe una importante
variación en la región. Países como Costa Rica parecen exhibir una desigualdad
muy marcada, mientras que, en países como Perú, no parece haber casi diferencia
en el voto entre los más ricos y los más pobres. Uruguay se asemeja a Perú, así
como a Ecuador y Bolivia, todos países con voto obligatorio y con sanciones por
incumplimiento. A pesar de que en Uruguay vemos niveles altos de participación,
parece que el quintil más pobre igualmente participa menos que el resto, una
diferencia no gigante, pero significativa. Consistente con estos datos
descriptivos, los resultados de un modelo multinivel indican que el voto
obligatorio tiene una relación positiva y significativa con la participación
global, mas no altera la relación entre quintiles socioeconómicos y el voto. Es
decir, mueve a toda la distribución hacia participaciones más altas, pero las
diferencias entre quintiles no se ven necesariamente alteradas.
Este hallazgo no es novedoso; otros trabajos han
demostrado esto mismo. Gonzalez
y Snell (2014),
por ejemplo, en un análisis similar, encuentran que las diferencias en la
participación son más agudas en países con voto voluntario, pero que no
desaparecen en los países con voto obligatorio. Según los autores, el voto
obligatorio no resuelve el problema de la desigualdad, ya que los más pobres
aún enfrentan importantes barreras estructurales, como las dificultades para
registrarse. Cepaluni
e Hidalgo 2016) encuentran
que, en Brasil, a pesar del voto obligatorio, persiste la desigualdad en la
participación. Esto se debe a que las sanciones por abstención (ej. suspensión
de acceso a universidades públicas o a préstamos del banco público) no son
relevantes para la población más vulnerable.
Una de las grandes desventajas para abordar estudios
de participación electoral es que, en general, no contamos con datos duros de
participación, por lo cual tenemos que recurrir a las encuestas. Lo más
problemático de esta circunstancia es que las personas tienden a sobre-declarar
su participación electoral. La sobre-declaración resulta evidente cuando
comparamos la encuesta con la cifra oficial de participación. Sin embargo, para
los propósitos de un análisis de participación por clase social, esto es
problemático solo si la sobre-declaración ocurre con más frecuencia en una
clase que en otra. En otras palabras, si todos sobredeclaran por igual, no
sería un problema tan grave. Lastimosamente, hasta donde he podido investigar,
no hay evidencia que confirme o desmienta este sesgo.
A falta de datos administrativos a nivel individual,
podemos explorar datos agregados y comparar tasas de participación según
niveles de bienestar en alguna unidad geográfica. En Uruguay, la Corte
Electoral brinda datos a nivel de serie de credencial cívica. Para cada serie,
tenemos el total de registrados y el total de votos emitidos, con lo cual
podemos llegar a una cifra de participación. Pero obviamente no tenemos datos
socioeconómicos por serie. La clave está en agrupar lo menos posible (para no
alejarnos del dato individual), pero lo suficiente como para contar con un dato
de nivel socioeconómico de la unidad geográfica.
En Montevideo podemos agrupar por barrio, para lo cual
contamos con información de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a través del
Censo[3] (Calvo
et al. 2013).
No obstante, los límites por zona electoral y por barrio están lejos de
coincidir, y construir sus correspondencias excede largamente el alcance de
este trabajo. Pero con el fin de echar una mirada preliminar a los datos,
ensayé una agrupación aproximada entre ambas divisiones del Departamento.
Si mapeamos la participación por barrios según
porcentaje de personas con al menos una NBI, la tendencia no se alinea con la
de los datos del LAPOP. Al contrario, se observa una leve correlación positiva
entre NBI y participación electoral: los barrios de mayor nivel socioeconómico (ej.
Punta Carretas) son aquellos en donde la participación electoral es más baja.
Figura
2. Participación en las elecciones nacionales de 2019 por barrio y porcentaje
de NBI
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral y Calvo et al. (2013)
Por supuesto que estos datos también tienen sus
problemas. Con datos a este nivel, no podemos afirmar que las personas más
vulnerables votan más que las de mayor nivel socioeconómico; estaríamos
cometiendo falacia ecológica. También está el problema del registro: con estos
datos, solo estoy tomando participación sobre la cantidad de registrados. Como
han señalado otros autores, no es difícil imaginarse que las personas más
excluidas de la sociedad no tienen siquiera credencial cívica, por lo cual no
figuran en estos datos. González y Snell confirman esta hipótesis en su
análisis, donde, al consultar el motivo del no voto, las personas más pobres en
mayor medida lo justifican por dificultades en el registro.
Podemos volver a los datos de encuestas para ver qué
nos dicen de Uruguay. Al igual que los patrones del voto, vemos un alto
porcentaje de registro entre todos los quintiles, siempre superior al 90%. Sin
embargo, existe una diferencia significativa entre el promedio de registro del
quintil más bajo con el resto. Entonces, por un lado, la buena noticia es que
existe una notable proporción de personas en el registro. Pero, por otro lado,
no podemos ignorar los indicios de que igualmente hay algunas personas que
quedan fuera del juego.
Figura
3. Porcentaje de registrados para votar, según quintiles socioeconómicos
En conclusión, intentamos entender cómo el poder
económico se traduce en poder político. Claro que hay muchas maneras de
manifestar poder político más allá del voto, pero si de entrada vemos que el
ejercicio político más básico se ve condicionado por recursos económicos, se diría
que estamos en problemas. En Uruguay la cuestión no parece ser tan aguda como
en otros países de América Latina, seguramente apuntalada por la obligatoriedad
del voto, así como por los niveles (relativos) de igualdad, y una fuerte
cultura democrática y satisfacción con el sistema político. Sin embargo, parte
de los datos parecen indicar que de cualquier modo existe un grupo vulnerable
de la población que permanece excluido de la participación electoral. Por más
que los datos no son concluyentes (como ocurre frecuentemente en esta
disciplina), tal vez sirvan para estar atentos a esta posibilidad. También cabe
señalar que la tendencia que vemos en el análisis por barrio es contraria a la
que predice la teoría. Analizar por qué en Montevideo, la participación es más
baja en los barrios más pudientes, es un interesante objeto para otra
investigación.
Referencias
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
Brady, Henry E., Sidney Verba, and
Kay Lehman Schlozman. 1995. “Beyond SES: A Resource Model of Political
Participation.” American Political Science Review 89 (02): 271–94.
https://doi.org/10.2307/2082425.
Calvo, Juan José, Víctor Borrás, Wanda Cabella, Paula
Carrasco, Hugo De los Campos, Martin Koolhaas, Daniel Macadar, et al. 2013. Atlas
sociodemográfico de la desigualdad del Uruguay. Fascículo 1. Montevideo:
Universidad de la República.
http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5213775.
Carreras, Miguel, and Néstor Castañeda-Angarita. 2014. “Who Votes in Latin America?
A Test of Three Theoretical Perspectives.” Comparative Political Studies
47 (8): 1079–1104. https://doi.org/10.1177/0010414013488558.
Cepaluni,
Gabriel, and F. Daniel Hidalgo. 2016. “Compulsory Voting Can Increase Political
Inequality: Evidence from Brazil.” Political Analysis 24 (2): 273–80.
https://doi.org/10.1093/pan/mpw004.
Gallego,
Aina. 2007. “Unequal Political Participation in Europe.” International
Journal of Sociology 37 (4): 10–25.
https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659370401.
Gaventa,
John. 1982. Power and Powerlessness. Quiescence and Rebellion in an
Appalachian Valley. Urbana: Univ. of Illinois Pr.
Gonzalez,
Yanilda, and Steven Snell. 2014. “¿Quién Vota? Compulsory Voting and the
Persistence of Class Bias in Latin America.” 2014.
Goodin,
Robert, and John Dryzek. 1980. “Rational Participation: The Politics of
Relative Power.” British Journal of Political Science 10 (03): 273.
https://doi.org/10.1017/S0007123400002209.
Haime,
Agustina. 2017. “What Explains Voter Turnout in Latin America? A Test of the
Effect of Citizens’ Attitudes Towards the Electoral Process.” Revista
de Ciencia Política (Santiago) 37 (1): 69–93.
https://doi.org/10.4067/S0718-090X2017000100004.
[1] El siguiente ensayo nace de un
estudio en el que estoy trabajando actualmente, donde analizo la participación
electoral por estratos socioeconómicos en América Latina. Mi principal interés
es ver qué factores contextuales afectan esta relación. Me enfoco
principalmente en el populismo y en el clientelismo, dado su reconocido
potencial de movilizar al electorado con menos recursos.
[2] Solo se usaron encuestas que
se realizaron máximo 2 años después de las elecciones.
[3] No es conveniente usar la
Encuesta Continua de Hogares (por lo menos no un solo año) para obtener datos
socioeconómicos por barrio debido a la insuficiencia de observaciones en
algunos barrios.
[4] La tendencia se repite
cuando se analiza cada año por separado.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
