John Stuart Mill y la tiranía de las mayorías; o ¿quién le teme a la regulación de contenidos en los medios de comunicación?


  
La semana pasada el diario El País informó que el ministro de Industria y Energía había solicitado al director nacional de Telecomunicaciones la revisión, ajuste y puesta a punto del borrador de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que su cartera tiene entre manos desde hace varios años. Ha trascendido que ese proyecto de ley incluirá algún tipo de regulación de contenidos en radio y televisión. Las versiones a ese respecto son confusas y contradictorias, así que, mientras el proyecto no sea presentado, es imposible saber qué iniciativas contendrá. No sería la primera vez que el gobierno anuncia públicamente —o deja entender a través de trascendidos— que se dispone a hacer algo que finalmente no hace o, viceversa, que desmiente tajantemente que pretenda hacer algo que después hace.
 
El presidente Mujica le dijo en octubre de 2010 a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de medios es la que no existe”, concepto que fue repetido poco más tarde por el vicepresidente Astori durante una entrevista concedida al diario santafecino El Litoral. (Astori repitió esa máxima y volvió a mostrarse contrario a cualquier tipo de regulación de contenidos en una entrevista publicada en el diario El Observador de ayer, jueves.) Mujica había dicho antes y repitió más tarde, dentro y fuera del país, que cuando el borrador del proyecto llegara a sus manos (se trata del mismo borrador que ahora se encuentra en etapa de revisión, ajuste y puesta a punto) iría directo a la basura sin ser leído.
 
Por lo dicho anteriormente, cualquier cosa puede ocurrir. Sólo cabe esperar. Mientras tanto, ya se escuchan voces que reclaman a Mujica que sea consecuente con sus palabras y mande a la basura cualquier proyecto que llegue a sus manos.
 
Quienes en Uruguay se oponen a todo tipo de regulación de contenidos en los medios de comunicación hacen suya alguna forma de la máxima que Mujica y Astori usaron en sus comparecencias públicas, asumiendo implícita o explícitamente que ella expresa el punto de vista de la filosofía liberal sobre la censura y la libertad de expresión. En una nota publicada en 2004 en el suplemento Qué Pasa del diario El País, Homero Alsina Thevenet adjudicaba a “un sabio local” la máxima “la mejor ley de prensa es ninguna ley de prensa”. Ignoro quién podrá ser el supuesto sabio. Tengo para mí que en efecto ha de ser un coterráneo, habida cuenta de que su máxima expresa a la perfección un punto de vista muy extendido en el país; no estoy tan seguro en cambio de que sea un sabio.
 
Abandonemos la cuestión de la máxima por un instante y vayamos a la filosofía liberal. Es bien sabido John Stuart Mill, uno de los grandes clásicos de esa tradición, fue uno de los primeros pensadores en advertir acerca de lo que llamó “la tiranía de las mayorías”. Detengámonos un momento en un pasaje de su célebre ensayo Sobre la libertad:
 
“Como las demás tiranías, la tiranía de las mayorías fue al principio temida, y lo es todavía vulgarmente, cuando obra, sobre todo, por medio de actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas se dieron cuenta de que, cuando es la sociedad misma el tirano —la sociedad colectivamente, respecto de los individuos aislados que la componen—, sus medios de tiranizar no están limitados a los actos que puede realizar por medio de sus funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos; y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que si bien, de ordinario, no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios para escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma.”
 
Es obvio que en este pasaje Stuart Mill no estaba pensando —en modo alguno podría haberlo hecho— en la tiranía de los medios de comunicación de masas. Más bien estaba pensando en la “la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes”; es decir, “la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas; a ahogar el desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio”.
 
Pero es obvio también que no hay razón alguna para encorsetar el pensamiento de Mill y ceñirlo a los límites estrechos de la sociedad de su tiempo. Si la tiranía de las mayorías no sólo es ejercida a través del aparato estatal —cosa que Mill deja meridianamente clara—, ¿por qué debería ser tolerada cuando es ejercida a través de otros instrumentos? ¿Por qué debería ser tolerada, por ejemplo, cuando es ejercida por (o a través de) los medios de comunicación de masas? Parece bastante evidente que una tiranía de esas características no debería ser tolerada; o, al menos, que no debería ser tolerada por ningún liberal. Ahora bien, ¿existe una tiranía así? Sí, existe. Veamos tres ejemplos.
 
I
 
El 31 de julio de 2008 en la edición central de Telenoche, el noticiero de Monte Carlo, un periodista interrogó insistentemente a una niña de 13 años que había sido violada por su padrastro. La víctima prácticamente fue obligada a hacer una descripción explícita y detallada de los hechos delante de las cámaras. Como la niña era renuente a proporcionar los detalles que le eran requeridos, el periodista insistía. “¿Qué te hacía tu padrastro?” El cronista no desistió de su interrogatorio ni siquiera cuando la niña rompió en llantos. Para agravar el cuadro, el canal no distorsionó el rostro de la menor, ni tomó medida alguna para proteger su identidad. La directora del Instituto Nacional de la Mujer, Carmen Beramendi, calificó la situación como muy grave. “Una cosa es informar libremente y otra hacerlo a partir de la intimidad de la niña”, declaró. El caso también fue cuestionado por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. El organismo hizo pública “su profunda indignación”, en virtud de que en la entrevista no sólo no se cuidó la identidad de la niña, sino porque el tratamiento del hecho configuró una “nueva situación de victimización y maltrato, violando la normativa vigente internacional y nacional”.
 
Por supuesto, el interrogatorio abusivo a la niña y su impúdica exposición pública no derivó en ningún tipo de sanción para para el canal, porque, en Uruguay, se sabe, rige firmemente la máxima de aquel sabio local que dijo que la mejor ley de prensa es ninguna ley de prensa. Mientras, los liberales uruguayos, que festejan esa máxima como si fueran focas, opinan que el asunto se resuelve no mirando la televisión. “Si no te gusta, apagá la tele”, escriben en Facebook. “¿Quién te creés vos que sos para decirle a la gente lo que tiene que mirar? ¡Fascista!”, publican en Twitter.
 
II
 
El 16 de junio de 2009, al constatar que su hija de diez meses tenía dificultades para respirar, una madre del barrio Piedras Blancas pidió ayuda a la policía y ambas fueron trasladadas en un móvil a la policlínica de Salud Pública de la zona. La niña fue atendida por una médica que le diagnosticó “muerte violenta” y “probable violación”. La madre fue detenida inmediatamente y su esposo poco más tarde, cuando llegó a la policlínica. Antes incluso de que llegara el padre, ya estaban presentes todos los canales de televisión privados. Mientras lo detenían, en medio del horror por la muerte de su hija, los periodistas le hacían preguntas incisivas. “¿La violaste?” “¿La violaste?” “¿La violaste?”
 
La crónica de Subrayado de esa noche dijo lo siguiente (el texto está tomado de la entrevista de Joel Rosenberg al abogado de la familia involucrada, emitida en el programa No toquen nada de Océano FM y publicada en el portal de Internet 180 el 20 de mayo de este año):
 
“Una beba de tan solo 10 meses murió en una vivienda de Piedras Blancas y la policía comprobó que fue violada. En principio se creyó que se trataba de un nuevo caso de muerte súbita, pero la pediatra revisó a la niña y encontró signos muy claros de violación. Dio cuenta a la policía, efectivos de la Seccional 17 detuvieron a la madre de la menor, al padre y al tío de la criatura. El tío tiene 36 años, no tiene antecedentes penales y vive en la misma casa. El padre de la menor tiene 37 años y es un militar en actividad. La madre tiene 28 años. El matrimonio tiene otras dos hijas de seis y ocho años. Una vez que el juez Fernández Lechini se enteró de lo sucedido, ordenó que las dos menores fueran internadas en el Hospital Pereira Rossell porque se estima que también fueron víctimas de abuso. Según supo la policía, aparentemente el hombre abusaba de sus otras dos hijas de seis y ocho años.”
 
Al día siguiente la autopsia dictaminó que la niña había muerto por infección pulmonar y descartó cualquier signo de abuso sexual. Una sustancia que había sido confundida con semen era en realidad crema para paspaduras, mientras que la dilatación anal era la propia de cualquier cadáver. La pareja fue liberada, pero la prensa no dejó de hostigarla. “Sabe, señor, que la doctora que habló con nosotros dejó planteada la duda y realmente cree que había existido abuso sexual de acuerdo a su experiencia por cómo estaba la niña. ¿Usted ante esta cámara asegura que no le hizo nada a la niña?”, le preguntó un verdadero miserable al padre de la criatura muerta poco después de ser liberado (esta pregunta y otras por el estilo, además de otros elementos de la cobertura periodística, figuran en el escrito de la demanda que la familia entabló contra los canales de televisión privados y fue recogida en una nota de Lourdes Rodríguez en el periódico La Diaria del 29 de mayo de este año).
  
Las otras dos hijas de la pareja también fueron filmadas y sus rostros sin distorsionar fueron exhibidos en la televisión. En todos los canales se mostró la cédula de identidad de la beba, con todos los nombres y apellidos, de forma que los televidentes pudieran averiguar sin dificultad la identidad de sus padres. Por si los televidentes eran de reflejos lentos, la televisión difundió imágenes de la fachada, el frente y el fondo así como la dirección completa de la casa de la familia involucrada, que esa noche fue asaltada y desvalijada por una banda de supuestos “indignados”.
 
“El descrédito sufrido [por esta familia] es incalculable. Ha sido vulnerada su intimidad, su honor, su decoro, su dignidad, su imagen ante la sociedad”, resume el escrito de la demanda. Si esto no es un ejemplo de la tiranía de la sociedad sobre los individuos, ¿qué diablos es entonces? ¿No se justifica, en términos estrictamente liberales, la existencia de un límite impuesto por la ley a esta clase de abusos y atropellos? Uno podría pensar que sí, pero la respuesta de los liberales cibernéticos uruguayos es otra. “Si no te gusta, apagá la tele.” Esa es su respuesta. “La gente puede ver lo que quiera ver, y al que no le guste, que no vea. Punto.”
 
III
 
Hace escasas semanas —en un hecho que todos los lectores, desgraciadamente, recordarán muy bien— un empleado de la cervecería La Pasiva fue muerto de la manera más injusta e irracional. En unos pocos días, su ejecución (tomada por las cámaras de seguridad del local desde varios ángulos) fue televisada entre 88 y 102 veces (dependiendo de las mediciones). Los cinco hijos de ese hombre vieron la cobarde ejecución de su padre en repetidas oportunidades, porque su madre no pudo mantenerlos tanto tiempo alejados de la televisión y porque evidentemente había personas del otro lado de la pantalla que experimentaban alguna clase de placer sádico con la repetición inútil de esas imágenes tan terribles.
 
No voy a ser tan insensato como para decir que a esos niños les puede haber resultado más grave ver cómo su padre era ejecutado a sangre fría y sin razón alguna que el hecho mismo de haberlo perdido en circunstancias tan injustas, pero es obvio que el tratamiento mediático repugnante y cínico del tema no debe haberlos ayudado en lo más mínimo. Y no es que se tratara tampoco de un mal necesario o inevitable. Pero, se sabe, un sabio local dijo hace tiempo que la mejor ley de prensa es ninguna ley de prensa y unos cuantos uruguayos repiten esa máxima de manera automática, irreflexiva, como autómatas o perros de Pavlov.
 
A falta de una normativa específica al respecto, son las leyes del mercado y los índices de audiencia las que están regulando actualmente los contenidos de la televisión uruguaya. Es decir, que es la ley de las mayorías la que regula los contenidos. “Al que no le guste la cantidad de veces que ponen un video en el informativo, ¡que no mire la tele! Pero no rompan los huevos con regular nada... manga de fachos.” Esa es la respuesta del liberal cibernético uruguayo frente al problema.
 
Parece ocioso tener que explicarlo, pero el argumento liberal no debería ser: “Si no te gusta, apagá la tele. ¡Fascista!”; sino más bien: “Los contenidos televisivos no vulneran los derechos de nadie, por lo tanto deben seguir emitiéndose sin regulación alguna”. El problema con ese argumento es que tiene una premisa falsa: los contenidos de la televisión uruguaya actual sí vulneran los derechos de las personas. Repetir una y otra vez la aburrida letanía de que nadie tiene derecho a decirnos qué tenemos que ver y otras obviedades por el estilo no hacen sino girar en el vacío. Lo que hay que demostrarnos a nosotros, los uruguayos que creemos que las noticias policiales vulneran los derechos de las personas casi todos los días, es que estamos equivocados, que no tenemos razón, que ello no es así. Tratarnos de antiliberales, fascistas, autoritarios, totalitarios y demás no aporta nada y además es mentira.
 
Los liberales —supuestos o reales— uruguayos deberían explicarnos por qué en los tres casos que se mencionan más arriba no se violaron los derechos de las personas. No vale decir que, a posteriori, una de esas familias recurrió a la justicia, porque el daño ya estaba hecho y pudo haber sido evitado sin mayor dificultad.
 
Puede que el gobierno impulse una ley de medios, o puede que no lo haga. Puede que esa ley incluya algún tipo de regulación con respecto a los contenidos, o puede que no. Puede que esa ley sea buena, o puede que sea mala; o muy buena, o muy mala. Llegado el caso, habrá que discutirla. Oponerse a ella en forma antedatada no es algo muy inteligente. Defender la libertad de expresión sin restricciones de ninguna clase en nombre del liberalismo, tampoco. Quienes lo hacen deberían conocer mejor a los clásicos de la tradición con que se identifican. No basta con saberse los nombres: también hay que haber leído lo que escribieron.


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