Una línea de conexión hacia fuera del infierno: por qué es relevante pensar sobre Internet dentro del sistema penitenciario uruguayo.
Fuente: Imagen generada con Chat-GPT.
Prompts: "Celda con rejas hechas de cables de Internet (tipo Ethernet) desgarrados en lugar de barrotes" y "
Preso sentado en una celda vacía, mirando hacia una pared vacía"
Por Carolina Pérez y Matías Dodel
A pesar de la escasa rigurosidad
académica de la metáfora, el hecho que una enorme cantidad de sectores del
sistema penitenciario uruguayo son lo más parecido a un círculo del infierno en
nuestro país, no parece ser negado por casi ningún actor técnico, social o
político. Los informes del Comisionado Parlamentario Penitenciario del
Parlamento (2022, 2023) señalan que más de 4 de cada 10
(41-43%) de las personas privadas de libertad (PPL) se encuentran en Unidades
Penitenciarias catalogadas por el Comisionado como “rojas” o de “Tipo 1”, en
las que son expuestas a “tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
En un contexto como este, podría
parecer poco atinado discutir sobre la cuestión de la conectividad digital de
las PPL. Si las PPL no son tratadas como seres humanos, esto de “Internet”
podría parecer un poco superfluo. Un argumento similar esbozabaron algunos
críticos de Ceibal, señalando que la priorización de
recursos digitales en contextos de escasez material (en términos edilicios y
salaries) no era pertinente. Sin embargo, estos tipos de razonamientos
terminan siendo una suerte de trampa al solitario, al general falsas
oposiciones y simplificar un fenómeno complejo y multidimensional como la
integración social.
Por ejemplo, si el propio Estado
reconoce en el nuevo índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) del INE al no acceso a Internet en el Hogar como
una vulnerabilidad
social clave (asociada a la pobreza y condiciones de deprivación), ¿no sería
sensato repensar cómo afecta el mundo digital a las PPL, dentro y -en un
futuro- fuera de las prisiones?
En este artículo intentamos
argumentar no sólo por qué la conectividad digital es importante para el bienestar
de las PPL dentro del sistema penitenciario, sino también que es insumo clave
para otro objetivo igual de relevante: su reinserción social en un mundo cada
vez más digitalizado. Por último, presentaremos resultados preliminares del
análisis sobre uso y competencias digitales de PPL relevadas en el Dispositivo de Detección
Temprana de Analfabetismo (Aplicación 2024) (del Programa Nacional de Educación en Cárceles (PNEC), de
la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura) con
el fin de caracterizar el uso de Internet y competencias digitales de parte de
las PPL.
La Cárcel e Internet
Si se entiende a los
establecimientos carcelarios como parte de un sistema cuyo objetivo es la resocialización de las PPL y posterior inclusión en la sociedad extramuros,
algunos autores sostienen que la implementación de las TIC en las cárceles
tiene el potencial de “incrementar la productividad, la competitividad, el
respeto a los derechos humanos y la inclusión social” dentro de las prisiones
(Medina y García, 2017, pág. 4).
Las TIC pueden beneficiar en la
educación y capacitación de las PPL, ampliando sus derechos y otorgándoles
posibilidades de desarrollar habilidades en torno a la tecnología que
resultarían competencias básicas, tanto en su día a día como en su futura
reintegración en la sociedad extramuros. A su vez, las TIC según Media y García
(2017) pueden aportar “cambios considerables” (p.1) en varios aspectos de la
comunicación: tanto con el vínculo con sus familias, amigos/as y allegados,
como lo es en las relaciones interpersonales dentro de la cárcel, mejorando de
esta forma los aspectos comunitarios y fortaleciendo los lazos sociales a
través de una mejor comunicación.
Además, la aplicación de las TIC no solo aporta en las competencias futuras o en el fortalecimiento de los vínculos -aspectos relevantes si se entiende que la resocialización social es la meta final del encierro- sino que también fomentan el pensar de forma creativa, ayudan en la toma de decisiones y resolución de problemas, así como en el control emocional, dentro de muros (Medina y García, 2017).
Sucede que más allá de las
propuestas normativas o filosóficas de algunos autores, existe un importante
acuerdo en la literatura empírica especializada acerca de la relevancia de la
tecnología digital en la sociedad actual y cómo esta digitalización afecta a
las poblaciones encarceladas. En este cuerpo teórico, es un nudo clave el
estudio de cómo la falta de acceso y habilidades digitales en prisión afectan
-en términos generales empeoran- la inclusión social y la reinserción de las PPL
al salir de las prisiones. En este sentido, la literatura también explora las
oportunidades que las tecnologías digitales ofrecen para la rehabilitación, el
mantenimiento de lazos familiares, la mejora del bienestar y la preparación
para la vida post-encarcelamiento.
Por otro lado, es importante pensar los potenciales riesgos asociados al uso de Internet en prisiones. Lessing (2016) plantea
que existe coordinación de actividades ilícitas desde las cárceles hacia el
exterior, la cual llega al punto tal que, en ciertos contextos nacionales
extremos como el caso de Brasil, las pandillas carcelarias pueden tener la
capacidad de desestabilizar gobiernos. Frente a este fenómeno que plantea el
autor nos cuestionamos ¿Qué rol ocupan las tecnologías de la comunicación en la
coordinación criminal?
La ilegalidad del uso de las TICs en las cárceles, la violación de normativas o reglamentos sobre las posibilidades de comunicarse con el mundo exterior y las dificulades de gestionar el uso de estas hace innminente reflexionarsobre la necesidad (¿y quizás viabilidad?) de incorporar el uso de TIC en la planificación de las políticas carcelarias. ¿De qué forma repercutiría incorporar regulaciones sobre el uso de las TIC -de forma legal- en nuestras prisiones? Y, sobre todo, ¿cómo podría afectar esto al mejoramiento de las condiciones de vida -y el respeto por los derechos humanos- de las PPL, así como a su reinserción, sin incrementar la coordinación de actividades ilícitas dentro de las prisiones?
A continuación, presentamos un
pequeño resumen de los principales hallazgos de la literatura científica sobre
la temática, que podrían ser útiles para pensar este problema en el contexto
nacional.
Oportunidades de las Tecnologías
Digitales en Prisiones:
● El
acceso a tecnologías digitales se considera crítico para la reintegración de los reclusos a una sociedad cada vez
más digitalizada [Blomberg et al., 2021; Reisdorf et al., 2022; Zivanai
& Mahlangu, 2022]. Permite adquirir habilidades esenciales para la vida
cotidiana, como la búsqueda de empleo en línea [Reisdorf et al., 2022; Smith,
2015], la comunicación con servicios públicos y la gestión de tareas básicas.
● La
provisión de tabletas y acceso limitado a Internet puede aumentar las habilidades y la confianza de los reclusos con la
tecnología que necesitarán tras su liberación [Barkworth et al., 2022].
Esto es especialmente importante para aquellos con poca experiencia previa o
para quienes han estado encarcelados por largos períodos (p.ej. previo a la
masificación de Internet).
● Las
tabletas con funciones de llamadas y mensajería mejoran la capacidad de los reclusos para conectarse con familiares y
amigos, lo que puede tener un impacto significativo en su bienestar
[Barkworth et al., 2022; Folk et al., 2019] y autonomía mientras están en
prisión. Mantener los lazos familiares es un factor clave para reducir la
reincidencia.
● Las
tecnologías digitales facilitan el acceso a programas educativos, información sobre el centro penitenciario y sobre
servicios gubernamentales [Barkworth et al., 2022; Blomberg et al., 2021;
Pulido, 2023]. Plataformas de aprendizaje electrónico y recursos en línea
pueden apoyar la rehabilitación y el desarrollo personal [Barreiro-Gen &
Novo-Corti, 2015; Pamungkas, 2020].
● La
tecnología puede optimizar la gestión
administrativa y mejorar la eficiencia de los servicios penitenciarios [Van
De Steene & Knight, 2017; Lindström & Puolakka, 2020]. Algunos estudios
sugieren que la introducción de tecnologías digitales, como los quioscos de
autoservicio en cárceles (en países desarrollados), pueden colaborar con la reducción de las infracciones
disciplinarias [McDougall et al., 2017; Palmer et al., 2020].
Problemas y Desafíos de las
Tecnologías Digitales en Prisiones:
● Los
reclusos constituyen uno de los grupos más empobrecidos
en la era digital debido a la falta de acceso y habilidades [Blomberg et
al., 2021; Reisdorf et al., 2022]. La falta de familiaridad con la tecnología
puede generar miedo y aprensión.
● Las
autoridades penitenciarias a menudo priorizan
la seguridad y el castigo por encima de los beneficios para los reclusos,
lo que limita el acceso a Internet y dispositivos digitales [Jewkes &
Reisdorf, 2016; Pulido, 2023; Smith, 2012]. Existe la preocupación -basada en
evidencia y situaciones reales- de que los reclusos puedan utilizar la
tecnología para actividades ilegales o para comprometer la seguridad.
● Problemas
como fallas en los dispositivos, interrupciones
de la red Wi-Fi y largos tiempos de reparación pueden frustrar a los
reclusos y limitar los beneficios de dispositivos digitales aceptados por las
prisiones [Barkworth et al., 2022]. La falta de capacidad del personal
carcelario para la solución de problemas técnicos también es un obstáculo.
● En
algunos sistemas penitenciarios donde se ha implementado el uso de TIC en
prisiones, los programas de tabletas requieren que los reclusos paguen por los dispositivos y los servicios,
lo que puede generar una carga financiera y limitar el acceso para aquellos con
menos recursos [Finkel & Bertram, 2019].
● Existe
el riesgo que el uso de tecnología digital se utilice exclusivamente para
monitorear y reducir espacios de las PPL, y una “mala implementación” de los
proyectos tecnológicos en prisión pueda reducir la calidad de servicios no
digitales. Por ejemplo, la introducción de tabletas a veces se utiliza como
justificación para la eliminación de
servicios gratuitos o de bajo costo, como bibliotecas o visitas en persona.
● La
implementación de tecnologías digitales en prisión puede llevar a un aumento de la vigilancia y una disminución
de la privacidad para los reclusos [Kaun & Stiernstedt, 2020; McKay,
2022; Seo et al., 2020]. Existe el riesgo de que las herramientas digitales,
aunque prometan autonomía, resulten en un mayor control social.
● El
mero hecho de usar tabletas no garantiza resultados positivos; la calidad del uso es más importante que la
cantidad [Barkworth et al., 2022]. El uso pasivo de funciones (leer
contenido) puede tener efectos menos beneficiosos que el uso activo
(comunicarse, crear contenido).
● El
personal penitenciario puede mostrar resistencia
a la introducción de nuevas tecnologías debido a preocupaciones de
seguridad [Mufarreh et al., 2021], la percepción de que es un privilegio
inmerecido para los reclusos y el temor a una alteración de las estructuras de
autoridad.
● Existe
una preocupación sobre la opinión
pública y la percepción de que el acceso a la tecnología por parte de los
presos es un privilegio injustificado [Hadlington-Knight, 2022; Jewkes, 2007;
Pratt, 2007]. Es crucial garantizar la seguridad adecuada y demostrar
resultados verificables en términos de reducción de la reincidencia para
obtener apoyo público.
● Existe
una falta de políticas claras y
coordinadas con respecto al acceso a la tecnología y la educación digital
en las prisiones y durante el proceso de reingreso [Pulido, 2023; Zivanai &
Mahlangu, 2022].
● La
legislación desactualizada puede generar problemas en el campo. La legislación
española, por ejemplo, es de 1996 y no contempla el uso de Internet ni el
concepto de digitalización en el ámbito penitenciario, lo que representa un
desafío para la implementación de la educación digital [Pulido, 2023].
Estas tienen limitaciones para
invertir en infraestructura nueva, teniendo en cuenta las condiciones de
precariedad y hacinamiento que viven las PPL hoy en día, podríamos presuponer
que existirían restricciones presupuestarias y de opinión pública para buenas
prácticas de digitalización en entornos carcelarios, como la de los modelos nórdicos[1]. La
falta de espacio, el hacinamiento de las celdas, la falta de funcionarios, las
instalaciones inadecuadas y la falta de recursos básicos son temas comunes del
sistema carcelario del Uruguay que NO existen en los contextos de mejores
prácticas presentes en la literatura especializada.
Ello no quita que, además, tengamos una serie de debilidades importantes en cuanto a la digitalización del sistema penitenciario que no se vinculan con lo financiero. En primer lugar, carecemos de información sobre regulaciones y prácticas aceptadas por las autoridades en los diversos Módulos y Unidades. No conocemos cómo, cuándo y para qué las PPL usan las TIC, en qué centros están premitidas ni con qué nivel, etc. Es probable que el aspecto digital no este aún considerado en el diseño global del sistema.
¿Qué
sabemos sobre cómo usan Internet las PPL?
Gracias al Dispositivo de Detección
Temprana de Analfabetismo (Aplicación 2024), que fue aplicado en el segundo semestre de 2024 (luego de
un pequeño pre-test en junio de dicho año), tenemos algunos datos[2].
Es claro que las condiciones finales
de la aplicación del instrumento no fueron las ideales[3] para un
estudio estadístico de las características sociodemográficas, de niveles de
alfabetización, o de competencias digitales para la población de PPL. Sin
embargo, las condiciones de las PPL distan de ser las ideales en términos generales,
y el esfuerzo del PNEC y su equipo técnico permiten realizar un diagnóstico
razonable sobre el analfabetismo en dichas unidades y, sobre todo, la primera
gran muestra de PPL en el país que permite conocer su nivel de uso de Internet
y de competencia digital, así como diversos predictores de los mismos[4].
En términos globales, casi 8 de cada
10 PPL (78%) se consideraban usuarios de Internet[5], un 17%
que no lo era, y un 5% decidió no contestar. Al igual que en la población
residente en hogares no colectivos (p.ej. EUTIC 2022), estos porcentajes varían
enormemente en función de la edad y nivel educativo, pero podemos encontrar
algunas diferencias entre ambos datos.
Las
comparaciones entre la EUTIC 2022 y la Aplicación 2024 no son exactas
(diferencias de edad, año de recolección y pregunta específica), pero las estadísticas oficiales
señalan que un 90% de los uruguayos que no son PPL (de 14 y más años, y que
residen en hogares particulares) son usuarios de Internet versus un 80% de los
mayores de edad que sí lo son. Entre los 20 y 49 años, la EUTIC señala que el
100% de los uruguayos son internautas (que usaron Internet hace 3 meses o
menos), mientras que en la Aplicación 2024 muestra que entre un 78% y 84% de las PPL considera que lo
son.
Pero quizás lo más interesante o sea el estudio de las habilidades o competencias digitales de las PPL[6]. El instrumento presentó doce afirmaciones relativas a habilidades digitales de diverso tipo (operacionales, sociales, informacionales y de seguridad/privacidad), para permitir aproximarse al concepto -latente- de habilidades digitales[7].
Para el análisis de esta dimensión se generó una medida resumen (suma simple de los ítems) que cumple con diversas medidas de calidad psicométrica del constructo[8], para luego analizar los factores asociados a diferencias en el nivel de habilidades digitales de las PPL. Esta medida de competencias digitales tiene un mínimo de 0 y un máximo de 48. Se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple (OLS) tomando como variable dependiente el resumen de habilidades digitales, utilizando como predictores diversas variables demográficas y socioeconómicas, del centro de reclusión y la autopercepción de uso de Internet.
A modo de resumen, y no aburrir
tanto con coeficientes específicos, los predictores estadísticamente
significativos del nivel de competencias digitales dentro de prisión parecen
ser los mismos que la literatura señala fuera de muros (Dodel, 2021). Controlando todos los demás factores las mujeres privadas de libertad tienen
casi 4.5 puntos más en la escala de habilidades que los hombres. También la
edad y el nivel educativo, como es esperable, son factores de peso: cada año de
edad reduce en 0.29 puntos el puntaje de competencias digitales; mientras que
cada año de educación formal aprobada lo incrementa en 0.91. Quienes obtienen
un puntaje de “correctísimo” en la aplicación de alfabetización tienen en
promedio 2.5 más puntos que los que tuvieron un puntaje insuficiente, 1.89 si
solo alcanzaron hasta “correcto” (versus insuficiente). En lo que refiere a las
variables del sistema carcelario, encontrarse actualmente estudiando no parece
tener un efecto de significativo en el nivel de habilidades digitales, mientras que
encontrarse en un centro “verde” o de tipo 3 versus uno “amarillo” o de tipo 2,
sólo lo es si consideramos el modelo sin uso de Internet. Es importante
consignar que no resulta difícil imaginar que las desigualdades con los centros
de tipo 1 sí sean significativas.
Por último, y siendo esto bastante
“obvio”, quienes se consideran usuarios de Internet tienen mucho mayor nivel de
competencia digital, 13.7 puntos más si controlamos por los demás predictores.
Recordemos que la pregunta refiere a percepción y no uso efectivo, ni a su
frecuencia de uso.
Conclusiones y reflexiones
finales: ¿Cómo avanzar hacia una digitalización de las cárceles uruguayas?
A modo de cierre, proponemos una serie de premisas -siempre con un
enfoque gradual y localizado en la realidad local- para avanzar sobre una
posible política carcelaria que contemple la dimensión digital.
Tal como mencionamos, la prioridad
de todo el sistema debería ser el aseguramiento de los derechos humanos básicos
de las PPL, por lo que los objetivos primeros deberían ser la reducción de la
sobrepoblación, la mejora en la infraestructura y el brindarle a las PPL los
servicios básicos. Sin embargo, de forma progresiva y paralela, es posible
introducir tecnología digital en la vida de los PPL; más si la consideramos
como parte de los derechos humanos básicos o componentes claves de la inclusión
social (símil Índice de Pobreza Multidimensional del INE).
El
proyecto Smart Prison (Finlandia) es un interesante estudio de caso para tener
en cuenta. Hämeenlinna, Finlandia, fue la primera ciudad en donde comenzó el
proceso de digitalización de una cárcel de mujeres. Cada celda, individual para
cada mujer, tiene una computadora, que les permite a cada una enviar mensajes,
hacer videollamadas con sus amigos/as y familia, acceder a diversos servicios,
y navegar -de manera restringida por las autoridades carcelarias- a Internet:
pueden estudiar, comprar en línea y utilizar un número reducido de herramientas
digitales básicas. A su vez, tanto las mujeres privadas de libertad como los
funcionarios penitenciarios recibieron capacitaciones sobre las TIC para
abordar los distintos programas.
Por
más que sea reiterativo que querramos ser como Finlandia pero no lo somos,
tomar una mejor práctica como guía parece muy sensato. Como guía pero no como
plano: existen claras limitaciones estructurales de implementar características
de un sistema como el de Smart Prison en un contexto como el uruguayo, donde el
promedio de los centros penitenciarios tienen un 120% de hacinamiento.
De
todas formas, es más razonable pensar escenarios donde las TIC se prioricen
para objetivos educativos (hasta constituyendo otro incentivo para sumarse a
estos programas) y de rehabilitación. La posibilidad de incluir y
-relativamente- masificar plataformas de educación online, así como programas
de formación profesional, podría incrementar sustantivamente el número de PPL
que accedan a estos beneficios.
Además,
la introducción de videollamadas con familiares y allegados podría ser clave en
la salud mental de PPL, teniendo en cuenta la importancia de los vínculos para
la calidad de vida dentro de muros y en su posterior proceso de rehabilitación.
Sin embargo, esto no debería de servir como excusa para reducir los espacios de
visita presenciales.
En
paralelo, cualquier tipo de iniciativa digital debería estar acompañada con
capacitaciones al personal, para asegurar que las TIC se utilicen de forma
segura y efectiva y sean aceptadas por este grupo de actores clave del sistema.
Por último, la formación en TIC en
sí mismas parece ser otro mojón clave. Su relevancia para el ejercicio de
ciudadanía en el siglo XXI coloca en desventaja a quienes salen de las cárceles
y prisiones con bajo nivel de competencia digital. Sea para realizar un trámite
con el estado, aplicar a un empleo, pedir un préstamo o gestionar las cuentas
del banco, consumir contenido o crearlo; si no fromamos en competencias
digitales estamos recargando a las PPL liberadas con un tipo de barrera o
exclusión social adicional…algo que no parece para nada sensato en términos de
derechos.
Pero más allá de las discusiones
sobre el camino y las focalizaciones, entre las miles de deudas con las PPL que
tenemos como país, deberíamos agregar el incluir de esta nueva dimensión de la
desigualdad humana en la forma de pensar y hacer política pública. No es tan
arriesgado decir que la forma en la que tratamos a las PPL sea quizás sea el
mayor desastre en tema de derechos humanos (y seguridad, y decenas de problemáticas más) de nuestro
país.
Bibliografía
Barkworth, J., Thaler, O., & Howard, M. (2022).
Implementing digital technologies in prisons: Inmate uptake and perceived value
of in-cell digital tablets. Sydney: Corrections Research Evaluation and
Statistics.
Barreiro-Gen, M., & Novo-Corti, I. (2015).
Collaborative learning in environments with restricted access to the internet:
Policies to bridge the digital divide and exclusion in prisons through the
development of the skills of inmates. Computers in Human Behavior, 51,
1172-1176.
Blomberg, M., Altschwager, D., Seo, H., Booton, E.,
& Nwachukwu, M. (2021). Digital divide and marginalized women during
COVID-19: a study of women recently released from prison. Information,
Communication & Society, 24(14), 2113-2132.
Buchmueller, Sandra (2011). Bridging the gender and generation gap by ICT applying a participatory
design process.
Comisionado
Parlamentario (2023). Informe anual Adelanto. Situación del sistema carcelario
y medidas alternativas. Parlamento del Uruguay.
Dodel, M. (2021) Socioeconomic Inequalities and Digital Skills.
In Rohlinger, D.D & Sobieraj, S. (Eds.) The
Oxford Handbook of Sociology and Digital Media. Oxford
University Press: Oxford, UK. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780197510636.013.30
Dodel, M. & Brandino, L. (2021, Diciembre). Competencias digitales: cómo se
definen, entienden y miden (Working Paper N°1 Grupo de Trabajo de Ciudadanía
Digital, Uruguay). https://doi.org/10.22235/cd/md.lb/2021
Hadlington, L., & Knight, V. (2022). Public acceptability of
prisoners’ access and use of digital technologies in the UK. The Prison Journal, 102(2), 237-255.
Herrera, Carmen, y Expósito,
Francisca (2010). Una Vida entre Rejas:
Aspectos Psicosociales de la Encarcelación y Diferencias de Género.Psychosocial
Intervention, 19(3), 235-241. Recuperado en 17 de abril de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592010000300004&lng=es&tlng=es
Hofinger, V., & Pflegerl, P. (2024). A reality check on the
digitalisation of prisons: Assessing the opportunities and risks of providing
digital technologies for prisoners. Punishment & Society, 26(5), 898-916.
Järveläinen, E., & Rantanen, T. (2021). Incarcerated people’s
challenges for digital inclusion in Finnish prisons. Nordic Journal of
Criminology, 22(2), 240-259.
Jewkes, Y., & Reisdorf, B. C. (2016). A brave new world: The
problems and opportunities presented by new media technologies in prisons. Criminology & Criminal Justice,
16(5), 534-551.
Medina, Ferley y García, Edisney
(2017). Las TIC, estrategia de
resocialización para las personas privadas de la libertad. Corporación
Universitaria del Huila.
Mufarreh, A., Waitkus, J., &
Booker, T. A. (2022). Prison official perceptions of
technology in prison. Punishment & Society, 24(3), 410-432.
Pia Puolakka (2021). Towards
digitalisation of prisons: Finland 's Smart Prison project. Penal Reform
International. https://www.penalreform.org/blog/towards-digitalisation-of-prisons-finlands-smart-prison-project
Pia Puolakka (2021). Smart prisons in Finland 2021. EuroPris. https://www.europris.org/news/smart-prisons-in-finland-2021/
Pia Puolakka (2023). Smart prison solution adopted in two more prisons in Finland.
Rikosseuraamus. https://www.rikosseuraamus.fi/en/index/topical/pressreleasesandnews/2023/smartprisonsolutionadoptedintwomoreprisonsinfinland.html
Pulido, M. L. (2023). Challenges to the educational “digital divide” in
Spanish prisons. European
Journal on Criminal Policy and Research, 29(2), 263-281.
UNODC (2022). Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Reisdorf, B. C., & DeCook, J. R. (2022). Locked up and left out:
Formerly incarcerated people in the context of digital inclusion. New Media
& Society, 24(2), 478-495.
Reisdorf, B. C., & Jewkes, Y. (2016). (B) Locked sites: cases of
Internet use in three British prisons.
Information, Communication & Society, 19(6), 771-786.
Reisdorf, B. C., DeCook, J., Foster, M., Cobbina, J., & LaCourse, A.
(2022). Digital reentry: uses of and barriers to ICTs in the prisoner reentry
process. Information,
Communication & Society, 25(14), 2028-2045.
Romero, Velvet (2017). Sexualidades recluidas. deseos clandestinos,
género, sexualidad, violencia y agencia en situación de reclusión. Tesis de
doctorado. Ciudad de México: CES, El Colegio de México).
Seo, H., Britton, H., Ramaswamy, M., Altschwager, D., Blomberg, M.,
Aromona, S., ... & Wickliffe, J. (2022). Returning to the digital world:
Digital technology use and privacy management of women transitioning from
incarceration. new media & society, 24(3), 641-666.
Thaler, O., Barkworth,
J., & Howard, M. (2022). Implementing digital technologies in prisons: A
qualitative study of inmate experiences. Sydney: Corrections Research
Evaluation and Statistics
Zivanai, E., & Mahlangu, G. (2022). Digital prison rehabilitation
and successful re-entry into a digital society: A systematic literature review
on the new reality on prison rehabilitation. Cogent Social Sciences, 8(1), 2116809.
[1] Finlandia, por ejemplo, comenzó a finales del 2018 un
Proyecto llamado Smart Prison, que tiene como fin introducir las TIC en los
entornos penitenciarios y digitalizarlas, utilizándose para la rehabilitación,
la educación y posterior integración de las personas privadas de libertad.
[2] Es importante contextualizar que este es un instrumento
diagnóstico más que estadístico, y que la muestra tomada en la aplicación 2024
no puede considerarse estadísticamente representativa de las PPL. No obstante,
dado su tamaño y relativa distribución en unidades/módulos con condiciones
inhumanas, permite aproximarse a la realidad digital de algunos de los círculos
del infierno menos profundos de nuestro sistema carcelario.
[3] El informe de aplicación 2024 señala que, de un universo de
casi 16 mil PPL adultas (datos del Instituto Nacional de Rehabilitación al
31/08/2024), cerca de un cuarto (4651) estaban alojadas en las unidades
relevadas en la edición 2024 del dispositivo. Sin embargo, las tasas de
participación en cada unidad fueron dispares (con un mínimo de 7% y un máximo
de 100%), realizándose las pruebas completas únicamente a 1784 personas (cerca
de un 40% del total de las PPL de dicha muestra)#. Es importante
resaltar que esta muestra no recaba ningún módulo penitenciario de tipo 1
(tratos crueles, inhumanos o degradantes), mientras que un 70% de las PPL se
encontraban módulos de tipo 2 (con condiciones parciales pero insuficientes
para la integración social), y un 30% en módulos del tipo 3 (con oportunidades
para la integración social). La forma de
aplicación del instrumento también fue dispar, en ocasiones mediante visitas
del equipo técnico del proyecto, en otras por funcionarios penitenciarios
previamente capacitados en la aplicación.
[4] Para realizar el análisis aquí presentado
se accedieron a los microdatos de la Aplicación 2024 a través de la firma de un
acuerdo con la PNEC garantizando la anonimización de las PPL involucradas en
este análisis. El diseño del módulo de uso de Internet y competencias digitales
fue asesorado por Matías Dodel, pero realizado por el equipo del PNEC.
[5] ¿Por qué preguntar sobre
si se “consideraban” usuarios de Internet y no si utilizaban esta tecnología?
Entre las enormes ventajas de hacer pre-test de encuestas y cuestionarios, está
escuchar a la voz y percepciones de los sujetos del estudio. La población PPL
pre-testeada explicitó reparos en explicitar una conducta ilegal dentro de
grandes sectores sistema penitenciario, así como el miedo a represalias (p.ej.
redadas) que pudieran dañarles o quitarles su conectividad digital. Por eso, se
optó por una pregunta más ambigua. Obviamente, existen riesgos y dificultades
asociadas a esta estrategia metodológica. Nuevamente, es la solución menos
terrible en un contexto de aplicación lejos del ideal.
[6] A diferencia de lo sucedido con el caso de la lectoescritura
y matemáticas, las competencias digitales no fueron evaluadas por una prueba
técnica, sino por una escala de autoevaluación inspirada en la escala Internet
Skills Scale (ISS) y sus aplicaciones en los cuestionarios de DiSTO, Global
Kids Online, ySKILLS y hasta la propia EUTIC (Dodel & Brandino, 2021). Las
escalas originales tienen la ventaja de contar con buenas propiedades
psicométricas tanto para los países originales como para las aplicaciones en
Uruguay (fundamentalmente DiSTO, Kids Online Uruguay y EUTIC).
[7] Los ítems indagados fueron: “Sé cómo almacenar archivos y
fotos en la nube (ejemplo: Google Drive)”; “Sé cómo hacer para que mi perfil o
usuario sea privado como para que no puedan ver lo que comparto”; “Me es fácil
darme cuenta si la información que busqué en Internet es verdadera”; “Sé cómo
subir videos o música que hice yo mismo/a”; “Sé cómo instalar aplicaciones en
un celular o Tablet”; “Sé cómo comprar una aplicación/app o pagar para usar un
juego en Internet”; “Sé cómo darme cuenta cuando las noticias, videos o publicaciones
que veo en Internet son publicidad”; “Sé cómo deshabilitar la configuración de
ubicación en mi teléfono celular”; “Sé cómo enviar archivos adjuntos en correos
electrónicos”; “Sé cómo usar fórmulas en una hoja de cálculo (ejemplo: Excel)”;
“Sé qué palabras son las mejores para buscar un tema en Internet”; “Sé usar
contraseñas largas o complejas para mis cuentas o sitios importantes”. Para
cada ítem, las PPL debieron de responder en una escala de acuerdo (buscando
evitar la deseabilidad social de las de tipo “sé hacer esto/no sé hacer esto”),
que puede ser reordenada de la siguiente forma: 0 “No sé qué quiere decir
esto”, para luego ir del 1 “Nada cierto para mi caso”, 2 “Poco cierto para mi
caso”, 3 “Bastante cierto para mi caso”, a 4 “Muy cierto para mi caso”, así
como una opción de no respuesta (“Ns/Nc”) recodificada como perdida.
[8] Luego de validar las propiedades psicométricas del
constructo latente “competencias digitales” formado por la combinación de estos
ítems a través de diversas metodologías (Exploratory Factor Analysis,
Exploratory Graph Analysis, Item Response Theory), es posible sostener que el
constructo resultante es unidimensional y con indicadores de ajuste por encima
de los umbrales estándar en la literatura (RMSEA, TLI, BIC, entre otros). En
criollo, y para simplificar los análisis y su interpretación, una suma simple
de los ítems es más que razonable como medida de competencias digitales (tiene
una correlación de .95 con los puntajes predichos por un modelo unidimensional
ordinal de IRT).
