La retórica del debate educativo uruguayo.
Por Pablo Menese Camargo
Cuando se estaba armando el calendario R&P 2025, pedí esta fecha para poder comentar lo que estaba pasando a principios de clase, y tratando de levantar y discutir el debate que se estuviera dando respecto al nuevo rumbo en educación del gobierno. Por la razón que sea me falló el timming, así que voy a aprovecharme para adelantarme a tres argumentos que aparecen en Uruguay cada vez que alguien trata de pensar un sistema educativo diferente. A saber: i) privatización de la educación; ii) mercantilización de la educación; y iii) bajar el nivel de contenidos en contra de las recomendaciones de las ATD y las salas de los colectivos docentes de disciplina-que-le-guste autoconvocados. Así que sin mucho más: ¡AURA!
La privatización de la educación.
Esta debe ser de las muletillas más escuchadas y leídas. Así como la película Hook nos enseñó que cada vez que alguien dice “no creo en las hadas”, en algún lugar muere un hada, la historia de las reformas y los debates educativos en el Uruguay de los últimos 40 años nos han enseñado que cada vez que, a alguien, desde cualquier parte del espectro político se le ocurre proponer algo distinto en la ANEP, en algún lado, algún docente grita PRIVATIZACIÓN.
Pero ¿qué es esta privatización? Bueno, en términos simples, buscando lo que hay por Uruguay, se encuentran trabajos del Departamento de Educación de Humanidades donde distingue tres tipos de privatización: i) privatización exógena, cuando los agentes privados se integran a prestar servicios educativas; ii) privatización endógena, cuando se incluyen dinámicas del mundo privado en la educción, por ejemplo evaluaciones estandarizadas; y iii) privatización a través de política educativa, cuando actores privados como ONGs, think tanks, o algún académico a través de Razones y Personas, se le ocurre opinar en educación promoviendo agendas, programas, o políticas educativas (Bordoli et al., 2017).
Desde este punto de vista, los responsables de los diferentes tipos de privatización puede ser el Estado a través del MEC, o sus legisladores, permitiendo la existencia de la educación privada, y/o financiando por exoneraciones impositivas a la educación privada, y por lo tanto permitiendo la privatización exógena. Los responsables de la privatización endógena vendrían siendo la división de planificación educativo de ANEP, CODICEN, el Ineed, la OCDE, o los partidos políticos, que impone indicadores, y estándares curriculares y de funcionamiento que provienen del mundo privado. Mientras que los think tanks como Eduy21, o las fundaciones como 3F, además de promover formas de privatización endógena, tambien inciden en las formas de privatización a través de política educativa.
¿Logran encontrar alguna constante entre los actores y los procesos asociados a la privatización? Exactamente, no figuran colectivos docentes, salvo aquellos docentes que o bien son acríticos, o viven su profesión de manera individual, o participan como expertos promovidos por los think tanks, o aceptan cargos o funciones privadas con fondos públicos, o cuando se promueve discursos que desfavorecen al sistema público. Básicamente, siempre que un docente no actúa junto con la voz gremial de los docentes. Y digo gremial y no institucional, puesto que han existido consejeros docentes tanto en ANEP como en MEC, pienso en varios muy de izquierda, que han sido expulsados de su sindicato por actuar en contra de lo que estaban promoviendo en ese momento.
La mercantilización de la educación.
En el campeonato de las Reforma Educativa Uruguaya, la mercantilización es esa bolilla fría que aparece cada vez que alguien habla del perfil de egreso de los estudiantes. Es un poco la prima hermana de la privatización, y cuando aparece una, suele aparecer la otra. ¿Por qué? Básicamente la mercantilización de la educación es todo lo que transforme cualquier cosa, con un fin de lucro. El problema -se suele argumentar- es que la lógica educativa y pedagógica deja de ser un fin en sí mismo, para pasar a ser un medio, orientado al lucro, lo que pervierte la acción educativa. Por lo tanto, cada vez que avanzan los procesos de privatización, atrás hay intereses de mercantilización.
En general, los responsables de la mercantilización suele ser un muy amplio conjunto de actores, alguno de los cuales -se dice- suelen ocultar sus motivos bajo excusas. Pero una constante, es que todos los actores que promueven la mercantilización suelen desprestigiar el sistema educativo público, promoviendo a la educación privada como la solución.
Entre los principales actores que promueven la mercantilización encontramos nuevamente think tanks, organismos internacionales, algunos partidos políticos (de derecha), los medios, los legisladores que no controlan lo suficiente el avance de lo privado, y, en definitiva, todo lo que desplace el sentido público de la educación, a lógicas de competencia y rentabilidad.
Bajar el nivel.
Esta preocupación surge cuando se considera que el nivel de la propuesta académica está siendo puesta en jaque, relativizando el valor del conocimiento académico, remplazando la formación solida y rigurosa, que pone por delante otras agendas, diluyendo la lógica académica como eje estructurante de la acción educativa.
En el Bingo Reforma esta bolilla no aparee tan seguido, yo lo he observado dos veces: en la Reforma Rama, y en la Transformación Educativa. En ambos casos, el debate estaba articulado sobre el enfrentamiento de un modelo competencial o por áreas (potatoes-patatas), y el viejo y querido modelo asignaturista uruguayo. En teoría, el modelo competencial, que no ha estado promovido por los docentes agremiados -y en consecuencia es privatizador y mercantilizador- ha desplazado el rigor académico, por dinámicas que buscan lucrar con la educación, ya sea para formar una fuerza laboral funcional al sistema productivo, como para que algún privado gane dinero con la matrícula de alguna formación de moda.
Concretamente durante la última Transformación Educativa, la última linea de resistencia contra la perdida de nivel académico, estaba representada por las ATD, como ese espacio nacional de participación docente creado en la Ley de Educación de 1986, que a partir del 2008 se transforman en espacios de asesoramiento en materia educativa no prescriptivos. Tambien han aparecido grupos de docentes autoconvocados por disciplinas, que hacen una defensa un poco más cerrada que las ATD, en la medida que estos colectivos problematizan la fusión de materias, o la perdida de horas en cierta asignatura, o la perdida de contenidos de cierta asignatura.
¿Cuál es mi problema con todo esto?
Siempre he visto 1/9 de vaso lleno, y 8/9 de vaso vacio en todos estos argumentos. Así que déjenme empezar por lo que creo que estaría bueno considerar del mantra de la trinidad anti-reforma: privatización, mercantilización, y bajar el nivel.
Existe un problema en orientar la curricula escolar en torno a un sector productivo cualquiera, porque hay cosas que son un boom y pasan, y no contribuyen al desarrollo país, sino que promueven una educacion obsolescente, con mano de obra poco calificada. Esto sería como que en los 80s se formara para enseñar padel (no puedo creer que haya vuelto), en los 90s a arreglar VHS, y en los 2000s a administrar programas de Ciber Café. Haber invertido en estos sectores, con todo el dinamismo y empleabilidad que parecían tener, es atar la inversión de capital humano país a modas, que cuando pasan, dejan mucha obsolescencia, y en consecuencia mucho desempleo. Evidentemente esto desprestigia al sistema educativo, en virtud de que parece que enseña cosas que a nadie le importan. Sin embargo, eso es algo muy diferente a querer desarrollar pensamiento computacional, o querer promover mujeres en las ciencias (básicas, porque en todo lo demás son abrumadora mayoría), o querer hacer énfasis en el desarrollo de I+D en sectores estratégicos como el agro, los servicios, o lo que usted quiera.
Tambien existen problemas de privatización, y siempre existe el peligro de gestionar los centros educativos como un tablero de control, afiliados a la llamada tiranía de la métrica, donde el presupuesto asociado a resultados, terminan desplazando el proyecto pedagógico, por una formación orientada a buenos score en las pruebas estandarizadas. Y si bien los ejemplos internacionales de esto abundan, en Uruguay hemos logrado evitar este tipo de prácticas, aunque en el camino tambien hemos trivializado bastante los estudios de factores asociados, lavando de toda cosa interesante a los del estado de situación de la educación del Ineed, o los informes PISA de ANEP, muy cuidadosos para que nadie se enoje. Parecen elefantes en cristalerías.
Todo lo demás no me convence por diferentes razones. No puede ser que todo sea privatizador, como si no existieran alternativas de cambio que fortalezcan el rol de lo público. No puede ser que explícitamente eduquemos de espalda a las necesidades del mercado laboral, como si nadie esperara eso del sistema educativo. No puede ser que creamos que tenemos una curricula tan increíble, tan acabada, tan perfecta, que no existe espacio para ninguna restructura curricular. Este argumento me convence mucho menos, cuando pienso que el objetivo curricular de la Secundaria durante los últimos 100 años ha sido pre-universitario. Por eso cuando escucho que se “baja el nivel” siempre me pregunto con respecto a que ¿con respecto a enseñarle italiano a los estudiantes de humanista y derecho porque los textos de la facultad de derecho alguna vez estuvieron en italiano? ¿Por qué la aproximación que la ANEP realiza a la filosofía es la máxima expresión curricular promotor de la emancipación y únicamente se puede desplegar con la cantidad exactas de horas que existen hoy? Yo desconfio (sin tilde).
Pero además, creo que hay muchos supuestos que son difíciles de sostener en la trinidad privatización, mercantilización, y bajo nivel, entre los que destaco: i) las razones espurias y diabólicas de cualquier privado (entre los que estamos todos los que no seamos ANEP) por promover agendas o programas educativos; ii) las razones humanistas e inmaculadas de todo el colectivo docente público; iii) las falsas dicotomías entre buenos y malos; iv) las falsas dicotomías sobre el nivel académico asociado a competencias o disciplinas; v) la sobreestimación del rol purificador de las ATD, como si fueran concilios pedagógicos infalibles, cuando muchas veces han operado como cajas de resonancia gremial más que como espacios de innovación o deliberación plural; viii) la creencia de que toda propuesta de reforma es necesariamente privatizadora o mercantilizadora, como si no pudiera haber cambios, con sentido público y objetivos progresistas; ix) que el lucro sea algo diabólico, como si uno no debiera ganarse el pan, solo por tener una vocación en educación y no lograr financiamiento estatal directo; x) que cualquiera que este por fuera de la ANEP -y más concretamente no alineado con posturas gremiales- está atentando contra el sistema, y esto incluye a la sociedad civil, ya que es una forma de privatización ¿verdad?; xi) tenemos una curricula tan perfecta y tan acabada, que sería peor eliminar horas o contenidos, que seguir perdiendo al 50% de la matricula por cohorte; y xii) no se puede opinar si no se es docente de ANEP, lo que para mi equivale a decir que no se puede ser astrónomo sin ser astronauta.
En mi opinión todos estos problemas surgen por sostener agendas articuladas en torno a principios normativos, queriendo pasarlos como verdades técnicas, y no como lo que son: posturas políticas corporativas. ¿Está mal? No, para nada. Es razonable que los diferentes colectivos se agrupen y reclamen en torno a sus intereses, como los docentes, que trabajan en condiciones sumamente precarias, con muy poco reconocimiento social por su tarea, y con muy poco reconocimiento profesional de su trabajo. Sería una locura -por no decir ilegal- que no existiera un colectivo docente -o varios- que puedan expresar sus necesidades, completamente influenciadas por su saber técnico, y por sus vivencias cotidianas, que modelas sus intereses como colectivo. Lo que sí esta mal, es entrar al debate público, queriendo convencernos de que cualquier cosa, por fuera de la construcción colectiva política programática de los docentes, es malo por naturaleza, sin necesidad de mediar ningún debate, y estableciendo un decálogo axiomático indemostrable altamente normativo, con muchos adjetivos, personalización, des-sindicalización, y grandes etcéteras.
Sin embargo, creo que las verdaderas razones para cuestionar esta agenda no son únicamente los problemas, contradicciones y consecuencias de sus supuestos. En cambio, tiene que ver con dos cuestiones mucho más esencialistas: ¿quién decide en educación?, y ¿educación para qué?
Más allá de la crítica: educación y bienestar social.
Hasta donde sabemos, se viene un nuevo Congreso Nacional de Educación, que va a contribuir en la agenda educativa del quinquenio. Para el que necesito hacer algunos breves apuntes adicionales, que considero que termina de desarmar la retorica de la trinidad anti-reforma, y trata de evitar la decena de problemas y descontentos del Congreso Nacional “Julio Castro”, de la que nace la Ley de Educación de 2008 (Diaz, 2015).
Al sistema educativo no dejamos de exigirle que sea un catalizador de la movilidad social, que redistribuye oportunidades educativas y que tiene fuertes externalidades positivas tanto a nivel individual como para toda la sociedad. A nivel individual, acumular años de escolarización incrementa las chances de más y mejor acceso al bienestar en el futuro. Desde el punto de vista de toda la sociedad, el sistema educativo es una inversión en capital humano que se traduce en una población económicamente activa competitiva a nivel regional, así como el método para realizar ciertos énfasis en algunos sectores productivos, científicos, o sociales que se quiera desarrollar a nivel pais.
En general los críticos -corriente hegemónica en la profesión docente y las humanidades en educación- suelen estar de acuerdo con la externalidad a nivel individual. Aunque lo expresan en términos más idealistas que yo, invocando un humanismo -en mi opinión utópico- que busca la liberación, la emancipación, y un sentido crítico, lo que en la práctica muchas veces se confunde con enseñar y trabajar con teórica critica. Y al mismo tiempo, no suelen estar de acuerdo con mi segunda afirmación sobre las externalidades colectivas por tres razones: i) suelen decir que es una forma de privatización; ii) suelen argumentar que formar para el mercado laboral es replicar un sistema injusto ¿digámosle capitalismo?; y iii) que se termina mercantilizando la educación, haciendo la curricula funcional a los intereses de algún lobby, sector productivo, o clase social.
Esto no implica que las corrientes críticas no tengan un objetivo colectivo de superación y bienestar. Simplemente consideran que fomentar las formas, y las lógicas productivas y administrativas del sistema actual, es perpetuar sus desigualdades. En consecuencia, la orientación deontológica de la perspectiva critica suele visualizar un futuro superador, al que se accede emancipando a los estudiantes de su inmediatez, generando una mirada crítica, para que sean actores de cambio social.
El problema es que mientras que uno se transforma en un agente de cambio social tiene que comer. Y en Uruguay, el sistema de protección social no-focalizado, a partir de los 18 años y sin hijos es contributivo, lo que significa que está atado a la calidad y tipo de empleo. Aquellos que nacen en hogares donde existe mucho capital económico financiero o físico, pueden acceder al sector privado para gestionar los principales eventos que transita un joven adulto. Aquellos que nacen en hogares donde no existe capital económico financiero o físico -la gran mayoría de los jóvenes de este pais- únicamente cuentan con el activo que obtienen cuando invierten en escolarización. Hacer que esto no sirva fuera del sistema educativo -diferente de entrar en la universidad- es condenar a todos aquellos que nacen con poco, a salir a la adultez con nada. Así que o bien pensamos jubilaciones para los egresados de la Educación Media, o bien nos imaginamos una educación que pueda contribuir a la protección social de los jóvenes adultos.
Y eso que trate de ir por una buena versión argumental, porque tambien podría señalar que la UTU existe hace 100 años, y a nadie se le ocurre decir que mercantilizan o algo así, acumulando muy buenos resultados de retención y egreso en la Educación Media Superior. Sin embargo, cada vez que hemos pensado en reformas de la Educación Media, torcemos a la UTU para que se parezca a la Secundaria. Cuack.
Entonces de poco importa que exista una comisión de protección y seguridad social, integrada de manera multipartidaria y toda la brillantina que se les ocurra, que junte la Ley Lustemberg desde el MSP, con el Ministerio de Trabajo y que trate la protección de infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas, y regímenes de jubilación y pensión. Porque blindar los primeros 3 años, la protección de la PEA, los cuidados, y el régimen de retiro, sin observar lo que pasa en nuestro único agente de bienestar universal, que tiene el poder de redistribuir oportunidades educativas, lo que se traduce en mayor acceso al bienestar, a mi me parece minimo, algo miope. ¿Cómo hablar de la protección social de la PEA y sus dependientes -que está directamente asociada a la calidad del empleo- sin considerar las habilidades de la PEA? No sé.
Este reclamo por un sistema educativo con una misión más amplia de la actual es un reclamo social desde Florencio Sanchez cuando escribió M´hijo el dotor en 1903, hasta el día de hoy. Después de todo la obra trata del desacople cultural entre un doctor que logro movilidad social ascendente, y su hogar de origen, que se esforzó para que su decendencia tenga movilidad social a través del sistema educativo. Y en la medida que el sistema educativo es un agente de bienestar social -antes que cualquier otra cosa- su diseño, visión y misión esta, debe estar, establecida por la ciudadanía, tanto de manera directa como en la forma de sus representantes. Es decir, todos somos parte de nuestro sistema educativo, todos tenemos derecho a reclamarle cosas a nuestro sistema educativo, todos tenemos derecho a promover agendas en nuestro sistema educativo, y esto no es privatizador, es republicano.
Los docentes representan una parte importante de nuestro sistema, pero no son la totalidad, no son recipiente de los reclamos ciudadanos, y poseen una visión estratégica del sistema educativo, que no necesariamente esta alienada todo el tiempo con los intereses nacionales. Pero tanto para los partidos políticos, como para la ciudadanía, ha sido mucho mas facil permitir, alimentar, y aceptar el monopolio docente sobre lo que debieran ser nuestros intereses país.
En algún momento creímos que el 4.5% del PIB era todo lo que necesitábamos. Esa época es un buen recuerdo de cuando creíamos que las necesidades -reales- de los docentes, coincidían con las necesidades -igual de reales- de la ciudadanía. Más de una década después, sabemos que aquello puedo haber sido una condición necesaria, pero estaba muy lejos de ser una condición suficiente, al menos para que no se caiga anualmente arriba del 50% de la matrícula por cohorte de egreso de la educación obligatoria. Las escuelas de tiempo completo, la alimentación escolar, el Plan Ceibal, y las evaluaciones externas, tambien son buenos ejemplos de que los intereses sindicales, ciudadanos, y las buenas prácticas educativas, no están necesariamente alineadas. ¿Sería momento de que como pais nos pongamos a pensar que queremos de la educación? Para esto necesitamos institucionalizar espacios que no sean grandes congresos esporádicos, no podemos seguir teniendo a las familias participando bajo la precariedad y arbitrariedad de las comisiones fomento.
No podemos seguir dejando a los docentes decidir solos, no podemos volver a caer en la retórica de la trinidad anti-reforma, ni permitirle al sistema político no empujar agendas de transformación educativa. La educación es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los docentes, de los políticos, o del mercado. Es hora de que la ciudadanía, toda, vuelva a disputar la educación como política pública.
Referencias.
Bordoli, E., Martinis, P., Moschetti, M., Conde, S., & Alfonzo, M. (2017). Privatización educativa en Uruguay: Políticas, actores y posiciones. Internacional de la educación. http://www.fenapes.org.uy/sites/default/files/2018-08/2017_EIResearchInstitute_Uruguay.pdf
Diaz, M. R. (2015). El proceso de elaboración de la Ley General de Educación 18.437: Apuntes para comprender la falta de apoyo en el marco de una apuesta incrementalista. XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, 41. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/10834
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