Vivir sin miedo Vs. El derecho a vivir en paz
Por Denisse Gelber & Luciano Alarcón
Escribimos esta nota mientras suena desde la calle “El derecho a vivir en paz” de Víctor Jara, nos llega una columna de Baltazar Garzón en contra del actuar de Piñera por las violaciones contra los derechos humanos constatadasi, y en cadena nacional, los ministros de Defensa (Alberto Espina) y Justicia (Hernán Larraín) justifican la represión militar y policial, mencionando que ellos están colaborando para que el “país recupere su normalidad lo antes posible”, pidiendo que seamos prudentes antes de juzgar su labor. Esto en el contexto de manifestaciones pacíficas multitudinarias que han atravesado las clases sociales y las distintas regiones de Chile, y que son reprimidas cada vez con más fuerza. Con bombas lacrimógenas, carros lanza-agua, fuerzas especiales, militares con metralletas y tanques de guerra paseándose por las callesii, detenciones irregulares, toques de queda nocturnos desde el sábado 19 de Octubre, más de 2000 detenidos, denuncias al Instituto Nacional de Derechos Humanos por vejaciones y torturas durante las detenciones, y 18 muertos políticos. Pero el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dice no tener ninguna responsabilidad política sobre estas muertes.
Es 24 de octubre y hoy es el 6to día que vivimos en Estado de Emergencia. Muchos se preguntarán qué pasó. Cómo un país ejemplar en términos de prosperidad económica dentro de América Latina, implotó. La explicación más clara la encontramos en una columna de Daniel Matamala, el pasado domingo, que los invitamos a leeriii. El estallido tiene su raíz en un “Basta de Abusos”, un “Basta” absolutamente justificado por la desigualdad estructural de un país en que para acceder a derechos básicos (salud, educación, vivienda) hay que pertenecer al 20% más rico de la población, porque hay que poder pagarlo. Un país con salarios mínimos y jubilaciones paupérrimas, en que el derecho a una vida digna se perdió hace tiempo para la vasta mayoría. Un modelo neo-liberal que fracasó y la clase política nunca empatizó, porque es parte de la élite que produce y reproduce este modelo día a día. Un gobierno que recurre a la violencia y represión en vez de ofrecer soluciones, que propone medidas parches demostrando una y otra vez su falta de comprensión del reclamo de un nuevo acuerdo social que pide la sociedad; un gobierno que propone el aumento del gasto fiscal (dependiente de un crecimiento económico inexistente por el contexto mundial, y por tanto a préstamos internacionales que solamente hipotecarán más las vidas de quienes viven en Chile) en vez de afectar a las empresas y la elite; y una oposición impresentable que no puede dialogar, acordar ni gobernar. En resumen, un caos sin liderazgo que no tiene miras de resolverse políticamente, ni pronto.
La sordera y ceguera de la clase política en su conjunto, y en particular del gobierno que busca volver a la normalidad, frente a una sociedad que reclama que la normalidad es injusta y que es imprescindible un cambio. El orden público se ha utilizado como excusa para acallar a la población, mientras la prensa lucha por balancear imágenes de saqueos y violencia civil respecto a la violencia policial y militar contra civiles desarmados.
Desde el gobierno se insiste que la represión es una respuesta al desorden, el mayor desde el retorno a la democracia. Pero parece no entender que el orden se recuperará cuando se ataque la raíz del descontento social, planteando reformas claras en materia de pensiones, salud, vivienda y educación.
¿Por qué esta reflexión resulta pertinente en el contexto de elecciones nacionales en Uruguay? El enfoque exclusivo en ordenar la casa y en aumentar la seguridad, es un parche que los políticos suelen utilizar y que el proyecto de reforma constitucional Vivir sin Miedo, que se votará este domingo, pretende abordar. En vez de enfrentar la raíz de los problemas, se buscan medidas que parecen ofrecer soluciones rápidas y eficientes a problemas de larga data que se han ido incrementando y empeorando con el tiempo (infantilización de la pobreza desde la década de los 80s, abandono educativo temprano sin mejoras sustantivas en los últimos 30 años, generaciones que han sido olvidadas y que contribuyen a una sociedad dividida en al menos dos). En este contexto, con 15 años de gobiernos de izquierda que no han podido responder a las raíces de la desigualdad, el escenario al que se enfrenta Uruguay es complejo, más aún considerando que más de la mitad de los uruguayos apoya un aumento de penas según los resultados preliminares de la Primer Encuesta de Punitividad presentados por Nico Trajtenberg en este mismo espacioiv.
Ahora bien, afrontar el incremento de la delincuencia, de los homicidios e índices de victimización, entre otras medidas, con una reforma constitucional requiere, a lo menos, una reflexión. En primer lugar, porque implica una limitación de derechos de carácter, precisamente, constitucional, no legal o administrativa, por lo que, junto con modificar la arquitectura normativa de mayor jerarquía del país (y de mayor importancia democrática), requiere de altos quórums parlamentarios y otro plebiscito para poder deshacerse. ¿Qué legislador intentará suprimir una reforma, ya en ejercicio, que haya tenido alta aprobación ciudadana, en el contexto de un parlamento sin mayorías partidarias y tan dividido como la sociedad que representa?
En segundo lugar, porque parte de supuestos debatibles:
● Define una norma similar para delitos de distinto orden y de distinta cautela de bienes jurídicos (homicidio, abuso sexual, rapiña y delito por tráfico de estupefacientes).
● Asume que la reclusión es el castigo más adecuado para una amplia diversidad de delitos (y propone el cumplimiento de penas en su totalidad, descartando la rehabilitación).
● Crea la Guardia Nacional, como un órgano de seguridad ciudadana de integración militar, cuyas definiciones asociadas y competencias son poco claras.
En tercer lugar, y como mencionamos anteriormente, por la peligrosa vaguedad de varias de sus premisas normativas que pone en entredicho no sólo la eficacia fáctica de sus medidas, sino también el resguardo de los derechos de toda la ciudadanía. Así, el proyecto de reforma plantea la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas que podrá aplicar cualquier tipo de medidas para atacar el crimen organizado y narcotráfico, sin distinguir las medidas a emplear ni aquellas organizaciones criminales a combatir, más allá de las asociadas al narcotráfico. Entonces, ¿tendrán cabida en esta iniciativa, como objeto a perseguir, realmente todas las manifestaciones de crimen organizado, como aquellas vinculadas a los delitos económicos, tales como los carteles y los monopolios? Creemos que no, dado la naturaleza de la Guardia, tal como lo plantea el proyecto. Por el contrario, considerando el tenor de algunas asunciones del proyecto de reforma, suponemos que quienes se verán más afectados por esta nueva milicia serán las personas más vulnerables y de menor nivel socio-económico.
Aquí proponemos algunas preguntas necesarias para evaluar el estándar jurídico y democrático del proyecto de reforma constitucional.
1. Artículo 1º – Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: “No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos”.
¿Qué quiere decir “fundadas sospechas”? ¿Cómo se acreditarán? ¿Cómo se garantizará la proporcionalidad entre el allanamiento y la restricción de los derechos fundamentales de quienes lo padezcan?
2. Entre las funciones de la Guardia Nacional, se define “Llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado.”
¿A qué se refiere con “todas las acciones necesarias”? ¿Cual es el verdadero alcance de la expresión “todas las manifestaciones de crimen organizado”?
3. Otra de las funciones de la Guardia Nacional es: “Participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo”.
¿Cómo prevendrán, disuadirán y reprimirán los agentes de la Guardia? ¿Qué facultades tendrán para ello? ¿Cómo se protegerán los Derechos Humanos de las personas que sean consideradas sospechosas? A fin de identificar las zonas conflictivas, ¿Qué se entenderá por alto índice delictivo? ¿Que delitos integran este índice?
A modo de cierre, Uruguay, al igual que Chile tiene derecho a vivir en paz, sin miedo a la delincuencia ni tampoco a la represión por parte del Estado. En ese orden, creemos que este proyecto de reforma constitucional, debido a la vaguedad de su estándar democrático y a la indeterminación de sus herramientas y efectos jurídicos, puede afectar los derechos civiles de toda la ciudadanía, generando un mal mayor y no una solución.
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i Ver: https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/24/carta-abierta-del-juez-baltasar-garzon-a-sebastian-pinera/
ii Ver: https://www.cnnchile.com/pais/aumenta-presencia-militar-tanquetas-plaza-italia_20191019/
iii Ver: https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-ciudad-la-furia/869519/
iv Ver: http://www.razonesypersonas.com/2019/07/
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
Escribimos esta nota mientras suena desde la calle “El derecho a vivir en paz” de Víctor Jara, nos llega una columna de Baltazar Garzón en contra del actuar de Piñera por las violaciones contra los derechos humanos constatadasi, y en cadena nacional, los ministros de Defensa (Alberto Espina) y Justicia (Hernán Larraín) justifican la represión militar y policial, mencionando que ellos están colaborando para que el “país recupere su normalidad lo antes posible”, pidiendo que seamos prudentes antes de juzgar su labor. Esto en el contexto de manifestaciones pacíficas multitudinarias que han atravesado las clases sociales y las distintas regiones de Chile, y que son reprimidas cada vez con más fuerza. Con bombas lacrimógenas, carros lanza-agua, fuerzas especiales, militares con metralletas y tanques de guerra paseándose por las callesii, detenciones irregulares, toques de queda nocturnos desde el sábado 19 de Octubre, más de 2000 detenidos, denuncias al Instituto Nacional de Derechos Humanos por vejaciones y torturas durante las detenciones, y 18 muertos políticos. Pero el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dice no tener ninguna responsabilidad política sobre estas muertes.Es 24 de octubre y hoy es el 6to día que vivimos en Estado de Emergencia. Muchos se preguntarán qué pasó. Cómo un país ejemplar en términos de prosperidad económica dentro de América Latina, implotó. La explicación más clara la encontramos en una columna de Daniel Matamala, el pasado domingo, que los invitamos a leeriii. El estallido tiene su raíz en un “Basta de Abusos”, un “Basta” absolutamente justificado por la desigualdad estructural de un país en que para acceder a derechos básicos (salud, educación, vivienda) hay que pertenecer al 20% más rico de la población, porque hay que poder pagarlo. Un país con salarios mínimos y jubilaciones paupérrimas, en que el derecho a una vida digna se perdió hace tiempo para la vasta mayoría. Un modelo neo-liberal que fracasó y la clase política nunca empatizó, porque es parte de la élite que produce y reproduce este modelo día a día. Un gobierno que recurre a la violencia y represión en vez de ofrecer soluciones, que propone medidas parches demostrando una y otra vez su falta de comprensión del reclamo de un nuevo acuerdo social que pide la sociedad; un gobierno que propone el aumento del gasto fiscal (dependiente de un crecimiento económico inexistente por el contexto mundial, y por tanto a préstamos internacionales que solamente hipotecarán más las vidas de quienes viven en Chile) en vez de afectar a las empresas y la elite; y una oposición impresentable que no puede dialogar, acordar ni gobernar. En resumen, un caos sin liderazgo que no tiene miras de resolverse políticamente, ni pronto.
La sordera y ceguera de la clase política en su conjunto, y en particular del gobierno que busca volver a la normalidad, frente a una sociedad que reclama que la normalidad es injusta y que es imprescindible un cambio. El orden público se ha utilizado como excusa para acallar a la población, mientras la prensa lucha por balancear imágenes de saqueos y violencia civil respecto a la violencia policial y militar contra civiles desarmados.
Desde el gobierno se insiste que la represión es una respuesta al desorden, el mayor desde el retorno a la democracia. Pero parece no entender que el orden se recuperará cuando se ataque la raíz del descontento social, planteando reformas claras en materia de pensiones, salud, vivienda y educación.
¿Por qué esta reflexión resulta pertinente en el contexto de elecciones nacionales en Uruguay? El enfoque exclusivo en ordenar la casa y en aumentar la seguridad, es un parche que los políticos suelen utilizar y que el proyecto de reforma constitucional Vivir sin Miedo, que se votará este domingo, pretende abordar. En vez de enfrentar la raíz de los problemas, se buscan medidas que parecen ofrecer soluciones rápidas y eficientes a problemas de larga data que se han ido incrementando y empeorando con el tiempo (infantilización de la pobreza desde la década de los 80s, abandono educativo temprano sin mejoras sustantivas en los últimos 30 años, generaciones que han sido olvidadas y que contribuyen a una sociedad dividida en al menos dos). En este contexto, con 15 años de gobiernos de izquierda que no han podido responder a las raíces de la desigualdad, el escenario al que se enfrenta Uruguay es complejo, más aún considerando que más de la mitad de los uruguayos apoya un aumento de penas según los resultados preliminares de la Primer Encuesta de Punitividad presentados por Nico Trajtenberg en este mismo espacioiv.
Ahora bien, afrontar el incremento de la delincuencia, de los homicidios e índices de victimización, entre otras medidas, con una reforma constitucional requiere, a lo menos, una reflexión. En primer lugar, porque implica una limitación de derechos de carácter, precisamente, constitucional, no legal o administrativa, por lo que, junto con modificar la arquitectura normativa de mayor jerarquía del país (y de mayor importancia democrática), requiere de altos quórums parlamentarios y otro plebiscito para poder deshacerse. ¿Qué legislador intentará suprimir una reforma, ya en ejercicio, que haya tenido alta aprobación ciudadana, en el contexto de un parlamento sin mayorías partidarias y tan dividido como la sociedad que representa?
En segundo lugar, porque parte de supuestos debatibles:
● Define una norma similar para delitos de distinto orden y de distinta cautela de bienes jurídicos (homicidio, abuso sexual, rapiña y delito por tráfico de estupefacientes).
● Asume que la reclusión es el castigo más adecuado para una amplia diversidad de delitos (y propone el cumplimiento de penas en su totalidad, descartando la rehabilitación).
● Crea la Guardia Nacional, como un órgano de seguridad ciudadana de integración militar, cuyas definiciones asociadas y competencias son poco claras.
En tercer lugar, y como mencionamos anteriormente, por la peligrosa vaguedad de varias de sus premisas normativas que pone en entredicho no sólo la eficacia fáctica de sus medidas, sino también el resguardo de los derechos de toda la ciudadanía. Así, el proyecto de reforma plantea la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas que podrá aplicar cualquier tipo de medidas para atacar el crimen organizado y narcotráfico, sin distinguir las medidas a emplear ni aquellas organizaciones criminales a combatir, más allá de las asociadas al narcotráfico. Entonces, ¿tendrán cabida en esta iniciativa, como objeto a perseguir, realmente todas las manifestaciones de crimen organizado, como aquellas vinculadas a los delitos económicos, tales como los carteles y los monopolios? Creemos que no, dado la naturaleza de la Guardia, tal como lo plantea el proyecto. Por el contrario, considerando el tenor de algunas asunciones del proyecto de reforma, suponemos que quienes se verán más afectados por esta nueva milicia serán las personas más vulnerables y de menor nivel socio-económico.
Aquí proponemos algunas preguntas necesarias para evaluar el estándar jurídico y democrático del proyecto de reforma constitucional.
1. Artículo 1º – Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: “No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos”.
¿Qué quiere decir “fundadas sospechas”? ¿Cómo se acreditarán? ¿Cómo se garantizará la proporcionalidad entre el allanamiento y la restricción de los derechos fundamentales de quienes lo padezcan?
2. Entre las funciones de la Guardia Nacional, se define “Llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado.”
¿A qué se refiere con “todas las acciones necesarias”? ¿Cual es el verdadero alcance de la expresión “todas las manifestaciones de crimen organizado”?
3. Otra de las funciones de la Guardia Nacional es: “Participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo”.
¿Cómo prevendrán, disuadirán y reprimirán los agentes de la Guardia? ¿Qué facultades tendrán para ello? ¿Cómo se protegerán los Derechos Humanos de las personas que sean consideradas sospechosas? A fin de identificar las zonas conflictivas, ¿Qué se entenderá por alto índice delictivo? ¿Que delitos integran este índice?
A modo de cierre, Uruguay, al igual que Chile tiene derecho a vivir en paz, sin miedo a la delincuencia ni tampoco a la represión por parte del Estado. En ese orden, creemos que este proyecto de reforma constitucional, debido a la vaguedad de su estándar democrático y a la indeterminación de sus herramientas y efectos jurídicos, puede afectar los derechos civiles de toda la ciudadanía, generando un mal mayor y no una solución.
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i Ver: https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/24/carta-abierta-del-juez-baltasar-garzon-a-sebastian-pinera/
ii Ver: https://www.cnnchile.com/pais/aumenta-presencia-militar-tanquetas-plaza-italia_20191019/
iii Ver: https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-ciudad-la-furia/869519/
iv Ver: http://www.razonesypersonas.com/2019/07/
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
