En la actividad
profesional, se configura una situación de conflicto de interés cuando el
interés personal del profesional diverge de su responsabilidad técnica y moral
frente a quienes presta sus servicios y frente a la sociedad toda. La
existencia de conflictos de interés es ampliamente reconocida y estudiada en
numerosas actividades. Un ejemplo elocuente es la medicina, donde existe
copiosa evidencia acerca de cómo las relaciones entre médicos e industria
farmacéutica (vía regalos, financiamiento de investigaciones, viajes a
congresos, etc.) sesgan las opiniones y decisiones profesionales en beneficio
de ésta última y, muchas veces, en detrimento del funcionamiento de instituciones
médicas, del bienestar de pacientes y del conjunto de la sociedad. Otro ejemplo
es el problema de las llamadas "puertas giratorias"
entre la política y el sector empresarial. Pensemos en una agencia reguladora
dirigida por alguien con una amplia trayectoria de trabajo en una industria a
la que ahora debe regular. O el caso inverso: personas con alta responsabilidad
política en determinada área que luego son contratadas como activo estratégico por
el sector privado. Por estos motivos, los conflictos de interés son ampliamente
regulados.
¿Qué decir de los
conflictos de interés en el ejercicio profesional de la economía? Como plantea
el economista italiano Luigi
Zingales, resulta difícil de explicar cómo los economistas, para quienes los
problemas de captura de políticos y reguladores a manos de intereses privados
han sido una preocupación recurrente, no se vean a sí mismos como un colectivo
profesional vulnerable a los conflictos de interés. Se podría agregar algo más.
Es como si los economistas, campeones dentro de las ciencias sociales en el
estudio de los efectos positivos (¡pero también negativos!) de la racionalidad-egoísta
sobre el bienestar social, se vieran a sí mismos como dotados de cualidades
morales inusualmente incorruptibles. Una autopercepción que, por otra parte, no
parece tener demasiado respaldo.
Pero hay una razón más
profunda para explicar la negación de este problema. Las personas tendemos a
creer que nuestros juicios son objetivos y a considerar sesgadas las opiniones
de “otros”. Se trata de una forma de "sesgo de autoservicio", un
mecanismo psicológico que sirve para proteger nuestra autoestima. Por ejemplo,
en un estudio
a médicos residentes, en Estados Unidos, un 61% declaró que las promociones
de los laboratorios no condicionan su práctica como médicos, pero solo un 16%
creyó lo mismo de sus colegas. Las personas reconocen que los sesgos existen,
pero en otros, no en si mismas. Difícilmente, un profesional reconozca a nivel
consciente los efectos distorsivos de los conflictos de interés en su trabajo. Los
economistas no son la excepción.
Resulta habitual
analizar ciertas relaciones económicas como relaciones entre un “principal” y
un “agente”. El principal contrata a un agente para desarrollar una tarea cuya
correcta ejecución lo beneficia. Pero ejecutar dicha tarea le insume esfuerzo y
otros costos personales al agente. Asimismo, la actividad del agente suele ser
vagamente observable. Por ejemplo, una empresa sabe cuantas horas el trabajador
está en el lugar de trabajo, pero tiene una idea mucho más vaga de cuánto tiempo dicho trabajador se está efectivamente esforzando o haciendo un buen uso de la maquinaria. En
este contexto, el agente estará tentado de actuar en su beneficio y en
detrimento del principal. Sabiendo esto, el principal debe proveer incentivos
(monetarios o de otro tipo) para alinear las acciones del agente en función de
su interés. Este modelo de principal-agente puede ser útil para abordar los
conflictos de interés en la actividad profesional, pero con una variante. Los
economistas son “agentes” de las organizaciones o clientes para los cuales trabajan
directamente (universidades, gobierno, empresas privadas o consultoras, etc.),
pero mantienen una obligación profesional frente a la población en general.
Dicha obligación se expresa, por ejemplo, en el análisis de temas económicos de
interés general, a través de columnas de opinión y entrevistas en los medios de
comunicación. El publico delega (¡tal vez demasiado!) en los economistas la
provisión de cierta información y saber económico especializado, en base al
cual toma decisiones y forma sus preferencias en relación a la conveniencia de
determinadas políticas públicas. En esta variante, el economista es agente
común de dos principales: su empleador inmediato y la población. El problema
radica en que la capacidad de ambos principales de influenciar el desempeño del
economista es muy diferente. Mientras el empleador directo tiene a disposición
un amplio repertorio de incentivos (compensaciones, promociones, renovación
contingente de contratos de asesoría, etc.), al publico solo le queda confiar
que el economista adhiere a ciertos principios de comportamiento profesional. El
problema se agrava cuando los intereses particulares del empleador inmediato
que el economista debe servir difieren del “interés social”.
Particularmente
tras la crisis internacional de 2008-2009, la profesión económica ha sido
puesta bajo la lupa en diversos aspectos. Uno de ellos refiere a su cercanía
con el dinero. La discusión sobre conflictos de interés se popularizó tras la
difusión de la película Inside
Job en la que se documenta como prestigiosos economistas, cuyas opiniones y
artículos académicos promovían la desregulación financiera, tenían vínculos
directos (no
siempre declarados) con Wall Street, en calidad de consultores, asesores y
miembros de directorios de empresas. Esto disparó acalorados debates en
asociaciones profesionales internacionales, como la prestigiosa American Economic
Association (AEA), particularmente tras una carta de 300
economistas solicitando que se tomaran medidas. Desde el año 2012, la AEA
instauró nuevas reglas
de disclosure, que incluyen la mención explícita de vínculos con el sector
privado y gobiernos en publicaciones académicas de la asociación (muchas de las
cuales cuentan entre las más influyentes a nivel global).
Los economistas que
se desempeñan en el ámbito académico están sometidos a crecientes regulaciones
en materia de prevención de conflictos de interés. Las promociones en la
carrera académica dependen cada vez más de publicar en revistas
internacionales, lo que potencialmente genera incentivos a conductas reñidas
con la ética profesional. A las mencionadas normas de disclosure en
publicaciones, se han sumado exigencias en materia de transparencia y replicabilidad
de resultados de investigación (publicación de códigos, bases de datos, etc).
Asimismo, han surgido importantes iniciativas de "open science",
que incluyen a la economía y al resto de las ciencias
sociales. Si bien lejos de estar generalizadas, el carácter fuertemente
globalizado del trabajo académico hace probable que estas buenas prácticas
tengan una difusión creciente en el futuro.
Todas estas medidas
son una buena noticia. Sin embargo, regulan básicamente la actividad de una
minoría de economistas que trabajan en el ámbito académico.[1]
¿Qué sucede con
los economistas en la actividad privada? ¿Cuáles son los riesgos potenciales en
materia de conflictos de interés cuando se trabaja para intereses privados bien
definidos y, simultáneamente, se busca “servir al público” en el análisis de temas
económicos? En su libro The
Economist’s Oath, basado en un interesante trabajo de entrevistas, George DeMartino
provee un inventario de las tensiones que enfrenta el trabajo de los
economistas aplicados. Esto incluye, por ejemplo, presiones para producir
reportes técnicos sesgados o destinados a justificar posiciones tomadas de
antemano. En el sector de servicios de consultoría, el libro describe como
muchas veces el trabajo del economista consiste en “vender opiniones”. El economista
debe proveer el análisis que mejor sirve los intereses del cliente y no necesariamente
aquel que tiene un mayor respaldo en la evidencia. Pese a que muchas
consultoras tienen protocolos de actuación profesional, la posibilidad de que en este sector las malas prácticas desplacen a las buenas está latente. Resulta legítimo
preguntarse en qué medida la necesidad de mantener una reputación amigable frente
a clientes actuales y potenciales conduce, en este tipo de contextos, a
potenciales sesgos en el análisis económico.
La identificación
de posibles conflictos de interés no es sencilla. Parte del problema radica en
que la noción de verdad en economía, en tanto ciencia social, es compleja. Sin
caer en el peligroso relativismo de creer que todo es válido (hay argumentos
que no pueden sostenerse, sea por razones de inconsistencia lógica o por falta
de evidencia), existen amplios márgenes para defender posiciones
diversas apoyándose en distintas teorías y en interpretaciones más o menos
convincentes de la evidencia disponible (¡incluso de la misma evidencia!). Por
tanto, una opinión sesgada por el efecto de los conflictos de interés puede
camuflarse fácilmente desde el punto de vista técnico. Asimismo, es difícil
separar los sesgos asociados a los conflictos de interés de otro tipo de sesgos
inherentes al análisis de la realidad económica y social. Uno conocido y bien
documentado es la ideología. Pese a que el economista suele presentarse como un técnico neutral, dista mucho de serlo: sus valores y su posición social en la realidad
que analiza pueden influenciar el propio análisis. Otros sesgos
se derivan de la ignorancia o la incompetencia. Las opiniones del economista
podrían simplemente reflejar saberes desactualizados, en un contexto en que la
frontera de conocimiento se mueve rápidamente, o limitaciones cognitivas a la
hora de analizar determinado problema.
La dificultad para
identificar cuándo se configura un potencial conflicto de interés, y para distinguir
sus efectos, vuelve también complicado el diseño de soluciones. Una alternativa
podría ser elaborar detallados códigos de ética profesional que obliguen, entre
otras cosas, a revelar todos los vínculos laborales potencialmente conflictivos, por ejemplo, cuando se emiten opiniones. Algo similar a lo que ya debe hacerse en muchas
publicaciones académicas y a lo que sucede en otras profesiones. Los oyentes de un programa de radio sabrían que el economista que les
habla sobre la supuesta inconveniencia de poner un impuesto a las grandes
propiedades, o a grupos de muy altos ingresos, trabaja en una empresa que se
dedica justamente al asesoramiento en la gestión de grandes patrimonios. El
público tendría la información para poder “descontar” el efecto de potenciales
sesgos en la opinión del profesional. Los oyentes podrían hacer un mejor uso
del “asesoramiento” recibido si los incentivos y motivaciones del profesional están
a la vista. De alguna manera, la lógica de las normas de disclosure es nivelar
el campo de juego en términos de información.
Este tipo de reglas,
si bien pueden ayudar, tampoco son la panacea. La literatura sobre la
psicología de los conflictos de interés muestra que, en algunos casos, el
remedio puede ser peor que la enfermedad.[2]
Primero, podría operar un mecanismo psicológico de "licenciamiento
moral". Una vez revelado el conflicto de interés, el profesional podría
sentir que el público ya fue advertido y que, por tanto, tiene "carta
libre" para un asesoramiento sesgado en función de su propio interés. Volviendo
al ejemplo de los impuestos, el economista podría sobre-enfatizar que el
impuesto tendrá graves consecuencias para el país porque esto mejora su
reputación frente a ciertos sectores (y asegura un flujo incrementado de
contratos de asesoría en el futuro). El efecto comportamental de la revelación del conflicto de interés es reducir el “costo ético” de trasmitir una opinión sesgada. Segundo, las
creencias del público frente a un asesoramiento sesgado pueden no ajustarse
correctamente, aun disponiendo de información fidedigna sobre el profesional. Tercero,
anticipando que el público “descontará” en alguna medida los sesgos de opinión,
el profesional podría “exagerar estratégicamente” y dar opiniones aún más
sesgadas. Asimismo, cierta evidencia indica que los sesgos tienden a amplificarse
cuando el
destinatario es una audiencia masiva y anónima en comparación a cuando el receptor
es único e identificable. Como resultado de todo esto, las ganancias de bienestar
asociadas a las normas de disclosure no son evidentes.
Los momentos
económicos turbulentos son de alta exposición pública para los economistas.
También son buenos momentos para reflexionar sobre aspectos de la práctica
profesional. En Uruguay, y en todo el mundo, los economistas tienen una
importante influencia en diversas áreas. Las acciones de instituciones
académicas, sociedades y colegios profesionales, medios de comunicación y
periodistas especializados deberían conjugarse para mitigar los efectos
potencialmente nocivos de los conflictos de interés. Las formas en que estos
conflictos se manifiestan varían según el ámbito de actuación de los economistas,
pero los potenciales efectos son igualmente perniciosos. Se trata de un
problema con muchas zonas grises y que no tiene soluciones fáciles. El gran
perjudicado es el público, el único “principal” que carece de “garrotes” y “zanahorias”
para alinear la conducta profesional. Y al que simplemente le resta confiar que
el economista le servirá haciendo bien su trabajo.
*Agradezco a Agustin Reyes por valiosos comentarios y a Fabrizio Scrollini quien me sugirió referencias utiles.
[1] Por ejemplo, información disponible para Uruguay
indica que solo un 17% se desempeña en el ámbito académico-universitario. El
resto se reparte entre el sector público (39%) y privado (43%) bajo diversas
modalidades. Los economistas del sector publico deberian estar regulados por la
normativa sobre conflictos de interés en la función pública y no son analizados
en esta nota.
[2] Sobre los problemas
asociados a las normas de disclosure ver Cain, D., Loewenstein, G. & Moore, D. (2005) Coming clean but playing dirtier: The
shortcomings of disclosure as a solution to conflicts of interest, en
Moore, D. A., Cain, D. M., Loewenstein, G. and Bazerman, M. (Eds.). Conflicts
of Interest: Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy, pp. 104-125. London :
Cambridge University
