Autor Invitado: Mauro Berazategui
Pensando en esta iniciativa, sería una pena que se transformase en
un caso de lo que un colega llama 'esquizofrenia estatal': el Estado
invirtiendo recursos valiosos en la identificación y atención de un
problema mientras por otro lado el propio Estado frustra estos
esfuerzos por acción u omisión. Ignoro si existe una terminología
formal para este fenómeno, seguramente sí. Un ejemplo citable en el
marco de los temas ambientales podría ser la elaboración de una
lista de especies exóticas con efectos nocivos sobre la
biodiversidad y economía del país y recomendaciones para su manejo
por un lado, mientras se promueve la introducción y distribución de
especies presentes en esta lista por parte de organismos del propio
Estado (varias de las especies empleadas en el arbolado y ajardinado
público, habilitación y promoción de la acuicultura con esturiones
y carpas, entre otros ejemplos). Procederé entonces a presentar el
caso que identifico en este asunto particular.
Recientemente fue aprobado el decreto 110/016, en el que el
Ministerio de Economía y Finanzas establece una serie de beneficios
fiscales en el marco de la ley de promoción de inversiones para los
interesados en la construcción, ampliación y explotación de
estacionamientos, a construirse antes de 2020. El fin declarado en el
decreto es mantener el tránsito descongestionado en ciertas zonas de
Uruguay (luego definen que son todas en Montevideo) mediante el
incremento de las plazas de estacionamiento en las mismas. El efecto
esperado es evitar el colapso del sistema vial ante un pronosticado
incremento en la plaza automotriz de la capital. Siendo el dónde
dejarlo un factor importante a la hora de decidir tanto la
adquisición como la utilización de un automóvil como medio
habitual de transporte, la aplicación de este decreto viene a
subsidiar el aumento en la plaza automotriz, contribuyendo
eventualmente al congestionamiento de la red vial que pretende
aliviar. Más autos, a menos que estemos frente a una revolución
tecnológica que lo evite, implica necesariamente un incremento en la
emisión per capita de gases de efecto invernadero. Aquí comienza el
conflicto con el eventual PNCC y es sólo una punta del asunto.
Al pensar en los efectos que tienen los cambios de cobertura del
suelo asociados a la urbanización, las superficies pavimentadas han
sido señaladas como uno de los factores centrales de degradación
ambiental urbana, particularmente debido a los efectos de su
extensión y continuidad sobre aspectos locales del cambio global
antropogénico. En primer lugar, los pavimentos convencionales son
superficies con una alta inercia térmica. Esto hace que el calor que
retienen durante las horas de sol sea liberado lentamente durante la
noche, haciendo a las ciudades varios grados más cálidas que su
entorno y contribuyendo al fenómeno de isla de calor urbano. En
segunda instancia, al reflejar la luz solar este tipo de superficies
han sido señaladas como un factor importante en la producción de
gases como el ozono, a partir de reacciones fotoquímicas que tienen
como precursores algunos gases resultantes de las combustiones
industriales y vehiculares. Destaco aquí al ozono ya que es un gas
que goza de buena prensa cuando se presenta en las capas superiores
de la atmósfera pero debido a su efecto como oxidante es responsable
de la degradación de materiales como los plásticos y de daños a
nivel celular en plantas y animales, siendo particularmente
importante como causante de afecciones respiratorias en ciudades en
las que el smog fotoquímico es un problema. Otro efecto de la
pavimentación de superficies tiene que ver con la impermeabilización
del suelo. Al disminuir la infiltración de agua de lluvia e
incrementar la escorrentía por superficie se lleva a la degradación
de cursos de agua ya que contaminantes y nutrientes que de otra
manera serían degradados o retenidos localmente van a parar a los
mismos. Los más notorios problemas ambientales en Uruguay en los
últimos años, al punto de llegar a la relevancia en la opinión
pública y disparar respuestas políticas específicas, tienen que
ver directamente con la calidad de las aguas superficiales.
Dentro de todo este contexto, los estacionamientos son
particularmente relevantes. Son superficies pavimentadas generalmente
extensas, continuas y con poco sombreado cuando son abiertos, siendo
fácilmente comprobable que se mantienen calientes durante varias
horas de la noche. La combustión concentrada de los vehículos los
hace una fuente importante de gases precursores del smog fotoquímico
y los derrames de combustible y aceite, hollín y material de
desgaste de los neumáticos van a parar rápidamente a los desagües
sin ningún tipo de tratamiento. Y está el ruido, que es otro asunto
aparte. Para mitigar estas condiciones es usual la utilización de
pavimentos permeables e infraestructura verde como arbolado y
ajardinado de sitios de estacionamiento y fundamentalmente se vuelcan
recursos a la investigación en este sentido. Nuestro país está
bastante lejos de la vanguardia en estos temas particulares y las
menciones a estacionamientos subterráneos (por ejemplo debajo de
plazas públicas, lo que constituye otra fuente de conflicto) están
motivadas más por falta de espacio que por temas ambientales. El
decreto promulgado no establece ningún criterio al respecto, por lo
que si la normativa municipal lo permite es de suponer que termine
subsidiando todo lo contrario a lo que se entiende como buenas
prácticas en este sentido.
Uno más enterado podrá decir algo sobre el efecto que tiene la
promoción del transporte particular en la degradación del tejido
social. Algún otro podrá hablar sobre las consecuencias de un
decreto que busca asegurar el lucro privado a través de la renuncia
a la recaudación de impuestos necesarios para atender demandas
colectivas como un buen transporte público o el propio mantenimiento
de la infraestructura vial. Los objetivos de esta nota en particular
han sido plantear que este decreto va a contramano de paradigmas
emergentes en temáticas ambientales y urbanísticas, contribuyendo a
restar seriedad y efectividad a las buenas intenciones del propio
Estado en estas áreas. Sería bueno que en el proceso de
construcción del PNCC se priorice la revisión de las normativas
actuales, a fin de evitar posibles conflictos.
*Foto: Lucía Bartesaghi. Lindo y funcional: las infraestructuras verdes, como este jardín
vertical en el Instituto Humboldt en Bogotá, Colombia, contribuyen a
mitigar efectos locales sobre el clima asociados a la urbanización.
