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| Peligro de quedar pegado foto por Matías Brum |
En primer lugar, observemos la defensa que se
hace del vicepresidente, que ha generado enfrentamientos a la interna del
Frente Amplio, cuando algunas figuras del partido propusieron emitir
declaraciones de apoyo en forma previa a que el vicepresidente brindara
explicaciones dentro de la fuerza política. Hemos visto reacciones similares de
la izquierda, de intentar cerrar filas primero que nada, por ejemplo en torno a
los casos de Joselo Lopez y Alfredo Silva en el movimiento sindical, de Lorenzo
y Calloia en el gobierno, y de Bengoa y Arean en la intendencia. Y sin
necesidad de demasiada suspicacia, podríamos preguntarnos si algunas personas
no utilizan dos varas distintas frente a casos de potenciales irregularidades. Vale
decir: ¿será que la seriedad con la que es percibido un potencial caso de
corrupción depende de los colores políticos del acusado y del votante? A
continuación presento evidencia empírica que muestra que la respuesta, al menos
para el caso español, parece ser “sí”.
Justamente, Anduiza, Gallego, y Muñoz (2013)
realizan un experimento en que testean el sesgo en la percepción de casos de
corrupción. Los autores registran las preferencias político-partidarias de un
conjunto de individuos, que más adelante deben dar su opinión sobre la
severidad (en una escala 0 a 10) de un caso de corrupción recogido en un
recorte de periódico (ficticio). Los recortes recogen acusaciones a un alcalde
que supuestamente habría favorecido la contratación o el incremento salarial de
familiares en la estructura municipal. En forma aleatoria varía el color
político del alcalde (PP, PSOE, o sin mención). Efectivamente, la severidad
promedio es menor (7.6) cuando la acusación recae sobre un alcalde del partido
con el que los individuos se identifican, y mayor (8) cuando es un alcalde del
otro partido. La diferencia es más bien pequeña, pero resulta mayor cuando se controla
por el nivel de sofisticación política (variable que captura interés y cultura
política) de los individuos (la brecha pasa de 0.4 a 1.6). De hecho, la
severidad con la que es percibida la corrupción, en general, es creciente con
el nivel de sofisticación política y con el nivel educativo de las personas; además,
a niveles altos de educación o sofisticación política, no existe una brecha
significativa en la percepción de severidad de corrupción entre partidos.
En segundo lugar, más allá de la vara con la
que se juzguen los hechos, sucede también que parte de la defensa del
vicepresidente apunta a la idea de que la oposición y los medios estarían “embarrando
la cancha” al hacer acusaciones que no tienen sustento o que no están
relacionadas con hechos genuinos de corrupción. Esta línea es especialmente
seguida en lo que se refiere a la comisión investigadora de ANCAP: todo se trataría
de un circo mediático con miras a perjudicar al sector del vicepresidente, al
gobierno y al Frente Amplio, cuando en los hechos no habría habido corrupción o
irregularidades. Al respecto, una parte de la literatura empírica en economía
política llega a la relativamente deprimente conclusión de que los casos de
corrupción no tienen efectos significativos o tienen efectos muy menores en la
probabilidad de reelección de un político o un partido (ver por ejemplo
revisión bibliográfica en Golden et al [2006]). Como pequeño contraste, estudios
como los de Chang et al (2010) para Italia y Dimock y Jacobson (1995) para los
Estados Unidos encuentran que los casos de corrupción sí reducen el porcentaje
de votos recibidos por los políticos corruptos, pero tienen efectos menores o
nulos en la probabilidad de re-elección. Con mayor contraste, el trabajo de
Ferraz y Finan (2008) se centra en auditorías conducidas a nivel de gobierno
local en Brasil, realizadas en forma aleatoria. Los autores encuentran que
políticos probadamente corruptos reciben entre 10% y 30% votos menos y tienen
una probabilidad mucho menor de ser re-electos (hasta un 17% menor); en tanto
políticos que salen indemnes de las auditorías incrementan la fracción de votos
recibidos y las probabilidades de re-elección.
Ahora bien, la literatura reseñada brevemente
habla en general de casos de corrupción, y lo que observamos son de hecho
acusaciones y, según algunos, “circo mediático”. Otra vez, con algo de
suspicacia, surge otra pregunta ¿será que el público distingue cuando las
acusaciones responden a verdadera corrupción y cuando son especulación y “circo”?
La respuesta, al menos para el caso español, parece ser “sí”. Justamente, Costas-Pérez,
Solé-Ollé y Sorribas-Navarro (2012) estudian el efecto de la cobertura
mediática de casos de corrupción en los resultados electorales para el caso de
las elecciones locales españolas en el período 1996 a 2009.
Los autores recogen información sobre la
cobertura en prensa escrita de distintos escándalos de corrupción a nivel
local, y capturan, por ejemplo, el número de noticias publicadas, si el
escandalo llega a la Justicia o no, y si la actuación de la Justicia termina en
condenas o en absoluciones. Esta riqueza en datos es lo más interesante del
artículo, ya que permite distinguir el efecto de la cobertura mediática en
casos en los que la Justicia interviene y castiga, y casos en los que no habría
habido corrupción (“acusaciones infundadas”). Los autores encuentran que, en
promedio, los escándalos de corrupción reducen un 4% los votos a los políticos
afectados, cifra que se eleva a 9% en los casos en que la cobertura mediática
es alta o muy alta. Ahora bien, estudiando el efecto de la actuación de la Justicia,
los autores encuentran además que la pérdida de votos llega a un 14% cuando la
Justicia encarcela a alguien y la cobertura ha sido extensa, en tanto no hay
reducción de votos cuando las acusaciones no llegan a denuncias ante a la Justicia
o, cuando en caso de denuncias, la Justicia no encuentra corrupción. Vale
decir, el trabajo encuentra que los votantes saben distinguir las acusaciones
verdaderas, de aquellas que terminan siendo solo “circo”.
La evidencia empírica que presenté en este post
es escasa y sufre de varios problemas. Uno no menor es de validez externa: no sabemos
cuánto podemos extrapolar a la población del Uruguay a partir de trabajos para una
muestra proveniente de España. Sin embargo, la intención del artículo es
invitar a la reflexión, a repensar esta pregunta de si habrá distintas varas
para medir irregularidades, y cuestionarnos si será cierto que alcanza con “operaciones
mediáticas” para ganar las mentes y los corazones de los uruguayos.
Referencias
Anduiza, E., Gallego, A., & Muñoz, J. (2013). Turning a Blind Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption. Comparative Political Studies, 46(12), 1664-1692.
Costas-Pérez, E., Solé-Ollé, A., & Sorribas-Navarro, P. (2012). Corruption scandals, voter information, and accountability. European Journal of Political Economy, 28(4), 469-484.
Chang, E., Golden, M., Hill, S., 2010. Legislative malfeasance and political accountability. World Politics 62, 177–220
Dimock, M.A., Jacobson, G.C., 1995. Checks and choices. The house bank scandal's impact on voters in 1992. Journal of Politics 57, 1143–1159.
Ferraz, C., Finan, F., 2008. Exposing corrupt politicians. The effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes. Quarterly Journal of Economics 123, 703–745.
Golden, M. A. (2010). Some Puzzles of Political Corruption in Modern Advanced Democracies. In In Democracy and Accountability: Globalized Political Responsibility. Toyko: Fukosha.
