“No sabía qué postura tomar, estaba tratando de pensar respecto a la baja de la edad, pero ni bien vi las chapulinas coloradas de Bordaberry en la rambla de pocitos el domingo, me decidí: No voy a pensar esto un carajo porque no es de pensar este debate” (Desbocatti, 11/04/2011).
Lamentablemente este comentario refleja el nivel del verdadero debate en Uruguay acerca de la disminución de la edad de imputabilidad penal en los jóvenes que cometen delitos (o en conflicto con la ley). Sorprende y entristece la baja calidad de la discusión, tanto en sus defensores como en los críticos. Personalmente, encuentro problemática la reducción de la edad de imputabilidad penal. Creo que existen argumentos en su contra tanto por la debilidad del diagnóstico, las razones morales de establecer este tipo de castigo a los jóvenes, la dudosa eficacia de sus resultados, la incoherencia de establecer nuevas responsabilidades penales pero no nuevos derechos, o inclusive el procedimiento empleado (plebiscito). No obstante, en lugar de profundizar esta discusión prefiero concentrarme en algo más básico y que me tiene preocupado: creo que quienes comparten mi posición respecto a este tema a veces incluyen argumentos inadecuados.
II. ¿Estratégicos, ignorantes e inmorales?
La mayoría de las veces lo primero que se señala es que quienes defienden éste tipo de propuestas carecen de motivación genuina por resolver el problema del delito juvenil. Sus verdaderas intenciones son político – electorales. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en los problemas de la propuesta se opta por descalificarlos de “impuros electoralistas” lo cual es innecesario e irrelevante a los efectos del debate. La propuesta de reforma puede ser excelente o espantosa independientemente de sus motivaciones estratégicas ocultas (o sea, no hay que pagar el precio de la ingenuidad para discutir ignorando esas motivaciones). Adicionalmente, el peligro de este tipo de críticas es que rápidamente pueden ser replicadas apelando a la misma lógica y debilitando aun más la discusión. ¿Qué impide a Bordaberry y cía. señalar que los que lo critican también sólo tienen intenciones espurias ocultas (por ejemplo, impedir que los partidos tradicionales logren desbancar al Frente Amplio del Gobierno)? ¿Qué ganamos en términos de soluciones para el problema de fondo cuando el debate se transforma en este fuego cruzado de estrategias no reveladas?
En segundo lugar, los que presentan este tipo de propuestas (y los que las respaldan) son calificados directa o indirectamente de ignorantes. Es decir, están aplicando y apoyando medidas que probadamente jamás han funcionado en ninguna parte del mundo. En algunos casos se señala que existe evidencia empírica en Uruguay citándose como ejemplo de endurecimiento penal inefectivo las modificaciones legales de los años 1995 y 2000 que solo provocaron un aumento del delito y la población carcelaria. En definitiva, asumir racionalidad en los que cometen delitos, y en particular en los jóvenes, es un error que lleva a políticas ineficaces.
Es importante señalar que este tipo de frases tajantes sobre políticas que nunca han funcionado no suelen ir acompañadas de referencias o estudios que las respalden. Con esto no estoy queriendo dar a entender que la investigación internacional respalde este tipo de propuestas. Es verdad que existen muchos estudios que cuestionan la idea del ofensor racional y la inefectividad de la severidad como estrategia de reducción del delito. No obstante, también existe mucha investigación de nivel que afirma lo contrario. No entiendo porqué se asume que la carga de la prueba la tienen solo los proponentes de la reforma. Por otra parte, la apelación a las reformas legales en Uruguay como prueba concluyente ilustra la idea problemática que se posee acerca de cómo evaluar la efectividad o inefectividad de una política. Aun sin plantearnos las máximas exigencias metodológicas para evaluar políticas (experimentos o alguna variante cercana), al menos debería presentarse un análisis estadístico más sofisticado que involucre el control de las variables decisivas, y no una simple asociación descriptiva entre cambios legales y tendencias en la población penitenciaria.
En tercer lugar, se argumenta que estas propuestas de reforma son anacrónicas por que nos retrotraen a medidas antiguas que Uruguay intentó implementar hace más de 70 años y encima en épocas de dictadura! Adicionalmente implican una violación de la normativa vigente internacional en derechos humanos, lo cual implicaría que Uruguay no ratificaría la Convención de los Derechos del Niño (CDN) quedando en compañía de países como USA! En definitiva, los defensores de esta propuesta o bien son (nuevamente) ignorantes, o bien no consideran importante el respeto de los derechos humanos.
Nuevamente hay una descalificación apelando a elementos dudosos. Que una propuesta reflote un aspecto planteado hace muchos años no la hace necesariamente negativa, salvo que asumamos que existe una inevitable evolución positiva de nuestras instituciones sin retrocesos o zig zags. De hecho, si finalmente lograra imponerse este cambio jurídico y dentro de muchos años intentáramos su modificación (volver a los 18 años como línea base de responsabilidad penal adulta), ¿aceptaríamos que nos rechazaran simplemente apelando a su antigüedad? También encuentro inadecuado sugerir una asociación entre esta propuesta y períodos de dictadura o a países con mala fama en términos de derechos humanos. Resulta obvio señalar que más allá de la desaprobación que nos genere un período de dictadura, pueden surgir instituciones que consideremos parcial o completamente positivas (la reforma vareliana, valorada por muchos en Uruguay, se llevó adelante durante la dictadura de Latorre). Dicho de otro modo, para evaluar cuan adecuadas o inadecuadas son la reforma vareliana o la reducción de la edad de imputabilidad debemos concentrarnos en las razones internas de la discusión educativa o criminológica, y podemos desentendernos totalmente de los contextos de donde surgieron. Algo similar sucede con la apelación a que Uruguay quede en compañía de USA. Si algún día USA (o cualquier otro país del cual se tenga una opinión negativa en materia de derechos humanos) suscribe la CDN. ¿Constituye una razón para que Uruguay dejara de ratificarla? Finalmente, tampoco me resulta justo plantear que como la propuesta viola la CDN ello transforma automáticamente en sus defensores en ignorantes o en personas desinteresadas por el respeto de los derechos humanos.
En forma convincente los especialistas señalan que la propuesta tiene fallas y contradice a la CDN. Ahora bien, la discusión no se agota simplemente en ese punto jurídico. Es importante plantear la discusión sobre cómo y porque bajar la edad de imputabilidad penal en los jóvenes es un problema en términos de los derechos humanos. Y ello involucra al menos parcialmente una discusión muy compleja acerca de que significan esos derechos humanos y como se conectan con dos aspectos centrales: i) qué buscamos cuando castigamos penalmente y ii) como definimos la agencia moral de aquellos a los que castigamos. ¿Cuándo y bajo qué condiciones establecemos que alguien es un agente consciente de sus actos, capaz de distinguir entre el bien y el mal, y por ende susceptible de ser juzgado como tal? No puedo profundizar en este tema por falta de espacio y de capacidades intelectuales, pero más allá de lo que establezcan los marcos legales, este no es un debate para nada saldado en la discusión actual donde participan la criminología, derecho penal, filosofía del castigo, sicología, neurociencia, etc. Dado lo complejo y discutible del tema, no estoy seguro que sea adecuado señalar sin más que, los que pretenden disminuir la edad de imputabilidad, por tener cortocircuitos con la CDN automáticamente pasan a carecer de preocupación por el respeto de los derechos humanos.
III. Pase lo que pase perdemos
En definitiva, aun estando en contra de esta propuesta de reforma legal, me preocupa enormemente que las critiquemos de esta forma. No solo creo que es innecesario (dado que existen muy buenas razones para cuestionar esta propuesta) sino que además este tipo de victorias retóricas son miopes y peligrosas.
Si el objetivo es defender los derechos humanos de los jóvenes e intentar diseñar las políticas penales más justas y eficaces que podamos imaginar, debatir en estos términos es contraproducente. En lugar de buscar la mejor versión de esta reforma, de sus defensores y de la ciudadanía que los respalda, en lugar de tender puentes de diálogo, discusión y aprendizaje, los descalificamos y etiquetamos como jugadores triplemente inadecuados: i) estratégicos / mal intencionados, ii) ignorantes, iii) inmorales o indiferentes ante los derechos humanos. Arrinconándolos en ese lugar, no hacemos otra cosa que favorecer su versión más antagónica y punitiva. Adicionalmente, ello también empobrece nuestra posición ya que discutimos sistemáticamente con una caricatura que no nos desafía a refinar y reelaborar nuestros argumentos y principios. Quienes estamos en contra de este tipo de propuestas hemos de preguntarnos, ¿cuánto hemos colaborado indirectamente en estos últimos años para el surgimiento de estas posturas punitivas? ¿En qué medida, las hemos favorecido tanto por la vía de la descalificación de otras versiones menos extremas del pasado como por no haber sabido ofrecer alternativas interesantes que generasen confianza y legitimidad en la oposición y en la ciudadanía en general?
En los últimos 30 años en muchos estados de USA o de Canadá, en Reino Unido, Australia y buena parte de Europa Continental se han promovido reformas de los sistemas penales juveniles y en muchos casos se ha apostado a bajar la edad de imputabilidad. Actualmente no son pocos los países del mundo en los cuales la edad está por debajo de los 18 años. Honestamente, me provoca bastante temor que esta propuesta triunfe en Uruguay. No obstante, aun imaginando el mejor escenario donde la propuesta no prospere, me pregunto, ¿qué valor tendrá si lo logramos discutiendo de esta manera? Mi impresión es que será una victoria efímera y no dejará lecciones, acumulaciones y puntos de encuentro para pensar juntos un sistema penal juvenil justo, eficaz y creíble que permita enfrentar el futuro en forma más optimista. Por eso, si seguimos discutiendo así, perdemos siempre, independientemente del resultado.