Asaltantes sin patente: Los expertos y el conflicto de interés
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‘Sesgo? No, para nada. Solo una feliz coincidencia
que los resultados favorezcan a quienes me financian’
Disclaimer: los ejemplos donde refiero a economistas, criminólogos, sociólogos y cualquier otro ‘ologo’ incluidos en la nota son fruto de mi burda imaginación. No estoy pensando en ningún caso particular. Como dicen las películas berretas, todos los personajes que aparecen son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es fruto del azar...y de la deprimente realidad uruguaya.
Imagine…
Imaginen que están escuchando una entrevista donde invitan a un académico o experto[1] a discutir un problema actual de Uruguay. Por ejemplo, seguridad. Y en la entrevista el criminólogo invitado defiende apasionadamente que Uruguay necesita invertir buena parte del presupuesto de seguridad en programas de prevención de violencia comunitaria ‘CeaseFire’ basados en combinar la temprana detección la violencia la mediación y una represión cualificada. Uno piensa: interesante, razonable, plausible...Y ahora, imaginen que luego se enteran que durante los últimos 10 años ese criminólogo ha estado haciendo un montón de onerosas consultorías para ese programa de prevención especifico. ¿No se sentirían ligeramente engañados? Capaz engaño es una palabra muy fuerte. Al menos uno siente que una parte vital de información útil para evaluar la opinión del experto no nos fue proporcionada.
Los académicos se dedican (o nos dedicamos) al ‘negocio’ de vender opiniones basadas en evidencia, con el menor sesgo posible, e idealmente no interesadas (o no interesadas en otra cosa que no sea la verdad). Y todos los días los vemos, escuchamos o leemos: economistas, sociólogos, politólogos, criminólogos y otros ‘ologos’ defendiendo qué camino debe seguir Uruguay en distintos problemas de política cambiaria, inseguridad y crimen, desarrollo productivo, energía y combustibles, desempleo, y tantos otros temas. En muchos casos se presentan (o nos presentamos) como personajes sin ataduras o sin ningún tipo de interés,algo que: i) no siempre es cierto; ii) muchas veces no se hace explicito y queda oculto; iii) y en muchos casos es difícil de saberlo salvo que uno tenga vínculos cercanos o conocimiento informal del experto, porque es información públicamente no disponible.
Esta nota busca explorar este problema y argumentar su importancia ya que desconocer el conflicto de interés del experto puede afectar significativamente la capacidad de los interlocutores y ciudadanos para evaluar el valor de nuestras opiniones como expertos. Empiezo definiendo muy brevemente que es el conflicto de interés y la evidencia de su importancia. A continuación, discuto en qué medida es una falacia dudar de los intereses del experto. Luego comento un poco sobre las principales fuentes de conflicto, fundamentalmente la financiera y sus distintas manifestaciones. Luego menciono los dos mecanismos por los cuales el conflicto de interés puede afectar los resultados de las practicas científicas, ya sea de forma no intencional (negligencia) o intencional (fraude), para finalizar con unas breves conclusiones.
i) ¿Qué es el conflicto de interés? ¿Es relevante…?
Todos los que hemos escrito algún artículo para una revista académica a lo largo de nuestras penosas y trágicas carreras hemos encontrado esa sección final donde tenemos que declarar si los autores del estudio tenemos algún conflicto de interés. ¿Qué es esto? Básicamente refiere a cuando puede haber un desalineamiento entre intereses individuales y privados de los investigadores y los intereses públicos e institucionales (Gorman, 2006), y cuando ocurre, esa ventaja o beneficio personal del experto puede poner en peligro la integridad de la evidencia del estudio u opinión que estamos presentando (Institute of Medicine, 2002).
Existe evidencia de que el conflicto de interés es un problema real y serio para la ciencia y sus aplicaciones. Por ejemplo, sabemos que los estudios clínicos farmacológicos publicados en las revistas bio medicas de más alto impacto rara vez es reportada la información sobre la fuente de financiación y los conflictos de interés de los autores (Roseman et al., 2011). Un panorama igualmente deprimente puede observarse en los estudios controlados aleatorizados quirúrgicos donde menos de un quinto releva información sobre los conflictos de interés, y entre los que están financiados por la industria, solo un 20% considera que dicha participación era un potencial conflicto de interés! (Probst et al., 2016). El problema no es solo el subreporte, sino que existe evidencia de que pueden existir sesgos en los resultados. Las revisiones sistemáticas en biomedicina muestran que los estudios financiados por la industria farmacéutica tienden mostrar resultados positivos y favorables a la industria (Bekelman et al., 2003; Goldacre, 2013; Ritchie 2020) y que cuando tenemos información sobre intereses económicos, los autores que tienen conflicto de interés tienen una probabilidad mucho menor de reportar resultados negativos (Friedman & Richter, 2004).[2]
En el ámbito de las ciencias menos duras (las sociales...) vemos problemas similares. Por ejemplo, una revisión sistemática centrada en artículos sobre cuatro intervenciones psicosociales prestigiosas aplicadas internacionalmente encontró que más del 70% de los estudios proveían información incompleta o inclusos parcialmente engañosa sobre el conflicto de interés de los autores (Eisner et al., 2015). Mas interesante aun, un metaanálisis con más de 300 estudios de diseños experimentales con programas de prevención que incluye medidas sobre el tipo de evaluador muestra resultados descorazonadores: no sólo los estudios que mostraban mayores efectos eran aquellos donde el evaluador estaba involucrado en el diseño del programa, sino que cuando la evaluación era externa e independiente, ¡el efecto del programa se reducía a cero! (Petrosino & Soydan, 2005). Otra revisión sistemática de terapias multisistémicas aplicadas a jóvenes con trastornos de comportamiento encontró que, si bien los efectos del tratamiento eran en general positivos, ¡la única evaluación realizada por un evaluador externo mostraba que el programa no funcionaba! (Littell, 2005). Pese a que estas discrepancias de eficacia podrían deberse a que las evaluaciones hechas por los creadores de los programas son realizadas sobre aplicaciones realizadas con mayor fidelidad, hay pistas y evidencia que no permiten descartar una visión más cínica donde los intereses juegan un rol clave (Eisner, 2009). Un ejemplo significativo en la interpretación más cínica es planteado por el propio Eisner en algunos de sus trabajos. Durante mucho tiempo se ha promocionado un programa de entrenamiento parental llamado Triple-P (Positive Parenting Program) que mejora las prácticas y formas de crianza de los padres mejorando los comportamientos problemáticos y violentos de los niños. Este programa ha sido aplicado en más de 30 países y es considerado como muy exitoso y fuertemente respaldado por la evidencia empírica. Sin embargo, la verdad de la milanesa es que el metaanálisis que mostraba que el programa funcionaba, estaba basado en estudios casi todos llevados adelante por los creadores del programa o investigadores asociados a su diseminación (Eisner et al., 2009). Por el contrario, una evaluación experimental independiente de una aplicación muy cuidadosa del programa en Suiza (inclusive con el involucramiento de los proveedores de Triple P) mostro que el programa no generaba efecto alguno en los niños tratados en relación con los no tratados (Eisner et al., 2007). Y no sólo eso, posteriores reanálisis de algunas de las evaluaciones experimentales de dicho programa llevadas adelante en Estados Unidos y Alemania mostraron que, no sólo no se declaraba que había conflicto de interés por los evaluadores, sino que además se incurría en una serie de prácticas de investigación problemáticas como la presentación selectiva de resultados, análisis estadísticos inadecuados, manipulación problemática de la condición del tratamiento y de control, que volvían imposible determinar si los programas eran efectivos o no (Eisner, 2013; 2014).
En definitiva, hay razones para estar preocupados por el conflicto de interés en la ciencia.
ii) ¿Es falaz preguntar por el conflicto de interés?
Esta preocupación por el conflicto de interés parece caer en una falacia informal clásica: ad hominem. Es decir, en lugar de preocuparnos por lo que el experto nos dice, por el argumento que está haciendo sobre los asuntos como seguridad, energía o desempleo, o lo que sea, volcamos la mirada hacia las características del experto y sus intereses (Copi et al., 2019). Y en principio, esto es algo que esta simplemente mal.
No obstante, quiero subrayar ‘en principio’. Si lo que uno quiere decir es que lo que el experto dice es falso o incorrecto simplemente por el hecho de ser quien es (por ejemplo, por tener determinados vínculos laborales/económicos no declarados), claramente es una falacia o lo que Walton llama variante abusiva del ad hominem. Pero si en cambio, lo que le estamos reclamando al experto es que muestre por qué el hecho de tener esos vínculos laborales/económicos no le inhibe o no le genera conflicto ideológico o financiero con sus opiniones negativas sobre otro tipo de programas o propuestas, entonces no es falaz, sino que es una forma de preguntar e interpelar legítimamente al experto. En este caso no estamos descalificando sus opiniones por ser quien es, sino que, estamos legítimamente cambiando la carga de la prueba (Walton, 1988). Lo que estamos haciendo es clarificar qué tipo de dialogo está teniendo lugar. Estamos inquiriendo si en lugar de estar en una ‘investigación neutral’ donde se explora un tema, se busca evidencia, y se concluye luego de sopesar los distintos argumentos a favor y en contra, estamos más bien ante una ‘disputa adversarial’ donde el objetivo es ganar el debate, competir y atacar argumentos rivales para así persuadir a la audiencia (Walton, 1987; 2007). Ojo, no está mal o es falaz de por si usar los recursos, reglas y objetivos de una disputa adversarial. El problema, según Walton, es cuando dicha disputa no es transparente. Cuando en apariencia, en una entrevista a un experto, o un artículo de un periódico o incluso en un panel, todos asumimos que estamos en un tipo de dialogo de investigación neutral y en los hechos el experto está llevando adelante una disputa adversarial donde presenta sesgadamente las razones que promueven y refuerzan una de las posiciones en debate. Y en estos casos, lo que hacemos es cambiar legítimamente la carga de la prueba y pedirle explicaciones al experto sobre su conflicto de interés. En otras palabras, estamos habilitados y es sano que el experto explicite la naturaleza de su posición y como ello no afecta la defensa que está haciendo de esa política monetaria, esa propuesta de prevención barrial, de esa crítica a liberalizar completamente los combustibles, o de esa propuesta de promover programas estatales de empleo juvenil en forma masiva.
Bien, no seria falaz preguntar. Ahora, ¿cuáles serían son esos intereses que tienen los investigadores que pueden generar conflictos...?
iii) Intereses financieros, ideológicos y personales: hay mucho en juego...
La principal fuente de conflicto es que los expertos tengan un interés económico en la política o programa que están defendiendo públicamente (Eisner et al., 2015). No obstante, sus formas pueden variar mucho. En algunos casos los expertos son los creadores o han ayudado en el desarrollo del programa/política de turno y se benefician económicamente de su expansión (Eisner, 2009; Eisner & Humphreys, 2010). Pero en otros casos, el vínculo puede ser más indirecto. Es frecuente que los expertos puedan estar trabajando en consultorías o asesorías para los gobiernos vinculadas a las políticas/programas, y pueden existir un compromiso o atadura por la vía de potenciales proyectos asociados a futuras evaluaciones de proceso e impacto. Si yo soy un sociólogo y vengo realizando en los últimos años consultorías evaluando programas estatales de empleo juvenil, no es muy probable que en un debate público proponga que la mejor manera de resolver el problema de desempleo en los jóvenes y sus efectos adversos sea apelar al mercado o entidades privadas, o que sea extremadamente caritativo con argumentos en su favor. Pero los conflictos de interés económico del experto ni siquiera requieren relación indirecta con el gobierno. Por ejemplo, un criminólogo que defienda apasionadamente la necesidad de utilizar recursos públicos para aumentar la vigilancia policial y la inversión en cámaras en ciertas zonas comerciales y en ciertos horarios nocturnos para reducir los robos a comercios, pero que nunca haga explicito que asesora a la cámara de comerciantes o a una empresa de cámaras de seguridad. O un economista que insista que en Uruguay el dólar está muy caro, distorsionando la economía, y que por ende aconseje que el Banco Central intervenga apreciando la moneda, pero no aclare que trabaja para una compañía dedicada a traer artistas internacionales al país (de paso: ¿Para cuándo los Red Hot Chili Peppers en Uruguay?).
Hay casos donde el conflicto de interés puede llevar al experto a defender una política cuya evidencia es débil, no suficiente o incluso contraproducente generando un daño social significativo. Recordemos el caso del programa de entrenamiento parental llamado Triple-P mencionado al inicio de la nota. Muchos gobiernos en varios países lo han implementado y lo cierto es que al día de hoy no está claro si es una solución a los problemas de comportamientos problemáticos de los niños o un doloroso malgasto de recursos. Es también conocida la triste historia del estudio de Wakefield publicado en Lancet en los 90 que vinculaba la vacuna triple viral con el autismo, y que terminó disminuyendo la tasa de vacunación y perdiéndose la inmunidad de grupo (Ritchie, 2020). Mas allá de todos los múltiples problemas metodológicos del estudio que estaba basado únicamente en una muestra de 12 niños donde Wakefield presentaba sesgadamente (o directamente manipulaba) la información de los sujetos para justificar sus conclusiones, y que fue demostrado como falso empíricamente por todos los estudios posteriores serios; hay un detalle más oscuro y jodido. Wakefield, tenía claras motivaciones económicas asociadas a sus conclusiones: no solo tenía un acuerdo económico con un abogado que iba demandar a los creadores de dichas vacunas, sino que había solicitado patentar su propia vacuna triple viral (Ritchie, 2020).
El problema del conflicto de interés no siempre tiene que involucrar recomendaciones con consecuencias inequívocamente negativas como los anteriores ejemplos. Aun cuando los programas o políticas pueden tener efectos positivos, estos pueden ser sólo parciales o afectar única o privilegiadamente los intereses de ciertos sectores de la población en detrimento de los intereses de otros. Aumentar vigilancia policial y cámaras en zonas comerciales como sugería el criminólogo imaginario en la página anterior puede ser razonable, tener respaldo empírico de evidencia internacional y tal vez hasta mostrar resultados positivos en Uruguay reduciendo los hurtos en los comercios. Sin embargo, es una medida que beneficia fundamentalmente a un grupo de comerciantes y que tiene un costo de oportunidad de aplicar dichos recursos públicos a muchísimos y diversos problemas de seguridad donde otros grupos alternativos podrían beneficiarse. Por ejemplo, ¿por qué no invertir en otros grupos de víctimas de hurtos y rapiñas que capaz tengan menos capacidad de agruparse y reclamar o incluso pagar a un experto para que públicamente promueva la medida? O peor aún, si vamos a pensar en victimas con escaso poder de incidencia y convocatoria, ¿por qué no jerarquizar invertir en programas focalizados víctimas de abuso infantil en el ámbito doméstico? Del mismo modo una fuerte apreciación de la moneda puede ser un golazo económico para empresarios que quieran traer a Paul McCartney a tocar al Estadio Centenario, o para consumidores que quieran comprar bienes importados, pero claramente le impone un costo significativo a los individuos y sectores que venden servicios y productos al exterior.
Para complejizar más el problema, el conflicto de interés no tiene por qué ser exclusivamente económico. En la literatura se mencionan los conflictos de interés ideológicos que son aquellos más prominentes en las áreas de estudio donde los desacuerdos sobre los fines últimos tienen más relevancia que los medios para alcanzarlos, especialmente cuando refieren a comportamientos no deseables, claramente negativos y polémicos para la sociedad (Bacharach & Newcomer, 2002; Gorman & Conde, 2007). En este caso los sesgos políticos pueden incidir significativamente y los expertos no sólo no dudarán en tomar rápidamente partido por una posición aun cuando la evidencia sea débil, sino que incluso puede influir hasta en que temas los expertos creen que no es deseable siquiera investigar (Duarte al., 2015). Por ejemplo, en criminología, las fuertes preferencias morales e ideológicas de los investigadores afectan significativamente el cuidado con el que toman en cuenta y analizan la evidencia en temas polémicos como la regulación de las drogas, el uso sistemático de la privación de libertad para reducir el crimen, la pena de muerte, o incluso considerar los factores biológicos para explicar el crimen y la violencia (Eisner, 2009). No es difícil imaginar cómo la ideología política no declarada puede afectar a economistas, sociólogos, politólogos o demógrafos por similares carriles. Al menos este tipo de conflictos de interés parecen ser más claramente visibles (o menos disimulables por los investigadores) para el espectador/ciudadano.
Finalmente, a veces el conflicto de interés es algo mucho más personal e individual y tan simple como el prestigio académico y respetabilidad. Hace unos días un Profesor de Health Data Science se reía en Twitter de este tipo de conflicto de interés y sugería que los investigadores deberíamos incluir en todos nuestros artículos científicos el siguiente enunciado:
A lo que refiere es que muchos académicos tenemos una carrera basada en nuestras publicaciones y estudios, y buena parte de dicha carrera depende de que encontrar efectos (‘de que los resultados nos den’), y así podemos conseguir financiamiento, consultorías, publicaciones, invitaciones a conferencias, etc. Evidentemente, cuando el experto participa en un panel o es entrevistado, no tiene grandes incentivos a considerar cuidadosamente la evidencia que tiraría abajo los principales hallazgos sobre los que ha basado toda su trayectoria.
iii) ¿Y cómo puede afectar a la investigación estos conflictos de interés?
En definitiva, hay mucho en juego, y es difícil que estos intereses no afecten los juicios de los académicos cuando investigan, publican u opinan. Según Eisner (2009) hay dos vías por las cuales el conflicto de interés de los expertos puede afectar y alterar los resultados de la investigación.
En primer lugar, curiosamente los investigadores no son ángeles o robots, y sufren los mismos sesgos cognitivos inconscientes que afectan al resto de los humanos. Básicamente tenemos dificultad para procesar y evaluar la información con imparcialidad tendiendo seleccionar evidencia que se alinea con lo que querríamos concluir y con lo que venimos pensando antes, descartando aquella que nos genera conflictos (Eisner, 2009; para un compendio general ver Bloom, 2023). Por ello, no extraña que los estudios de meta ciencia (es decir, investigación que examina como se llevan adelante los estudios científicos) muestren como, el conflicto de interés lleva a muchos científicos a producir evidencia científica problemática producto a) o bien de la negligencia donde los estudios están llenos de errores numéricos, inconsistencias estadísticas o prácticas de investigación y análisis cuestionables; b) o bien de la tendencia al sensacionalismo, exageración y sobreventa de los resultados científicos generando una percepción distorsionada publica de sus resultados en la sociedad (Ritchie, 2020).
En segundo lugar, y ya poniéndonos en un plano decididamente más jodido, los expertos pueden también tener practicas o conductas indebidas o antiéticas donde intencionalmente deciden distorsionar sus estudios (Eisner, 2009). En este sentido, recomiendo el capítulo 3 de Ritchie centrado enteramente en fraudes científicos mostrando ejemplos notorios de fabricación y falsificación de datos no sólo en las ciencias sociales sino también en las ciencias duras. Destaca el caso del Cirujano Italiano Machiarini cuyos trasplantes usando tráqueas sintéticas revestidas de células madre del propio paciente se publicaban en las revistas más importantes y era considerado uno de los nuevos genios de la medicina regenerativa. Se terminó descubriendo que sus estudios falsificaban la información y que sus pacientes no sólo no evolucionaban favorablemente, sino que agonizaban y terminaban muriendo en forma terrible (Ritchie, 2020).[3] Quiero destacar un caso reciente que realmente parece joda: El affaire Gino. Francesca Gino es una investigadora de la Universidad de Harvard experta en honestidad…si, en honestidad, se los juro. Tres psicólogos desenmascararon en su blog Data Colada que varios de sus estudios tenían serios problemas de manipulación de datos y existía evidencia solida de fraude (Data Colada, 2023a; 2023b).
Conclusiones: ¿quién necesita objetividad cuando tienes un patrocinador que paga bien?
El objetivo de esta nota fue poner el foco en un tema al que no se le suele prestar mucha atención. La idea de que los expertos y los científicos son unos ángeles que buscan desinteresadamente la verdad cuando investigan u ofrecen recomendaciones es una visión muy romantizada de lo que ocurre en la realidad. En los hechos existen muchos intereses invisibles de todo tipo en juego, y la evidencia muestra que es difícil que no generen sesgos en como dichos expertos estudian la realidad y por ende en el tipo de recomendaciones que ofrecen cuando se los consulta.
Por supuesto, que existan sesgos no significa tirar por la borda la investigación y la opinión experta (alerta: falacia de falsa oposición!). Como alguna vez dijo el grande de Robert Solow y suelo repetir mucho (perdón!): así como saber que la asepsia total es imposible no nos hace indiferentes a operarnos en un hospital o en una cloaca, el hecho que existan intereses sesgando la conclusiones y opiniones de los expertos, no nos tiene que llevar a considerarlas viciadas de valor o tan malas como cualquier opinión desinformada. Al contrario, más bien a lo que debemos apuntar es a intentar que los expertos explicitemos más honestamente esos intereses. Interrogar al experto o académico acerca de sus intereses no incurre en una falacia, sino muy al contrario es un reclamo ciudadano legítimo. Es más, debería ser algo natural, y si me apuran, tendría que ser algo que los propios expertos deberíamos declarar proactivamente de antemano sin necesidad de que nos lo exijan. No hacerlo involucra intencional o no intencionalmente engañar y ocultar información clave a aquellos a los cuales decimos querer ayudar con nuestro conocimiento.
Parece una exigencia mínima, ¿verdad? Lamentablemente, dista de ser una práctica corriente, y mucho menos cuando salimos de la esfera de los artículos científicos y miramos como cotidianamente opinan, divulgan y discuten en los medios. Por eso, querido experto, la próxima vez que estes siendo entrevistado, invitado en un panel, o que estes escribiendo una nota, sería mucho pedir, ¿qué te tomes un momento y nos aclarares si tenes algún un conflicto de interés que declarar?
Nico Trajtenberg
Quiero agradecerle a Federico de Castro, Aníbal Corti y Sebastián Fossati por sus comentarios y charlas que tuve con ellos que me ayudaron a pensar mucho mejor este tema y a evitar algunas simplificaciones y errores.
Referencias
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Bloom, P. (2023). Psych: the story of the human mind. New York. Harper Collins
Copi, I. M., Cohen, C., & Rodych, V. (2015). Introduction to logic. Routledge.
Data Colada (2023a) Data Colada. Thinking about evidence. Blog. Entrada 109, 17 Junio de 2023. https://datacolada.org/109
Data Colada (2023a) Data Colada. Thinking about evidence. Blog. Entrada 109, 20 Junio de 2023. https://datacolada.org/110
Goldacre, B. (2013). Bad pharma: How drug companies mislead doctors and harm patients. Fourth Estate, London.
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Eisner, M. P., Humphreys, D. K., Wilson, P., & Gardner, F. (2015). Disclosure of financial conflicts of interest in interventions to improve child psychosocial health: A cross-sectional study. PloS ONE, 10, e0142803.
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Walton, D. (2007) Media Argumentation: Dialectic, Persuasion, and Rhetoric. Cambridge University Press.
[1] Los términos experto, académico e investigador serán utilizados como sinónimos a largo de toda la nota.
[2] Esto agrava aún mas el problema de sesgo de publicación que caracteriza a la investigación científica en general donde una parte muy importante de los resultados negativos (null effects) obtenidos tienden a ser archivados simplemente porque todos sabemos que es infinitamente más improbable que las revistas científicas los publiquen (Ritchie, 2020).
[3] El caso de Machiarini se puede ver en una serie en Netflix bastante entretenida (pero dura de ver): ‘Bad Surgeon: Love Under the Knife’. Vale la pena!
