El gobierno de Joe Biden llevará a cabo una cumbre de democracia en estos primeros días de diciembre. A esta cumbre no fueron invitados Honduras, El Salvador, Guatemala, ni tampoco Nicaragua[1]. Según el índice de democracia del Economist Intelligence Unit (el más actualizado), en América Latina existen 3 “democracias completas”, 13 “democracias defectuosas”, 4 “regímenes híbridos” y 3 “regímenes autoritarios”. De los 4 regímenes híbridos, 3 están en Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Por su parte Nicaragua (junto con Cuba y Venezuela) es clasificada como un autoritarismo. Esto deja solo un país de la región clasificado como democracia: Costa Rica. En otras palabras, de los 5 países de Centroamérica, solo uno tiene el título de “democracia”.
La débil institucionalidad en Centroamérica no es noticia nueva. Sin embargo, usando el mismo índice de EUI, sí se observa una caída en la calidad democrática. En 2006, la primera medición del índice, todos los países tenían un mejor puntaje. Incluso quedaban situados en una categoría superior a la que se encuentran hoy: en vez de ser clasificados como “regímenes híbridos”, caían en la categoría de “democracias defectuosas”, donde se ubican la mayoría de los países latinoamericanos en la actualidad.
Recordemos que el índice de EUI puntúa a los países en cinco dimensiones: (1) Proceso electoral y pluralismo, (2) Funcionamiento del gobierno, (3) Participación política, (4) Cultura política y (5) Libertades civiles. Con la excepción de Nicaragua (que como vimos, es clasificada como un autoritarismo), la puntuación más baja se observa en la segunda dimensión: funcionamiento del gobierno. Los indicadores de esta dimensión incluyen temas como existencia de “checks and balances”, control sobre todo el territorio, ausencia de funcionamiento transparente, prevalencia de la corrupción e influencia significativa de ciertos grupos domésticos.
¿Por qué el funcionamiento del gobierno es tan débil en esta región? Por supuesto que no pretendo responder aquí a esta pregunta, pero sí me animo a proponer un factor que contribuye decisivamente a esta debilidad: el narcotráfico.
Por su posición geográfica, Centroamérica es la región por donde transita la droga ilegal, en particular cocaína. El tránsito de cocaína por esta región empezó a incrementarse especialmente después de los años 80, cuando Estados Unidos endureció la vigilancia de las vías marítimas, hasta entonces preferidas para el traslado desde Sudamérica a las costas de Florida. Al complicarse estas rutas, los carteles de Colombia comenzaron a fortalecer sus vínculos con los carteles mexicanos y a trasladar la droga a través de Centroamérica hasta llegar a México (con destino final a Estados Unidos). Incluso, el pasaje de la droga se ha acrecentado en las últimas dos décadas, en parte debido al aumento en la producción de cocaína en el Sur. Una experta en el tema ilustra este cambio cuantitativo con un cambio cualitativo: “Lo que antes era un goteo constante se convirtió en una inundación”[2]. Otros argumentan que Centroamérica ha evolucionado de ser simplemente lugar de paso a ser una “gran estación de servicio” de los carteles[3] (como ocurre con el transporte de cualquier mercadería, también el de cocaína ha generado una larga cadena de proveedores, desde pistas y puertos para el alije, hasta avituallamiento, sanidad y recreación de las tripulaciones, pasando por la atención de los vehículos de aire, tierra y mar, y ni que hablar de la seguridad de los cargamentos). En la actualidad, aproximadamente el 90% de la cocaína producida en el sur que entra a Estados Unidos pasa por Centroamérica[4]. Este fenómeno afecta a algunos países más que a otros. No obstante, ninguno se libra, ni siquiera Costa Rica.
Muchos estudios sobre las consecuencias del narcotráfico se enfocan en los efectos sobre la violencia en los países. Menos se enfocan en las consecuencias sobre la democracia/institucionalidad.
Cuando hablamos de grupos de interés, o grupos de poder domésticos, solemos pensar en la élite económica, los militares o las iglesias. En mi trabajo de tesis en curso, me enfoco en las élites económicas, en cuanto el poder del dinero comúnmente se traduce en poder político. Existen múltiples vías por las cuales estos actores pueden presionar al sistema político (cabildeo, financiamiento de campañas, “puerta giratoria”, entre otras admitidas como más o menos legítimas).
Uno de mis casos de estudio es Honduras, un país donde los grupos económicos han tenido históricamente una fuerte influencia en el Estado y donde, como en otras latitudes, se suele afirmar que un puñado de familias controla el país. Durante mi recolección de datos, rápidamente surgió el tema del narcotráfico. En conversaciones con altos líderes empresariales y miembros de los grupos económicos más fuertes del país, varios mencionaron que, de algún modo, su poder ya no es el mismo que antes. Las elites económicas parecen haber sido, al menos parcialmente, desplazados por una nueva clase: políticos que se han enriquecido con el narcotráfico. En palabras de uno de los entrevistados: “Ya no tenemos ni arte ni parte en las decisiones. Los políticos hacen lo que quieren. Los empresarios que han influido más han sido los nuevos ricos que han surgido de sus movidas”.
Consultando a un experto local, aún antes de ser preguntado por el narco, el entrevistado trae el tema a colación: “Hasta hace unos 12 años, los grupos poderosos eran, efectivamente, la gente más rica. Eso ha cambiado, porque los que se convirtieron en los grupos más fuertes son los políticos corruptos, que son más ricos que los ricos. En Honduras vivimos en un narcoestado; puede sonar exagerado, pero así es. Ahora, el verdaderamente poderoso es… la gente vinculada con el narcotráfico. Algunos de los ricos tradicionales se han aliado a esta mafia en parte para subsistir, se alían para poder seguir trabajando y subsistir. Entonces sí, tú podrías decir que esa alianza entre los ricos de la corrupción unidos a los ricos de la clase productiva, manejan el país. Pero el liderazgo lo lleva la clase política corrupta”.
Este enriquecimiento ilícito de políticos tiene una importante consecuencia en el financiamiento y funcionamiento del sistema. En palabras de otra figura de la élite empresarial: “ya no nos necesitan para financiar campañas; se financian con la plata del narco”. Eventualmente puede haber exageración; las élites económicas seguramente sigan siendo una importante fuente de recursos para los partidos. Pero la percepción ampliamente mayoritaria de mis entrevistados apunta en el sentido anterior.
¿Qué logra el narco con comprar (cooptar, asociar) políticos? Primero, lo más obvio: protección de su negocio, en el espectro que va desde no perseguir sus acciones criminales a través del aparato del Estado, hasta asistirlos activamente con recursos públicos. En Honduras, Tony Hernández, exdiputado y hermano de Juan Orlando Hernández (actual presidente), fue recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. En su juicio las acusaciones salpicaron a su hermano Juan Orlando: varios testigos declararon que recibió dinero del narco (incluso del mismísimo Chapo Guzmán) a cambio de proteger los cargamentos y traslados de cocaína, así como proteger a ciertos de sus aliados en el proceso de extradición[5]. Otra de las acusaciones recientes contra el presidente Hernández es haber aceptado dinero de Los Cachiros -los transportistas más importantes de Honduras- a cambio de cuantiosos contratos gubernamentales que les permiten lavar dinero[6].
Ocurre, como es sabido, que los narcos no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que adicionalmente suelen montar otros negocios para lavar esos ingresos (uno de los más populares en la región sigue siendo la ganadería[7]). En El Salvador, por ejemplo, el jefe de unos de los carteles más importantes (Cartel de Texis) es todo un empresario con negocios diversificados, que incluyen establecimientos ganaderos, hotelería, y hasta la propiedad de un equipo de futbol[8]. En una de esas empresas, figura como socio fundador junto con el exvicepresidente Oscar Ortiz[9]. De modo que, además de su influencia a fuerza de “plata o plomo” desde el ámbito original del narcotráfico, estos grupos organizados, al actuar directamente en otros sectores sociales y económicos, duplican su capacidad para influir en ellos.
Por cierto, los narcos no solo cooptan dirigentes políticos que ocupan las posiciones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también operadores del Poder Judicial, desde jueces de paz hasta magistrados de las cortes supremas. En consecuencia, de modo más o menos articulado, los entrevistados denuncian repetidamente la falta de Estado de Derecho asociada a la narco-corrupción.
En Guatemala hubo una luz de esperanza cuando, en 2006, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyas investigaciones a lo largo de 12 años resultaron en acusaciones a más de 1,500 personas[10]. El proceso más notorio es la investigación del caso “La Línea”, que terminó en el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien también fue vinculada con el cartel Los Zetas[11]. En 2019, durante la presidencia de Jimmy Morales, no se renovó el mandato de la CICIG. El presidente Morales, así como importantes miembros de la élite económica, estaban siendo investigados por casos de corrupción. Luego fueron tras fiscales locales que intentaron continuar las líneas de investigación de la CICIG, varios de ellos hoy en el exilio. Una exmagistrada advierte que se están enfrentando “a redes criminales internacionales con muchos recursos, con mucho poder. Un país donde las instituciones están cooptadas y capturadas en el sector justicia, no puede salir solo adelante”[12].
Se trata del caso extremo que refiere Rachel Bowen en su definición de independencia de la justicia: una justicia independiente no solo implica ser ajena a presiones de otros actores gubernamentales sino también a presiones de actores sociales[13]. En los países centroamericanos que venimos citando, la justica no es independiente ni de otras fuerzas estatales ni de actores sociales. Esta circunstancia provoca una enorme desconfianza entre los ciudadanos que, por ende, no recurren a los mecanismos institucionales para resolver sus problemas. Se refuerza así la ausencia del Estado de Derecho, condición necesaria de un régimen democrático.
Es enteramente verosímil que el narco haya desplazado a los grupos económicos tradicionales como principal fuente de presión al sistema político, aunque no haya eliminado al sector empresarial en su condición de grupo de interés. En todo caso, tal como sugieren las declaraciones de notorios integrantes de la élite económica hondureña, ratificadas por las pruebas sustanciadas en procesos judiciales de casos de corrupción recientes, estos dos grupos han sumado fuerzas, lo que lleva a una combinación muy poderosa-- y muy peligrosa.
Desde luego que el narcotráfico no es el único factor que afecta a la democracia en Centroamérica (el caso dramático de Nicaragua lo deja en claro). Pero tampoco es casualidad que esta región, principalísima ruta de la cocaína hacia el norte, esté sumergida en una profunda y persistente crisis de institucionalidad democrática, cuyo factor común más visible es la corrupción sistémica. Resulta tentador formularlo eslogánicamente: “Puede haber corrupción sin narcotráfico, pero no hay narcotráfico sin corrupción”.
[1] Además de los que esperábamos que fueran excluidos: Cuba y Venezuela
[2] Ballvé, T., & McSweeney, K. (2020). The ‘Colombianisation’of Central America: Misconceptions, Mischaracterisations and the Military-Agroindustrial Complex. Journal of Latin American Studies, 52(4), 805-829.
[3] Cajina, R. (2012), “Centroamerica bajo asedio: narcotráfico y debilidades institucionales”. Documento 82/2012, Instituto Español de Estudios Estratégicos.
[4] Meyer, P. and Ribando Seelke, C. (2015), “Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress”, Congressional Research Service.
[5] https://www.reuters.com/article/us-usa-honduras-drugs/honduran-presidents-brother-promised-el-chapo-protection-witness-says-idUSKBN1WO02J
[6] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210311-leonel-rivera-acusa-soborno-juan-orlando-hernandez-honduras-narcotrafico
[7] Colombianisation and
[8] https://insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/jose-adan-salazar-chepe-diablo/
[9] https://elfaro.net/es/201604/el_salvador/18337/Vicepresidente-de-El-Salvador-es-socio-del-presunto-l%C3%ADder-del-C%C3%A1rtel-de-Texis.htm
[10] https://www.wola.org/analysis/cicigs-legacy-fighting-corruption-guatemala/
[11] https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/narcotrafico-y-politica-el-vinculo-que-empana-los-procesos-electorales-desde-1986/
[12] https://elpais.com/internacional/2021-08-16/washington-la-capital-de-la-justicia-guatemalteca-en-el-exilio.html
[13] Bowen, R. (2017), The Achilles Heel of Democracy: Judicial Autonomy and the Rule of Law in Central America. Cambridge University Press.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
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