Hace no mucho tiempo, durante el curso de una investigación sobre violencia en cárceles en Uruguay, un guardia de un módulo con mucha carretera me mostró una gran cicatriz que le atravesaba buena parte del cuello y me dijo: ‘Trajtenberg, muy lindas sus teorías y sus explicaciones sobre lo que habría que hacer, pero usted dice esas cosas porque no tiene que pasar la noche aca. Lo hago pasar una nochecita en el módulo con el Betito y cuando sienta el miedo en la espalda se le van todas las boludeces y empieza a entender como funciona la cosa’.
Un clásico. Cualquier académico que haya tenido que discutir con ‘policy makers,’ ‘practitioners’, funcionarios o cualquier otro tipo de actor que trabaja en el terreno, tarde o temprano recibe un comentario de este tipo como respuesta a sus diagnostico o propuestas de soluciones. Me ha pasado muchas veces, y mi reacción natural era sonreír y mentalmente descartar esa respuesta como una variante mas de falacia ad hominem que carecía de todo valor.
Últimamente me he replanteado qué valor puede tener este tipo de cuestionamientos o demandas, y cuál puede ser su mejor versión. Y muy asociado, cuánto es que realmente sabemos y cuánto deberíamos ser escuchados por la sociedad y los gobernantes. Por eso quiero discutir el rol de los intelectuales (que palabra más desgradable…), expertos en crimen, criminólogos, y en especial cuando somos particularmente críticos frente a gobiernos que apuestan por enfrentar los problemas del crimen utilizando alternativas llamadas punitivas, es decir, focalizadas en aumentar penas, incrementar costos, y reducir oportunidades.
En lo que sigue voy primero a introducir brevemente idea del intelectual como actor público que tiene que involucrarse activamente con los problemas de la sociedad y por ello ser crítico de soluciones que cree inconvenientes. A continuación, voy a mencionar dos razones que creo que debilitan seriamente elvalor de nuestras opiniones: en primer lugar la debilidad del conocimiento que poseemos sobre crimen y su prevención asociado a la crisis de replicación y escasez de evidencia en Latinoamérica; y en segundo lugar, homenajeando al guardia de prisión, nuestro escaso “skin on the game” (“jugarse la piel”).
Criminología pública: somos intelectuales, tenemos que opinar!
De algunos años a esta parte se ha hecho mucho énfasis en el carácter público de las ciencias sociales, de los intelectuales y de la importancia de su compromiso con la sociedad. No es nuevo, pero de la mano de Buroway y la llamada Sociología Pública (Buroway, 2005) y sus sucedáneos, especialmente la Criminología Pública (Chancer & McLaughlin, 2007; Loader & Sparks, 2010; Rock, 2014), hay un llamado a que los intelectuales (¡que palabra mas odiosa por dios!) se involucren activa y públicamente con los problemas de la sociedad vinculados a las políticas, instituciones, distintos actores y movimientos sociales. Los intelectuales tienen la obligación de hacer llegar al resto de la sociedad su conocimiento y su opinión, no sólo describiendo qué ocurre o explicando por qué es que ocurre, sino que su conocimiento tiene que aportar para iluminar sobre los asuntos morales, los problemas de justicia social, en una palabra, sobre el deber ser (Tittle, 2004).
Esta actitud de intensa participación e involucramiento público de académicos y expertos pronunciándose sobre lo que hacen los gobiernos en materia de prevención del crimen es algo que se observa en forma bastante acentuada en Latinoamérica, y en particular en Uruguay. Tanto el gobierno anterior como el actual, han generado de parte de muchos expertos un severo pronunciamiento sobre lo inadecuado de sus propuestas, en especial aquellas que apuntaban más a incrementar costos y reducir las oportunidades. No importa si estamos hablando sobre hacer políticas más agresivas de incautamiento de drogas, esfuerzo/incremento policial en zonas calientes (‘hot spots’), el establecimiento de un registro de ofensores sexuales, ausencia de políticas de desarme, o incluso incrementar los costos penales vía cambios legales. Siguiendo el modelo del intelectual de la criminología pública, hay un claro y contundente rechazo, practicamente sin matices, a buena parte de las medidas y propuestas. ¿Y cuál sería el problema?
¿Sabemos lo necesario como para opinar tan contundentemente?
Hay un primer supuesto importante detrás de este involucramiento de los expertos y es que la criminología o el conocimiento científico en temas de crimen tiene suficiente acumulación y calidad como para poder entender lo que está ocurriendo, y más aun evaluar si las medidas propuestas por los gobiernos son incorrectas o erróneas. Sin embargo, hay dos razones para ser un poco más precavidos.
En primer lugar, cualquiera que tiene un mínimo conocimiento de la disciplina sabe que si juntamos diez criminólogos en una habitación tendremos diez causas diferentes de por qué hay crimen, y diez propuestas distintas de cómo resolverlo. En muchos casos, la capacidad predictiva y explicativa de nuestros estudios sigue siendo pobre, la evidencia es generalmente conflictiva sobre cuáles son los programas que reducen más cierto tipo de delito, para cierto tipo de ofensores bajo determinadas condiciones. Y esto no debería sorprendernos, ya que en los últimos años la crisis de la replicación en la ciencia, y en paraticular en psicología y otras disciplinas sociales ha mostrado que incluso muchos de los estudios y resultados que considerabamos válidos y super robustos se han desarmado como un castillo de naipes (Open Science Collaboration, 2015; Nosek et al, 2012; Ioannidis, 2005). Más grave aun, no sólo no logramos replicar y reproducir los resultados de buena parte de la investigación que antes creíamos sólida, sino que lo más terrible es cuando ahondamos en las causas: empezamos a descubrir que mucha de la investigación está basada en prácticas de investigación cuestionables (‘questionable research practices’) (ej. reporte selectivo, recogida de datos en forma arbitaria, no reportar todas las condiciones del estudio, redondear resultados para mostrar significación, excluir o incluir casos arbitrariamente, etc.) o incluso directamente fraudulentas donde falsean o inventan datos descaradamente (Ritchie, 2020). La criminología no está para nada exenta de estos problemas, y si bien existen mucho menos estudios de meta ciencia, en comparacion con otras disciplinas, los escasos indicios que tenemos muestran un panorama preocupante: la replicación es también una práctica poco frecuente en la disciplina (McNeeley & Warner, 2015; Pridemore et al., 2018; Savolainen & VanEseltine, 2018), y buena parte de las prácticas de investigación inadecuadas y problemáticas también se observan en criminología, o al menos eso sugieren un reciente ‘preprint’ (Chin et al., 2021) y un special issue en una de las revistas más importantes de criminología (el Journal of Quantitative Criminology) (Sweeten, 2020).[1]
En segundo, lugar, para aquellos corajudos que no sienten suficiente temor sobre la validez de nuestro conocimiento dada la crisis de reproducibilidad, en el caso de la criminología en Latinoamérica hay una razón adicional para ser cautelosos: la mala calidad de los datos e información, y la escasa cantidad y calidad de estudios. Latinoamérica es un puzzle apasionante. No solo es una de las regiones más violentas del mundo (Bergman, 2018; UNODC, 2019), sino que además, mientras que la delincuencia y la violencia han ido disminuyendo en la mayor parte del mundo en las últimas décadas, Latinoamérica se aparta de esta tendencia (Lappi-Seppala & Lehti, 2014; Cano & Rojido, 2017; Pinker, 2011) con un crecimiento significativo del crimen, y en especial del crimen violento en varios países (Bergman, 2018). Sin embargo, es difícil entender lo que ocurre en la región dado que la mayor parte de la investigación, y sobre todo la de alta calidad, se ha realizado en regiones de altos ingresos donde los niveles de delincuencia y violencia son bajos (Krisch, et al., 2015; Murray et al., 2018). ¡Es decir, se da la enorme paradoja que sabemos menos donde más grave e importante es el fenómeno de interés! Es verdad, que en los últimos años hay mejores datos, mejor calidad de informacion, y más investigacion, pero comparativamente es todavía muy escasa sobre todo si pensamos en estudios de alta calidad metodológica, incluyendo diseños longitudinales, experimentales, cuasi experimentales, o incluso, y ya acá me pongo demasiado pretencioso, diseños mixtos o combinados.[2]
Mas importante aun, tenemos un déficit de implementación y evaluación de programas de prevención de la violencia, y en particular en lo que refiere a la prevención de las formas mas graves y letales de violencia. Buena parte de los esfuerzos han estado centrados en crímenes de poca gravedad, existen escasas alternativas focalizadas en las variantes criminales mas graves, y las mismas suelen tener problemas de inadecuada aplicación, falta de fidelidad, inadecuada adaptación a condiciones locales y los desafíos únicos de la región, y fundamentalmente, en muchos una débil evaluación de sus resultados que impiden determinar si el programa logre efectivamente tuvo algún efecto (Bergman, 2018; Cano y Rojido, 2016; 2017; pero ver algunas evidencias exitosas en Muggah, 2016). Y ni que hablar que los problemas anteriormente mencionados de malas practicas y fraude pueden estar operando en el contexto latinoamericano sin que tengamos idea. Y sobre todo, como dice el criminólogo Charles Tittle, el conocimiento requerido para que los expertos puedan opinar con firmeza sobre estos asuntos que son altamente costosos y que pueden involucran muchas vidas involucra tener un fuerte respaldo empírico basado en mucha acumulación sistemática, revisada, cuestionada múltiples veces por pares, donde muchos experimentos y meta análisis hayan superado la prueba del tiempo. Un estudio, o incluso varios estudios no son suficientes, y la historia ya nos ha mostrado muchas veces como pueden terminar siendo segados o directamente falsos (Tittle, 2004).
En este complejo escenario los criminólogos ¿no deberíamos ser mas tímidos en nuestras opiniones sobre los programas aun cuando no nos gusten o no se adecuen a nuestras preferencias? Uno a veces se pregunta si la opinión informada del criminólogo, en especial para ciertos temas y bajo ciertas circunstancias, puede vale casi tanto como tirar una moneda…
¿Que nos jugamos cuando opinamos?
Más allá de cuan solidas son nuestras bases para poder opinar hay un problema adicional al que implícitamente refería el guardia del modulo con el que empecé esta nota. Creo que en muchos casos los expertos carecemos de lo que Nicholas Taleb llama ‘skin in the game’.[3] Para Taleb una de las claves para asegurar eficiencia, justicia e incluso un conocimiento más refinado del mundo es algo así como que ‘nadie debería nunca poner en riesgo a otros sin ponerse a si mismo en riesgo’. Pone como ejemplo el código Hammurabi donde el arquitecto que construye una casa puede pagar incluso con la vida si los cimientos de la casa están mal construidos y terminan afectando al dueño.[4] No podemos, según Taleb, tener beneficios y transferir riesgos a otros. Corregir esa asimetría (forzarnos a tener skin in the game) y a correr parte de esos riesgos nos obliga a ser más cuidadosos al opinar y a terminar teniendo un conocimiento más informado (Taleb, 2013; 2018). Taleb va un poco más a fondo y habla de los Intelectuales-pero-Idiotas (Intellectuals Yet Idiots) que son una variante de intelectuales, expertos y burócratas muy influyentes que se caracterizan por un claro paternalismo ya que le indican a los ciudadanos como deberían dirigir sus vidas y que decisiones deberían tomar. Y cuando esto no ocurre, cuando los ciudadanos toman decisiones que no se ajustan a la visión del intelectual-pero-idiota, este los patologiza por no seguir lo que el cree que son sus mejores intereses. De esta manera, la participación política de los ciudadanos en los procesos de decisión pasa de ser democrática a populista cuando deja de ajustarse a las preferencias del intelectual-pero-idiota (Taleb, 2018).[5]
Creo que los insights de Taleb son útiles para evaluarnos a los que opinamos sobre prevención del crimen en Latinoamérica y en particular en Uruguay en dos sentidos.
En primer lugar, como señale al principio, en muchos casos opinamos contundentemente sobre cuan inconvenientes son algunas medidas por considerarlas excesivamente punitivas y corto placistas y que no atacan las causas más relevantes del problema. Por poner un ejemplo ilustrativo en algunos debates en Uruguay. Muchos han criticado (y me incluyo) el énfasis excesivo del gobierno anterior y del actual en políticas basadas excesivamente en el uso de prevención policial y zonas calientes (hot - spots) o que no haya esfuerzos significativos para desarmar a los ciudadanos. Muchos de los que hacemos estas criticas carecemos de un riesgo significativo de victimización a la hora de hacer este tipo de recomendaciones dado nuestra situación económica, lugar de vivienda, y nuestra circulación/uso de espacios de Montevideo. Es muy fácil para nosotros opinar sobre estas medidas porque le transferimos el riesgo de nuestra decisión a los ciudadanos que viven en las zonas periféricas más vulnerables, empobrecidas y castigadas por la violencia. En ese sentido, la discusión sobre cuan negativo nos parece que la gente se arme es paradigmática. Uno rápidamente lo rechaza, e incluso lo puede hacer con toda la buena intención mirando recientes meta análisis sobre el vinculo entre legislación de armas y violencia sufrida por la población (Santaella-Tenorio et al., 2016; ver Sanjurjo, 2020 para un análisis de la región Latinoamericana), porque no solo vivimos en áreas de la ciudad mucho más protegidas sino porque podemos recurrir alternativas no disponibles para los ciudadanos menos privilegiados (alarmas, cercas, rejas, porteros, CCTV, etc.). Para muchos vecinos de la periferia donde la violencia es mucho más utilizada como estrategia cotidiana de resolución de conflictos y donde el Estado, y en particular la policía, tiene una incidencia mucho menor, contar con armas en el hogar puede ser la única alternativa para protegerse en el corto plazo. Por supuesto, hay múltiples alternativas más efectivas, menos nocivas y más razonables en el mediano y largo plazo. Pero probablemente no están disponibles, o en el mejor de los casos van a tardar bastante tiempo en tener lugar (incluso años). Ahora, imaginemos que los expertos que nos oponemos estas medidas de corto plazo supiéramos que vamos a participar de un sorteo por el cual tenemos una chance significativa de tener que mudarnos con nuestras familias e hijos a vivir al menos una semana al mes en las zonas mas violentas de la ciudad durante mientras no se apliquen las medidas de largo plazo que proponemos. Tengo la intuición que más de un experto sería mucho más moderado en su rechazo…
En segundo lugar, e íntimamente conectado, está el problema de entender a la ciudadanía cuando se vuelca por medidas que no parecen coincidir con los parámetros de lo que muchos criminólogos creemos son políticas de prevención más adecuadas, justas y menos punitivas. No puede ser que cuando una parte importante de la sociedad se vuelca por ejemplo hacia medidas que se orientan hacia incrementar la dureza penal rápidamente la reacción inmediata e instantánea de muchos expertos sea hablar de medidas populistas (y a veces hasta de medidas fascistas), descalificando y patologizando a los ciudadanos y políticos que eligen esta opción sin intentar entender mejor que es lo que esta ocurriendo y porque es que la sociedad decide tomar ese camino. No solo tenemos que preguntarnos qué alternativa no punitiva de prevención del crimen viable y clara que ofrezca algún tipo de solución para el presente/corto plazo se les ofreció a una ciudadanía angustiada y desesperada por la coyuntura (y ahí nos encontraremos con que buena parte de la culpa es de nosotros, los expertos).[6] Pero además tenemos que entender que cuando la ciudadanía opta por una política criminal no necesariamente es por razones de eficacia sino que otras consideraciones normativas pueden estar en cuestión: por ejemplo, consideraciones retributivas sobre que ante cierto crimen es justo que los ofensores sufran castigos que sean suficientemente severos independientemente de si ello ayuda o no a que reincidan en el futuro (por ejemplo incrementar las penas o establecer un registro de ofensores sexuales). Los criminólogos (que carecemos de buena formación filosófica, en especial en filosofía moral y política) tendemos a pensar en forma algo infantil que los problemas de qué es lo justo en materia de políticas del crimen son algo intuitivamente claro y consensuable. Parafraseando a Tittle (2004), tal vez es consensuable que una sociedad justa debería buscar prevenir el delito y que por ende es algo que los criminólogos deberíamos ayudar a promover. No obstante, es un consenso tan genérico y superficial que posee un valor prácticamente nulo. Prevenir el crimen esta lleno de dilemas morales donde hay que tomar muchísimas decisiones y si bien eficacia y costo-eficiencia son dos elementos importantes, están afectados por múltiples consideraciones morales referidas a cuánto queremos restringir la libertad de los ciudadanos, cuánto estamos dispuestos a buscar igualar o beneficiar a los menos privilegiados, que tipo de sacrificios estamos dispuestos realizar y durante cuanto tiempo, o incluso en que medida estamos tomando en cuenta a futuras generaciones. Una solución eficaz que reduzca el crimen en un 50% en Montevideo en una semana suena muy atractiva. Ahora si dicha solución involucra rociar con napalm la periferia urbana y hacer una matanza de 100.000 personas, su atractivo desaparece salvo que seamos psicópatas de libro. El problema no es que sea mas o menos eficaz, sino que no estamos dispuestos a usar esos medios para lograr ese resultado. Este es un ejemplo grotescamente burdo. La realidad de las decisiones de política criminal involucra múltiples y complejos escenarios y la criminología no parece ofrecernos muchas pistas para poder saber donde pararnos y como decidir entre estas las múltiples decisiones morales. Y ser conscientes de ello debería llevarnos a los criminólogos y expertos a ser más cautelosos a la hora de cuestionar y descalificar como populistas toda propuesta que no se ajuste a nuestras preferencias.
¿Y entonces? ¿Inmadurez o retardo?
Espero no se malinterprete el punto. No estoy haciendo un llamado a que la ciudadanía se arme como solución al problema del delito, o que esta bien sin más que se aumenten las penas, o se establezca un registro de ofensores sexuales ya que no solo las consecuencias importan y porque hay argumentos filosóficos buenos o mínimamente potables para defenderlos. Tampoco estoy haciendo un llamado a decir que no sabemos absolutamente nada en crimen y su prevención y que no tiene valor alguno lo que opinen los expertos o criminólogos.
Lo que si estoy diciendo es que creo que los criminólogos y expertos opinamos mucho más tajantemente de lo que deberíamos, en particular cuando las políticas y medidas no se ajustan a nuestra concepción intuitiva no punitiva y de prevención social. No solo no tenemos la base de conocimiento suficiente para poder hacerlo con esa contundencia por debilidades generales de la ciencia y particulares de la criminología en Latinoamérica. Además, hay un problema de asimetría importante cuando los expertos hablamos sobre estos temas ya que no corremos riesgos, y eso puede afectar el conocimiento que poseemos y el tipo de soluciones que planteamos. Y por si todo esto no fuera suficiente, encima nos damos el lujo de trivializar los dilemas morales inherentes a las soluciones al crimen como meros problemas de eficacia.
La superioridad intelectual y moral que implícitamente asumimos, habida cuenta de todos estos problemas, es de una arrogancia asombrosa. Hay algunos optimistas que piensan que estos problemas son típicos de la falta de maduracióncientífica de la criminología que, como muchas de las ciencias sociales, es una disciplina todavía joven. Otros, más cínicos, estamos cada día más convencidos que el fracaso no se debe a la inmadurez sino al retardo.[7]
Referencias
Blattman, C., Duncan, G., Benjamin L. & Tobón, S. (2021) Gang rule: Understanding and Countering Criminal Governance NBER Working Paper No. 28458
Burawoy, M. (2005) For Public Sociology. American Sociological Review, 2005, VOL. 70 February:4–28.
Cano, E. & Rojido, E. (2016) Mapeamento de Programas de Prevenção de Homicídios na América Latina e Caribe. Laboratório de Análise da Violência - LAV-UERJ.
Cano, E. & Rojido, E. (2017) Introduction: the singularity of lethal violence in Latin America,
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 116, 7-24.
Chancer, L. & McLaughlin, E. (2007) Public criminologies: Diverse perspectives on academia and policy. Theoretical Criminology, 11(2): 155–173.
Chin, J., Pickett, J., Vazier, S., & Holcombe (2021) Questionable Research Practices and Open Science in Quantitative Criminology. Preprint. https://osf.io/preprints/socarxiv/bwm7s/
Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011) Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108: 6889–6892
Droppelman, C. (2021) Transitions out of crime: intentions, changes and obstacles on the road towards desistance. University of Cambridge, Cambridge Press.
Guimarães, F., Ramos Flores, T., Murray, J., Damaso, A. (2020) Sociodemographic and lifestyle factors related to violent behaviors in university students. Ciência & Saúde Coletiva; 2020.
Ioannidis, J. (2005) Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine. 2 (8): e124.
Lakens. D. (2017) Impossibly Hungry Judges. Nautilus blog. https://nautil.us/blog/impossibly-hungry-judges
Loader, I. & Sparks, R. (2010) Public Criminology? London: Routledge.
McNeeley, S., & Warner, J.J. (2015) Replication in criminology: a necessary practice. Eur J Criminol, 12:581–597.
Muggah, R., Szabo, I., Alvarado, N., Marmolejo, L. & Wan, R. (2016) Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina. Inter American Development Bank. https://publications.iadb.org/handle/11319/7757#sthash.EWwvNhll.dpuf
Nosek, B., Spies, J. & Motyl, M. (2012) Scientific Utopia: II - Restructuring Incentives and Practices to Promote Truth Over Publishability. Perspectives on Psychological Science, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2062465
Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), 1–8.
Pridemore, W., Makel, M. & Plucker, J. (2018) Replication in Criminology and the Social Sciencies. Annual Review of Criminology. 1: 19 – 38
Ritchie, S. (2020) Science Fictions. Exposing Fraud, Bias, Negligence and Hype in Science. The Bodley Head. London.
Rock, P. (2014) The public faces of public criminology. Criminology and Criminal Justice 14: 412–433.
Santaella-Tenorio, J., Cerdá, M., Villaveces, A., & Galea, S. (2016) What Do We Know About the Association Between Firearm Legislation and Firearm-Related Injuries? Epidemiologic Reviews, Volume 38, Issue 1, 1 January 2016, Pages 140–157.
Sanjurjo, D. (2020) Gun Control Policies in Latinamerica. Palgrave Macmillan.
Savolainen J. & Van Eseltine, M. (2018) Replication and research integrity in criminology: introduction to the special issue. J Contemp Crim Justice 34:236–244
Sweeten, G. (2020). Standard Errors in Quantitative Criminology: Taking Stock and Looking Forward. Journal of Quantitative Criminology, 36(2), 263-272.
Taleb, N. (2013) How things gain from disorder. Ecorner. Where enterpreneurs find inspiration.
https://ecorner.stanford.edu/videos/how-things-gain-from-disorder-entire-talk/
Taleb, N. (2018) Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. Random House.
Trajtenberg, N. (2020) Ley de Urgente Consideración y Seguridad: ¿Una mala solución para peores criminólogos? http://www.razonesypersonas.com/2020/05/ley-de-urgente-consideracion-y.html
Tittle, C. (2004) The Arrogance of Public Sociology, Social Forces, 82(4):1639-1643.
Weinshall-Margel, K. & Shapard J. (2018) Overlooked factors in the analysis of parole decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (42), E833-E833.
[1] Un ejemplo interesante y paradigmático para criminología de estudio bluff es el famoso estudio de los jueces hambrientos (hungry judges) donde se demostraba que la severidad de decisiones de los miembros del comité de libertad vigilada dependía de si se realizaban antes o después los descanso para comer (Danziger et al, 2011). Imaginense! Las decisiones de libertad de los presos reducidas a cuan llenos tienen el estómago los que jueces! No obstante, el estudio fue revisado y cuando lo intentaron replicar no se observó el efecto inicial, y descubrieron que había muchas otros aspectos que condicionaban los resultados del estudio (Weinshall-Margel K., & Shapard, 2018). Más básico, es lo que señalo el psicólogo Daniel Lakens, quien sin hacer ningún estudio de replicación, afirmó que el estudio debía ser ignorado porque era un resultado intuitivamente imposible. El tamaño del efecto era tan exageradamente grande que era imposible que nadie que supiera algo de psicologia pudiera interpretar que este hallazgo fuera producto de un mecanismo psicológico (Lakens, 2017).
[2] Algunas excepciones estan empezando a tener lugar en nuestra región. Un ejemplo son los estudios longitudinales de varias decadas con varias cohortes que esta realizando Joseph Murray y su equipo en el Human and Development Research Center (DOVE) en Pelotas, Brasil para entender los factores de riesgo y proteccion individuales, familiares, institucionales y comunitarios en distintas etapas de la vida pueden tener un rol clave en el involucramiento en el crimen y la violencia de los individuos durante su adolesencia o en la vida adulta (Guimarães et al., 2020). Otro tipo de estudios super necesarios con los que recien estamos empezando a contar son los que logran combinar datos cuantitativos y cualitativos para entender las trayectorias delictivas de los individuos y las razones por las cuales reinciden o logran abandonar el delito (ver para el caso Chileno Droppelman, 2021). Incluso recientemente estamos encontrando interesantes alianzas de economistas y etnografos para hacer etudios increibles triangulando experimentos, cuasi experimentos y entrevistas en profundidad para entender la gobernanza de las gangs y su compleja relacion con el Estado (Blattman et al., 2021).
[3] La traducción de Skin on the Game seria Jugarse la piel.
Quiero hacer un disclaimer: en lo que refiere a Taleb soy casi un analfabeto. He leído algunos capítulos salteados de su libro Skin in the Game, algo de Black Swan, y escuchado varias entrevistas y charlas, pero poco más. Fueron dos economistas (Sebastián Fossati y Michel Godin) los que me llamaron la atención sobre este insight pero sin referencia a criminalidad.
[4] En el código Hammurabi los arquitectos podían llegar hasta tener que pagar con su vida los errores de construcción. ¿Se imaginan un código parecido en Uruguay? ¿Cuantos arquitectos quedan con vida? Un 5% tal vez...?
[5] La descripción del Intelectual-pero-idiota es más amplia y esta llena de criticas, algunas divertidas pero un poco extremas. Para una revisión más amplia de este termino vayan al capitulo 6 de Skin of the Game.
[6] Algo de esto mencione en una nota que discutía tangencialmente la responsabilidad de los expertos en relación a la LUC en Uruguay (Trajtenberg, 2020).
[7] La frase es de R. Cooper y esta referida a la psicología social. Se la escuche decir a Mickey Inzlight en su podcast Two Psychologist Four Beers, episodio 35. https://www.fourbeers.com
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