En Uruguay estamos orgullosos de nuestra democracia. La mejor del continente, decimos. Estamos satisfechos con nuestros partidos, verdaderos agentes de régimen virtuoso. “Como el Uruguay no hay”, “we are fantastic”. Hay algo en este “bendito país” que nos distingue de nuestros vecinos. Ese algo, no obstante, dudosamente sea una variable genética que decidió no transitar hacia el oeste del Rio Uruguay o que le cuesta cruzar hacia el norte por el rio Cuareim. Improbablemente, ese algo sea consecuencia de nuestra dieta escasa de condimentos o de caminar todo el tiempo por un territorio levemente ondulado. Ese algo (si algo) que nos diferencia (al menos por el momento) tiene mucho de institucional. Algunas de nuestras virtudes (y otros tantos defectos) se explican en buena medida por algunas reglas de juego que hemos adoptado y que han generado- bajo ciertas circunstancias- resultados virtuosos.
Por ejemplo, tenemos una de las democracias más participativas del mundo. La enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas con edad para votar sufragan en cada elección. Eso, no obstante, no se explica porque los uruguayos contamos con un espíritu cívico inquebrantable. Es más razonable inferir que ese es el resultado de un sistema de voto obligatorio que funciona bien. En la misma línea, la injerencia de la religión en nuestra política es bastante menor que en otros países. Y ahí de nuevo, es razonable asumir que la existencia centenaria de un Estado agresivamente laico sea el gran artífice de ese resultado.
Pero, como dice Numa: “el tiempo pasa, las costumbres cambian. Los ambientes nuevos nos tornan distintos.” Y más aún, “insensiblemente vamos olvidando” que lo que nos ha funcionado durante un tiempo no necesariamente nos seguirá funcionando en el futuro cercano. En esta nota quiero mencionar algunos puntos para pensar por qué el “we are fantastic” de la actualidad es un resultado con dudosa proyección de futuro. Mucho de lo mencionado a continuación ya ha sido ampliamente tratado en los nueve años de Razones y Personas por diferentes contribuyentes. Aquí menciono tres desafíos que pueden alterar el funcionamiento histórico de los partidos políticos uruguayos: (a) los peligros de no regular el financiamiento de campaña; (b) la capacidad de los partidos uruguayos para seleccionar representantes; (c) la capacidad de los partidos uruguayos para adaptarse al ritmo de las nuevas tecnologías comunicacionales. Estas son sólo algunas de las tantas variables que pondrán en juego el “we are fantastic” durante los años venideros.
Los partidos necesitan dinero para financiar sus campañas. Un partido sin dinero difícilmente pueda competir frente a rivales bien financiados. De dónde proviene ese dinero, sin embargo, no es un tema menor. Si los votos son una forma de controlar el comportamiento de los partidos, el dinero para financiar campañas es otra. Así, se espera que quienes más contribuyen monetariamente al financiamiento de los partidos tengan una influencia privilegiada sobre las acciones de los agentes de gobierno. Aunque como votantes podemos aportar solo un voto, como contribuyentes de campaña nuestra influencia es generalmente desigual. Y esa desigualdad es problemática para una democracia. En particular, eso sucede cuando esa desigualdad se traduce en compra de influencia para favorecer ciertos sectores o actores de la sociedad. La regulación del financiamiento de campaña tensiona dos principios democráticos: por un lado la libertad de poder apoyar al partido que nos genera más simpatía, y por otro, nuestra igualdad de oportunidades para influir políticamente.[1] Una libertad irrestricta afecta el principio de igualdad de oportunidades. Una regulación extrema, afecta nuestra libertad por apoyar económicamente tanto como queramos a nuestros candidatos o candidatas predilectas.
Por ello, como se ha discutido numerosas veces en este espacio (ver acá, acá, o acá), es imprescindible contar con una regulación adecuada para el financiamiento de campañas políticas. La irrupción de candidatos como Juan Sartori o Edgardo Novick ilustran parte del problema. El primero de ellos, por ejemplo, logró un segundo lugar en las internas del partido de gobierno y posteriormente una banca en el Senado con apenas seis mese de campaña y sin haber participado antes en el ámbito político. Ambos ex candidatos presidenciales no serán los últimos en construir una candidatura en función de su propio capital económico y el sistema político uruguayo demostró estar muy poco preparado para lidiar con este fenómeno.
Más aún, sumemos todos los problemas de compra de influencias que conlleva el no tener una regulación adecuada de financiamiento de campaña. Por ejemplo, ¿cómo hará el sistema político uruguayo cuando el dinero del narcotráfico y el crimen organizado – como sucede en tantos sitios- presione y opere fuertemente sobre nuestros representantes? No estamos lejos de ese escenario. Y desafortunadamente nuestras instituciones no parecen estar bien equipadas para enfrentar ese tipo de escenario.
II. Representación descriptiva y sustantiva
Ambos modelos de representación tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de la representación sustantiva radica en que bajo esta lógica nos podemos focalizar en lo que los representantes hacen y no en que los representantes son. En este sentido, lo que nos importa en una democracia representativa es que los representantes efectivamente promuevan las políticas preferidas o más beneficiosas para sus representados. La ventaja obvia de este modelo es que dudosamente un parlamento compuesto por representantes muy parecidos entre si (raza, sexo, edad, etc) pueda entender las preferencias de una sociedad heterogénea, compuesta de personas con experiencias diferentes. La representación descriptiva da cuenta de ese problema. Por definición, este modelo entiende que las características descriptivas de un representante son relevantes. No obstante, la representación descriptiva se enfrenta a dos retos. Primero, que los representantes descriptivos efectivamente defiendan los intereses del grupo al que pertenecen, y segundo que la lógica descriptiva no se transforme en una batalla por defender el interés parcializado de distintos grupos de la población.
Si bien conviene entender estos dos modelos como tipos ideales y no necesariamente excluyentes, en el parlamento que asumirá en marzo hay dos elementos que encienden algunas alarmas. Por un lado, es llamativo la escasa representación de algunos grupos minoritarios y desfavorecidos. Por ejemplo, como sugiere Gloria Rodríguez (primera parlamentaria afrodescendiente en ser Senadora de la República), en el parlamento uruguayo “la población negra no está representada”.[3] De acuerdo a Rodríguez, “Existe postergación a tal grado de que hoy, lamentablemente en un país que se ha caracterizado por su democracia, nos llame la atención que una mujer negra llegue al Senado. ¿Por qué? Primero por la discriminación y por la falta de oportunidades que tenemos.”[4]
Asimismo, el número de legisladoras en el parlamento uruguayo es aún menor que el parlamento saliente. Aunque se mantiene constante el número de senadoras (8), la Cámara de Diputados tendrá solo 19 mujeres (3 menos que en parlamento elegido en 2014). Más aún, el partido de gobierno tendrá sólo una diputada (de un total de 30 representantes en la cámara baja) y dos senadoras (de un total de 10 bancadas). [5] Estos resultados son preocupantes tomando en cuenta que la mayoría de la población del país (51,67%) son mujeres. Con estos números resulta evidente que las mujeres están sub-representadas en el parlamento uruguayo y que la institucionalidad actual (la ley de cuotas) no responde a este problema.
Por otro lado, en términos de representación descriptiva, el parlamento uruguayo se pondrá a prueba al contar con un partido integrado y liderado por exmilitares. Sin demasiada sorpresa, los discursos e ideas de Guido Manini Ríos se han concentrado no solo en defender valores castrenses, sino en reivindicar a quienes mejor portan dichos valores, los militares. A pesar de sus esfuerzos discursivos, resulta difícil no ver a Manini como el líder de un partido militar.[6] Y la evidencia internacional sugiere que los representantes con experiencia militar tienen preferencias de políticas diferentes de aquellos representantes que no han pasado por las fuerzas armadas. Por ejemplo, algunos estudios muestran que los miembros del parlamento con un pasado militar exhiben una probabilidad significativamente alta de legislar a favor de los intereses militares.[7]
En principio no hay nada malo en tener legisladores que operen como representantes descriptivos. Después de todo es bueno que en el parlamento exista una diversidad de voces. El problema surge cuando la descripción no se usa como un mecanismo para otorgar voz y poder a sectores típicamente marginados y vulnerables sino a grupos que ya cuentan con herramientas suficientes para incidir en la agenda política del país.
La participación política de militares es un tema que requiere una discusión normativa profunda. En varios países los militares no tienen permitido votar, menos aún participar en política. Manini siendo militar opinó libremente sobre distintos temas. Ahora será un ex militar legislando en el parlamento.
III. Nuevas tecnologías
Las redes sociales permiten a los políticos segmentar mensajes de forma eficiente para realizar una exposición selectiva de sus ideas. A través de estas plataformas, un mismo candidato o candidata puede transmitir mensajes diferentes que estén en sintonía con las demandas o preferencias de cada uno de nosotros. Esa forma de hacer política quita centralidad a los mensajes y discursos unificados. Más aún, esa estrategia apuesta a la polarización de los votantes. Aunque la dirección causal no siempre es clara (si es la exposición selectiva la que produce polarización o viceversa), existe amplia evidencia de que la presencia de exposición selectiva funciona cuando hay o produce polarización.[8] Tratar a los votantes como si fueran hinchan fanáticos de equipo de fútbol puede dar mejores beneficios electorales. Sin embargo, aunque la polarización puede favorecer las posibilidades políticas de algún candidato, dudosamente beneficie la armonía del sistema. Previo al ballotage se masificó la imagen de partidarios del Partido Nacional y el Frente Amplio celebrando juntos en la rambla. Hasta hace no mucho también era recurrente que hinchas de Nacional y Peñarol convivieran en una misma tribuna. Hoy lo último nos suena a ciencia ficción. De no tomas medidas, quizás en breve lo primero también nos parezca de otro mundo en un futuro muy cercano.
La polarización complica compromisos colectivos y la coordinación entre agentes políticos que en los hechos se ven obligados a interactuar. La regulación en la forma en que los políticos uruguayos utilizan redes sociales es una posibilidad que vale la pena debatir. Una auto-regulación desde el propio sistema podría ser una eventual medida a favor de la moderación. ¿Queremos representantes que escriban y opinen en redes sociales lo primero que les viene a la mente como si estuvieran comentando un partido de fútbol? ¿Qué efecto tiene esa tendencia cada vez más común en la polarización y el descreimiento en la política? Estas son preguntas que plantean retos importantes para lo que se vendrá.
[1] Por una discusión sobre los problemas normativos y
políticos relacionados al financiamiento de campaña, ver: Pevnick, Ryan. "The anatomy of
debate about campaign finance." The
Journal of Politics 78.4 (2016): 1184-1195.
[2] El argumento clásico sobre esta
distinción se puede leer en: Pitkin, Hanna F. The Concept of Representation. Univesity
of California Press, 1967.
[6] Como sugiere Carlos
Demasi, si bien la injerencia militar en la política uruguaya es de larga data,
la creación de un partido específico para canalizar sus demandas hace de
Cabildo Abierto un fenómeno novedoso. Ver: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/que-hay-de-nuevo-en-cabildo-abierto/
[7] Ver por ejemplo: Lupton, Danielle. 2017. “Out of the Service, Into the House: Military Experience and Congressional War Oversight”, Political Research Quarterly, Volume: 70 issue: 2, page(s): 327-339; y Stadelmann, David, Marco Portmann, and Reiner Eichenberger. "Military careers of politicians matter for national security policy." Journal of Economic Behavior & Organization 116 (2015): 142-156.
[8] Ver por ejemplo: Natalie Jomini Stroud,
Polarization and Partisan Selective Exposure, Journal of Communication, Volume 60, Issue 3,
September 2010, Pages 556–576; Levendusky, Matthew S. "Why do partisan
media polarize viewers?." American
Journal of Political Science 57.3 (2013): 611-623.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952
ResponderEliminarLa estrategia de Twitter propiamente, parece respaldar la necesidad de regulación del uso de los políticos por parte de esta plataforma