Desindexar para desinflar: El debate sobre la reforma salarial en Uruguay
En un contexto de inflación persistente y negociaciones salariales cada vez más complejas, la pregunta sobre cómo ajustar los salarios sin perder poder adquisitivo ni alimentar la inflación se vuelve crucial. Uruguay, con una larga tradición de indexación, enfrenta hoy el desafío de repensar sus reglas de ajuste. Este artículo explora el fenómeno del pass-through salarial (el pasaje de salarios a precios) y los posibles efectos de una estrategia de desindexación parcial, poniendo el foco en su impacto sobre la inflación, el empleo y el poder de compra. Se revisan evidencias empíricas relevantes para Uruguay, incluyendo estudios del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y del Fondo Monetario Internacional, que muestran la importancia de la indexación salarial en la persistencia de la inflación. Asimismo, se examinan los posibles efectos de la desindexación salarial[1] sobre la inflación, el empleo y el poder adquisitivo, en base a experiencias internacionales y a la propuesta vigente para la negociación colectiva en Uruguay. Finalmente, se discuten las implicancias de estas políticas para lograr un equilibrio entre estabilidad macroeconómica y protección social, y se argumenta a favor de la desindexacion (controlada).
Por que "desinflar": el impacto diferencial de la inflación sobre el poder de compra
Un aspecto frecuentemente subapreciado en el debate sobre la desindexación salarial es el efecto que tiene la inflación sobre el poder de compra obrero a lo largo del tiempo, más allá de las comparaciones "punta a punta" de los aumentos salariales. Como señalaba el economista Daniel Olesker en sus análisis gráficos sobre la evolución del salario real en su curso de Economía Laboral hace 20 años (cariñosamente apodados "los triangulitos"), existe una diferencia sustancial entre el poder adquisitivo promedio que experimenta un trabajador durante un período determinado y la simple comparación entre el inicio y el final del mismo (recomendada la lectura de Olesker, 2023).
Para ilustrar este punto, considérese la diferencia entre dos escenarios: un trabajador que recibe un aumento nominal del 9% a fin de año en un contexto de inflación del 8%, versus otro que obtiene un incremento del 5% en un ambiente de inflación del 4%. Si bien ambos casos resultan en el mismo incremento real "punta a punta" (aproximadamente 1%), la experiencia del poder adquisitivo durante el año es radicalmente distinta. En el primer escenario, el trabajador experimenta una erosión constante de su capacidad de compra a lo largo de los meses, que solo se recupera al final del período. En el segundo, mantiene un poder adquisitivo más estable durante todo el año. Esta diferencia en el "promedio real" tiene implicancias concretas para el bienestar de los trabajadores y sus familias, especialmente para aquellos con menores ingresos que destinan una mayor proporción de sus recursos a gastos básicos de consumo inmediato. Los "triangulitos" de pérdida salarial entre periodos punta a punta son mas chicos cuanto mas baja la inflación. El tamaño de los "triangulitos" esta dado por la inflación punta a punta en dos subperiodos y el alza de rcuperación salarial, como se ve en este gráfico de Daniel Olesker (2023). Cuanto mas plana hubiera sido la recta de inflación, menores hubieran sido los triangulitos y la perdida salarial promedio real mensual.
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El pass-through salarial y la inflación
Uno de los argumentos centrales en favor de la desindexación es la reducción del pass-through salarial, es decir, el mecanismo por el cual los aumentos de salarios se trasladan a los precios, generando presión inflacionaria. La inflación a su vez erosiona el poder de compra de los ingresos de la población, y afecta en particular a los sectores mas desfavorecidos (con salaries nominales mas bajos, trabajadores informales, entre otros). La literatura económica sugiere que este fenómeno es particularmente relevante en Uruguay.
Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) analiza cómo las subas en los salarios inciden en el nivel general de precios, y ofrece estimaciones precisas sobre la magnitud de este efecto (Domínguez, Lanzilotta, Rego, Regueira y Rodríguez, 2012). Según los resultados del equipo de economistas del CINVE, en el período 2005-2012, por cada 1 % de aumento en los salarios, los precios subían en promedio un 0,3 %. Es decir, cerca de un tercio de la suba salarial terminaba trasladándose al consumidor final. Este porcentaje, si bien no implica un traspaso total, sí resulta significativo en un contexto de persistencia inflacionaria, especialmente en sectores con fuerte peso de la mano de obra en sus costos.
El estudio también encuentra que, entre 1995 y 2012, existió una relación estadística significativa —una causalidad de Granger— entre el passthrough salarial y la persistencia de la inflación. Esto sugiere que los aumentos de salarios no solo impactan coyunturalmente en los precios, sino que pueden reforzar dinámicas inflacionarias de más largo plazo si no se acompañan de aumentos de productividad o mejoras en la competitividad.
Estos hallazgos son relevantes en el debate actual sobre la política salarial y la negociación colectiva. Según CINVE, el grado de traspaso varía entre sectores, siendo más alto en aquellos con menor competencia o mayor proporción de costos laborales. En este sentido, el análisis invita a pensar mecanismos que permitan conciliar mejoras salariales con estabilidad de precios, sin que ello implique necesariamente una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
En este contexto, la desindexación podría contribuir a moderar la inflación al reducir la inercia en la determinación de precios. Sin embargo, sus efectos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y la desigualdad salarial son un punto a tener en cuenta.
Un aspecto crucial pero a menudo soslayado en este debate es la relación entre pass-through y productividad. Si los aumentos salariales vienen acompañados de mejoras en la productividad del trabajo, las empresas pueden absorber los costos sin trasladarlos a precios. Por el contrario, si no hay ganancias de eficiencia, el traspaso a precios se vuelve más probable. Esto implica que la desindexación debe ir acompañada de políticas que impulsen la productividad, especialmente en sectores de baja escala e informalidad.
Un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional (Rabanal y Sbrancia, 2024), no proporciona un coeficiente numérico exacto de passthrough salarial a precios, pero ilustra de forma contundente el papel de la indexación salarial en la dinámica inflacionaria uruguaya. En su modelo macroeconómico estructural, los salarios reaccionan con fuerza a la inflación pasada, y se observa que dicha indexación prolonga significativamente la duración de la inflación tras choques externos.
Aunque el documento no expresa cuánto suben los precios por cada punto porcentual de aumento salarial, sus simulaciones muestran que un esquema alternativo, donde los ajustes quedan alineados con la meta del Banco Central en lugar de la inflación pasada, lograría acelerar el retorno al objetivo inflacionario y evitaría que la inflación se mantenga elevada por más tiempo del necesario. Este enfoque destaca la relevancia de repensar los mecanismos salariales en Uruguay: no se trata de eliminar la indexación, sino de reformarla para preservar el poder adquisitivo sin reforzar la inercia inflacionaria.
Un análisis más reciente del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE, 2021) refuerza la relevancia del pass-through salarial como factor de persistencia inflacionaria en Uruguay. Según sus estimaciones, la eliminación o moderación de los mecanismos automáticos de ajuste por inflación pasada permitiría reducir la inflación estructural entre 1 y 1,5 puntos porcentuales por año. El informe destaca también que el grado de traspaso de salarios a precios es significativamente mayor en sectores con menor competencia o más orientados al mercado interno, como los servicios personales y el comercio minorista, mientras que en sectores más expuestos a la competencia internacional, como la manufactura exportadora, el pass-through es sensiblemente menor. Esta heterogeneidad sectorial sugiere que un diseño más flexible y selectivo de las reglas de ajuste salarial podría contribuir a una menor inflación sin necesariamente afectar de forma homogénea al poder adquisitivo en todos los sectores.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha documentado en su balance de la décima ronda de Consejos de Salarios (2023) que varios sectores aplicaron esquemas de ajuste salarial basados en la inflación esperada, combinados con cláusulas correctivas ex post. Según el MTSS, estos convenios no registraron mayores pérdidas de salario real en comparación con aquellos totalmente indexados, y además ofrecieron mayor previsibilidad para ambas partes en un contexto de recuperación post-pandemia. En contraste, los sectores que mantuvieron ajustes puramente indexados a la inflación pasada demoraron más tiempo en recuperar el poder de compra tras el shock inflacionario de 2022. Esta evidencia reciente sugiere que, en la práctica, una desindexación parcial y controlada ya se ha comenzado a implementar en Uruguay con resultados mixtos, pero sin efectos catastróficos sobre el empleo ni el ingreso real.
Efectos de la desindexación salarial
Existe evidencia empírica sobre la desindexación que muestra efectos mixtos en el salario real y el empleo. En América Latina, estudios sobre experiencias en México (Campos y Esquivel, 2020) y Brasil (Fajnzylber, 2001) indican que la desindexación ayudó a reducir la inflación, pero también generó caídas en los salarios reales especialmente de los trabajadores de menores ingresos y del sector informal.
En Europa, el caso español en la década de 1980 (Bentolila y Dolado, 1994) muestra que la reducción de la indexación ayudó a controlar la inflación, pero también provocó una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores con menor capacidad de negociación colectiva. De manera similar, en Italia (Boeri y Garibaldi, 2007), la desindexación estuvo asociada con una mayor flexibilidad laboral, pero también con una precarización del empleo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores temporales.
Para Uruguay, donde el salario real ha sido un ancla clave en la distribución del ingreso, la desindexación podría llegar a afectar positivamente la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población, bajo ciertos supuestos.[2] La propuesta de excluir a los salarios más bajos de esta medida busca mitigar potenciales efectos negativos, y su efectividad dependerá del grado de flexibilidad en la negociación salarial y del impacto de otras políticas complementarias (de transferencias, de apoyo al empleo de los jovenes, de combate a la informalidad, entre otras).
Las experiencias de Brasil, México, España e Italia muestran que la desindexación puede contribuir al control de la inflación, pero también conlleva riesgos distributivos si no se acompaña de medidas compensatorias y de un marco institucional sólido. Para Uruguay, donde el salario real ha sido históricamente un ancla de equidad y la negociación colectiva tiene un alto grado de cobertura, la principal lección es que desindexar no debe implicar desproteger. La transición hacia esquemas más flexibles de ajuste salarial debe preservar la capacidad adquisitiva de los sectores con menor poder de negociación y reforzar los mecanismos de corrección ex post, combinando criterios de prudencia macroeconómica con sensibilidad distributiva. La clave está en avanzar hacia una desindexación controlada, focalizada y progresiva, que contribuya a reducir la inercia inflacionaria sin erosionar los ingresos reales de los trabajadores más vulnerables.
Pero desindexar no implica renunciar a la protección del ingreso real. Existen alternativas como ajustes por inflación esperada, correctivos por desvíos, o pisos móviles ajustables. Además, políticas como transferencias monetarias, subsidios focalizados o aumentos selectivos pueden amortiguar el impacto negativo. El diseño institucional debe priorizar a quienes tienen menor poder de negociación colectiva, asegurando equidad sin alimentar inercia inflacionaria.
Las propuestas para uruguay
El Poder Ejecutivo presentó los lineamientos que orientarán la 11ª ronda de los Consejos de Salarios, en la que participarán más de 185 mesas de negociación y unos 745 mil trabajadores del sector privado. Por primera vez, los criterios de ajuste estarán basados en franjas de ingresos y no en ramas de actividad, lo que marca un giro en la estrategia oficial.
La propuesta establece tres franjas salariales nominales: la primera incluye a los trabajadores que ganan hasta $38.950 mensuales y abarca al 30 % del total de asalariados; la segunda, que representa al 64 %, comprende sueldos entre $38.951 y $165.228; y la tercera, que agrupa al 6 %, corresponde a salarios desde $165.229 en adelante.
Los aumentos propuestos se aplicarán de forma semestral durante un período de dos años (julio de 2025 a junio de 2027). Para la franja más baja, los incrementos serán de 3,3 % en julio de este año y de 3,6 % en enero de 2026, totalizando un 7 % el primer año y un 6,4 % el segundo. En la franja intermedia, los ajustes serán de 2,5 % y 3,3 %, con aumentos anuales del 5,9 % y 5,2 %. En la franja más alta, los incrementos alcanzan un total de 4,6 % en el primer año y 4,5 % en el segundo, con subas semestrales más moderadas.
Uno de los aspectos destacados de los lineamientos es la incorporación de correctivos por inflación. Para los trabajadores de las dos primeras franjas, se prevé un ajuste automático si la inflación subyacente (medida por el IPC–CE)[3] supera los aumentos pactados,[4] con una tolerancia de 0,5 puntos para la franja más baja y de 1 punto para la franja media. Además, se contempla un correctivo final al final del segundo año si la inflación general supera los ajustes otorgados. En la franja más alta no habrá correctivos, dado que los aumentos están en línea con la inflación esperada.
El gobierno justificó el esquema señalando que apunta a proteger los salarios más bajos, que serían los únicos con aumentos reales durante el período. Según estimaciones oficiales, los trabajadores de la primera franja podrían tener un crecimiento real acumulado de hasta 4,2 %, mientras que la franja media registraría mejoras del orden del 2 %. La tercera franja, en cambio, apenas empataría la inflación.
Con esta propuesta, el Ejecutivo busca combinar aumentos salariales responsables con la disciplina fiscal y monetaria, en línea con la meta de inflación del 4,5 % definida por el Banco Central. Además, se contemplan cláusulas de flexibilidad que permiten ajustes por sector, tamaño de empresa o localización geográfica, y mecanismos de descuelgue en casos excepcionales.
El nuevo enfoque, centrado en el nivel de ingresos y no en el sector de actividad, apunta a ordenar la negociación colectiva en función de criterios redistributivos, al tiempo que limita presiones inflacionarias. De este modo, el gobierno aspira a preservar el empleo, mejorar el poder de compra en los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad macroeconómica. Un entorno macroeconómico más predecible puede fomentar la inversión privada, especialmente en sectores intensivos en trabajo, y con ello contribuir al aumento de la productividad y la generación de empleo5.
Un debate necesario: la postura del PIT-CNT frente a la desindexación
En el actual escenario económico, el PIT-CNT ha expresado con claridad su postura frente a la propuesta de desindexación salarial, manifestando una firme defensa del sistema actual. Para el movimiento sindical, la indexación ha sido una herramienta histórica de resguardo del salario real, y cualquier intento de modificarla genera comprensibles reservas. Esta posición parte de una preocupación legítima por el poder adquisitivo de los trabajadores y por el riesgo de avanzar hacia un modelo de ajuste salarial más alineado con metas fiscales o monetarias que con la negociación colectiva.
Sin embargo, el debate actual también invita a revisar y actualizar los instrumentos de política salarial, incorporando las transformaciones que ha atravesado el mercado de trabajo y los nuevos desafíos en materia de estabilidad e inclusión. La defensa de la indexación, si bien fundada, ha tendido en ocasiones a adoptar un enfoque reactivo, sin abrir espacio a propuestas alternativas que consideren tanto la sostenibilidad de los mecanismos de ajuste como su impacto distributivo.
Uno de los puntos que merece una discusión más profunda es el efecto potencialmente regresivo de una indexación plena en contextos de inflación moderada y persistente. Esta puede contribuir a la inercia inflacionaria y afectar especialmente a quienes no están cubiertos por la negociación colectiva o tienen menor poder de negociación. En este sentido, el desafío no es abandonar la protección del salario real, sino explorar cómo garantizarla sin alimentar dinámicas inflacionarias.
Desde el propio campo sindical han surgido enfoques críticos que pueden enriquecer esta discusión. Por ejemplo, los aportes de Daniel Olesker sobre la renta inflacionaria y la pérdida de salario real muestran que es posible pensar mecanismos de resguardo sin replicar automáticamente la inflación pasada. El punto no es oponerse a la desindexación en abstracto, sino debatir con rigor cómo se implementa, a quién afecta y qué medidas compensatorias la acompañan.
En definitiva, si el sindicalismo aspira a incidir activamente en la orientación de la política económica, se vuelve clave combinar la defensa de sus principios con una actitud propositiva, capaz de articular crecimiento, distribución y estabilidad en un marco cambiante.
¿Cómo puede la desindexación beneficiar a los trabajadores? Respuesta a una crítica habitual
Una crítica legítima que suele formularse en el debate sobre la desindexación salarial apunta a su aparente contradicción con la protección del salario real. Si los ajustes dejan de estar atados a la inflación pasada, y los precios continúan subiendo, ¿no implica eso una pérdida directa de poder adquisitivo? La preocupación es comprensible, pero la respuesta no es tan lineal como parece. De hecho, una desindexación bien diseñada, acompañada de mecanismos compensatorios y políticas estructurales, puede ser beneficiosa para los trabajadores, en particular para los más vulnerables.
En primer lugar, es importante subrayar el impacto que tiene una menor inflación sobre el salario real promedio mensual, más allá de los aumentos "punta a punta". Como se explicó a través del análisis gráfico de Olesker (2023), en contextos de alta inflación con ajustes anuales o semestrales, los trabajadores experimentan una pérdida sostenida de poder de compra durante buena parte del período, que recién se recupera parcialmente al momento del ajuste. Esa pérdida intermensual —representada en los “triangulitos” que ilustran la erosión salarial entre ajustes— puede ser menor en un entorno de inflación más baja y estable, incluso si el ajuste salarial nominal no alcanza a replicar exactamente la inflación pasada. En ese sentido, desindexar para desinflar puede ser funcional a preservar un poder adquisitivo más constante y menos erosionado mes a mes.
En segundo lugar, la desindexación forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la estabilidad macroeconómica. Una inflación persistentemente alta y retroalimentada por mecanismos automáticos de ajuste —como la indexación plena a la inflación pasada— genera incertidumbre, encarece el financiamiento, desalienta la inversión productiva y reduce los márgenes de maniobra fiscal. En cambio, un entorno macroeconómico más predecible puede fomentar la inversión privada, especialmente en sectores intensivos en trabajo, y con ello contribuir al aumento de la productividad y la generación de empleo. Es cierto que esta secuencia —desindexar para estabilizar, estabilizar para atraer inversión, y crecer para mejorar salarios— implica varias condiciones encadenadas. Pero no por ello es menos relevante: la experiencia internacional muestra que la estabilidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para un crecimiento inclusivo.[5]
En tercer lugar, el diseño concreto de la propuesta de desindexación que hoy se discute en Uruguay contempla medidas específicas para proteger a los sectores más vulnerables. No se trata de aplicar un recorte generalizado o abrupto, sino de avanzar hacia un esquema más selectivo y flexible, con correctivos automáticos para los salarios más bajos, cláusulas por desvíos y aumentos reales en las franjas inferiores. A esto se suman políticas complementarias como transferencias monetarias, subsidios focalizados y estrategias activas de empleo, pensadas para mitigar cualquier impacto regresivo y fortalecer los ingresos reales de quienes tienen menor poder de negociación colectiva.
Por otra parte, la informalidad laboral implica que una porción relevante de los trabajadores queda excluida de los mecanismos institucionales de ajuste salarial, como la negociación colectiva o las cláusulas de indexación. En Uruguay, según datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), aproximadamente el 23 % de los ocupados no realiza aportes a la seguridad social, una proxy común de informalidad. Estos trabajadores suelen tener menor poder de negociación, salarios más bajos y menor protección frente a choques inflacionarios. Por ello, cualquier estrategia de desindexación debe considerar mecanismos de compensación específicos para este grupo, ya que una menor inflación no garantiza por sí sola la protección del ingreso real en contextos de informalidad estructural.[6]
Finalmente, es importante reconocer que trabajadores y consumidores no son categorías separadas: son, en su gran mayoría, las mismas personas. Una inflación más baja no solo reduce el “costo de vida”, sino que mejora la capacidad de planificación, disminuye la incertidumbre, y favorece a los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo básico. Desde esta perspectiva, reducir la inflación mediante la moderación de la indexación puede ser beneficioso para la mayoría de los trabajadores, siempre que se apliquen mecanismos de protección eficaces para quienes más lo necesitan.
En suma, la desindexación no debe entenderse como una renuncia a proteger los salarios, sino como una estrategia para preservar el poder de compra de forma más estable, sin alimentar dinámicas inflacionarias que terminan perjudicando a los sectores populares. El verdadero desafío es político y técnico: implementar la transición con mesura, protegiendo a los más expuestos y combinando responsabilidad macroeconómica con equidad distributiva.
Riesgos asociados a la desindexación salarial
La propuesta de avanzar hacia una desindexación salarial controlada implica ciertos riesgos que deben ser cuidadosamente considerados para evitar efectos adversos sobre el empleo, el poder adquisitivo y la estabilidad social.
El impacto positivo esperado de la desindexación sobre la reducción de la inflación y la mejora del poder adquisitivo depende de varios supuestos simultáneos: que la moderación en los ajustes salariales reduzca efectivamente la inercia inflacionaria, que las políticas complementarias protejan adecuadamente a los sectores más vulnerables, y que la productividad acompañe los aumentos salariales. La violación de cualquiera de estos supuestos podría traducirse en pérdidas reales para los trabajadores o en insuficiente control inflacionario.
La desindexación puede generar impactos heterogéneos, afectando de manera desigual a distintos sectores, particularmente a trabajadores con menor poder de negociación, a trabajadores informales y a los empleados en sectores con menor cobertura sindical. Si no se implementan mecanismos compensatorios efectivos, podría agravarse la desigualdad salarial y la precarización laboral, lo que podría a su vez generar resistencia social y conflictividad en el ámbito laboral.
El cambio en los esquemas tradicionales de ajuste salarial puede encontrar oposición de actores clave como los sindicatos y movimientos sociales que históricamente han defendido la indexación como una herramienta de protección del salario real. La falta de consenso y diálogo puede dificultar la implementación efectiva de la política y limitar su sostenibilidad en el tiempo.
El diseño y aplicación de mecanismos de corrección automática, la diferenciación por franjas salariales y la coordinación con políticas complementarias demandan un marco institucional sólido y capacidad técnica adecuada. Deficiencias en estos aspectos pueden generar incertidumbre, inseguridad jurídica y distorsiones en la negociación colectiva.
En conclusión, la desindexación salarial presenta una oportunidad para reducir la persistencia inflacionaria y estabilizar la economía, pero su éxito dependerá de un diseño cuidadoso, medidas compensatorias efectivas y un proceso participativo que garantice el equilibrio entre estabilidad macroeconómica y justicia social. Como opinion personal, entiendo que buena parte de estos riesgos estan atendidos en las propuestas actuales del Poder Ejecutivo.
La dimensión política de la desindexación: incentivos y tensiones
La propuesta de desindexación controlada no es meramente técnica: constituye un cambio estructural con profundas implicancias políticas. Implica redefinir el contrato social implícito que durante décadas ha vinculado salarios, inflación y negociación colectiva en Uruguay. Por tanto, su viabilidad y sostenibilidad dependen no solo de sus méritos económicos, sino del equilibrio de fuerzas y de los incentivos de los actores involucrados.
El Poder Ejecutivo, promotor de la reforma, tiene incentivos claros: controlar la inflación para consolidar credibilidad macroeconómica, contener el gasto público (vía menor indexación de pasividades y salarios públicos), y fomentar un clima propicio para la inversión privada. Pero también enfrenta riesgos políticos si la reforma es percibida como regresiva o como una imposición sin diálogo. El éxito de la estrategia requiere mostrar resultados tangibles en inflación, empleo y poder adquisitivo en un horizonte razonable.
La oposición política podría asumir distintos posicionamientos según su orientación ideológica y su estrategia electoral. Algunos sectores podrían rechazar la desindexación por considerarla una amenaza a los derechos laborales y al modelo redistributivo construido desde 2005. Otros podrían adoptar una postura crítica pero propositiva, demandando mayores garantías distributivas o compromisos más explícitos de protección social. En cualquier caso, su posicionamiento podría ser clave para dotar de legitimidad al proceso o, por el contrario, para erosionarlo si se transforma en un campo de disputa polarizada.
Las cámaras empresariales tienen incentivos ambiguos. Por un lado, pueden beneficiarse de una menor presión salarial y mayor estabilidad de costos. Por otro, un esquema más flexible podría exigirles asumir mayor responsabilidad en la negociación sectorial y en la inversión en productividad. Su apoyo dependerá en parte de la coordinación con el gobierno y de su percepción sobre los efectos distributivos y reputacionales de la reforma. Además, podrían diferenciarse entre sectores más intensivos en mano de obra y otros con mayor poder de fijación de precios.
El PIT-CNT, ya analizado en el artículo, representa sin duda el actor con mayor capacidad de movilización frente a la reforma. Pero no es homogéneo: conviven sectores que ven en la indexación una conquista irrenunciable, con otros más pragmáticos o dispuestos a negociar nuevos equilibrios. El éxito de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno de aislar el componente ideológico del debate, convocando a un diálogo creíble, transparente y basado en evidencia, que permita al movimiento sindical incidir activamente en el diseño de nuevas reglas sin renunciar a sus principios.
Finalmente, la opinión pública jugará un rol decisivo. En un contexto donde buena parte de la ciudadanía percibe el deterioro del poder de compra, cualquier reforma que modifique los mecanismos de ajuste salarial debe explicarse con claridad, mostrando no solo sus beneficios esperados, sino también sus resguardos. La experiencia internacional muestra que reformas exitosas suelen ir acompañadas de pedagogía pública, gradualismo y políticas compensatorias bien comunicadas.
En suma, la desindexación es tanto una política económica como una estrategia política. Su implementación requiere construir una coalición social y política amplia, capaz de sostener el proceso más allá del corto plazo. Esto implica concertar intereses diversos, generar confianza, y avanzar con una lógica de pactos que permita conciliar estabilidad macroeconómica con justicia social.
Consideraciones finales
La desindexación salarial es una política con beneficios potenciales en términos de control inflacionario, que en último término afecta positivamente al poder adquisitivo de la población, y reduce incertidumbre y mejora el panorama macroeconómico fomentando la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Ahora bien, la experiencia internacional sugiere que su implementación debe estar acompañada de medidas que fortalezcan el poder adquisitivo y la seguridad laboral de los sectores más vulnerables. Esto es precisamente lo que está planteado en la propuesta en debate público, ya que se propone desindexar parcialmente, protegiendo a los trabajadores de menores ingresos. En última instancia, el desafío para Uruguay será encontrar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y la protección del ingreso de los trabajadores, en un contexto donde la negociación salarial ha sido un pilar del modelo laboral del país. Como opinion general concuyente del articulo: a desinflar, y por tanto a desindexar, con cautela y mesura, pero achicando los "triangulitos" para los mas desfavorecidos.
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Agradezco a Andres Dean por sus críticas y a Guillermo Alves por sus comentarios y en particular por recordarme "los triangulitos" del analisis gráfico de Daniel Olesker en tiempos de facultad de economía.
[1] A lo largo del artículo se utiliza el término "indexación" de forma general, pero conviene distinguir entre distintos mecanismos de ajuste salarial, ya que sus efectos macroeconómicos y distributivos pueden ser muy diferentes. La indexación plena a la inflación pasada implica un traslado automático de la variación del IPC al salario nominal en cada ajuste (ej.: 8 % de inflación → 8 % de aumento), lo que protege el salario real pero alimenta la inercia inflacionaria. En cambio, los ajustes por inflación esperada se basan en proyecciones (por ejemplo, la meta del Banco Central), lo que permite anclar expectativas pero con riesgo de desvíos. Algunas negociaciones incorporan cláusulas correctivas ex post, que ajustan la diferencia entre inflación esperada y efectiva al final del período. También existen esquemas intermedios, como la indexación parcial, los pisos móviles o los rangos condicionados, que combinan flexibilidad y protección. En este contexto, “desindexar” no implica necesariamente eliminar la protección del salario real, sino reformular los mecanismos de ajuste para reducir la inercia sin erosionar el poder de compra, especialmente en los sectores más vulnerables. ↩︎
[2] Esta afirmación se sostiene sobre una cadena de supuestos que debe cumplirse simultáneamente para que la desindexación tenga un efecto positivo neto sobre la capacidad adquisitiva. Primero, que la desindexación contribuya efectivamente a reducir la inflación estructural al limitar la inercia inflacionaria generada por los mecanismos automáticos de ajuste. Segundo, que dicha desinflación se traduzca en una menor variabilidad intermensual de precios, lo que mejora el poder de compra promedio mensual de los trabajadores, especialmente aquellos sin capacidad de ahorro. Tercero, que el menor ritmo de crecimiento nominal de los salarios sea compensado por una inflación más baja, sin pérdida real acumulada para los sectores más expuestos. Y cuarto, que la política de ingresos incorpore medidas protectoras —como correctivos automáticos focalizados, pisos móviles y transferencias— para garantizar que la transición no castigue a quienes tienen menor poder de negociación colectiva. Solo bajo estas condiciones, la desindexación puede contribuir simultáneamente a la estabilidad macroeconómica y a la mejora distributiva.
[3] El IPC–CE (Índice de Precios al Consumo de Componentes Estables) es una medida de inflación elaborada por el Banco Central del Uruguay que excluye los rubros más volátiles del IPC tradicional, como frutas, verduras, combustibles y tarifas públicas, con el objetivo de captar la tendencia más persistente y estructural de los precios. Esta versión "depurada" del índice general se utiliza para evaluar la dinámica subyacente de la inflación y orientar la política monetaria. En el nuevo esquema de negociación salarial, el IPC–CE se emplea como criterio para activar correctivos en los salarios más bajos, asegurando que los ajustes automáticos respondan a presiones inflacionarias sostenidas y no a shocks transitorios.
[4] En algunos meses recientes, la inflación subyacente (IPC–CE) ha superado a la inflación general, lo cual refleja que los precios más volátiles —como alimentos frescos o combustibles— han tenido una evolución contenida o incluso negativa. Este fenómeno no invalida el uso de la inflación subyacente como ancla para la desindexación salarial. Por el contrario, refuerza su utilidad: cuando la inflación general está artificialmente contenida por factores transitorios, la subyacente capta mejor la tendencia estructural de precios. En ese sentido, anclar los ajustes salariales a la inflación subyacente evita consolidar falsas señales de estabilidad y contribuye a reducir la inercia inflacionaria. Además, al mantenerse correctivos automáticos para los salarios más bajos si la subyacente supera los aumentos pactados, se garantiza una protección real del poder adquisitivo sin alimentar dinámicas indexatorias rígidas.
[6] La informalidad laboral implica que una porción relevante de los trabajadores queda excluida de los mecanismos institucionales de ajuste salarial. En Uruguay, según la Encuesta Continua de Hogares (INE), alrededor del 23 % de los ocupados no realiza aportes a la seguridad social, quedando sin cobertura formal. Esta exclusión refuerza su vulnerabilidad frente a procesos de desindexación y requiere de políticas compensatorias específicas. ↩
5 La cadena causal que vincula la desindexación con mayores niveles de inversión y productividad opera a través de múltiples canales simultáneos que se refuerzan mutuamente. El canal de reducción de incertidumbre constituye el mecanismo primario: cuando los salarios se ajustan automáticamente por inflación pasada, las empresas enfrentan costos laborales impredecibles que pueden dispararse súbitamente, lo que desincentiva inversiones productivas a largo plazo. La desindexación permite que las firmas planifiquen mejor sus costos, especialmente en proyectos de inversión donde la predictibilidad de costos es crucial para la evaluación de rentabilidad. El canal de competitividad y reasignación sectorial genera presiones diferenciadas por sectores: aquellos con menor competencia (que históricamente trasladaban incrementos salariales a precios) se ven forzados a buscar eficiencias productivas, mientras que sectores exportadores mejoran su competitividad relativa. Esto produce una reasignación de recursos hacia actividades más productivas y competitivas internacionalmente. El canal de costo de capital opera reduciendo las distorsiones en las tasas de interés reales y limitando la desviación de recursos hacia inversiones especulativas (inmuebles, divisas) que buscan "cubrir" inflación en lugar de generar valor productivo. La estabilidad de precios permite horizontes de inversión más largos y decisiones basadas en fundamentos económicos. El canal de negociación y flexibilidad laboral modifica la dinámica de negociación salarial, creando incentivos para vincular aumentos a productividad en lugar de indexación automática. Sin mecanismos automáticos, sindicatos y empresas deben negociar incrementos basados en resultados productivos, lo que genera mayor diferenciación salarial y flexibilidad ante choques sectoriales. El canal de eficiencia asignativa rompe la rigidez relativa de precios y salarios, permitiendo que las señales de precios reflejen mejor la escasez relativa de recursos. Esto facilita la movilidad laboral hacia sectores más productivos y fuerza a las empresas con menor capacidad de trasladar costos a innovar defensivamente. Finalmente, el canal de expectativas y coordinación ancla las expectativas inflacionarias en metas del banco central en lugar de inflación pasada, reforzando la credibilidad de la política monetaria y generando un círculo virtuoso donde menor inflación fomenta mayor inversión, que a su vez aumenta la productividad y reduce presiones inflacionarias. Es crucial señalar que esta cadena causal requiere condiciones simultáneas para funcionar efectivamente: instituciones sólidas que protejan derechos de propiedad, política monetaria creíble, flexibilidad institucional para renegociar convenios, políticas complementarias en educación e infraestructura, e implementación gradual que permita adaptación sin shocks disruptivos. La evidencia empírica internacional sugiere que la reducción de 1 punto porcentual en volatilidad inflacionaria se asocia con aumentos del 0.5-1% en inversión privada, y que países con menor indexación salarial tienden a registrar mayor productividad total de factores y mejor eficiencia en la asignación de capital entre sectores. ↩
Referencias
Domínguez, M., Lanzilotta, B., Rego, S., Regueira, P., & Rodríguez, S. (2012). Persistencia inflacionaria y pass through salarial: diagnóstico y causalidad. Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Montevideo.
Campos, F., & Esquivel, G. (2020). Impact of deindexation on inflation and real wages: Evidence from Mexico.
Fajnzylber, P. (2001). Labor market reforms and inflation: The Brazilian experience.
Bentolila, S., & Dolado, J. J. (1994). Labor market institutions and inflation dynamics: The case of Spain. European Economic Review, 38(5), 1197-1215.
Boeri, T., & Garibaldi, P. (2007). Structural reforms and labor market flexibility: Evidence from Italy. Labour Economics, 14(1), 1-21.
Rabanal, P., & Sbrancia, M. B. (2024). Examining Price-Wage Dynamics in a Small Open Economy: The Case of Uruguay. IMF Working Paper No. 2024/105. International Monetary Fund.
Olesker, D. (2023, 7 de mayo). La renta inflacionaria (o los triangulitos): otra manera de medir la redistribución de ingresos. Periódico Claridad. https://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/981-la-renta-infacionaria-o-los-triangulitos-otra-manera-de-medir-la-redistribucion-de-ingresos
Apendice: monitoreo y evaluacion
Los indicadores de resultado primarios deben centrarse en tres dimensiones clave. En primer lugar, la evolución inflacionaria requiere seguimiento mensual del IPC general y el IPC-CE, junto con medidas de dispersión sectorial de precios y persistencia inflacionaria. Las expectativas inflacionarias, medidas a través de encuestas a empresas y consumidores, son igualmente cruciales para evaluar la credibilidad de la política. En segundo lugar, el poder adquisitivo debe monitorearse a través del salario real promedio por franja salarial, prestando especial atención a la evolución del "área bajo la curva" del salario real que ilustran los "triangulitos" de Olesker. Un índice de capacidad de compra de la canasta básica por decil de ingresos permitiría captar efectos distributivos más precisos. En tercer lugar, los indicadores de empleo deben incluir no solo la tasa de desempleo agregada, sino también su desagregación por grupo etario y nivel educativo, junto con medidas de creación y destrucción de puestos formales y la duración promedio del desempleo.
Los indicadores de proceso e intermedios son igualmente importantes para entender los mecanismos a través de los cuales opera la política. El seguimiento de la negociación colectiva debe incluir el porcentaje de convenios que utilizan correctivos automáticos, la frecuencia de activación de cláusulas de ajuste, y el tiempo promedio de negociación por sector. La conflictividad laboral, medida por días perdidos por huelgas, puede ser un indicador temprano de tensiones sociales. El pass-through salarial requiere estimación continua del coeficiente de traspaso salario-precio por sector, la velocidad de ajuste de precios tras cambios salariales, y la elasticidad precio-salario en sectores clave. Esta medición es técnicamente compleja pero esencial para evaluar si la desindexación está cumpliendo su objetivo de romper la inercia inflacionaria.
La dimensión distributiva merece atención especial dado que la desindexación puede tener efectos heterogéneos. El coeficiente de Gini de ingresos laborales y los ratios entre percentiles (P90/P10, P50/P10) permiten evaluar si la política está ampliando o reduciendo brechas salariales. La evolución del salario real por decil de ingresos y la brecha entre trabajadores formales e informales son indicadores clave para evaluar el impacto sobre la equidad. Los indicadores de protección social deben medir la cobertura efectiva de correctivos automáticos, la proporción de trabajadores beneficiados por aumentos reales, y la evolución del salario mínimo real como piso de protección.
El contexto macroeconómico también requiere monitoreo sistemático. La productividad laboral por sector y el costo laboral unitario permiten evaluar si los aumentos salariales están siendo acompañados por ganancias de eficiencia. El tipo de cambio real y la inversión privada como porcentaje del PIB son indicadores de competitividad y dinamismo económico. Las condiciones institucionales, medidas a través de la credibilidad de la política monetaria, la predictibilidad fiscal y el clima de inversión, son fundamentales para que la desindexación genere los efectos macroeconómicos esperados.
La metodología de evaluación debe combinar enfoques cuantitativos y cualitativos. El análisis cuantitativo requiere modelos de series temporales VAR para identificar impactos causales, métodos cuasi-experimentales como diferencias en diferencias para evaluar efectos específicos, y simulaciones contrafactuales usando modelos DSGE calibrados para Uruguay. La evaluación cualitativa debe incluir entrevistas semi-estructuradas con representantes sindicales y empresariales, grupos focales con trabajadores de diferentes franjas salariales, y análisis de percepciones y expectativas que complementen los datos duros.
El cronograma de monitoreo debe ser diferenciado según la volatilidad de los indicadores. Los indicadores de inflación, salarios nominales, empleo y activación de correctivos requieren seguimiento mensual. La evaluación trimestral debe centrarse en salarios reales, poder adquisitivo, pass-through salarial e indicadores distributivos. La evaluación anual debe incluir el impacto sobre productividad e inversión, análisis de equidad y cohesión social, y una revisión comprehensiva del diseño de la política.
La institucionalidad del monitoreo es crucial para asegurar credibilidad y continuidad. Sería recomendable crear una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, técnicos del Banco Central y Ministerio de Economía, representantes de empleadores y trabajadores, y expertos académicos independientes. Esta comisión debería publicar reportes trimestrales públicos con los principales indicadores, asegurando transparencia y rendición de cuentas. La participación de actores sociales es fundamental para generar apropiación de los resultados y facilitar ajustes consensuados.
Los criterios de éxito y alerta deben definirse ex ante para evitar interpretaciones sesgadas. La política debería considerarse exitosa si la inflación converge hacia la meta del 4.5% sin pérdida significativa de salario real promedio, los "triangulitos" de pérdida salarial se reducen especialmente en franjas bajas, el empleo formal se mantiene o aumenta, y las brechas salariales no se amplían significativamente. Los criterios de alerta incluirían pérdida sostenida de salario real en franjas protegidas, aumento del desempleo estructural, deterioro significativo de indicadores distributivos, y persistencia inflacionaria por encima del 6%.
Sin este marco de monitoreo, la desindexación sería un salto al vacío que podría generar efectos no deseados difíciles de revertir. Con un sistema robusto de evaluación, se convierte en una política basada en evidencia que puede ajustarse según sus resultados, maximizando las probabilidades de éxito y minimizando riesgos sociales. La clave está en que el monitoreo no sea un ejercicio burocrático, sino una herramienta genuina de aprendizaje y mejora continua que permita construir consensos sobre la base de evidencia empírica sólida.
Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.
