Contribuyente invitado: Sebastián Sclofsky
En las últimas dos décadas la criminalidad y la violencia en el Uruguay han ido en aumento. La crisis económica del 2002, provocada por las políticas neoliberales, junto con la llegada al Uruguay de la pasta base, produjeron una combinación de factores que explican gran parte del aumento de la violencia.
Como podemos observar en la gráfica, se produce un pico en los homicidios en el 2005, bajando rápidamente hacia a un promedio de 6,5 en los siguientes cinco años. A partir del 2012 comienza una subida lenta pero progresiva, con un pico en el 2018, y una
bajada en 2020 consistente con lo que ha ocurrido en otras partes del mundo a raíz de la pandemia. De acuerdo con los datos que tenemos del 2022, pareciera ser que estamos ante un nuevo aumento de los homicidios en el Uruguay, con una subida por encima del 30% según los datos del Observatorio de la Violencia del Ministerio del Interior. La evolución de los crímenes contra la propiedad es similar a la de los homicidios, indicando que estamos ante un fenómeno general de violencia.
En paralelo al aumento de la criminalidad, podemos observar, a partir de los estudios de Latinobarómetro, un incremento importante en el miedo al crimen en el Uruguay. Desde el 2005 en adelante, el crimen es mencionado como el principal problema del país por un promedio del 35% de la población.
Podemos observar también cómo, ante la mejora de la situación socioeconómica del país, la preocupación de los uruguayos pasa a ser el crimen.[i]
El miedo al crimen puede estar relacionado con el nivel de victimización, y eso parece indicar las encuestas realizadas por Latinobarómetro.
Sin embargo, el Uruguay continúa siendo de los países más seguros de la región, con un menor porcentaje de victimización que el resto, pero con índices de miedo al crimen más altos. El Uruguay tiene, por ejemplo, porcentajes más bajos de criminalidad que la mayoría de las ciudades de EEUU, pero tiene mayor miedo.
El miedo al crimen en el Uruguay ha sido uno de los principales fenómenos sociales y políticos de los últimos quince años. La literatura académica ha mostrado que el miedo corre, generalmente, por caminos diferentes a los de la criminalidad. El miedo se alimenta de discursos políticos y mediáticos, como también de políticas públicas, y procesos culturales y sociales que no siempre están directamente relacionados a la criminalidad (Basomrío & Dammert 2013; Bonner 2019). En el Uruguay se dio, a finales de la primera década del siglo XXI, un aumento significativo de la cobertura mediática sobre el crimen, con una tendencia hacia el pánico moral (Sclofsky 2021; Silvera & Natalevich 2012). La oposición adoptó un discurso de populismo penal reclamando mayor represión y punitividad. Un discurso que el gobierno comenzó a adoptar con ciertos matices a partir del 2010 (Paternain 2012; Sclofsky 2021; Vernazza 2015).
A pesar de los importantes avances sociales durante los gobiernos del Frente Amplio, se profundizaron procesos socioeconómicos y urbanos que influyen sobre la violencia y el miedo. La concentración de la riqueza y la tenencia de tierras aumentó en el Uruguay. Se incrementó la segregación urbana con la expansión de los barrios privados y la lógica carcelaria de los mismos comenzó a utilizarse en varias cooperativas de viviendas en Montevideo, por ejemplo, donde la entrada y la salida a estos complejos está fuertemente vigilada. Esto produce una homogenización de la experiencia urbana, un abandono de espacios públicos, suplantados por las grandes áreas comerciales, y esto ayuda a la construcción del “otro sospechoso,” un aumento del miedo, y un incremento de medidas privadas de seguridad.
El argumento aquí no es que el miedo sea injustificado, o que los individuos no deban tomar precauciones. El argumento es que una serie de políticas públicas, junto a la consolidación de una retórica de populismo punitivo, lleva a mayor miedo, mayor violencia, y mayor inseguridad.
Mano Dura, Ventanas Rotas, y Puntos Calientes
No es casualidad entonces que, a partir del 2009-2010, surge en las líneas del gobierno un discurso punitivo que va acompañado por estrategias policiales acordes (Paternain 2012; Sclofsky 2021). Una de las visiones que ha encontrado eco en nuestra región ha sido la teoría de ventanas rotas o Broken Windows, desarrollada por los sociólogos conservadores George Kelling y James Q. Wilson, y promovida por Rudy Giuliani y William Bratton, entre otros.
La teoría argumenta que determinadas comunidades pierden la capacidad de control social a raíz del decaimiento de las instituciones tradicionales de control, y esto lleva a un decaimiento urbano – edificios con ventanas rotas sin reparar – el cual invita al desorden y la criminalidad. Sin embargo, en vez de reparar las ventanas e invertir en estas comunidades, los autores argumentan que el foco debe estar en la identificación, castigo, y expulsión de aquellos que producen el desorden, en los ejemplos de James Wilson, generalmente se habla de jóvenes pobres y de color. Como la comunidad no tiene esta capacidad, la responsabilidad pasa a ser de la policía, la cual debe reprimir duramente el desorden, sino esto llevará a mayor criminalidad. A pesar de que la teoría no tiene sustento empírico alguno, y que un gran número de estudios han demostrado que las estrategias policiales basadas en ventanas rotas han llevado a mayor violencia y abuso policial, la teoría continúa siendo casi hegemónica. Estrategias como operativos de saturación, puntos calientes, policía proactiva, e inclusive policía comunitaria han surgido dentro de este contexto con poco éxito en la reducción de la violencia y criminalidad (Herbert 2001; Parker 2008; Sampson & Rausenbush 2004; Sclofsky 2021; Thompson 2015). Y a pesar de todo esto, algunas de estas estrategias han llegado al Uruguay de la mano de “expertos” extranjeros. La idea de que una mayor represión es el camino se ha arraigado en el Uruguay, y se le ha dado a la policía la responsabilidad casi exclusiva sobre las políticas contra la violencia.
Es importante reconocer que el gobierno del Frente Amplio realizó iniciativas multifacéticas y coordinadas en diversos barrios de la ciudad de Montevideo, como fue el Plan Siete Zonas. Sin embargo, esto no se tradujo en una política pública general y primó el uso de estrategias de mano dura, que reflejan visiones conservadoras desarrolladas en Estados Unidos.
Parte del “éxito” de Broken Windows es que va acorde a los principios neoliberales. Como explican David Harvey (2005) y Wendy Brown (2015), el neoliberalismo es más que un programa económico. Implica la reconstrucción de la sociedad y el individuo de acuerdo con los parámetros del mercado y las necesidades del crecimiento económico. De miembro de una comunidad política, pasamos a ser consumidores, y debemos disciplinarnos a las necesidades del mercado. Ventanas rotas es una teoría que intenta disciplinar a aquellos que no se adecuan a este orden social. Y a los que no pueden ser disciplinados, la consecuencia es la expulsión, generalmente hacia el sistema carcelario. No es casualidad que el avance del neoliberalismo vino acompañado de un aumento del estado carcelario, con el aumento del número de presos, la expansión del poder y presencia policial, y el aumento de la violencia del estado.
Los Límites de las Estrategias Policiales
Entre las importantes reformas que el Frente Amplio realizó durante sus gobiernos fue una profunda reforma policial. Rompió con muchos de los vestigios militares y militaristas que existían en la policía, brindándole un carácter civil mayor. Mejoró sustancialmente las condiciones de trabajo de la policía. Unificó mandos, avanzó enormemente en la tecnificación y profesionalización de esta, mejoró en la recolección de datos y la racionalización del trabajo de patrullaje e investigación. Mejoró en su capacidad de investigación, contando con el apoyo de legislación y decretos que mejoraron su funcionamiento y capacidad. Y logró disminuir sustancialmente la corrupción que existía adentro de la institución. Gran parte de estas reformas se produjeron con la llegada de Bonomi y el liderazgo de Guarteche en el 2010. A pesar de estos importantes cambios, no logró reducir significativamente la criminalidad.
Los detractores de Bonomi y Guarteche argumentan que no hubo suficiente represión y que el sector político no le permitió a la policía “ejercer la autoridad.” Sin embargo, se aumentó la capacidad punitiva, aumentaron las penas, y aumentaron las acciones policiales. El problema no fue la falta de acción policial o mayor represión. El problema es que la policía tiene efectos limitados sobre la criminalidad.
Los detractores de Bonomi y Guarteche argumentan que no hubo suficiente represión y que el sector político no le permitió a la policía “ejercer la autoridad.” Sin embargo, se aumentó la capacidad punitiva, aumentaron las penas, y aumentaron las acciones policiales. El problema no fue la falta de acción policial o mayor represión. El problema es que la policía tiene efectos limitados sobre la criminalidad.
En la criminología, sabemos más sobre lo que no funciona que sobre lo que funciona. Entre otras cosas porque muchas de las políticas públicas que se han desarrollado en materia de seguridad, como es el caso de ventanas rotas, han tenido efectos negativos. Relevante para el caso uruguayo, sabemos que mayor punitividad, mayor presencia policial, estrategias de saturación, puntos calientes, y otras estrategias de mano dura tienen efectos limitados en el mejor de los casos. Como ya dijimos, ventanas rotas y mayor capacidad represiva, ha llevado a mayor violencia y abuso policial, como lo demuestra el caso de Estados Unidos. Y en estos últimos años hemos podido observar un mayor aumento de la violencia policial en el Uruguay.
La criminalidad y la violencia son fenómenos complejos. La violencia social, que ha aumentado en las últimas décadas a raíz del avance del neoliberalismo, no puede ser enfrentada exclusivamente desde la órbita policial. Pensar que la policía puede solucionar el problema es poner a la policía en un camino al fracaso. En mi experiencia investigando los cambios en la policía en el Uruguay, creo que hay – o había – un liderazgo consciente de los límites que la policía puede tener en el combate a la violencia. A diferencia de otros países, he encontrado un liderazgo policial altamente capacitado, y de un alto grado de civilismo. En este sentido la policía puede – y debe – ser parte de la solución. La policía tiene cierta capacidad disuasiva, pero no previene ni logra reducir significativamente la violencia. No lo ha hecho en ninguna parte del mundo.
El abordaje de la violencia y el desarrollo de estrategias debe ser una política de estado, y debe ser una política coordinada que comprenda a todos los sectores del gobierno central y municipal. No es suficiente con la participación de distintos ministerios y municipios, esto debe ser coordinado como parte de un plan general a largo plazo. Parte del problema es que el populismo penal genera altos réditos electorales y nos transforma en rehenes de estos procesos cortos. La pregunta es si los políticos podrán renunciar al botín electoral que el populismo penal les brinda. Como me dijo un politólogo uruguayo, se abre una oportunidad en las próximas elecciones, ya que ningún sector podrá decir que tuvo éxito. Capaz que, ante el fracaso de todos, se entiende que existe una necesidad de política de estado.
Trabajos Citados
Basombrío, C., & Dammert, L. (2013). “Seguridad y Populismo Punitivo en América Latina: Lecciones Corroboradas, Constataciones Novedosas y Temas Emergentes.”
Bonner, M. D. (2019). Tough on Crime: The Rise of Punitive Populism in Latin America. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Herbert, S. (2001). “Policing the contemporary city: Fixing broken windows or shoring up neo-liberalism?” Theoretical Criminology, 5(4), 445–466.
Parker, K.E. (2008). Unequal Crime Decline: Theorizing Race, Urban Inequality, and Criminal Violence. New York: New York University Press.
Paternain, R. (2012). “La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad. Una interpretación del caso uruguayo.” Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Política, 2, 83–100.
Sampson, R. J., & Raudenbush, S. (2004). “Seeing disorder: Neighborhood stigma and the social construction of ‘broken windows’.” Social Psychology Quarterly, 67(4), 319–342.
Sclofsky, S. (2021). “Broken Windows in the Río de la Plata: Constructing the Disorderly Other,” Criminological Encounters 4(1), pp. 31-49.
Silvera, L., & Natalevich, M. (2012). “La crónica policial en los informativos de televisión.” Dixit, 16, 4–12.
Vernazza, L. (2015). “El dilema de las políticas de seguridad en los gobiernos de izquierda, Uruguay 2005–2014.” (Master in Human Development). Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
Bonner, M. D. (2019). Tough on Crime: The Rise of Punitive Populism in Latin America. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Herbert, S. (2001). “Policing the contemporary city: Fixing broken windows or shoring up neo-liberalism?” Theoretical Criminology, 5(4), 445–466.
Parker, K.E. (2008). Unequal Crime Decline: Theorizing Race, Urban Inequality, and Criminal Violence. New York: New York University Press.
Paternain, R. (2012). “La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad. Una interpretación del caso uruguayo.” Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Política, 2, 83–100.
Sampson, R. J., & Raudenbush, S. (2004). “Seeing disorder: Neighborhood stigma and the social construction of ‘broken windows’.” Social Psychology Quarterly, 67(4), 319–342.
Sclofsky, S. (2021). “Broken Windows in the Río de la Plata: Constructing the Disorderly Other,” Criminological Encounters 4(1), pp. 31-49.
Silvera, L., & Natalevich, M. (2012). “La crónica policial en los informativos de televisión.” Dixit, 16, 4–12.
Vernazza, L. (2015). “El dilema de las políticas de seguridad en los gobiernos de izquierda, Uruguay 2005–2014.” (Master in Human Development). Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
[i] Los datos de Latinobarómetro muestran lo mismo cuando comparamos crimen con pobreza u otros datos socioeconómicos.
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