El slogan de la “libertad responsable” se consolidó como la consigna elegida para el manejo de la pandemia en Uruguay. El concepto ha dado mucho de qué hablar como estrategia epidemiológica y ha sido un puntapié para reflexionar sobre las políticas de manejo del COVID en Uruguay y debatir sobre su relativo éxito o fracaso o incluso sobre la gravedad de la situación y lo indefectible (o no) de su avance. Otros artículos este blog se han centrado en mostrar los límites de esta estrategia como forma de enfrentar problemas de salud pública y cuestionado la idea de libertad en que se basan. Esta nota intenta salir un poco del contexto pandémico y reflexionar sobre por qué este concepto resultó un slogan exitoso a la hora de atribuir responsabilidades y permitió al gobierno mantener un relato sobre la pandemia y su rol en su manejo que logró una relativa aceptación en la opinión pública.
La idea de la
responsabilidad individual no fue un invento de este gobierno ni empezó con la
pandemia. Esta idea ha estado presente en la discusión política no sólo en
Uruguay sino en la región y en el mundo y no es particularmente nueva. Distintos
autores han destacado la importancia de la idea de la responsabilidad
individual como pieza fundamental en la legitimización del desmantelamiento y
reconfiguración del Estado de bienestar y la expansión de políticas
neoliberales (ese concepto tan difícil de definir que no voy a definir yo en
esta nota). Por ejemplo, Loïc Wacquant (2009, 2010, 2019) se refiere a la idea
de la responsabilidad individual como el “pegamento cultural” (cultural glue
en inglés, las cosas traducidas a veces no suenan muy bien) que da coherencia y
legitimidad a una nueva forma de gobernanza de la marginalidad social no sólo
desde las políticas sociales sino desde el sistema de justicia criminal y la
expansión de la prisión en un contexto de expansión de políticas de mercado. En
sus términos, la expansión de prisonfare (el gobierno de la marginalidad
a través de la prisionización, control, y castigo) y del workfare (la
reconfiguración de las políticas sociales a partir de la lógica del control y
el disciplinamiento de la fuerza de trabajo). Un aspecto importante en esta
reconfiguración del Estado de bienestar es el énfasis en el merecimiento de los
“beneficios sociales,” que ya no se ven como un derecho. Es más, la lógica de
control e incentivos que prima en el sistema de justicia y desde la cual se
justifican los aumentos de penas se traslada a la gestión de las políticas
sociales. Los “beneficios” sociales son vistos como una serie de incentivos
orientados a cambiar la conducta de los “beneficiarios,” y a cambio de los
cuales deben exigirse contrapartidas, no sea cosa de que se fomente la vagancia
o el abuso del dinero de los contribuyentes.
Estos cambios en
la orientación de las políticas sociales y en otras áreas (como la economía y
el crimen) se nutren de la idea de la responsabilidad individual, que contribuye
a legitimar estas prácticas porque responsabiliza a la gente de su propia
situación. Dicho de manera simple (y simplificadora): las desigualdades
sociales no se ven como producto de injusticias sociales o económicas, sino que
se basan en diferencias de esfuerzo entre las personas. En base a esta idea, la
pobreza no es una falla social sino una falla individual de una persona que no
se esforzó lo suficiente o tiene una serie de valores equivocados. El Estado
nada tiene que ver en este escenario dado y no puede hacer más que tratar de
incentivar a esta persona a esforzarse más y adquirir “mejores” valores.
Volviendo a lo
concreto, no es necesario ahondar en los paralelismos entre esta visión de las
políticas sociales y las distintas iniciativas tomadas por el gobierno, pero es
relativamente sencillo ver las semejanzas. Por ejemplo, la idea de los
“jornales solidarios” se presentó como una devolución de las prestaciones
recibidas por parte de sus beneficiarios a los contribuyentes, separando así
contribuyentes y beneficiarios e ignorando el rol del Estado en la
redistribución de ingresos hacia otros sectores de la sociedad.
Pero más allá de
las políticas específicas que pueden trazarse con esta orientación, es
importante interrogar las sensibilidades que permiten su emergencia y las
legitiman. La relación entre la política pública y la opinión pública es
compleja. La opinión pública no es un abstracto que se genera espontáneamente
sin mediación de los actores políticos o los medios de comunicación, ni tampoco
es una serie de ideas coherentes y monolíticas compartidas por todos los
sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante entender las sensibilidades
de época que hacen que ciertas ideas adquieran más relevancia en determinados
momentos y vuelvan exitosas (e incentiven la emergencia de) determinadas estrategias
políticas y no otras. En definitiva, la opinión pública puede ser causa y/o
consecuencia de la discusión política de una época, pero es sin duda un
componente importante en la legitimación y expansión de determinadas
narrativas.
En este sentido, y
volviendo un poco al principio, es importante entender las sensibilidades e
ideas que hacen que determinadas políticas y narrativas resuenen en el público.
La encuesta LAPOP, una encuesta de opinión publica que recaba datos cada aproximadamente
dos años en distintos países de América, permite entender un poco el alcance de
estas narrativas en Uruguay y compararlas con países de la región. Mi idea
entonces es usar esta información para tratar de entender qué tan extendidas
están ciertas ideas relacionadas con la responsabilidad individual, que pueden
dar claves para entender el apoyo a la política sanitaria de la “libertad
responsable”. En particular, me voy a centrar en analizar el acuerdo con
distintos enunciados sobre el rol del Estado en la desigualdad y el combate a
la pobreza, así como visiones negativas sobre determinados grupos vulnerables
que implicarían hasta cierto punto culparlos de su situación.
La figura 1
muestra la proporción de entrevistados de acuerdo con estos enunciados en Uruguay,
Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. Dado que la ideología política está muy
relacionada a este tipo de posturas, las gráficas muestran las proporciones
desagregadas por autodientificación ideológica (izquierda, centro y derecha). En
el primer cuadrante se muestra la proporción de entrevistados de cada ideología
que (en el año 2012) sostuvo estar de acuerdo con la frase “a gente que recibe
ayuda de los programas sociales del gobierno es vaga” en cada país. En Uruguay,
el 58% de los entrevistados expresó acuerdo con la frase. Sólo en Argentina
este porcentaje fue mayor (59%). Chile (50%), Paraguay (41%) y Brasil (30%), reportaron
menores porcentajes de acuerdo. A pesar de que el porcentaje de acuerdo es
relativamente alto en todas las ideologías políticas consideradas, es en
Uruguay donde se ve una diferenciación por ideología política más marcada.
Más allá de que el
estigma hacia la población que recibe transferencias de programas sociales
parece estar bastante extendido, también parece existir un acuerdo
relativamente amplio con las ideas de que “el Estado debe ayudar a los más
pobres” y “el Estado debe implementar políticas para reducir la desigualdad de
ingresos”, preguntadas en la encuesta de 2018. En este sentido, este acuerdo
parece ser más débil en Uruguay. En este caso, solamente el 57% de los
entrevistados estuvo de acuerdo con que el Estado debe ayudar a los más pobres,
un nivel por debajo del de todos los países de la región (68% en Argentina, 77%
en Chile, 79% en Brasil y 81% en Paraguay). Además, el 70% de los entrevistados
en Uruguay estuvo de acuerdo con la idea de que el Estado debe intervenir para
reducir la desigualdad de ingresos. Solamente en Paraguay el porcentaje de acuerdo
fue menor en los entrevistados (64%). En Chile (80%), Brasil (73%) y Argentina (73%)
el porcentaje de entrevistados que se mostró a favor fue mayor. En ambos casos
se observan diferencias por ideología política (más que nada entre izquierda y
el resto). Finalmente, solamente en Uruguay y Argentina son una minoría aquéllos
que, en 2018, estuvieron de acuerdo con la idea de que “los desempleados
podrían conseguir trabajo si quisieran”. El porcentaje de acuerdo está apenas
debajo del 50% en Uruguay (46%) y Argentina (46%) y por encima en Brasil (50%),
Paraguay (56%) y Chile (57%).
Figura 1. Acuerdo con distintas cuestiones relativas
al rol del Estado en la pobreza y desigualdad. Por ideología política y país.
Este análisis
superficial y limitado del alcance de algunas ideas en Uruguay y en la región parece
indicar que, si bien existe un alto nivel de acuerdo respecto al rol del Estado
en la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza, parece haber
variación en el grado de acuerdo con estas ideas en la región. Es en Uruguay en
donde este acuerdo parece estar menos extendido y, si bien hay marcadas
diferencias ideológicas, incluso en las personas de izquierda estas ideas no
están del todo extendidas. Por ejemplo, 1 de cada 5 entrevistados de izquierda no
está de acuerdo con la idea de que el Estado deba reducir la desigualdad y 1 de
4 no está de acuerdo con que el Estado deba ayudar a los más pobres. Más allá
de las ideas respecto al rol del Estado, estas ideas sobre el rol del Estado
conviven con visiones negativas hacia las poblaciones vulnerables, tanto
quienes reciben asistencia del Estado como quienes se encuentran en situación de
desempleo.
En la Figura 2 intento
ver cómo han evolucionado estas ideas en el tiempo. Lamentablemente, la única
pregunta que fue incluida consistentemente en la encuesta a lo largo del
período 2008-2018 fue la que pregunta respecto al acuerdo con la idea de que el
Estado debe reducir la desigualdad. Observando el porcentaje de encuestados que
contestó favorablemente a esta pregunta se puede observar que, si bien los
niveles de acuerdo son relativamente altos en todo el período, parece verse una
tendencia a la baja en dicho acuerdo en la región (especialmente en Uruguay y
Paraguay). En Uruguay, a partir del 2012 se ve un descenso claro en el
porcentaje de entrevistados que dice estar de acuerdo con esta idea. En este
caso, el porcentaje de acuerdo comienza en un 87% en 2008 y sube a su pico en
2010 (90%). En 2012 registra una caída a sus niveles iniciales (87%) y luego
cae más pronunciadamente en 2014 (77%) y 2016 (79%) hasta su valor más bajo en
2018 (70%).
Figura 2. Evolución sobre acuerdo con que el Estado
debe reducir la desigualdad. Por ideología política y país. Años 2008-2018
En definitiva, toda esta larga historia no intenta llegar a conclusiones muy claras sino llamar la atención sobre la necesidad de entender un poco la evolución de las sensibilidades sociales no sólo hacia el rol del Estado sino hacia determinados sectores vulnerables de la sociedad. Desde la literatura académica se menciona bastante la importancia de las ideologías que enfatizan la libertad individual en la reconfiguración del rol del Estado, destacando cómo sirven como mecanismo para reducir la responsabilidad del Estado y desplazar la culpabilización por sus propios problemas a los sectores marginalizados en la sociedad. Estas sensibilidades permiten (o incluso fomentan) la expansión de políticas que aumentan su marginalización ya sea la contracción y reconfiguración de las políticas del Estado de bienestar como la expansión de políticas punitivas, entre otras (ver Garland 2001; Wacquant, 2009). La emergencia y relativo éxito político (no epidemiológico) de la estrategia de la “libertad responsable” para el control del COVID, que se presenta como única acción posible desde el Estado y permite culpabilizar a distintos actores por la falta de resultados epidemiológicos, puede entenderse desde esta perspectiva.
Referencias
Garland, David. 2001. The Culture of Control: Crime
and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago
Press.
Wacquant, Loïc. 2009. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham, NC: Duke University Press.
Wacquant,
Loïc. 2010. “Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare and Social
Insecurity.” Sociological Forum 25:65–86.
Wacquant, Loïc. 2019. “Class, Ethnicity and State in the Making of Urban Marginality.” Pp. 23–50 in Class, Ethnicity and State in the Polarized Metropolis, edited by J. Flint and R. Powell. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
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