“Educación
Formal” por lugar
a dudas bajo licencia CC BY 2.0
La educación ha sido una de las actividades
más afectadas por la pandemia del COVID-19. A mediados de marzo de 2020, la mayoría
de los países, decidieron cerrar los centros educativos como una de las medidas
para contener los contagios y muertes. Aunque Uruguay aún estaba relativamente “libre”
del virus, el gobierno se adelantó y decidió imitar las medidas implementadas principalmente
en los países europeos, decretando así la emergencia sanitaria el 13 de marzo
de 2020. Entre estas medidas, decidió cerrar las instituciones educativas
sustituyendo las clases presenciales por la enseñanza a distancia,
convirtiéndose en el país que más pronto adoptó la decisión del cierre escolar.
Uruguay fue también el primer país de América Latina en retomar la
presencialidad en las aulas (en la educación no universitaria) a partir del mes
de junio 2020, y lo que es aún más importante, lo hizo sin aumentar el ritmo de
contagios (y muertes).
El cierre de las escuelas ha sido una de las
políticas más controvertidas utilizadas para combatir la pandemia, por sus
enormes costos y su cuestionable eficacia en términos sanitarios. Si bien aún
es pronto para dimensionar el impacto y los costos que efectivamente ha tenido y
tendrá el cierre escolar (sobre todo porque los impactos se observarán en el
medio y largo plazo), la evidencia internacional disponible sugiere que los
mismos serán elevados y, sobre todo, que se ampliarán fuertemente las
inequidades educativas existentes. Las interrupciones prolongadas de la
enseñanza afectan no solo los resultados de aprendizaje de los niños, sino
también a su desarrollo psicológico y emocional, y son los niños de entornos
socioeconómicos bajos los que se ven particularmente más afectados[1],[2],[3],[4]. Los
cierres escolares también son perjudiciales para los padres en términos de
desarrollo laboral, ya que deben asumir más responsabilidades educativas en el
hogar, y particularmente para las mujeres[5]. Para
el caso de Uruguay no tenemos aún evidencia cuantitativa de estos impactos,
pero podemos intuir que serán similares o aún mayores a los observados en otros
países considerando la desigualdad ya existente previo a la pandemia. En mi entrada
anterior [6]analizaba
el problema de las brechas educativas en Uruguay y cómo se verían ampliadas si
no se implementaban políticas focalizada. También Denisse Gelber[7] abordaba
la importancia del rol de la escuela sobre el bienestar socio-emocional de los estudiantes
en Uruguay.
Ahora bien, aunque estos costos sean muy
elevados, si los mismos son compensados por sus beneficios, su implementación podría
tener cierta justificación. Para poder llevar a cabo este ejercicio, la primera
cuestión relevante es saber si el cierre escolar es, por sí mismo, una medida
efectiva para la contención del virus. Esta no es una tarea sencilla, ya que para
medir el efecto causal del cierre durante 2020, es necesario aislar esta política
del resto de medidas de aislamiento social que se aplicaron en paralelo[8]. Por
este motivo, la evidencia internacional en este caso es más escasa que la
relacionada a los costos del cierre escolar (ver por ejemplo [9],[10],[11] que
analizan el impacto del cierre en Alemania e Italia sin encontrar efectos sobre
los contagios). En cualquier caso, lo que parece evidente es que los potenciales
beneficios no lograrán compensar los altísimos costos de medio y largo plazo mencionados
anteriormente. Al menos así lo han entendido la gran mayoría de los países desarrollados,
y por ello se ha priorizado la apertura de los centros educativos en el nuevo
curso académico bajo estrictas medidas sanitarias junto con la implementación
de un sistema de rastreo y seguimiento de casos positivos.
Por el contrario, esta vez Uruguay optó por otro camino. En enero de 2021 el país comenzó a registrar un aumento sostenido de casos, y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) creado el 14 de abril de 2020, recomendó al gobierno implementar una batería de medidas de restricción de la movilidad social para contener el virus[12]. En cuanto a la educación, el GACH proponía mantener la presencialidad escolar y considerar la suspensión solo en caso de que el sistema de salud esté seriamente comprometido (es decir, cómo última alternativa). Sin embargo, el gobierno optó por apelar a la “libertad responsable” de la ciudadanía y no tomar medidas estrictas. El número de casos y muertes por COVID comenzó a crecer de forma exponencial, y el 23 de marzo de 2021 el gobierno decidió nuevamente suspender las clases presenciales, pero esta vez, sin ser acompañado de otras medidas restrictivas de la movilidad social como recomendaba el GACH y apelando de nuevo a la “libertad responsable” de la ciudadanía y a una inmediata efectividad de las vacunas. Las cifras de contagios y muertes siguieron aumentando sostenidamente durante abril y mayo, alcanzando un promedio de casi 55 muertes diarias[13]. Esta tendencia retrasó el retorno a la presencialidad (prevista para el mes de mayo) al mes de junio para el caso de Educación Primaria y a julio para Secundaria. Nuevamente, al igual que en 2020, los estudiantes uruguayos perderán en 2021 casi tres meses de clases presenciales. Esta medida tendrá consecuencias muy desiguales, ya que en esta ocasión tampoco se implementaron políticas focalizadas en los más vulnerables para mitigar sus impactos negativos.
Pero es importante destacar una diferencia fundamental entre ambos cierres escolares: la disponibilidad de evidencia científica y la experiencia acumulada de un año de pandemia. En marzo de 2020, el COVID-19 irrumpió en el mundo de forma inesperada y los gobiernos tuvieron que reaccionar sin disponer de información ni evidencia alguna sobre este nuevo virus y su evolución. El cierre escolar operó, junto con otras medidas como el confinamiento obligatorio, como una medida de emergencia. Sin embargo, en enero de 2021 cuando la “primera ola” llegó a Uruguay (sabíamos que tarde o temprano llegaría), habíamos ganado tiempo y contábamos con más información sobre el comportamiento y evolución del virus. También existía evidencia sobre los costos del cierre escolar y su baja asociación con la evolución de los contagios. Más aún, la evidencia internacional mostraba que bajo condiciones sanitarias estrictas y un adecuado seguimiento de los casos, los contagios en las aulas eran muy bajos. Sin embargo, el gobierno desaprovechó esta información y con ello, la oportunidad de tomar medidas a tiempo para contener la expansión del virus y preparar las aulas para un adecuado inicio de curso. En definitiva, el cierre de los centros educativos en marzo 2021 era evitable.
[1] Burgess, S and H Sievertsen (2020), “Schools,
skills, and learning: The impact of COVID-19 on education”, VoxEU.org, 1 April.
[2] Engzell, P, A Frey and M D Verhagen
(2020), “The
collateral damage to children’s education during lockdown”, VoxEU.org, 9 November.
[3] Grewenig, E, P Lergetporer, K Werner, L
Woessmann and L Zierow (2020), “COVID-19
school closures hit low-achieving students particularly hard”, VoxEU.org, 15 November.
[4] Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B.,
Johnson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact
of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher, 49(8), 549-565.
[5] Fuchs-Schündeln, N, M Kuhn and M Tertilt
(2020), “The short-run macro implications of school and childcare closures”,
VoxEU.org, 30 May.
[8] Dehning, J, J Zierenberg, F P Spitzner, M
Wibral, J P Neto, M Wilczek and V Priesemann (2020), “Inferring Change Points
in the Spread of COVID-19 Reveals the Effectiveness of Interventions”, Science 369(6500).
[9] Bismarck-Osten, C v, K Borusyak and U
Schönberg (2021), “The Role of Schools in Transmission of the SARS-CoV-2 Virus:
Quasi-Experimental Evidence from Germany”, CReAM Discussion Paper 22/20, Economic Policy, forthcoming.
[10] Isphording, I, M Lipfert and N Pestel
(2020), “School Reopenings after Summer Breaks in Germany Did Not Increase
SARS-CoV-2 Cases”, IZA Discussion Paper No. 13790.
[11] Gandini, S, M Rainisio, M L Iannuzzo, F
Bellerba, F Cecconi, and L Scorrano (2020), “No evidence of association between
schools and SARS-CoV-2 second wave in Italy”, medRxiv 2020.12.16.20248134
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