I
Los
servicios esenciales son aquellos cuya provisión debe ser
garantizada por el Estado. La fundamentación para esto se basa
principalmente en dos posiciones: (1) el daño probable e inmediato
que la interrupción de servicios esenciales produce en la población
y (2) la violación de derechos que el paro de estos servicios puede
generar. Por ejemplo, los servicios de policía, bomberos y de
emergencia médica están comúnmente catalogados como servicios
esenciales. Algunos países y gobiernos subnacionales van más allá
y definen la educación como un servicio esencial. Ese es el caso de
Portugal, Alemania y algunas provincias y estados de Canadá y
Estados Unidos respectivamente.
Los mismos
dos argumentos que comúnmente se utilizan para justificar otros
servicios esenciales también se aplican al caso de la educación.
Primero, algunos creen que la interrupción del servicio educativo
tiene efectos negativos tanto sobre el aprendizaje de los estudiantes
y su bienestar en general como sobre la vida de quienes están a su
cargo (padres, familiares, etc). Esto último sucede dado que el
sector educativo también oficia como proveedor de servicios de
cuidado, algo que posibilita que los custodios de los estudiantes
tengan el tiempo para realizar otras actividades. Una segunda
justificación se basa en el argumento de que las huelgas docentes
violan el derecho a aprender de niños y niñas. A la hora de poner
sobre la balanza el derecho a huelga de los educadores y el de los
niños y niñas a aprender, algunos creen que se debería favorecer
este último (Horsten, Debra y Corlene Le Grange. 2012; Calitz y
Conradie 2013).
Existe al
menos una razón importante para rechazar estos argumentos a la hora
de justificar una prohibición total del derecho de huelga docente.
Esta es que los paros docentes son instrumentos que – utilizados
bajo ciertas condiciones- pueden afectar positivamente a los
estudiantes. En otras palabras, los resultados obtenidos mediante una
huelga docente pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes
(por ejemplo si se mejora las condiciones de su educación). Por lo
tanto, los dos argumentos anteriores pierden su fuerza para el caso
de prohibiciones totales al derecho a huelga. El problema es que esta
razón no alcanza para justificar un derecho a huelga docente sin
restricciones.
II
La OIT ha
sistemáticamente excluido al sector educativo como un servicio
esencial. El argumento principal ha sido que las huelgas educativas
no tienen el potencial de generar daños significativos en la
población. Más aún, en el caso de que esos daños puedan
producirse, es esperable que no sucedan en el corto plazo. Por tanto,
el factor de la inmediatez no jugaría papel alguno. Sin embargo,
actualmente existe evidencia que muestra los efectos negativos que
puede tener los paros docentes tanto en el corto como en el largo
plazo. Estudios recientes (Belot y Webbink 2010, Johnson 2010, Baker
2013) reafirman la sospecha presentada en los trabajos pioneros en la
materia (Caldwell y Maskalski 1981; Caldwell y Jefferys 1983) de que
los paros docentes tienen un efecto negativo sobre el aprendizaje de
los alumnos. Ese hecho no es sorprendente, tomando en cuenta la
evidencia existente sobre los efectos negativos del ausentismo
docente en los resultados educativos de los estudiantes.
Por ejemplo,
en su evaluación de los efectos de largo plazo de las huelgas
docentes en Bélgica, Belot y Webbink (2010) encuentran que el paro
de mayo a noviembre de 1990 en la comunidad francófona afectó
negativamente el desarrollo de los escolares involucrados, dando
lugar a mayores tasas de repetición. De forma similar, Johnson
(2011) y Baker (2013) muestran que las huelgas de docentes de
primaria (en promedio de 10 días) en la provincia de Ontario,
Canadá, tuvieron un efecto significativamente negativo en los
puntajes tanto en lectura como en matemáticas obtenidos por los
estudiantes que experimentaron las huelgas. En particular, el estudio
de Johnson (2011) sugiere que el impacto negativo de una huelga de 10
días es significativamente mayor para los estudiantes que provienen
de hogares con menor nivel educativo.
Uno podría
pensar, sin embargo, que una huelga determinada puede tener efectos
negativos sobre la generación de estudiantes que se ve directamente
involucrada (la que deja de tener clases) mientras se podría dar un
efecto positivo para los estudiantes post-huelga. Por ejemplo, la
mejora en las condiciones de trabajo de los docentes obtenidas luego
de las negociaciones podrían repercutir positivamente en el
aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido el efecto global que
una huelga concreta puede producir en una generación de estudiantes
concreta no nos da un panorama completo del asunto. El problema es
que este instrumento se utiliza con demasiada frecuencia, afectando
así a varias generaciones de estudiantes.
Por tanto,
existen razones para pensar que los paros docentes efectivamente
pueden generar efectos negativos en los estudiantes. Este hecho nos
obliga a pensar más detenidamente las libertades y obligaciones que
los proveedores de ese servicio (los educadores) deben contar. Si
bien una restricción total de la libertad es contraproducente para
educadores y alumnos, también parece serlo un derecho absoluto tal
como propone la OIT.
Referencias
Baker,
Michael. 2013. ``Industrial actions in schools: strikes and student
achievement'', Canadian Journal of Economics, 46 (3):
1014-1036
Belot,
Michèle y Dinand Webbink. 2010. “Do Teacher Strikes Harm
Educational Attainment of Students?”, Labour 24 (4):
391-406
Calitz,
Karim y Diana Conradie. 2013. "Should teachers have the right to
strike? The expedience of declaring the education sector an essential
service", Stellenbosch Law Review, 24 (1): 124-145.
Caldwell,
William y Loretta Jeffreys. 1983. ‘The effect of teacher strikes on
student
achievement:
new evidence.’ Government Union Review 4, 40–58
Horsten,
Debra y Corlene Le Grange. 2012. ``The limitation of the educator's
right to strike by the child's right to basic education'', Southern
African Public Law, 27 (2): 509-538.
International
Labour Organization. 2006. Freedom of Association: Digest of
Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO, fifth (revised) ed. Geneva:
International Labour Office.
Johnson,
David. 2011. “Do work stoppages and work-to-rule campaigns change
elementary school
assessment
results?”, Canadian Public Policy 37, 479–94
