El traslado de la jueza Mariana Mota, quien venía
desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos de
derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya, del ámbito penal al
ámbito civil, ha provocado un gran revuelo y malestar en buena parte de la
ciudadanía. En estos días hemos visto diversas manifestaciones cruzadas acerca
de las responsabilidades, causas y posibilidades de reversión de este hecho.
Quiero aportar una perspectiva distinta y es acerca de los peligros de perder
la confianza en la Corte si sentimos que ésta pierde su independencia. Esa
independencia debemos cuidarla todos, desde sus magistrados integrantes hasta
el gobierno, pasando por los que protestan y exigen explicaciones legítimas y
por la misma jueza.
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De los países de América Latina, Uruguay es uno de los
que más confía en su sistema judicial, de acuerdo a datos recientes del
Barómetro de las Américas 2012, quedando en quinto lugar entre 24 países encuestados sobre este tema (ver gráfica a la derecha).
Además, los uruguayos confiamos más en
la Suprema Corte de Justicia que en muchas otras instituciones, incluso más que
en el poder judicial en general (ver gráfica debajo). Por otra parte, según las
medidas de los especialistas basadas en los procesos de nominación de jueces y
en la duración de su mandato, entre otros indicadores, la uruguaya entra en el
grupo de las cortes más independientes de América Latina.[1] Esa independencia
es clave para la confianza en ella. Y ésta a su vez para la estabilidad de la
democracia en general.
Este rol clave como contrapeso de la democracia está en
jaque para la Corte uruguaya. Una jueza que tiene a su cargo casos de
violaciones de derechos humanos contra militares participa de la “Marcha del
Silencio” organizada por la organización de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, dando pie a sospechas de falta de imparcialidad en sus fallos. (Aunque
puede parecer un gesto menor, imaginemos por un momento que la jueza hubiera
participado en el Día de los caídos en la lucha anti-subversiva en Uruguay). La
Corte le abre en ese momento un expediente administrativo pero decide
clausurarlo por unanimidad. Casi un año después de los hechos, le comunica su
traslado al ámbito civil sin más explicación, generando sospechas de presiones
externas y de un cambio ideológico entre sus integrantes (hay dos nuevos
miembros).
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Ante esto surgen entonces varios interrogantes. ¿Por qué
una corte que votó la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad ya en dos
casos decide ahora trasladar a una jueza que defiende esas
causas? ¿Por qué unos magistrados
mayoritariamente electos (4 de 5) durante los dos gobiernos del Frente Amplio
se tornan ahora en contra de una causa que este partido ha defendido como una
de sus principales banderas? ¿Estamos en presencia de un conflicto entre la
Corte y el Ejecutivo en el que se enmarcan tanto este traslado como la declaración
de inconstitucionalidad del impuesto a la propiedad rural que quería el
Presidente Mujica? ¿Estamos ante una corte que cede ante el poder militar?
¿Y entonces por qué no lo hizo en las decisiones anteriores? ¿O estamos más
bien ante un conflicto más complejo entre facciones del partido de gobierno
respecto a este tema? Esta última es la hipótesis del pacto de caballeros entre
excombatientes, que ha circulado en los medios
alternativos y se sustenta en fricciones entre el accionar de la
jueza Mota y el ministro de Defensa, ex guerrillero tupamaro, así como en la
voluntad reiterada del presidente Mujica, también ex guerrillero tupamaro, de
no tener a “viejos” en la cárcel.
No tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que
este tipo de cuestionamientos y sospechas de parcialidad ensucian la imagen
de la Corte y por lo tanto ponen en peligro la lucha por los derechos humanos
durante la dictadura, algo que en Uruguay, como en otros países, se ha logrado
hacer por la vía judicial y no por la vía política. El precio de la
independencia judicial incluye convivir con fallos que no nos gustan. El reto está en mantener la delgada línea
entre discutir legítimamente un fallo y cuestionar institucionalmente a la
Corte.
* No soy para nada experta en estos temas pero creo que esta semana el blog tenía que
animarse a poner algo sobre la mesa en el encendido debate en torno a este
caso. Agradezco a Rosario Queirolo, Cristian Pérez y Juan Carlos Rodriguez Raga
por ayudarme a ordenar las ideas y pensar esta nota.
[1] Julio Ríos-Figueroa. 2011. “Institutions for
Constitutional Justice in Latin America”, in Ríos Figueroa and Helmke (eds.). Courts in
Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
