Corte a la Corte *
El traslado de la jueza Mariana Mota, quien venía
desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos de
derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya, del ámbito penal al
ámbito civil, ha provocado un gran revuelo y malestar en buena parte de la
ciudadanía. En estos días hemos visto diversas manifestaciones cruzadas acerca
de las responsabilidades, causas y posibilidades de reversión de este hecho.
Quiero aportar una perspectiva distinta y es acerca de los peligros de perder
la confianza en la Corte si sentimos que ésta pierde su independencia. Esa
independencia debemos cuidarla todos, desde sus magistrados integrantes hasta
el gobierno, pasando por los que protestan y exigen explicaciones legítimas y
por la misma jueza.
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Este rol clave como contrapeso de la democracia está en
jaque para la Corte uruguaya. Una jueza que tiene a su cargo casos de
violaciones de derechos humanos contra militares participa de la “Marcha del
Silencio” organizada por la organización de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, dando pie a sospechas de falta de imparcialidad en sus fallos. (Aunque
puede parecer un gesto menor, imaginemos por un momento que la jueza hubiera
participado en el Día de los caídos en la lucha anti-subversiva en Uruguay). La
Corte le abre en ese momento un expediente administrativo pero decide
clausurarlo por unanimidad. Casi un año después de los hechos, le comunica su
traslado al ámbito civil sin más explicación, generando sospechas de presiones
externas y de un cambio ideológico entre sus integrantes (hay dos nuevos
miembros).
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No tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que
este tipo de cuestionamientos y sospechas de parcialidad ensucian la imagen
de la Corte y por lo tanto ponen en peligro la lucha por los derechos humanos
durante la dictadura, algo que en Uruguay, como en otros países, se ha logrado
hacer por la vía judicial y no por la vía política. El precio de la
independencia judicial incluye convivir con fallos que no nos gustan. El reto está en mantener la delgada línea
entre discutir legítimamente un fallo y cuestionar institucionalmente a la
Corte.
* No soy para nada experta en estos temas pero creo que esta semana el blog tenía que
animarse a poner algo sobre la mesa en el encendido debate en torno a este
caso. Agradezco a Rosario Queirolo, Cristian Pérez y Juan Carlos Rodriguez Raga
por ayudarme a ordenar las ideas y pensar esta nota.
[1] Julio Ríos-Figueroa. 2011. “Institutions for
Constitutional Justice in Latin America”, in Ríos Figueroa and Helmke (eds.). Courts in
Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.