“Un momento histórico para los homosexuales uruguayos”
titulaba “Espectador.com” el pasado martes a propósito de la aprobación en Diputados del
proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario.[1]
Y aunque todavía falta la aprobación en el Senado, todo indica que la nueva
norma verá la luz sin inconvenientes.
El título me dejó pensando. Las declaraciones de varios
activistas pro-derechos de los homosexuales coincidían con el titular. Sin
embargo, la aprobación de esta ley satisface a muchos más que a aquellos que se
beneficiarán directamente con ella o a quienes estaban férreamente
comprometidos con la causa. Al menos así
lo sugieren los datos de opinión pública.
Uruguay es el segundo país en todo el hemisferio con el
mayor apoyo al matrimonio homosexual, apenas una décima por debajo de Canadá (67,1
y 67,2, respectivamente).
Argentina, el
tercer país con mayor nivel de apoyo al matrimonio entre personas del mismo
sexo, está más de 10 puntos abajo (55,4).
Así lo indican los datos del
Barómetro de las Américas 2012, que consultó a ciudadanos de todas las Américas
“¿Con qué firmeza
aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el derecho a
casarse?” El Gráfico 1 muestra los promedios para cada
país, expresados en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica “desaprueba
firmemente” y 100 “aprueba firmemente”.[2]
En
Uruguay, quienes más favorablemente ven el matrimonio entre los homosexuales
son los más jóvenes, los más educados, las mujeres, y los que se ubican algo
más a la izquierda en el espectro ideológico.[3]
A pesar de estos matices, el apoyo está muy extendido: el 48,1% de los
consultados en Uruguay indicó que “aprobaba firmemente” el matrimonio
homosexual, mientras que menos de la mitad, 20,4%, se ubicó en las antípodas,
desaprobando firmemente (el Gráfico 2 muestra la distribución de preferencias
en torno a la aprobación del derecho de los homosexuales a contraer matrimonio,
expresadas ahora en la escala original de 1 a 10 que se utilizó para consultar
a los encuestados. Este gráfico muestra
el porcentaje de respuestas correspondiente a cada una de las categorías[4]).
Según
estos datos, entonces, y a diferencia de lo que sucede con otros temas
controversiales –como la despenalización del aborto, por ejemplo- no se encuentra una opinión pública dividida
o polarizada, sino una claramente inclinada por la legislación que todo indica
pronto entrará en vigencia. En mi opinión, esto sugiere que el titular antes
mencionado se queda corto. De concretarse la aprobación de la Ley de Matrimonio
Igualitario, se tratará de un logro histórico para los homosexuales y
activistas pro-derechos de las minorías sexuales, pero también será un logro
para la mayoría de los uruguayos, que consideran que se debe conceder tal
derecho. Y, en la medida en que la aprobación de esta ley alinea el accionar de
los representantes con las preferencias de sus representados, contribuye a
mejorar al menos una de las dimensiones de la calidad de la representación
política, lo que constituye un activo para el sistema político en su conjunto. Y
eso puede ser visto como un logro para todos (incluso para aquellos que se
oponen a la medida).
En otro
plano (moral y/o jurídico, según se lo mire) también hay otro logro que puede considerarse
que es para todos los uruguayos: con la aprobación de la Ley de
Matrimonio Igualitario se estará dando cumplimiento al mandato constitucional de
igualdad ante la ley sin otra distinción que la de los talentos o las virtudes.
[2] Estos
y otros datos del Barómetro de las Américas 2012 pueden consultarse en el sitio
web de LAPOP (http://www.vanderbilt.edu/lapop/)
[3] Según
resultados de análisis multivariados no mostrados aquí, disponibles a los
interesados contactando a la autora.
[4]
Cuando estas categorías se recodifican en la escala de 0 a 100, y se calcula el promedio para Uruguay, se
obtiene el promedio de 67,1 mostrado en el
Gráfico 1. Se trata, entonces, de
la misma información analizada de dos modos diferentes. El Gráfico 1 permite la
comparación regional, mientras que el Gráfico 2 ayuda a visualizar la
distribución de preferencias en Uruguay.
