El Uruguay de la “libertad responsable”

El slogan de la “libertad responsable” se consolidó como la consigna elegida para el manejo de la pandemia en Uruguay. El concepto ha dado mucho de qué hablar como estrategia epidemiológica y ha sido un puntapié para reflexionar sobre las políticas de manejo del COVID en Uruguay y debatir sobre su relativo éxito o fracaso o incluso sobre la gravedad de la situación y lo indefectible (o no) de su avance. Otros artículos este blog se han centrado en mostrar los límites de esta estrategia como forma de enfrentar problemas de salud pública y cuestionado la idea de libertad en que se basan. Esta nota intenta salir un poco del contexto pandémico y reflexionar sobre por qué este concepto resultó un slogan exitoso a la hora de atribuir responsabilidades y permitió al gobierno mantener un relato sobre la pandemia y su rol en su manejo que logró una relativa aceptación en la opinión pública.

La idea de la responsabilidad individual no fue un invento de este gobierno ni empezó con la pandemia. Esta idea ha estado presente en la discusión política no sólo en Uruguay sino en la región y en el mundo y no es particularmente nueva. Distintos autores han destacado la importancia de la idea de la responsabilidad individual como pieza fundamental en la legitimización del desmantelamiento y reconfiguración del Estado de bienestar y la expansión de políticas neoliberales (ese concepto tan difícil de definir que no voy a definir yo en esta nota). Por ejemplo, Loïc Wacquant (2009, 2010, 2019) se refiere a la idea de la responsabilidad individual como el “pegamento cultural” (cultural glue en inglés, las cosas traducidas a veces no suenan muy bien) que da coherencia y legitimidad a una nueva forma de gobernanza de la marginalidad social no sólo desde las políticas sociales sino desde el sistema de justicia criminal y la expansión de la prisión en un contexto de expansión de políticas de mercado. En sus términos, la expansión de prisonfare (el gobierno de la marginalidad a través de la prisionización, control, y castigo) y del workfare (la reconfiguración de las políticas sociales a partir de la lógica del control y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo). Un aspecto importante en esta reconfiguración del Estado de bienestar es el énfasis en el merecimiento de los “beneficios sociales,” que ya no se ven como un derecho. Es más, la lógica de control e incentivos que prima en el sistema de justicia y desde la cual se justifican los aumentos de penas se traslada a la gestión de las políticas sociales. Los “beneficios” sociales son vistos como una serie de incentivos orientados a cambiar la conducta de los “beneficiarios,” y a cambio de los cuales deben exigirse contrapartidas, no sea cosa de que se fomente la vagancia o el abuso del dinero de los contribuyentes.

Estos cambios en la orientación de las políticas sociales y en otras áreas (como la economía y el crimen) se nutren de la idea de la responsabilidad individual, que contribuye a legitimar estas prácticas porque responsabiliza a la gente de su propia situación. Dicho de manera simple (y simplificadora): las desigualdades sociales no se ven como producto de injusticias sociales o económicas, sino que se basan en diferencias de esfuerzo entre las personas. En base a esta idea, la pobreza no es una falla social sino una falla individual de una persona que no se esforzó lo suficiente o tiene una serie de valores equivocados. El Estado nada tiene que ver en este escenario dado y no puede hacer más que tratar de incentivar a esta persona a esforzarse más y adquirir “mejores” valores.

Volviendo a lo concreto, no es necesario ahondar en los paralelismos entre esta visión de las políticas sociales y las distintas iniciativas tomadas por el gobierno, pero es relativamente sencillo ver las semejanzas. Por ejemplo, la idea de los “jornales solidarios” se presentó como una devolución de las prestaciones recibidas por parte de sus beneficiarios a los contribuyentes, separando así contribuyentes y beneficiarios e ignorando el rol del Estado en la redistribución de ingresos hacia otros sectores de la sociedad.

Pero más allá de las políticas específicas que pueden trazarse con esta orientación, es importante interrogar las sensibilidades que permiten su emergencia y las legitiman. La relación entre la política pública y la opinión pública es compleja. La opinión pública no es un abstracto que se genera espontáneamente sin mediación de los actores políticos o los medios de comunicación, ni tampoco es una serie de ideas coherentes y monolíticas compartidas por todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es importante entender las sensibilidades de época que hacen que ciertas ideas adquieran más relevancia en determinados momentos y vuelvan exitosas (e incentiven la emergencia de) determinadas estrategias políticas y no otras. En definitiva, la opinión pública puede ser causa y/o consecuencia de la discusión política de una época, pero es sin duda un componente importante en la legitimación y expansión de determinadas narrativas.

En este sentido, y volviendo un poco al principio, es importante entender las sensibilidades e ideas que hacen que determinadas políticas y narrativas resuenen en el público. La encuesta LAPOP, una encuesta de opinión publica que recaba datos cada aproximadamente dos años en distintos países de América, permite entender un poco el alcance de estas narrativas en Uruguay y compararlas con países de la región. Mi idea entonces es usar esta información para tratar de entender qué tan extendidas están ciertas ideas relacionadas con la responsabilidad individual, que pueden dar claves para entender el apoyo a la política sanitaria de la “libertad responsable”. En particular, me voy a centrar en analizar el acuerdo con distintos enunciados sobre el rol del Estado en la desigualdad y el combate a la pobreza, así como visiones negativas sobre determinados grupos vulnerables que implicarían hasta cierto punto culparlos de su situación.

La figura 1 muestra la proporción de entrevistados de acuerdo con estos enunciados en Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. Dado que la ideología política está muy relacionada a este tipo de posturas, las gráficas muestran las proporciones desagregadas por autodientificación ideológica (izquierda, centro y derecha). En el primer cuadrante se muestra la proporción de entrevistados de cada ideología que (en el año 2012) sostuvo estar de acuerdo con la frase “a gente que recibe ayuda de los programas sociales del gobierno es vaga” en cada país. En Uruguay, el 58% de los entrevistados expresó acuerdo con la frase. Sólo en Argentina este porcentaje fue mayor (59%). Chile (50%), Paraguay (41%) y Brasil (30%), reportaron menores porcentajes de acuerdo. A pesar de que el porcentaje de acuerdo es relativamente alto en todas las ideologías políticas consideradas, es en Uruguay donde se ve una diferenciación por ideología política más marcada.

Más allá de que el estigma hacia la población que recibe transferencias de programas sociales parece estar bastante extendido, también parece existir un acuerdo relativamente amplio con las ideas de que “el Estado debe ayudar a los más pobres” y “el Estado debe implementar políticas para reducir la desigualdad de ingresos”, preguntadas en la encuesta de 2018. En este sentido, este acuerdo parece ser más débil en Uruguay. En este caso, solamente el 57% de los entrevistados estuvo de acuerdo con que el Estado debe ayudar a los más pobres, un nivel por debajo del de todos los países de la región (68% en Argentina, 77% en Chile, 79% en Brasil y 81% en Paraguay). Además, el 70% de los entrevistados en Uruguay estuvo de acuerdo con la idea de que el Estado debe intervenir para reducir la desigualdad de ingresos. Solamente en Paraguay el porcentaje de acuerdo fue menor en los entrevistados (64%). En Chile (80%), Brasil (73%) y Argentina (73%) el porcentaje de entrevistados que se mostró a favor fue mayor. En ambos casos se observan diferencias por ideología política (más que nada entre izquierda y el resto). Finalmente, solamente en Uruguay y Argentina son una minoría aquéllos que, en 2018, estuvieron de acuerdo con la idea de que “los desempleados podrían conseguir trabajo si quisieran”. El porcentaje de acuerdo está apenas debajo del 50% en Uruguay (46%) y Argentina (46%) y por encima en Brasil (50%), Paraguay (56%) y Chile (57%).

Figura 1. Acuerdo con distintas cuestiones relativas al rol del Estado en la pobreza y desigualdad. Por ideología política y país.

 

Este análisis superficial y limitado del alcance de algunas ideas en Uruguay y en la región parece indicar que, si bien existe un alto nivel de acuerdo respecto al rol del Estado en la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza, parece haber variación en el grado de acuerdo con estas ideas en la región. Es en Uruguay en donde este acuerdo parece estar menos extendido y, si bien hay marcadas diferencias ideológicas, incluso en las personas de izquierda estas ideas no están del todo extendidas. Por ejemplo, 1 de cada 5 entrevistados de izquierda no está de acuerdo con la idea de que el Estado deba reducir la desigualdad y 1 de 4 no está de acuerdo con que el Estado deba ayudar a los más pobres. Más allá de las ideas respecto al rol del Estado, estas ideas sobre el rol del Estado conviven con visiones negativas hacia las poblaciones vulnerables, tanto quienes reciben asistencia del Estado como quienes se encuentran en situación de desempleo.

En la Figura 2 intento ver cómo han evolucionado estas ideas en el tiempo. Lamentablemente, la única pregunta que fue incluida consistentemente en la encuesta a lo largo del período 2008-2018 fue la que pregunta respecto al acuerdo con la idea de que el Estado debe reducir la desigualdad. Observando el porcentaje de encuestados que contestó favorablemente a esta pregunta se puede observar que, si bien los niveles de acuerdo son relativamente altos en todo el período, parece verse una tendencia a la baja en dicho acuerdo en la región (especialmente en Uruguay y Paraguay). En Uruguay, a partir del 2012 se ve un descenso claro en el porcentaje de entrevistados que dice estar de acuerdo con esta idea. En este caso, el porcentaje de acuerdo comienza en un 87% en 2008 y sube a su pico en 2010 (90%). En 2012 registra una caída a sus niveles iniciales (87%) y luego cae más pronunciadamente en 2014 (77%) y 2016 (79%) hasta su valor más bajo en 2018 (70%).

Figura 2. Evolución sobre acuerdo con que el Estado debe reducir la desigualdad. Por ideología política y país. Años 2008-2018

En definitiva, toda esta larga historia no intenta llegar a conclusiones muy claras sino llamar la atención sobre la necesidad de entender un poco la evolución de las sensibilidades sociales no sólo hacia el rol del Estado sino hacia determinados sectores vulnerables de la sociedad. Desde la literatura académica se menciona bastante la importancia de las ideologías que enfatizan la libertad individual en la reconfiguración del rol del Estado, destacando cómo sirven como mecanismo para reducir la responsabilidad del Estado y desplazar la culpabilización por sus propios problemas a los sectores marginalizados en la sociedad. Estas sensibilidades permiten (o incluso fomentan) la expansión de políticas que aumentan su marginalización ya sea la contracción y reconfiguración de las políticas del Estado de bienestar como la expansión de políticas punitivas, entre otras (ver Garland 2001; Wacquant, 2009). La emergencia y relativo éxito político (no epidemiológico) de la estrategia de la “libertad responsable” para el control del COVID, que se presenta como única acción posible desde el Estado y permite culpabilizar a distintos actores por la falta de resultados epidemiológicos, puede entenderse desde esta perspectiva.

 

Referencias

Garland, David. 2001. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: University of Chicago Press.

Wacquant, Loïc. 2009. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham, NC: Duke University Press.

Wacquant, Loïc. 2010. “Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare and Social Insecurity.” Sociological Forum 25:65–86.

Wacquant, Loïc. 2019. “Class, Ethnicity and State in the Making of Urban Marginality.” Pp. 23–50 in Class, Ethnicity and State in the Polarized Metropolis, edited by J. Flint and R. Powell. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

 

Tomado de Razones y Personas. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 3.0 No portada.