jueves, 23 de julio de 2015

Guerra de Drogas/Guerra de Clase


La crisis económica de 2008 marcó un punto de quiebre en la historia del neoliberalismo. O eso creímos algunos/as. Si hasta los más conservadores hablaban de la “vuelta de Keynes,” del “retorno de Marx.” Y hoy, siete años después, Grecia es empujada, “democracia” europea de por medio, al abismo de la austeridad. Saber que el rescate no era para los griegos, sino para bancos franceses y alemanes a través de Grecia maquilla de farsa la tragedia del neoliberalismo. Entre tanto, Uruguay vuelve a hablar de crisis. Achiques y recortes (pero subsidios al campo); controlar la inflación y el déficit (y redistribuir de abajo hacia arriba). En el Uruguay “post-ideológico,” la ideología del neoliberalismo también se muere lento. ¿Qué explica la resiliencia de un “conservadurismo de guerra de clases,” como lo definiera Ralph Miliband, que creímos deslegitimado?

El problema no es económico, sino eminentemente político. La cuestión es cómo construir y transformar instituciones que organicen y distribuyan el poder en sociedad -y en este caso, cómo hacerlo con instituciones que se resisten a morir incluso cuando su morbidez corroe sociedades enteras. En algunos casos, la separación entre legitimidad y reproducción institucional es tan profunda que roza lo ridículo. La “guerra contra las drogas” es paradigmática en este sentido. El escape del “Chapo” Guzmán recuerda que la tragedia de la narcopolítica ha dado lugar a su farsa -aunque no por farsa menos destructiva.

Desde Uruguay miramos a Mexico con alivio. Y con razón. Pero también con un poco de hubris. Aparentemente, en el país del cannabis regulado ya entendimos que la guerra contra las drogas fracasó. En mayo de este año el gobierno presentó un documento ante Naciones Unidas en el que se reafirma que Uruguay “ha liderado la reflexión crítica y realista de los impactos negativos sobre los derechos humanos que ha supuesto la aplicación de las políticas de drogas acordadas a nivel internacional en los últimos 50 años.”

Afortunadamente, algunos sectores del estado realmente funcionan bajo un sentido común crítico del régimen internacional del control de drogas (la Junta Nacional de Drogas siendo un ejemplo envidiable a nivel mundial). Pero la vida política del prohibicionismo es más compleja que la ley de cannabis y la reducción de daños. El Uruguay de la marihuana regulada es también un país donde casi el 40% de las mujeres presas cumplen condenas por tráfico de estupefacientes. En su gran mayoría por microtráfico de pasta base, con penas mínimas de tres años. Estas mujeres no son los “narcos” que la “hegemonía conservadora” (Paternain 2012) ha construido. Son, en cambio, los eslabones más vulnerables de la cadena. Madres de familias que, en su gran mayoría, mantienen solas; que nunca estuvieron presas; con una historia de escasas oportunidades educativas y laborales; e insertas en contextos de violencia estructural.i Vender pasta base y otras sustancias es una forma de sobrevivir a la pobreza o el resultado de la coacción de alguien (indefectiblemente hombres) en su entorno. Encarcelarlas no va a privar a quien quiera consumir pasta base de comprarla en la boca de al lado. Encarcelarlas es una tragedia para ellas y para quienes dependen de ellas -que suelen terminar en la manos del estado o en la calle (y no es fácil decidir qué escenario es peor). Nuestras cárceles deberían tener cero mujeres presas por microtráfico. Punto y aparte.

Días atrás el Ministerio del Interior informaba que desde marzo de 2015 se cerraron 414 bocas de pasta base, se procesaron con prisión a 380 personas y se internaron a 7 menores. Lo que parecimos entender con el cannabis no queremos entenderlo para la pasta base. Cerrar bocas, criminalizar el microtráfico, usar a los más vulnerables (y fácilmente reemplazables) para llenar el ojo de un público sediento de populismo punitivo es, acá y en la China,ii una “guerra contra las drogas.” Una guerra que el propio estado ya declaró perdida.


Securitización de la Droga y Luchas Políticas

¿Cómo se explica la resiliencia de la “guerra contra las drogas” en la era del cannabis regulado?

La política de drogas es un espacio determinado más por la política que por las drogas. Fetichizar las sustancias y sus supuestos efectos (individuales y sociales) es una receta para el fracaso analítico y la reproducción del status quo. ¿A dónde miramos entonces?

Hagamos un poco de historia comparada. En 1968 el diario El País publicó solamente 3 artículos sobre “drogas ilegales.” Dos de ellos sobre marihuana y LSD en Estados Unidos. Y uno sobre una mujer uruguaya apresada con anfetaminas en la ciudad brasileña de Pelotas. En ese entonces, Uruguay no tenía un “problema de drogas.” Consumo de marihuana, anfetaminas, y algo de cocaína había, aunque muy marginal. Pero la razón por la cual no teníamos un “problema de drogas” era porque el asunto no había sido activado políticamente. Cinco años después, en el fatídico 1973, Uruguay contaba con una flamante Brigada de Narcóticos (aunque la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ya estaba enviando “hippies,” “drogadictos,” y “traficantes” a la cárcel por tenencia de estupefacientes). A principios del 73, una comisión especial tenía listo un proyecto de ley de drogas, muy similar al aprobado por la administración Nixon en 1970, y que sería votado como decreto-ley por la dictadura en 1974.iii Estos cambios fueron precedidos por un debate público que dio vida y moldeó el “problema de las drogas” -es decir, los sujetos, sustancias, y prácticas problemáticas. La “guerra contra las drogas” en Uruguay no emergió de la evidencia del aumento en el consumo y el tráfico, sino de la presión de Estados Unidos -presión que en épocas contrarrevolucionarias se presentaba irresistible.

Una vez instalado “el problema,” su contenido se plegó a los clivajes dominantes de la época. “Las drogas” pasaron a ser una amenaza para una juventud vulnerable, tan vulnerable que casi se había perdido en el “flagelo” del comunismo. El diario El País decía antes de la votación de la ley 14.294: "No es aventurado suponer que si tales normas [i.e. la ley de drogas de 1937] no se modifican para adecuar el castigo al desarrollo y la peligrosidad actual de tal género de delitos, el Uruguay puede perder 'la guerra contra los narcóticos' en idéntica forma en que estuvo a punto de perder 'la guerra contra la sedición.'”iv

Una vez instalado el régimen del 85', el campo de drogas cambió significativamente. Crecieron rápidamente las “escenas de la droga” (Stephens 2007) y los patrones, prácticas, y sustancias consumidas también cambiaron.v En democracia tutelada, el “desorden” juvenil se transformó en un foco central para los cuerpos represivos. Aquellos fueron años de razzias (Bayce 1991), estigmatización social, y auge de la clínicas de “rehabilitación.”

Con la pasta base, ya en el siglo 21, el asunto fue distinto. Similar a lo que pasó en otros países, como con la “crisis del crack” en Estados Unidos en los 80s, la articulación discursiva de drogas+violencia+crimen+pobreza fue central en la re-construcción del “problema de la droga.” Este proceso se dio en un campo político donde una (sensación) de “crisis de inseguridad” se impuso (e impone) como preocupación ciudadana primordial. La pasta base (y, cada vez más, la “narcoviolencia” y sus “ajustes de cuentas”) se transformó en un mecanismo clave en la definición de qué tipo de “crisis” tenía el país. El Frente Amplio ya en el gobierno veía como los indicadores económicos mejoraban, pero la sensación de inseguridad y varios indicadores de criminalidad (en especial las rapiñas) seguían en aumento. Una piedra en el zapato para la izquierda que había llegado al poder con un discurso socio-económico de la violencia y el crimen. Y aunque en un comienzo algunos sectores de la izquierda partidaria resistieron la demonización de la pasta base, la “hegemonía conservadora” terminó ganando esa pulseada. La “guerra contra la droga” y la “guerra contra la inseguridad” pasaron a ser parte de un mismo discurso dominante.

La paradoja es que el FA ganó la batalla pero perdió la guerra. El FA hizo frente a las críticas de la oposición cooptando discursos y prácticas que deberían serle foráneos (“mano dura,” “megaoperativos,” etc.). Y lo hizo con éxito. Algo que queda de manifiesto en la pésima votación de Bordaberry, que centró su campaña en promesas imposibles de cumplir, como “erradicar” el consumo de pasta base. El FA demostró que en estos temas no lo pueden correr por derecha.

Y sin embargo, la institucionalización de un neopunitivismo es, a mediano y quizás corto plazo, un problema estratégico mayor. En primer lugar, porque ya sabemos que más represión no es nunca una solución a los problemas de violencia estructurales que sufre nuestro país.vi En el campo de la “mano dura” la derecha termina ganando tarde o temprano.

Quizás más preocupante es que la “guerra contra las drogas” terminó siendo un instrumento del “conservadurismo de clase”: usando el sistema penal y la represión contra los sectores más marginados; colaborando a la reificación de los imaginarios de la “hegemonía conservadora” que controla también a través del estigma social; y cediendo el liderazgo discursivo sobre los orígenes y dinámicas de la violencia social a la derecha. Durante la votación del mamarracho legal que fue la ley 19.007 que aumentó las penas por tráfico de pasta base, Bordaberry se congratulaba en el Senado por la unanimidad del voto afirmativo y daba una clase de ideología entreverando pasta base, crimen, violencia, “mano dura,” y argumentos anti-redistribucionistas. ¿Para que seguir “tirando” recursos en los de abajo si igual, por “drogadictos” o por “chorros,” van a seguir aterrorizando a una clase media que “solo quiere vivir tranquila”?

Reapropiarse del “problema de la droga,” y del más general “problema de la inseguridad,” va a ser una batalla política central si la izquierda quiere no solo mantenerse en el gobierno sino también derrotar la funcionalidad de estos espacios políticos a un conservadurismo de guerra de clases que, junto con el neoliberalismo, se muere demasiado lento.


Foto: Sofía Rodríguez Gutiérrez
"Cittá Sconfinata"
35mm
2012


Bibliografía

Ralph Miliband, Class War Conservatism: And Other Essays (Verso, 2015).
Rafael Paternain, “La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad: Una interpretación del caso uruguayo,” ( Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Politica, No.2, 2012).
Robert P. Stephens, Germans on Drugs: The Complications of Modernization in Hamburg (University of California Press, 2007).


iiY vaya si lo es en China donde desde hace unos años el Partido Comunista declaró “la guerra del pueblo contra las drogas.”
iiiA diferencia de lo que se suele repetir equivocadamente, la tenencia, incluso para consumo personal, sí estuvo criminalizada hasta 1974. Irónicamente, fue gracias a la dictadura que nos transformamos en una excepción progresista a nivel mundial.
ivEl País, "Uruguay en la Guerra Contra los Narcóticos” (21 de Junio, 1974).
vIncluso tuvimos algunos indicios de pánico social ante el consumo de cocaína inyectada y la inhalación de cemento (“la droga de los niños”).
vi Compárese el ejemplo de Nicaragua al del resto de la región: una excepción notable en el éxito de políticas alternativas al enfoque punitivo en una región quebrada por la violencia.

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