Promoviendo la Autogestión


Foto: Adriana Cabrera
Los dos gobiernos del Frente Amplio han implementado políticas que han promovido a las Empresas Autogestionadas (EA) o las Cooperativas de Trabajadores (que es la forma jurídica más habitual que asumen las EA en Uruguay). En el primero se aprobó la Ley General de Cooperativas y con ella se creó el Instituto Nacional del Cooperativismo. Además, en el marco del Plan de Emergencia, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desplegó un conjunto de acciones vinculadas al cooperativismo. Se ejecutaron programas de apoyo a emprendimientos productivos (Programas de Opción Productiva e Iniciativas Locales), que privilegiaron a aquellos de perfil asociativo. Por otro lado, fue creada dentro del MIDES la Unidad de Cooperativas Sociales. Las cooperativas sociales se definieron como un tipo específico de cooperativa de trabajo para grupos poblacionales en situación de “vulnerabilidad social”. En este sentido, la creación de cooperativas de trabajadores fue vista como un instrumento de política social.

Sin embargo, dadas las carencias de los trabajadores en el punto de partida de las cooperativas sociales y su consiguiente baja probabilidad de éxito, la conformación de un emprendimiento productivo (en particular de tipo asociativo) podría no ser el mejor instrumento para responder al objetivo de inserción social y económica de grupos poblacionales vulnerables.

Durante el segundo gobierno del FA, y en consonancia con el discurso pro autogestionario de José Mujica, se fue más lejos. La principal medida de apoyo a las empresas autogestionadas, fue la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES). Un instrumento financiero destinado exclusivamente a las EA. El mismo contó con una importante inyección de recursos, al destinarse un porcentaje que ha oscilado entre el 30% y el 20% de las ganancias del BROU de cada año desde su creación el 27 de setiembre de 2011 mediante el Decreto Nº 341/01 (en 2012 representó 40 millones de dólares y en 2013 70 millones).

Hasta la fecha, el FONDES ha financiado 14 proyectos de empresas autogestionadas. Entre estos figuran algunos casos emblemáticos, como FUNSACOOP (ex FUNSA), ENVIDRIO (ex Cristalerías del Uruguay), COTRAPAY (ex Paylana), CTC (ex Metzen y Sena) y Alas-U (ex Pluna).  La mayoría de los proyectos financiados corresponden a empresas recuperadas. O sea, empresas autogestionadas que surgen de una empresa convencional (EC) cerrada o en problemas. El perfil que se le ha dado a los créditos del FONDES llama la atención cuando se considera que más del 75% de las cooperativas de trabajadores (CT) no son empresas recuperadas, sino que fueron creadas de cero por los trabajadores que la fundaron (Alves et al 2012).

De modo que corresponde preguntarse por las razones de este sesgo. La pregunta resulta de particular relevancia cuando se tiene en cuenta que en el caso de las empresas recuperadas existen siempre legítimas dudas sobre la viabilidad del emprendimiento. ¿Por qué habría de ser viable una EA en la misma actividad donde fracasó una empresa convencional? Solo se podría llegar a una respuesta a favor de dicha viabilidad en el caso en que se evalúe que el fracaso de la empresa convencional se debió a la mala gestión y a la incompetencia de sus dueños o gerentes. Si esta no fuera la situación y se evaluara que la empresa hubiese cerrado porque operaba en un sector de actividad en donde la producción uruguaya no está en condiciones de competir en el mercado internacional. O bien, si se evaluara que la empresa se dedicaba a producir un bien cuya demanda ha caído fruto a cambios tecnológicos que lo han hecho obsoleto. En ambos casos ningún emprendimiento sería viable, ni autogestionado ni capitalista. Distinguir estas dos situaciones no siempre es fácil, pero hacerlo resulta clave para el objetivo perseguido por el FONDES, que es promover a las EA.

El sesgo del FONDES a favor de las empresas recuperadas parecería indicar que se están persiguiendo objetivos múltiples a la hora de seleccionar los proyectos aprobados.  Por un lado, parecería que se están persiguiendo objetivos de política industrial, al promover proyectos en “sectores estratégicos”. En donde, más allá de que se evalúe que las empresas uruguayas puedan tener problemas de competitividad, se considera que son sectores en donde resulta importante que las empresas uruguayas tengan presencia para el desarrollo industria local. Por otro lado, parecería también que se persiguen objetivos de política laboral, al promover proyectos de modo de conservar las fuentes de trabajo de sus miembros.

Un denominador común de los roles que se le han asignado a las EA, en el primer gobierno del FA desde el MIDES y en el segundo desde el FONDES, es que en ambos casos se ha buscado que las empresas autogestionadas sean un instrumento para otros objetivos que se han priorizado (de política social, industrial o laboral). Si bien, del decreto de creación del FONDES podría esperarse otra cosa, los  instrumentos creados no se han utilizado teniendo como principal objetivo la promoción de las EA. El principal problema, es que utilizar a las empresas autogestionadas como instrumentos de política con otros objetivos, puede ir en contra de la propia meta de promover a las EA. Concretamente, si desde el estado uruguayo se promovieran emprendimientos con muy bajas probabilidades de sobrevivencia en el mediano plazo, pero que en el corto plazo permiten patear para adelante problemas que deberían resolverse con otros instrumentos, se estarían perjudicando las posibilidades de desarrollo de las EA en tanto forma de organización alternativa a las EC. Si por ejemplo, dentro de cinco años gran parte de los EA promovidas fracasaran, es poco probable que ese resultado sea leído como originado en un mal uso de los instrumentos. Lo más probable es que sea leído erróneamente como una constatación de la inviabilidad de las EA como forma organizativa.

Las Cooperativas de Trabajadores tienen varias características que las hacen deseables. Una de ellas es que una mayor presencia de estas empresas favorece una mejor distribución del capital productivo. En estas empresas también se observa una distribución interna mucho más igualitaria del los ingresos de los trabajadores. Además, los espacios para la realización personal de los trabajadores son mucho mayores en este tipo de empresas. Básicamente, porque le permiten incidir en el diseño de los procesos de trabajo y en otras decisiones que afectan su bienestar. En cuarto lugar, el empleo es mucho más estable en las CT, permitiendo suavizar el impacto sobre el empleo de shocks macroeconómicos negativos. En quinto lugar, son empresas donde sencillamente no se explota a los trabajadores (en tanto no tengan trabajadores asalariados). Estas características hacen que una mayor presencia de EA en la economía Uruguaya sea algo deseable.

Sin embargo, en general daría la impresión que se ha buscado que las empresas autogestionadas lleven adelante las actividades productivas que las empresas convencionales no han hecho porque no les resultaba rentable. Como si no fuera un aporte suficiente a la sociedad uruguaya la mera existencia y continuidad de los emprendimientos autogestionados.

Obviamente, las Cooperativas de Trabajadores tienen algunos problemas particulares que hay que considerar. Desde el estado se deberían desarrollar políticas que tiendan a resolver las trabas externas que enfrentan las EA (como por ej. El FONDES). Pero que también generen los incentivos adecuados para que las cooperativas cumplan metas razonables de desempeño económico y preserven su especificidad organizacional.

Lo deseable sería que se promovieran los proyectos de cooperativas que se inserten en sectores dinámicos y competitivos de la economía uruguaya, con mayor utilización de mano de obra calificada y donde se espere que estas empresas tengan, dadas sus características, ciertas ventajas frente a las EC.

A continuación se mencionan algunos posibles instrumentos de política para promover a las EA:

FONDES

Si bien este instrumento ya existe, en momentos en que se está discutiendo la forma que tendrá el FONDES, resulta oportuno recordar que la presencia de líneas de crédito específicas para cooperativas de trabajadores es fundamental dada la discriminación que suelen sufrir de parte del sistema financiero.

Conglomerados

La propuesta consiste en adaptar la metodología utilizada por el PACC (Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas) para incentivar la integración entre empresas cooperativas.

Creación de un Sistema Nacional de Incubadoras de Cooperativas de Trabajo

La idea es que existan unidades especializadas con un fuerte componente técnico de carácter interdisciplinario para facilitar la creación de nuevas cooperativas. La actividad de dicha oficina debería estar enfocada a seleccionar las ramas de actividad con mayor potencialidad para entrada de cooperativas de trabajadores.

Mercado de Compras Públicas

Creación de un marco legal general que facilite el acceso de las cooperativas a las compras públicas. No se trata de generar artificialmente condiciones de rentabilidad permanentes para este tipo de empresas. Por el contrario, se trata de generar los aprendizajes necesarios para que las cooperativas puedan competir normalmente frente a las empresas convencionales.

Conversión de Empresas Capitalistas Exitosas

Se trata de crear instrumentos para que los trabajadores de una empresa puedan formar una cooperativa que compre total o parcialmente una empresa en funcionamiento y rentable. Esta opción resulta particularmente relevante en el caso de empresarios que se retiran y no tienen sucesores que quieran continuar con la actividad.



Alves, G., Burdín, G., Carrasco, P., Dean, A., Rius, A. 2012. “Empleo, remuneraciones e inversión en cooperativas de trabajadores y empresas convencionales: nueva evidencia para Uruguay”, Instituto de Economía, Serie Documentos de Trabajo 12-14. Disponible en: http://www.iecon.ccee.edu.uy/download.php?len=es&id=313&nbre=dt-14-12.pdf&ti=application/aux&tc=Publicaciones

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